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Trabajadores discapacitados despedidos del Instituto de la Seguridad Social cuentan su dramática situación

Periodista ciudadano autor: Andrés Montoy Gómez Editado por: Redacción Bottup

@AndresMonroyG


Juan de Jesús, invidente mayor de 60 años y trabajador durante 26 del Instituto de la Seguridad Social, fue despedido sin pensión de jubilación a pesar de tener dos hijos con polio

En Colombia se fortalece la estrategia mediática para desacreditar las denuncias por asesinatos de sindicalistas, no hay credibilidad en las cifras sobre la disminución del desempleo y tampoco se protegen de manera efectiva los derechos laborales de las personas discapacitadas. Sin embargo, el gobierno postula a su Vicepresidente como próximo director general de la OIT.

Con 51 sindicalistas asesinados durante 2010 y más de 23 hasta octubre de 2011, un cuestionable método para medir el índice de desempleo y la cada vez más precaria situación de los trabajadores colombianos, sometidos a irrisorios salarios y largas jornadas de trabajo, sumada a la inequidad salarial entre mujeres y hombres, es difícil entender cómo el Gobierno colombiano pretende que su Vicepresidente se convierta en el próximo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Colombia 51 sindicalistas fueron asesinados en 2010, posee un cuestionable índice para medir el desempleo, con salarios irrisorios e inequidad salarial entre hombres y mujeres

Sin entrar a cuestionar las cualidades personales de Angelino Garzón, la paradoja surge en el momento en que el país, donde la dignidad de los trabajadores ha sido sistemáticamente pisoteada por los intereses de la economía privada, pretenda asumir a través de su Vicepresidente de la República la dirección del principal órgano de protección de los derechos laborales en el mundo.

No hace falta una exhaustiva búsqueda de realidades que demuestren la crítica situación de los trabajadores colombianos.

Enfrentado a esta cotidiana desprotección laboral generalizada, Miguel Camargo lucha por la reivindicación de los derechos de más de 600 extrabajadores discapacitados o padres de niños en condición de discapacidad, que se quedaron sin empleo luego de que Álvaro Uribe Vélez ordenara la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales, que fue por muchos años la más grande entidad pública de prestación del servicio de salud y el principal fondo público de pensiones.

A la cita acordada con Miguel en la sede del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, asiste Juan de Jesús Pedraos, un hombre que supera los 60 años de edad e invidente desde los doce, quien llega como él mismo lo dice, con su “bastón discapacitado”, pues a la salida del sistema de transporte masivo un hombre lo partió. También llega Fabiola con su pequeña hija Valeria, quien a sus cinco años es víctima de la desprotección estatal a los niños en condición de discapacidad. En esta reunión escucho el inconformismo de personas que trabajaron varios años en la entidad que monopolizó por mucho tiempo el acceso al sistema de salud pública, y que ahora es el principal violador de sus derechos laborales y a la seguridad social.

Delegación al Ministerio de Protección Social de la solicitud de Juan de Jesús, quienes respondieron que nada se podía hacer

Juan de Jesús Pedraos, superando su situación de invidencia, trabajó por 26 años en el ISS hasta que el 6 de noviembre de 2009, debido a la liquidación del Instituto, le dijeron que no podía seguir trabajando allí. A pesar de que su labor como auxiliar de radiología es catalogada por la legislación colombiana como un trabajo de alto riesgo, no le fue reconocida su pensión de jubilación, dejando en el limbo económico a este hombre que debe velar por sus dos hijos afectados por la polio. Ahora trabaja fabricando artesanías de bambú para conseguir lo necesario para sobrevivir y continuar dando la batalla jurídica por lo que considera fue “una arbitrariedad amparada en las facultades extraordinarias que el Congreso le dio al presidente Álvaro Uribe en 2002″.

Pedraos relata cómo cuando anunciaron la venta del ISS, “se dio la instrucción de que no podían ingresar a trabajar y que debían pasar únicamente por la liquidación de sus contratos”. Agrega que “si hoy tuviera de frente al gobierno que hizo esto, le diría que nos destruyó con esta medida. A pesar de que la norma que autorizó la venta del ISS aseguraba nuestros derechos laborales, éstos fueron los primeros que entraron a mutilar. Yo le quiero decir al representante del gobierno que no abuse de su autoridad. No es justo que el pueblo elija a sus gobernantes y éstos se conviertan en sus verdugos. Le escribí al doctor Santos cuando subió a la Presidencia de la República y ni siquiera leyó la carta. La transfirieron al Ministro de Protección Social y la respuesta es que no podían hacer nada”.

