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Ayer se anunció en Colombia el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC
La promesa es no cometer los errores del pasado y los errores fueron muchos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez (@AndresMonroyG) Editado por: Redacción Bottup


Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Un país con más de 60 años de conflicto armado tiene una amplia experiencia en negociaciones, pocas exitosas y muchas fallidas. Toda la experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en este momento en que el país suramericano se embarca en la tarea de buscar una alternativa mediante el diálogo a la guerra.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anuncia formalmente el inicio de un proceso de paz con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. En la alocución radiotelevisada, el presidente Juan Manuel Santos señaló que un “proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y no ceder ni un solo milímetro del territorio nacional”.

Con la firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto‘ suscrito entre las partes enfrentadas, se busca dar una salida pacífica a la confrontación entre colombianos.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anunció el inicio de un proceso de paz con las FARC

Sin embargo, los temas que deben abordarse, además de numerosos son complejos.  Los derechos de las víctimas, el papel del sistema judicial, la solución de las causas que llevaron a miles de colombianos a tomar las armas contra el Gobierno y el rol de los medios de comunicación son solo algunos.

Una verdadera reinserción reclama no sólo la participación de las entidades públicas. También la sociedad debe aportar su cuota para una negociación eficaz, atractiva en términos de responsabilidad compartida en un largo proceso que se avecina.

De las experiencias anteriores es importante resaltar la iniciativa de excombatientes que durante varios años han participado en un proyecto de reinserción. Sus críticas y aportes provenientes de la experiencia directa son una herramienta fundamental para el éxito de un proceso de paz “sin que volvamos a repetir los errores del pasado“, como lo dijo el presidente Santos.

Desafortunadamente la única referencia a la hecha por Juan Manuel Santos en su discurso del 4 de septiembre sobre el futuro de los eventuales excombatientes fue la siguiente: “Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”. Nada más.

Experiencias compartidas

El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz‘ con presencia de delegados del gobierno nacional y distrital, para escuchar los reclamos y propuestas de las personas que creyeron en las promesas hechas por el Estado a cambio de abandonar la lucha armada. La principal crítica: marginalización de la participación política.

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración – ACR, “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas Ilegales”. Pero más allá de estas cifras, la Asociación Nacional de Desmovilizados – ANDES, ha planteado una serie de críticas y propuestas, con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil.

Durante el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz’, Martín Rangel, líder de ANDES, señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la administración distrital frente a la población excombatiente.

Según ANDES, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento de dos categorías: ciudadano frente a desmovilizado. Esta situación ha llevado a que se pierda la confianza en el Estado y las acciones que emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, donde no se ha tenido en cuenta la real dimensión de la situación de los desmovilizados y sus familias.

Para Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional – ELN, “la guerra entre izquierda y derecha pasó a ser entre víctimas y victimarios”. Rangel señala que en virtud de ley 975, conocida como ley de Justicia y Paz, se contemplaba el cumplimiento de las penas alternativas en granjas agrícolas. Hoy, muchos de los postulados están en las cárceles, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre.

Sobre la administración distrital, la postura de los desmovilizados es desalentadora.  Al referirse al alcalde Gustavo Petro, Rangel afirma “que al suponerse que había pasado por el conflicto armado, teníamos esperanzas en él. Pero nos decepcionó”.

Desde algunos sectores, especialmente desde el gubernamental, se ha tratado de identificar la experiencia del actual Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como una de las experiencias exitosas de un desmovilizado de la guerrilla y su incursión en el sistema electoral. Sin embargo, la situación de Petro difiere de la de los desmovilizados que actualmente buscan espacios políticos. Petro fue parte de un proceso de desmovilización colectiva, mediada por una ley que los amnistió y seguido de una asamblea constituyente, donde incursionó su antiguo grupo armado, el Movimiento 19 de Abril M-19, en la arena política con el nombre de Alianza Democrática M-19.

Desde la Asociación Nacional de Desmovilizados se denuncia la indiferencia del gobierno hacia los ex combatientes y la falta de espacios políticos y sociales para los desmovilizados

La decepción de los excombatientes frente al alcalde Petro está justificada en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por ANDES concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel planea la contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto.

¿Qué dice el artículo 39 del Plan de Desarrollo de Bogotá? Señala la meta distrital de implementar el “Programa territorios de vida y paz con prevención del delito”. En este programa en teoría se garantizará y promoverá la convivencia pacífica, priorizando “acciones integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad  de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades” (negrita fuera de texto).

Esta es la única referencia a la población desmovilizada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 para Bogotá. Más de 800 desmovilizados presentaron sus propuestas, pero según ellos, ninguna se tuvo en cuenta. No encuentran el componente político “para reclamarnos como ciudadanos en ejercicio de derechos”.

“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandon, de ANDES. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se ha dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de cero”. La petición es sencilla: que los gobiernos nacional y distrital los escuchen.

Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y por eso los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado. Más de un mes después de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la administración distrital sigue siendo negativa, además de no vislumbrarse ningún proceso de acercamiento con el Alcalde Mayor que permita discutir el futuro del programa en la capital. Blandón es tajante en acusar de despotismo al burgomaestre, quien además desconoce una realidad social y entra en contradicción con la política de la no segregación que ha profesado.

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En un análisis hecho por el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza se explica claramente el origen de la ausencia de espacios de participación política para los excombatientes. Según ese análisis, la orientación individualista y psicológica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, promovida por el gobierno nacional, “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo”.

“Hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros”

Mientras estos espacios no se faciliten, Martín Rangel pregunta “¿estamos destinados a seguir en la ilegalidad?”.

Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la ley 1424 de 2010, que ha llevado a que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el Gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización.

Por otra parte, se ha dejado de lado el debate sobre el pie de fuerza del aparato militar oficial, incrementado en la lógica del conflicto armado interno. ¿Qué pasará con los militares y policías luego de una eventual salida negociada al conflicto armado?

Estos y otros temas serán propuestos en un encuentro nacional que se realizará en noviembre de este año.

Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en la resocialización de excombatientes”.

Más preguntas

Viendo que hasta ahora la reinserción de combatientes a la vida civil no ha tenido los mejores resultados, es importante no pasar por alto que hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros.

¿Qué tan conveniente es desmovilizar la estructura armada de las FARC si el gobierno mantiene el tercer pie de fuerza más grande de Latinoamérica?

¿Qué pasará con las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia?

Estas preguntas sintetizan el temor de varias generaciones que han sido testigo de cómo estos grupos de extrema derecha torpedean las iniciativas de paz. El final del siglo XX trae ejemplos dramáticos, como el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP) y el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, comandante del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M-19.

Documentos Relacionados

Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación No. 3554. Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016 ‘Bogotá Humana

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

 

Artículo original en Bottup: Desmovilizados frente al nuevo proceso de paz en Colombia


El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido

Julieta Juana Panebianco, hija del desaparecido ‘Rulo’: “Necesitaba conectarme con la historia de mi viejo y mi identidad, por eso regresé a la Argentina”

Periodista ciudadana autora: Gina Escheback Editado por: Redacción Bottup

 

Julieta Panebianco

Julieta Panebianco

Proceso de Reorganización Nacional‘, “así se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a partir de un golpe de estado” cómo parte del Plan Cóndor venido desde los Estados Unidos, “la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población

Julio Enzo Panebianca fue detenido el 2 de marzo de 1977 y asesinado 16 días después. Sus restos aún no han sido encontrados

mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el ‘orden’, sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y ‘desaparecieron’. Mientras tanto, mucha gente se exilió”, narran en la web del Ministerio de Educación.

Julieta Juana Panebianco es hija de Julio Enzo Panebianco, desaparecido en esa dictadura en la Argentina. Fue detenido el 2 de marzo y asesinado el 18 de marzo del año 77, sus restos aún no han aparecido. La junta militar junto a civiles y empresarios es responsable de un genocidio que casi acaba con
una generación de jóvenes.

Antes de la desaparición

Antes de la desaparición

“Ser hija de desaparecido me dio una visión solidaria de la vida, mi madre me enseñó casi de manera estricta que la solidaridad era un acto cotidiano, enfrentar y saber que en muchas mesas argentinas se hablaba mal de las ‘madres de Plaza de Mayo’ y la negación del genocidio cuando se decía que los desaparecidos estaban ‘viajando por España’”. Julieta cree que negar el genocidio es inconcebible, espera que todos los represores y genocidas estén en la cárcel, pero de todas maneras agradece lo que ocurrió en el 2003, cuando desde el gobierno argentino se promovió buscar justicia de los hechos ocurridos en la dictadura.

Nació en el 76, un año difícil para la Nación Argentina, Su vida y militancia está ligada a la historia que han ido construyendo todos los argentinos después de que ocurriera un genocidio.

Julieta de niña

Julieta de niña

Cuando Julieta tenía cuatro meses de nacida, sus padres fueron secuestrados juntos, su madre fue liberada y su padre no. Éste, según testimonios e investigaciones, fue torturado, detenido de forma ilegal y asesinado, luego el ‘incidente’ fue ‘catalogado’ como un falso enfrentamiento con las autoridades.

Su padre estuvo en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, llamado el ‘Club Atlético’, era militante de la agrupación JTP (Juventudes Trabajadoras Peronistas). Vuelta la democracia en 1983, su esposa María Fernanda Martínez declaró y su caso está en CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas) en el legajo 2781.

“Luego del indulto entregado por el gobierno en los 90 sentí que debía irme de mi país, pues yo quería justicia por mi viejo (mi padre) y saber que sus verdugos estaban en la calle libres traía mucha frustración. Por eso me fui con mi pareja y mi hijo en camino hacia México. Estuve viajando por todo el país, y estando en México los antropólogos forenses argentinos descubren restos de personas que fueron asesinadas en un ‘falso’ enfrentamiento. En las fotos encontradas estaba mi padre, que fue reconocido por mi mamá, pero finalmente los restos no fueron encontrados. Hay certeza de su muerte por los ‘informes’ fraguados por los militares, quienes armaron una puesta en escena con los jóvenes víctimas, para
hacerlos pasar por
‘armados’”, cuenta
Julieta.

Julio Enzo Panebianco

Julio Enzo Panebianco

Julio Enzo Panebianco

Otra imagen del desaparecido

Julieta regresó al país y el universo confabuló para conocer a ‘Los Verdes de Monserrat’, un grupo de murga (folclore y tamboras) del que empezó a ser parte activa, entró en la militancia y a participar de actividades sociales, culturales, de memoria y de derechos humanos, se enamoró de Marcelo, coordinador de los Verdes y empezó a vivir su recomposición y reparación cómo víctima.

“Luego del indulto entregado por el gobierno en los 90 sentí que debía irme de mi país, pues yo quería justicia por mi viejo y saber que sus verdugos estaban en la calle libres traía mucha frustración”

Por coincidencia o el simple destino llega a su vida ‘Los verdes de Monserrat’. Su padre había militado en la circunscripción 13 de la JTP de ‘Monserrat’, una conexión sobrenatural que es evidente y marca la vida de Julieta.

Hoy es una líder social, se describe como ‘políticamente incorrecta’, militante en lo social y ambiental. Junto a los verdes están creando un centro cultural y de formación para el trabajo en Buenos Aires, vegetariana y con un mensaje de fuerza. El 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, honor y memoria ‘no olvido y no perdón’ y garantías de no repetición ‘Nunca más’, trata de ser solidaria con los demás, reconoce el ‘todo vuelve’.

Su cántico actual de lucha: “¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, presente, presente!”

En Honor de los Detenidos- Desaparecidos en América Latina y el mundo.

Gina Escheback
Voxpopulilatinoamerica@gmail.com

Fotos cortesía de Julieta Panebianco

Artículo original en Bottup: “Negar el genocidio es inconcebible”


En el departamento del Cauca las tensiones entre ejército, guerrilla y paramilitares han dejado dos indígenas muertos, 30 heridos y cientos de desplazados

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Autonomía indígena212 años después del grito de Independencia en Colombia, las comunidades indígenas del departamento de Cauca hacen sentir su voz de protesta frente a todos los actores armados del conflicto interno. Cartas enviadas al Gobierno y la guerrilla son un grito para que no los afecten más con una guerra que no es de ellos.

En 2010 se conmemoró el bicentenario del Grito de Independencia en Colombia. Ese año, el país fue testigo de cómo la unanimidad frente a débiles construcciones del ‘patriotismo’, se resquebrajaba inevitablemente. El solemne desfile militar del 20 de julio fue el prólogo del imponente paso de miles de campesinos e indígenas que, al día siguiente, recorrieron las calles bogotanas.

Las autoridades indígenas hacen llegar cartas al ejército y la guerrilla para volver a proclamar que ésta no es su guerra

Dos años después, el clamor por el respeto y la paz adquiere más fuerza en el departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. Las comunidades indígenas que allí habitan, dijeron “no más” a una guerra que no sienten propia, quedando en medio de los disparos de la guerrilla, ejército y paramilitares. Las tensiones han cobrado la vida hasta hoy de dos indígenas, aproximadamente 30 heridos, cientos de desplazados y una escalofriante estigmatización social. Estos procesos de reivindicación de la vida y la cultura autóctona son entendidos en determinados círculos políticos como una alianza tácita con la insurgencia; la propaganda mediática ha despertado una campaña de intolerancia contra líderes indígenas y las declaraciones de funcionarios públicos y mandos militares han atizado una discriminación racial tan absurda como peligrosa.

Cientos de indígenas desalojaron a los militares de ese lugar, antes de adentrarse en las montañas a hacer lo propio con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. “Los verdaderos soldados no atropellan a la gente, anoche disparaste”, es la recriminación hecha por un líder indígena a uno de los militares que custodiaban un puesto estratégico en las montañas del norte del departamento del Cauca.

Imagen tomada de las redes sociales

La atención de los grandes medios de comunicación, capitalizada por los aparatos de propaganda oficial, dieron protagonismo a las lágrimas de uno de los sargentos desalojados de esas trincheras, fomentando un sentimiento de indignación por las acciones de los indígenas. Mientras tanto, no solo pasó en un segundo plano el asesinato de dos miembros de la comunidad en las siguientes horas, sino que la indiferencia por años de masacres, desplazamientos y despojos contra los indígenas ha sido la constante en la sociedad colombiana.

“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”: Indígenas al presidente Santos

Las autoridades indígenas del norte del Cauca, organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, anticipando que actúan con respeto frente a todos los actores políticos del país.

En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, haciendo eco no sólo de su derecho ancestral, sino de diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Imagen tomada de periódico virtual

Para los indígenas, el conflicto armado es “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda serie de estrategias militares, fallidas en su totalidad.

La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la organización indígena de proteger a la guerrilla, desconociendo de esta manera todos los miembros de las comunidades muertos en medio de ese conflicto Estado-insurgencia. Sesenta indígenas perdieron su vida en los últimos tres años y casi 600 están sin vivienda.  ”Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta. Para comprobar que esta afirmación no es ajena a la realidad, basta atender a las declaraciones del Comandante de las Fuerzas Militares, acusando al líder indígena Feliciano Valencia de ser miliciano de la guerrilla de las Farc.

“El Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”

Añaden los indígenas que “una estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla”.

Frente a la política de seguridad democrática, implementada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la conclusión es contundente: “La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran tres grandes campamentos sino 50 más pequeños”.

Es así como consideran que “en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.

“No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército- porque estos territorios son nuestros”: Indígenas a las Farc

Para quienes consideran que este movimiento de resistencia civil indígena es una estrategia impulsada desde las FARC, resulta esclarecedora la carta enviada a Timoleón Jiménez, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.

En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y sus acciones son cuidadosas para no darle ventaja militar alguna a ninguno de los actores armados.

“Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No se atrincheren en las casas”

En la carta enviada al comandante de las FARC le recuerdan que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas.

“La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”, agregan en su carta a las FARC.

Las peticiones son claras: “Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.

Las dos cartas, para el Gobierno y las Farc, concluyen de la misma manera: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.

Artículo original en Bottup: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”


Más de 15.000 personas participaron en la asamblea preparatoria debatiendo sobre temáticas relacionadas con los derechos humanos

Periodista ciudadana autora: Ana Luz Muñoz Editado por: Redacción Bottup

 

Trascurso de una de las sesiones

Trascurso de una de las sesiones

La asamblea preparatoria para el próximo Foro Social Mundial de 2013 en Túnez tuvo lugar del 12 al 18 de julio en la ciudad tunecina de Monastir, a la que acudieron representantes de la sociedad civil, sindicatos y asociaciones.

  • El Foro Social Mundial de 2013 será del 23 al 28 de marzo de 2013 en la capital
  • Más de 1.500 asistentes se congregaron en la asamblea de Monastir
  • Los participantes piden un Foro más plural, abierto a los nuevos movimientos y con un lenguaje y metodología renovados.

Ni la ciudad de Monastir, a unos 160 km de la capital tunecina, ni el comité organizador local, compuesto por diversos actores de la sociedad civil, se esperaban la gran afluencia de gente de todos los rincones del mundo que acudió a la asamblea preparatoria del Foro Social Mundial de 2013. Más de 1.500 personas se congregaron del 12 al 18 de julio en Monastir para debatir e intercambiar experiencias sobre diversas temáticas ligadas a los derechos humanos. También para crear nuevas perspectivas de lucha, reafirmar las protestas, y plantear una renovación del Foro Social Mundial (FSM) y del Consejo Internacional (CI).

La decisión de celebrar el Foro en Túnez se debe a ser “el corazón de la revolución que se expandió al mundo”, refiriéndose a la primavera árabe

Tanto la Asamblea preparatoria como el FSM de Túnez se sitúan en un contexto marcado por las revoluciones árabes, un debate popular importante entre Islam y política, y el auge de los movimientos sociales a nivel mundial, en los que se exige una justicia social y un cambio del sistema imperante. Los protagonistas de las protestas, es decir, los que se han movilizado pacíficamente para cambiar el orden del mundo, se han mantenido muy presentes durante todo el encuentro de Monastir, en el que no ha cesado de repetirse que el Foro Social Mundial de 2013 “se hace gracias a los mártires, a la gente que ha luchado, a los militantes, y a los que han soportado la represión”, en una especie de homenaje a todos ellos. La decisión de celebrar el Foro de 2013 en Túnez es fruto de la meditación del Consejo Internacional, que escogió el país como escenario por ser “el corazón de la revolución que se expandió al mundo”, según lo definió Chico Whitaker, co-fundador del Foro Social Mundial. El slogan elegido para el Foro Social Mundial de 2013 es ‘Une autre Tunisie est posible’ (en español: ‘Otro Túnez es posible’), haciendo referencia al de ‘Otro mundo es posible’ que se utilizó para el primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, en 2001.

El objetivo de esta asamblea ha sido, según el comité local organizador, “reforzar las redes existentes y preparar el terreno para nuevas articulaciones entre los movimientos sociales, elaborar un programa de acción para consolidar las luchas y la solidaridad en la región, y elaborar un plan de movilización y de acción para el FSM de 2013″, y todo ello estructurado dentro de una “dimensión internacional, africana, euro mediterránea, Maghreb-Machrek, y local”.

Durante la ceremonia de apertura, Gustave Massiah, miembro del Consejo Internacional del FSM, lanzó un mensaje a todos los asistentes, declarando que “estamos aquí para trabajar juntos por la solidaridad (…) y para hablar de cómo continuar las luchas”, dando así el pistoletazo de salida a seis días de trabajo, talleres, debates y discusiones entre los representantes de la sociedad civil, los
sindicatos y las asociaciones presentes.

Asamblea preparatoria del Foro

Asamblea preparatoria del Foro

La asamblea preparatoria de Monastir ha estado principalmente organizada por diversos actores de la sociedad civil tunecina, como la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), el sindicato UGTT, y le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), así como por el Consejo Africano y el Consejo Internacional del FSM, que habían elaborado un programa del 12 al 18 que agrupaba diversos temas. Uno de ellos se centró en el eje de las migraciones en la zona del Mediterráneo, el cierre de las fronteras, los desaparecidos y los derechos de los refugiados en los países del Maghreb, que culminó con la llegada, el viernes 13 de julio, de la flotilla organizada por Boats4People al puerto tunecino de Ksibet el Mediouni, como símbolo de la solidaridad con los inmigrantes. Después de casi dos semanas de viaje, la flotilla, que había partido del norte de Italia pasando por Lampedusa (la isla italiana dentro de la ruta migratoria entre África y Europa) arribó entre aplausos de todos los asistentes y rodeada de barcos de pescadores tunecinos. Estuvieron presentes algunas de las madres de los desaparecidos en el viaje a lo que creían una vida mejor.

Otro de los ejes temáticos fue sobre los movimientos sociales en Túnez y en el mundo entero, en el que varios asistentes que participan activamente situaron su causa dentro del contexto mundial actual y hablaron de los logros que habían conseguido. Fue un encuentro con jóvenes de las revueltas tunecinas, del ‘Mouvement du 20 février’ de Marruecos, de los estadounidenses ‘Occupy Wall Street’ y de los senegaleses ‘Y en a marre’ (en español: ‘Estamos hartos’), que desprendían una gran vitalidad y muchas ganas de cambiar las cosas. Demostraron también el gran poder movilizador del que disponían en sus países, habiéndose apuntado ya diversos logros.

Hubo muchos más ejes temáticos organizados en diversos talleres. En el tema de la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos se trató la justicia transicional en Túnez, las luchas sociales en el área de los mineros y la cuestión de la deuda. En los talleres que hubo sobre el eje de diversidad, derechos culturales, libertad de expresión y derecho a la tecnología se produjeron interesantes intercambios de información sobre la diferente situación de los países en cuanto a la misma temática, y se contó con la presencia de una de las creadoras de Radio 6, la primera radio libre tunecina que retransmitió la caída de Ben Alí.

“El objetivo es reforzar las redes existentes y preparar el terreno para nuevas articulaciones entre los movimientos sociales, elaborar un programa de acción y un plan de movilización para el FSM de 2013″

La dinámica ‘mujeres’ presentaron un ‘Rapport du Forum Social Femmes Maghreb-Machrek’ y una declaración rechazando la violencia de género. El eje de derechos económicos y sociales frente a la mundialización neoliberal y la privatización trabajó en diversos talleres sobre el tema de los jóvenes diplomados en paro, un gran problema en la zona. El tema de retos económicos, deuda y acuerdos comerciales intentó debatir cómo poner en práctica un desarrollo alternativo. Por último, en la temática de la protección del medio ambiente se intentó sacar lecciones de Rio+20 y de la Cumbre de los Pueblos.

Durante las tres últimas jornadas (el programa se alargó un día más, hasta el 18), se llevó a cabo una asamblea plenaria cuyo objetivo era hablar sobre el proceso de preparación del FSM  y en la que la gente expuso sus ideas, sus dudas y sus peticiones. Se hicieron muchas proposiciones, queda por saber si se van a realizar o si se van a quedar ahí. Por parte de los asistentes, las ideas que más se repitieron a lo largo de la asamblea fueron la de renovar el lenguaje, la metodología y la estructura del FSM y del Consejo Internacional, cambiar de estrategia y de plan de acción, hacer del Foro un espacio más plural, abierto e inclusivo a los nuevos movimientos, en el que se facilite la participación a nivel mundial, en la que se conecte la dimensión local-global, y en el que se incluya la economía solidaria. También encontrar la manera de que todos los movimientos a nivel mundial ayuden en la preparación del foro, y no sólo el comité local, y en el que se incluya las temáticas que afectan a la región en la que se celebra el Foro.

Para trabajar sobre estos temas y que las peticiones se hagan realidades se crearon tres grupos de trabajo que seguirán operacionales hasta que se celebre el Foro. El primero de ellos es la comisión metodológica y estratégica, que trabajará sobre la manera de organizar el foro y los temas que se abordarán. El segundo es la comisión de comunicación y movilización y, por último, la comisión financiera. Cada participante decidió en cuál quería formar parte, definieron los objetivos juntos y luego los
expusieron.

Llegada de la flotilla organizada por Boats4People al puerto tunecino de Ksibet el Mediouni

Llegada de la flotilla organizada por Boats4People al puerto tunecino de Ksibet el Mediouni

La comisión metodológica comunicó que trabajará por un Foro que refleje la realidad del país en el que se hace, que tenga en cuenta la dimensión regional e internacional, en el que se harán partícipes a los nuevos actores, y en el que exista una diversidad cultural, religiosa y física.  En lo que concierne al espacio de trabajo, harán un foro más accesible, fomentando la participación a través de Internet, teniendo en cuenta a los niños y a las personas con movilidad reducida. Van a ocuparse igualmente de los temas que se abordarán, tras las peticiones de la gente.

La comisión de movilización y comunicación invitó a todos los participantes a llevar a cabo una labor de sensibilización en sus propios países, y para ello piden que el Comité local se comunique con ellos a través de la web, para darles las líneas directrices. Están pensando en las mejores opciones para que participe todo el mundo, también los que por lo general están excluidos. Van a trabajar para que en el Foro Social Mundial haya más medios de comunicación, bloggers y para que se incorporen las redes sociales como un nuevo territorio de comunicación. Se están ocupando de buscar igualmente un streaming libre para publicar todas las actividades que se lleven a cabo durante el Foro, para que lleguen al máximo de gente. También propusieron crear un punto de información física en Túnez para dar información a la gente.

La comisión finanzas aseguró terminar de escribir el proyecto del Foro Social Mundial 2013 en los próximos días para enviarlo a posibles cooperantes en materia económica. Calculan que necesitarán más de un millón de euros para hacer un buen Foro.

El comité local organizador aprovechó para comunicar algunas novedades en relación al FSM. La reunión que tuvo lugar la semana pasada entre representantes del Consejo Internacional y miembros del gobierno de la República de Túnez fue positiva, les han brindado apoyo para el Foro, y eso “facilita mucho las cosas”, en palabras de uno de los organizadores. El comité local declaró que va a poner en marcha a partir de septiembre unas caravanas que van a recorrer el país para trabajar con los movimientos regionales e informar sobre qué es el Foro, para que acudan a la cita de marzo para hablar de las problemáticas a las que se enfrentan cada día. Igualmente, están previstos diversos foros temáticos con la misma funcionalidad que las caravanas. Monastir sirvió también al comité local organizador para hacer una llamada a las estructuras internacionales participantes a implicarse con todo lo que comprende la organización y la financiación. El peso del Foro es demasiado grande y necesitan ayuda.

Las migraciones y los movimientos sociales fueron dos de los temas destacados dentro de los seis días de debates

La asamblea preparatoria del Foro Social Mundial estuvo presente en las redes sociales con el objetivo de llegar a más gente. Todos las actividades se reprodujeron en streaming, y algunos de los asistentes utilizaron twitter como medio para contar lo que estaba pasando (#mfsm). Se prevé que para el Foro de 2013 se multiplique la comunicación a través de Internet, una oportunidad de hacer partícipe a más gente.

Por su parte, la prensa tunecina también se hizo eco de esta asamblea preparatoria, sobre todo cubriendo la conferencia de prensa que tuvo lugar el día antes del comienzo. El diario ‘Le temps’ abría su página dos el 11 de julio con el gran titular ‘Túnez, un Túnez mejor, pasarela universal en dirección a la democracia’, afirmando que el país “se transformará el año que viene en un espacio de debate para reforzar los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales a escala internacional (…) gracias al FSM de Túnez 2013″. También otros periódicos, como ‘La Presse’ y ‘Le Quotidien’ contenían artículos sobre los talleres que hubo sobre la cuestión migratoria y la deuda.

Cuando acabó la Asamblea preparatoria del Foro Social Mundial, tras casi una semana de debates y encuentros, se podía notar que había algo en lo que coincidían todos los participantes: para todos es esencial que participen en el Foro los actores de las luchas en el mundo, y no las élites.

Artículo original en Bottup: Preparando el Foro Social Mundial de 2013 en Túnez


Alrededor de 1.000 personas se manifestaron en Buenos Aires contra la visita del expresidente Álvaro UribeAurelio, refugiado colombiano, cuenta su historia

Periodista ciudadana autora: Gina Escheback Editado por: Redacción Bottup


Desplazados colombianos durante la manifestación

Desplazados colombianos durante la manifestación

Aurelio es uno de los colombianos que salieron a marchar pacíficamente en contra de la visita de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente colombiano, en Buenos Aires. Es importante conocer sus razones y su historia:

“Durante el gobierno de Uribe las violaciones a los Derechos Humanos eran la orden del día, el atentado me lo hicieron los paramilitares, por mis denuncias, ellos obedecían órdenes de Uribe y eran serviles al terrorismo de Estado”.

Aurelio huyó de su casa después de que esta fuera destruida por paramilitares. Su huida lo llevó hasta Argentina

‘Trauma de guerra’ es el dictamen del diagnóstico de la psicóloga que le atiende en Argentina, los problemas de sueño y las pesadillas son el pan diario con el que ha aprendido a vivir Marco Aurelio. Huyó de Colombia luego que los paramilitares le tirarán dos granadas de fragmentación a su casa, y se salvó milagrosamente, pues un par de minutos antes había salido a comprar un refresco en la esquina de su casa cómo presagio divino. Cuando escuchó la explosión y regresó corriendo a su casa solo encontró un ambiente desolador.

Un incendio y un aturdimiento, de un atentado, del cual sin explicación se salvó, pero también el inicio de una huida, pues el mensaje era claro, lo querían asesinar. Con lo que tenía puesto, emprendió un camino que lo trajo finalmente hasta la Argentina.

En Colombia enfrentó varias luchas por las cuales fue sentenciado a muerte. Fue testigo de una masacre en el Cauca dónde alcanzó a auxiliar a varios menores que quedaron en medio del fuego cruzado. Posteriormente, en el valle Del Cauca, junto a los destechados de Yumbo lucharon y tomaron tierras para ejercer su derecho a la vivienda. Posteriormente militó en un partido de izquierda en Colombia, por lo cual los soldados del ejército lo llamaban ‘el comandante Aurelio’, queriéndolo culpar falsamente de pertenecer a los grupos guerrilleros.

“Prevenir el reclutamiento forzado de los niños y jóvenes en el conflicto colombiano fue una obsesión para mí”

“En medio del conflicto colombiano se libran muchas batallas, prevenir el reclutamiento forzado (trata de personas en medio del conflicto) de los niños y jóvenes fue una obsesión para mí. Me llevo muy bien con los chicos y les explicaba que la guerra no les dejaría nada más que dolor, algunos me escuchaban y otros simplemente se dejaban convencer de los actores armados del conflicto o de las bandas delincuenciales”.

En Argentina este colombiano, que se dedica a la construcción y reparación de viviendas, espera el estatus de asilo o refugio, y de esa manera ser un ciudadano con plenitud y satisfacción de derechos.

Marchó pacíficamente junto a más de 1.000 historias que tiene su razón para repudiar al ex presidente que ‘transformó a Colombia’.

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Informaciones relacionadas:

Una visita explosiva‘, veintetres.infonews.com
“Uribe no es el líder que cuentan algunos medios”, agenciapacourondo.com.ar
Uribe habló en Argentina de la ‘transformación de Colombia’ en su gobierno’, elespectador.com

Imagen: ginaescheback.blogspot.com.es

Artículo original en Bottup: “Durante el gobierno de Uribe las violaciones de los derechos humanos eran la orden del día”


Aunque el café mueve 71.000 millones de dólares al año, la mayoría de los caficultores vive con menos de 2 dólares al día

Periodista ciudadano autor: Fairtrade España Editado por: Redacción Bottup


Un pequeño caficultor

Un pequeño caficultor

La sed de café en el mundo parece insaciable. Un nuevo informe sobre la materia prima publicado por la Fairtrade Foundation (la asociación del Sello Fairtrade en Inglaterra) pone de relieve cómo el consumo de café casi se ha duplicado en los 40 últimos años, con las economía emergentes de Brasil, la India y Europa del Este al frente de la demanda, y a pesar de ello los pequeños productores siguen luchando por sobrevivir.

El consumo global de café casi se ha duplicado en los últimos 40 años, alcanzando, sólo en 2011, los 8 millones de toneladas, lo que ha significado 23.500 millones de dólares en divisas a los países exportadores de café.

Pese a que el consumo de café se ha duplicado en los últimos 40 años, no ha repercutido en la calidad de vida de los 25 millones de pequeños productores que cultivan el 80% del café

Pero la mayor parte del dinero del comercio del café -de un valor mundial de 71.000 millones de dolares el año pasado – se lo lleva un número relativamente pequeño de empresas en los países consumidores que manufacturan y comercializan el café que compramos en nuestras tiendas y cafeterías.

Los 25 millones de pequeños productores que cultivan el 80 por ciento del café mundial siguen sin conseguir su parte justa de la riqueza generada por su trabajo. Están en la parte baja de la cadena de suministro, con poco poder para negociar un precio decente con los intermediarios locales que compran su café. Los caficultores suelen vivir con menos de 2 dólares al día, ubicados en remotas comunidades rurales sin acceso a viviendas decentes, agua potable, electricidad, educación o asistencia sanitaria.

El constante crecimiento de la demanda de café debería significar la llegada de tiempos mejores para los cultivadores. Pero décadas de precios bajos e inestables han dejado un legado de agricultores endeudados, sin apoyo técnico y financiero para invertir en la mejora de la productividad y la calidad, y mal equipados para aprovechar las oportunidades presentes. Las generaciones más jóvenes, que no ven futuro en el cultivo del café, abandonan la agricultura para buscar un trabajo mejor remunerado en otra parte.

El Comercio Justo provee ingresos adicionales para que los productores inviertan en prácticas más sostenibles y mejoren su eficacia

Además, ahora los caficultores tienen que adaptarse a los efectos impredecibles y en aumento del cambio climático. La propagación de plagas y enfermedades, las altas temperaturas, lluvias irregulares o periodos de sequía desorganizan la producción, convirtiendo, incluso, ciertas zonas, en inadecuadas para el cultivo del café.

Con el riesgo de escasez muy real en el horizonte, la industria del café debe apoyar firmemente a los agricultores a enfrentarse a esos retos. Muchas empresas reconocen que el Comercio Justo es parte de la solución, al proveer ingresos adicionales para que los productores inviertan en prácticas agrícolas más sostenibles: plantando variedades resistentes a la sequía -y a la las plagas-, mejorando la eficacia de sus negocios e implementando proyectos que benefician a la comunidad en su conjunto.

Ayudando a asegurar ingresos decentes a los agricultores, las empresas pueden también asegurar que su negocio tendrá un suministro duradero de café de calidad.

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Enlaces de interés:
Resumen del informe de la Fairtrade Foundation en castellano
Informe completo (en inglés)

Artículo original en Bottup: ¿Por qué los beneficios del café no llegan a los productores?


Ética en el cubrimiento periodístico del conflicto armado, seguridad para periodistas y solidaridad profesional. Con estas premisas se conformó en Bogotá el pasado 20 de junio la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

El cautiverio y posterior liberación del corresponsal francés Roméo Langlois por parte de la guerrilla de las FARC fue el hecho desencadenante de una serie de reflexiones por parte de un número importante de corresponsales de medios de comunicación internacionales que trabajan en Colombia. Una de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para afrontar situaciones de riesgo para sus colegas y lograr una interlocución directa y eficaz con el Estado, en aras de garantizar el derecho a informar y estar informado.

El periodista italiano Simone Bruno, amigo personal de Langlois y quien vive hace más de una década en Colombia, empezó a contactar a sus colegas, transmitiéndoles el entusiasmo por esta nueva organización. Es así como luego de varias reuniones, el pasado 20 de junio aprobaron el acta de constitución y los estatutos de la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia (APIC), consagrando como su objetivo principal “defender en todos sus aspectos, el ejercicio profesional de la prensa extranjera en Colombia, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa y promover el mejoramiento de la calidad de la información”.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia”

Vale la pena resaltar la voluntad de los integrantes de esta nueva organización de servir de apoyo, en los casos necesarios, a los periodistas locales colombianos, que en las diferentes regiones se ven enfrentados a todo tipo de agresiones en el marco del conflicto armado interno y también como consecuencia de la grave crisis producto de la corrupción estatal. “Tenemos que responder a todo el apoyo que nos han dado los periodistas regionales cada vez que vamos a sus ciudades”, dijo Bruno durante la asamblea constitutiva de la asociación de periodistas, en la que resultó elegido como su presidente. Organizarse es algo “que debimos hacer hace rato”, señala Simone.

Le preguntamos al recién elegido presidente de la nueva asociación, Simone Bruno, sobre la expectativa frente a la sociedad y el gobierno colombianos desde la nueva organización.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia. En nuestra organización hay reporteros, fotorreporteros y corresponsales de los más importantes medios del mundo, gente que lleva más de 15 años trabajando en este país; no sólo, hay jóvenes, hay periodistas de las más importante agencias de prensa del mundo”. Bruno agrega más adelante que la APIC será un recurso para hacerle ver al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que será un error restringir las posibilidades de trabajo de los periodistas extranjeros, como algunos lo han sugerido luego del caso Langlois.

En lo concerniente a la sociedad colombiana, Bruno señala: “es la sociedad que debe exigirnos, a nosotros como a la prensa colombiana, que seamos imparciales, serios y que tengamos la fortaleza de contar este conflicto que lastimosamente es invisible desde las casas de los habitantes de las grandes ciudades. Por esto nos reunimos, para poder seguir con más fuerza en nuestro trabajo”. Esta postura fue planteada por Simone Bruno a los pocos días de conocerse la noticia de la retención de su amigo Roméo Langlois. “Este es un conflicto de pocos, que no aparece casi nunca en imágenes y del que son ajenas casi siempre las ciudades”, señaló durante un evento académico a comienzos del mes de mayo.

Durante las reuniones en las que se discutieron los aspectos claves de esta nueva organización fue permanente el acompañamiento de la delegada de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo inmediato de la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Panorama del ejercicio periodístico en Colombia [1]

Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el lugar 143 entre 179 países evaluados. En el continente americano, se encuentra por encima de la clasificación de México (149) y Cuba (167). Clasifica al grupo ilegal ‘Águilas Negras’, banda criminal según el Gobierno, en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

En 2011 crecieron los intentos de asesinatos, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros y el desplazamiento forzado contra periodistas

Para la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, las agresiones contra periodistas aumentaron un 7% en Colombia en 2011 respecto al año anterior. En un alto porcentaje, los responsables de estas conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, ahora reciclados con la etiqueta de ‘bandas criminales’. Agrega la organización gremial de periodistas colombianos que de siete homicidios registrados en 2010, se pasó a uno durante 2011

En su informe, Fecolper busca “evidenciar la situación de violencia que padecen los periodistas en Colombia por razones del ejercicio de su profesión”, ya que la disminución de homicidios no puede considerarse en sí misma como un progreso en la protección a periodistas, ya que “los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.

De acuerdo a la Ong Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su informe titulado ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el siguiente es el balance de agresiones contra periodistas: “el asesinato de un periodista por razones del oficio; el exilio de dos reporteros; el atentado a dos medios de comunicación y 94 casos de periodistas amenazados”. Este panorama es calificado como “un aumento significativo sobre lo que ha registrado la FLIP en los últimos años”. Agrega más adelante que “la impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales”.

El Comité de Protección a Periodistas señala que a lo largo de gran parte de la última década, la inteligencia colombiana interceptó ilegalmente los correos electrónicos, realizaba escuchas ilegales a conversaciones telefónicas, y llevó a cabo la vigilancia contra reconocidos periodistas críticos del gobierno.

Periodistas trabajando

Periodistas trabajando

En el ámbito del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] publica un capítulo especial en el informe anual de la CIDH analizando el estado de la libertad de expresión en el continente. En lo que corresponde a Colombia durante 2011, la Relatoría resalta las continuas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que estigmatiza a periodistas críticos. Algunos de los casos mencionados en el reporte anual son los del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, “por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno”. Agrega el informe que “las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones”.

Adicionalmente, junto con las referencias a casos de homicidios, amenazas y acoso judicial contra periodistas, la Relatoría llamó la atención sobre la aprobada ‘ley de inteligencia y contrainteligencia’, que de alguna manera podría afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información.

Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.


[1] Resumen tomado del ‘Balance de informes sobre libertad de expresión en Colombia‘, publicado por el Proyecto Sociedad Informada.

Artículo original en Bottup: Nace una organización de periodistas extranjeros en Colombia


Saldrá al mercado a finales de año y posibilitará la búsqueda, prescripción y compra de bienes o servicios responsables con la discapacidad

Periodista ciudadano autor: Asociación Sí Podemos Editado por: Redacción Bottup

Sello Coredisc

Sello Coredisc

Esta semana se presentó en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial del Parque Tecnológico de las Ciencias y la Salud de Granada, el proyecto de ‘Guía de Consumo Responsable con la Discapacidad’ para favorecer la integración laboral de las personas de este colectivo.

En esta primera fase se busca la adscripción a la guía de autónomos o empresarios con discapacidad, centros especiales de empleo, cooperativas de integración social, enclaves laborales, empresas que cumplen con la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), empresas que tienen directivos o trabajadores con discapacidad, artistas, escritores, músicos, artesanos con discapacidad, etc., de todo el Estado español.

Para ello, deben obtener el Certificado de Consumo Responsable con la Discapacidad (Coredisc) según los criterios seleccionados y los estándares de integración prefijados para el Comercio Responsable con la Discapacidad diseñado por la Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad – Sí Podemos.

Todas las personas o entidades adscritas a la guía deberán poseer el Certificado de Consumo Responsable con la Discapacidad

La guía tiene previsto salir al mercado para finales de año y posibilitará a las personas o entidades que quieran ejercitar un consumo responsable y comprometido con la discapacidad, tener un punto de búsqueda, encuentro, referencia, prescripción y compra o adquisición de servicios y productos. De esta manera, se potenciará una red de trabajo inclusivo, solidario y de cooperación con las personas con discapacidad.

Antonio Tejada, presidente de Emprendedores con Discapacidad, ha sido el ideólogo y promotor de esta iniciativa a la que considera como “un paso más dentro de la igualdad de oportunidades y de normalización de un colectivo que se esfuerza y sacrifica como el que más, día a día, por conseguir una mayor integración tanto a nivel social como laboral”. Además, “supone la recompensa a una idea y a un trabajo que se lleva gestando desde 2009 pero nunca antes le habíamos podido dar forma”.

Antonio Tejada, presidente de ‘Emprendedores con discapacidad’, mostrando el sello y los requisitos para obtener el Certificado de Consumo Responsable con la Discapacidad (Coredisc)

Antonio Tejada, presidente de 'Emprendedores con discapacidad', mostrando el sello y los requisitos para obtener el Certificado de Consumo Responsable con la Discapacidad (Coredisc)

Antonio Tejada, presidente de 'Emprendedores con discapacidad', mostrando el sello y los requisitos para obtener el Certificado de Consumo Responsable con la Discapacidad (Coredisc)

Este proyecto pretende también en esta fase, implantarse en la sociedad y en el mercado e ir incorporando nuevas entidades que avalen, apoyen y promuevan la iniciativa.

La ‘Guía de Consumo Responsable con la Discapacidad’ tendrá presencia en Internet a través de una web, en documento pdf para descarga y en soporte papel, donde se promocionará el consumo de las empresas o profesionales que aparezcan en ella y contribuirá a ampliar su impacto en el mercado.

Si eres una persona o entidad que cumple con los requisitos requeridos, puedes enviar un correo electrónico a presidente@emprendedorescondiscapacidad.com, indicando actividad y contacto. La dirección del programa se pondrá en contacto para cumplimentar el resto de la documentación necesaria para poder participar en la guía.

Artículo original en Bottup: Nace la primera ‘Guía de Consumo Responsable con la Discapacidad’


Sigue sin respetarse el embargo de armas, millones de personas se encuentran desplazadas y la población civil sigue siendo la principal víctima del conflictoLa ONU y agencias humanitarias no pueden hacer frente a la situación mientras hay actores que se benefician

Periodista ciudadano autor: Álvaro Mellado Domínguez Editado por: Redacción Bottup

Sudán antes de la independencia de la región del sur en 2011 tenía una extensión igual que la superficie desde Alemania a Portugal, incluyendo el Reino Unido e Irlanda.  Su población total era menor que la actual de España. Sus comunicaciones terrestres son limitadas con un 23% de kilómetros de raíles de tren en comparación con España. La región de Darfur tiene una extensión similar a la de Francia y un número total de habitantes similar a la comunidad de Madrid. Darfur es una región difícil de gobernar. Simplificar el conflicto de Darfur como una confrontación entre dos partes o como una consecuencia de un simple motivo dejaría mucho de esta guerra sin explicar. En este contexto sería difícil de entender Darfur como un conflicto aislado entre rebeldes y el gobierno sudanés o como la consecuencia de conflicto entre USA y China por el petróleo. Va más allá de simple confrontaciones. En esta guerra lo único simple de ver es que la mayor víctima del conflicto es su población civil.

La población en Darfur es testigo de la entrada masiva de armas, la intrusión de la gran industria humanitaria y la manipulación de conflictos locales por parte de diferentes estados de la región y superpotencias mundiales

Advenimiento del conflicto

En Sudán el desierto se ha extendido en los últimos 40 años una superficie igual a la costa de Guipúzcoa, mientras la población en Darfur se ha multiplicado por seis desde 1956 hasta 2003. Esto tiene un gran impacto en la población, aunque parezca un pequeño territorio en un país tan grande. Los grupos sedentarios han visto afectada su producción agrícola con la disminución considerable de las precipitaciones entre 1976 y 2005 que ha sido de hasta un 24 y un 34% en ciertas zonas del oeste y del norte de Darfur[1]. En contraposición, los grupos étnicos nómadas del norte de Darfur empezaron a emigrar más hacia el sur mientras las poblaciones sedentarias del sur vallaron sus tierras, limitando así el acceso a los pastos para los animales de otros grupos étnicos. Con el agravamiento de la situación, grupos étnicos árabes desarrollaron una ideología de supremacía árabe en Darfur que ha alimentado el conflicto actual. Este proceso desencadenó conflictos durante los ochenta entre la población sedentaria Fur con los grupos nómadas de origen árabe y africano. Esto todavía sigue presente hoy en Darfur. El gobierno sudanés ha manipulado estos grupos árabes con el fin de contener los insurgentes rebeldes. Estos últimos ganaron 34 de las 38 batallas en 2003[2]. De esta manera, el gobierno actual es capaz de mantenerse en el poder. Los diferentes grupos étnicos de la región han convivido durante siglos en un ambiente de cierta cooperación para la supervivencia común. Los cambios demográficos y climáticos requieren de más atención a estos mecanismos de cooperación. Ante estas dificultades, la población en Darfur es testigo de la entrada masiva de armas, la intrusión de la gran industria humanitaria y de la manipulación de conflictos locales por parte de los diferentes estados de la región y superpotencias mundiales. Todo esto sirve para la sustentabilidad del conflicto y no para la sustentabilidad de las comunidades locales.

Una población civil desprotegida

El ataque a la población civil en Darfur está siendo instrumentalizado ante la impotencia de los diferentes grupos armados de luchar entre ellos. Esta victimización civil tiene el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional y demostrar su capacidad de dañar las comunidades. Esta guerra se está ganando atacando a la población civil. Mientras tanto, la misión de operaciones de paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) es incapaz de cumplir su mandato. Este

La misión de paz de Naciones Unidas para Darfur, UNAMID, es la más cara de la ONU (1.689 millones de dólares) y es incapaz de cumplir su mandato de proteger a la población civil

mandato incluye la protección a la población civil. UNAMID es la operación de paz más cara de las Naciones Unidas con un presupuesto de 1.689 millones de dólares entre julio 2011 y junio 2012. Esta misión de paz es percibida como elemento parcial por parte de los principales grupos rebeldes. El gobierno sudanés es contrario a la presencia de tropas internacionales de paz en Darfur. La seguridad de estas tropas de paz está en peligro ante semejante panorama. 77 soldados de paz han muerto en manos de los grupos armados en Darfur hasta ahora y 50 fueron raptados por el grupo rebelde JEM (Justice and Equality Movement) en febrero de 2012. Si UNAMID tiene dificultades para defenderse, ¿quién protege a la población civil?

Una situación humanitaria olvidada

La población civil sigue desplazada y con limitaciones de recibir la ayuda humanitaria. Este desplazamiento se ha hecho con el objetivo de expropiar la propiedad de la tierra y recursos naturales. La sociedad civil internacional ha denunciado públicamente el ataque a la población civil con el fin de adquirir las tierras por parte de ciertos grupos armados de identidad árabe y africana. Los desplazados ocupan tierra de los alrededores de las ciudades. La competición por los recursos naturales de los alrededores de las ciudades y la degradación del medio ambiente son consecuencias de este desplazamiento masivo de la población civil. Las estimaciones de desplazados están entre 1,9 y 2,7 millones de desplazados internos, sin contar los refugiados en Chad y República Centroafricana. La asistencia humanitaria está bastante restringida debido a la inseguridad en la región de Darfur. ONGs y el consejo de seguridad de las Naciones Unidas ven con impotencia como los diferentes grupos armados manipulan de manera efectiva la ayuda humanitaria para su beneficio. A pesar del reconocimiento del acceso humanitario en las resoluciones del consejo de seguridad de las Naciones Unidas y en los acuerdos de paz entre grupos armados y el gobierno sudanés, la ayuda humanitaria no es suficiente para las necesidades de la población. Esto podría empeorar si consideramos las predicciones de emergencia nutricional para el verano de 2012. Agencias de las Naciones Unidas, UNAMID y WFP (World Food Programe -programa mundial para la alimentación) han reconocido esta situación. En abril de 2012, UNAMIDinformó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de esta previsible emergencia humanitaria. Esto se sabe pero no es primera plana en las noticias. La guerra en Darfur ha desaparecido como foco de atención de la prensa internacional. La ayuda para esta malnutrición que viene puede que no sea suficiente al igual que como sucedió el año pasado en el cuerno de África. La población civil sigue siendo vulnerable a emergencias y crisis humanitarias a pesar de la atención recibida por parte de los medios de comunicación internacionales. Después de todo, hay problemas que quedan olvidados.

El número de desplazados internos se estima entre 1,9 y 2,7 millones, mientras sigue sin respetarse en el embargo de armas decretado por la ONU desde 2004

Los beneficiarios del conflicto

China, Irán, Egipto, Hong Kong, Arabia Saudita, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Bielorrusia, Rusia y Kuwait durante el periodo 2001-2008 vendieron armas al gobierno de Sudán. Por otro lado EE.UU[4], Israel[5], Francia[6], Eritrea[7], Chad y Libia[8] han aportado ayuda militar con armas, entrenamiento y dinero a los diferentes grupos armados de Darfur. A pesar de los diferentes embargos de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004, las armas han seguido entrando en Darfur ante la impotencia de una parte de la comunidad internacional. El panel de expertos de las Naciones Unidas para Sudán ratifica el poco impacto de los embargos de armas en Darfur. Por mucho dinero que se dé a las ONGs y se ponga la misión de paz más cara de la ONU en Darfur, la población civil seguirá siendo víctima si los embargos de armas no se cumplen y la región de Darfur se convierte en una piscina de armas. Compañías privadas de seguridad, Lockheed Martin[9]PAE[10], obtuvieron contratos multimillonarios para apoyar los soldados de Naciones Unidas y la Unión Africana[11]. Esto hace de la guerra en Darfur un negocio para algunos y un drama para muchos.


[1] United Nations Environment Programme (UNEP) (2007) Sudan post-conflict environmental assessment, UNEP, Kenya, p.60

[2] Flint J. and de Waal A. (2008) Darfur: A New History of a Long War A Short History of a Long War (revised and updated), Zed Books, London, New York, p. 122

[4] El gobierno de EE.UU. ha utilizado el SPLA (Ejercito del sur de Sudán) para entrenar a grupos rebeldes de Darfur. La administración de Bill Clinton destinó 20 millones de dólares en equipo militar vía Eritrea, Etiopía y Uganda a grupos de oposición para derrocar el gobierno de Sudán. Reyna S.P. (2011) ‘The Disasters of War in Darfur, 1950-2004′, in Third World Quarterly, Vol. 31, Issue 8, p.1313

[5] El gobierno israelí ha entrenado rebeldes de Darfur e incluso permitido que alguna sección del grupo rebelde de Darfur SLA (Sudan Liberation Army) tenga una oficina en Israel. Reyna S.P. (2011) ‘The Disasters of War in Darfur, 1950-2004′, in Third World Quarterly, Vol. 31, Issue 8, p.1314

[6] El gobierno francés ha apoyado a los rebeldes de Darfur usando como intermediario el gobierno de Chad. El líder rebelde Abdul Wahid tenía su residencia en Francia desde 2007 cuando no le fue permitido volver después de un viaje a África a finales de 2010. Tubiana J. (2011) ‘Renouncing the Rebels: Local and Regional Dimensions of Chad–Sudan Rapprochement’, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva, p.57

[7] El gobierno de Eritrea ha apoyado a grupos rebeldes JEM (Justice and Equility Movement) y SLA. Ha permitido la estancia de sus líderes en este país y participado en la creación de National Redention Front (NRF) en 2006. de Waal A. (2007) ‘Sudan: international dimensions to the state and its crisis’, Crisis States Research Centre, London School of Economics, London, Occasional Paper No.3, p.1

[8] El Gobierno de Chad ha apoyado al grupo rebelde JEM como proxy contra el gobierno de Sudán. Su líder, Khalil Ibrahim, que residía en Chad fue expulsado de este país en Mayo de 2010. Él se fue a Libia, donde el gobierno Libio apoyaba y armaba al JEM anteriormente. Tubiana J. (2011) ‘Renouncing the Rebels: Local and Regional Dimensions of Chad–Sudan Rapprochement’, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva

[9] Lockheed Martin obtuvo un contrato de UNAMID por 250 millones de dólares americanos en 2007. Naciones Unidas (2007), ‘Press Conference by assistant secretary general, Officer in charge of United Nations Department of field support on Darfur deployment‘, Comunicado de prensa de las Naciones Unidas

[10] En octubre 2007 PAE obtuvo un contrato para las misiones de paz de las Naciones Unidas en Darfur, Chad, República Centroafricana y Somalia por un valor de 250 millones de dólares americanos. Weuts Jan (2007) ‘Private security Companies: need for advocacy’ en Voice out loud, Issue 6, December, p.13

[11] La compañía de seguridad Dyncorp es reconocida también en este documento como beneficiaria de los contratos de la Unión Africana. US Government Accountability Office (GAO) (2006) ‘Darfur Crisis: Progress in Aid & Peace Monitoring Threatened by Ongoing Violence and operation challenges’ Report to congressional requesters, November 2006 p.55

Artículo original en Bottup: La guerra en Darfur: un negocio para pocos, un drama olvidado para muchos


COLOMBIA / Rosa Elvira Cely fue violada y asesinada. El nivel de brutalidad de este crimen sacudió a la sociedad colombiana, cuya sensibilidad parecía estar anestesiada por más de 60 años de conflicto armado

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Miles de personas se manifestaron 7 días después de su muerte

Miles de personas se manifestaron 7 días después de su muerte

Rosa Elvira Cely, de 35 años de edad y madre de una niña de 12 años, fue violada y golpeada el 23 de mayo. Los agresores, sin creer que Rosa hubiera sobrevivido a su macabra tortura, la abandonaron en un céntrico parque de la capital colombiana.

Como en muy pocos casos ocurre, Rosa logró avisar telefónicamente a las autoridades y describir a los autores de su tortura. Víctima de múltiples heridas, sintetizadas por la prensa nacional como un ‘empalamiento’, el 28 de mayo murió.

Siete días después miles de colombianos se movilizaron para pedir justicia, bajo la consigna ‘Ni una Rosa más’, en referencia al deseo generalizado de que no se siga repitiendo la tragedia que padeció Rosa Elvira Cely en otras mujeres. ‘Ni una más’, porque los casos de violencia sexual cada vez son más frecuentes, llegando incluso a denunciarse dos aspectos preocupantes al respecto: el alto índice de impunidad en las investigaciones judiciales por agresiones a mujeres y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra.

Se denuncia el alto índice de impunidad en las investigaciones judiciales por agresiones a mujeres y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra

Según cifras manejadas por las organizaciones Oxfam y la Casa de la Mujer, 94.565 mujeres fueron violadas entre los años 2001 y 2009. Esta compleja patología social se acentúa debido al conflicto armado interno.

Según Oxfam, 2 de cada 10 mujeres desplazadas han huido a causa de la violencia sexual (actualmente se estima que en Colombia hay más de 3 millones de personas desplazadas por el conflicto armado). En el informe ‘La violencia sexual en Colombia. Un arma de Guerra‘, publicado en 2009, se denunció que en el conflicto colombiano “la violencia sexual ha sido empleada como arma de guerra por todos los grupos armados –fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros– tanto contra las mujeres civiles como contra sus propias combatientes”.

En los más recientes informes sobre derechos humanos en Colombia se hizo especial referencia a la violencia sexual.

Según el Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 2011, durante el año pasado “se continuaron reportando actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, algunos cometidos con especial grado de sevicia, atribuidos a grupos armados ilegales. Agrega más adelante el informe que “la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales relacionados con el conflicto sigue requiriendo esfuerzos especiales de parte del sistema judicial. Por ejemplo, a noviembre, sólo cuatro casos se encuentran en etapa de juicio de los 183 que la Corte Constitucional en su Auto 92 de 2008 ordenó a la Fiscalía investigar a la mayor brevedad posible. El juicio sobre el asesinato de tres niños víctimas de violencia sexual, presuntamente cometido por un miembro del Ejército en Arauca en 2010, avanza despacio”.

Este último caso es el de Jenny Torres Jaimes, de 14 años, violada, torturada y asesinada el 14 de octubre de 2010. Los tentáculos de la sevicia del agresor, llegaron a cegar las vidas de los dos hermanos de Jenny, 9 y 6 años para que no fuera denunciado. Luego, en marzo de 2011 la jueza encargada del caso fue asesinada. Hasta ahora no hay un fallo definitivo sobre la responsabilidad del teniente del ejército Raúl Muñoz, principal sospechoso de la violación de Jenny y el asesinato de ella y sus hermanos.

Según Oxfam y la Casa de la Mujer, casi 95.000 mujeres fueron violadas entre 2001 y 2009

Casos como éste han hecho que Margot Wallström, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los conflictos, afirmara en una reciente visita a Colombia, que en este país “reina la impunidad en muchos los casos que vinculan directamente a la mujer”.

En el Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (2011), se incluye dentro de los problemas más graves que afectan la situación de derechos humanos en Colombia, la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

Ante la ausencia de una base de datos completa o consolidada sobre la incidencia de la violencia sexual en el conflicto armado, este informe acoge los resultados del estudio titulado ‘Saquen mi cuerpo de la guerra‘, publicación financiada por Oxfam Internacional en 2010. Allí se estima que 489.687 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Casi el 20% de estos casos corresponden a violaciones y la mitad de las víctimas fueron violadas al menos dos veces. La definición de violencia sexual incluye el acoso, la regulación de la vida social, el trabajo doméstico forzado, prostitución forzada, el aborto forzado, embarazo forzado y la esterilización forzada. El estudio estima que el 30% de la violencia fue perpetrada por actores armados.

La impunidad en estos casos suele ser otro factor preocupante señalado en el informe. La tasa de enjuiciamiento en los casos de violación es muy baja. Durante 2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó 18.044 casos de presuntos delitos sexuales, especialmente en el marco del conflicto armado y 38.000 casos de violencia doméstica.

Por su parte, de acuerdo al informe anual de la organización Human Rights Watch, los grupos sucesores de los paramilitares, son responsables de gran parte de los casos de violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual. Agrega más adelante el informe que “la impunidad de la violencia sexual, especialmente en casos de violencia vinculada con el conflicto armado, continúa siendo un problema”.

El informe ‘Saquen mi cuerpo de la guerra’ estima que casi medio millón de mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 30% de los agresores eran actores armados

Finalmente, el Informe anual 2012 de Amnistía Internacional apunta a evaluar el compromiso del gobierno colombiano para poner fin a la impunidad por los abusos contra los derechos humanos, resaltando los avances en algunos casos emblemáticos, “no obstante, las autoridades no garantizaron el procesamiento de la mayoría de los responsables, especialmente los de delitos sexuales contra mujeres y niñas”.

Amnistía Internacional hace énfasis en denunciar las amenazas y homicidios contra las defensoras de los derechos humanos y las dirigentes comunitarias, especialmente las que trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras. En junio de 2011 varias organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de mujeres, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital: “Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las FARC, las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno”.

Este capítulo específico del informe de Amnistía Internacional concluye señalando que “la impunidad por estos crímenes continuaba siendo significativamente superior que por otros tipos de abusos contra los derechos humanos”.

Faltan las palabras para describir el oscuro panorama de una sociedad donde las mujeres son agredidas de esta manera. Sólo resta la esperanza de que la movilización ciudadana en rechazo al crimen contra Rosa Elvira sea el comienzo de una nueva etapa de conciencia sobre la importancia del respeto por la dignidad de la humanidad, que comienza por el respeto a las mujeres.

Artículo original en Bottup: No más ‘Rosas’ maltratadas