Los padres de niños discapacitados necesitamos esa ayuda porque estamos desprotegidos. Para acceder a algo hay que tener contactos. Si yo me muero, mi hija quedará desprotegida

Fabiola Ibarra trabajó durante 19 años como auxiliar de odontología. Es madre cabeza de familia y debe velar por Valeria, su hija de cinco años en condición de discapacidad. Debido a jugadas jurídicas, la protección legal a la que tenía derecho fue burlada y su contrato laboral liquidado. Ahora, para responder por un préstamo bancario con el que compró una vivienda y los aportes al sistema de salud pública, ha recurrido a la venta de café cerca a las universidades y al comercio de cosméticos. Fabiola afirma que trabajó el número de semanas que la ley exige en casos como el de ella, para acceder a la pensión de jubilación, pero el ISS no reconoce todas esas semanas. Por eso, le gustaría decirle al Gobierno “que sea más consciente de los derechos de las personas con discapacidad. Así como ayudan a los desplazados y desmovilizados, los padres de niños discapacitados necesitamos esa ayuda porque estamos desprotegidos. Para acceder a algo hay que tener contactos. Si yo me muero, mi hija quedará desprotegida. Por ahora, tengo acceso a lo mínimo en salud para ella porque he dado la pelea, pero veo a otros exempleados del ISS que están peor”.

Así como Juan de Jesús, Fabiola también le escribió una carta a la Presidencia de la República. Supo que la remitieron a la Secretaría de Integración Social, ofreciéndole eventos de recreación y un bono de alimentos, y a pesar de haberse inscrito para recibir esta ayuda hace nueve meses, hasta la fecha no han recibido el primer bono. Ambos coinciden en que existen serias fallas en la educación de los niños en los colegios colombianos. Desde pequeños aprenden a discriminar a quienes están en condición de discapacidad. “La falta de una pedagogía humanitaria es evidente y al parecer hace falta estar en los zapatos de los demás para entender las dimensiones del
sufrimiento ajeno”, enfatiza Fabiola.

Fabiola, trabajadora del ISS durante 19 años, con su hija discapacitada de 5

Fabiola, trabajadora del ISS durante 19 años, con su hija discapacitada de 5

También critican la “sordera institucional” cuando de sus reclamos se trata, mientras que abundan las medidas apresuradas para aliviar la situación de quienes acuden a las vías de hecho, como el bloqueo de vías o la toma de edificios públicos.

Mientras avanza esta conversación, Miguel Camargo alista un enorme portafolio en el que archiva todas las comunicaciones enviadas a las entidades públicas y las desalentadoras respuestas que recibe. Él, también afectado por un accidente de infancia en el que perdió varios dedos de su mano izquierda, insiste en su lucha motivado por los avances, aunque escasos, en la protección a los derechos de las personas en condición de discapacidad. Como prueba de esa fe, me enseña otro archivo, en el que guarda recortes de prensa que dan cuenta de las victorias conseguidas para que la sociedad colombiana sea incluyente. Miguel también fue víctima de los despidos colectivos en el ISS, luego de trabajar cerca de ocho años como vigilante, trabajo con el cual daba sustento a su hijo que hoy tiene diez años y sufre discapacidad mental. “Decidí hablar por ellos, porque era mi caso, reflejado en cientos de personas”, afirma contundentemente Miguel cuando le pregunto la razón de su lucha, sin ningún tipo de remuneración y a la que dedica gran parte de su tiempo y sus recursos. “Cuando se ordenó la liquidación del ISS, pedimos que nos reubicaran en otros empleos para poder llegar a nuestras casas con un pan, o con maniobras jurídicas eliminaron nuestros cargos y así salvaron su responsabilidad mientras nuestra salud quedó desprotegida”, agrega Miguel quien concluye “esta discriminación tan absurda no es sólo de hoy. Más del 60% de los discapacitados en Colombia viven en la pobreza y la gente no entiende que discapacidad es diferente a incapacidad. Como dijo el Presidente Santos: ¡No nos crean tan pendejos!”.

Miguel Camargo, muestra los recortes de prensa que dan fe de las pequeñas victorias conseguidas para que la sociedad colombiana sea incluyente

Miguel ha tocado las puertas de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la oficina de Naciones Unidas en Colombia y de varios congresistas de todos los partidos. Las respuestas evasivas son el común denominador. Una reciente reunión con David Luna, actual  Viceministro de Relaciones Laborales y recientemente candidato a la Alcaldía de Bogotá, celebrada en la segunda semana de enero, no parece ser la excepción. Este joven político, quien durante su campaña electoral prometió hacer de Bogotá una ciudad más incluyente, aparentemente está descontextualizado de la situación laboral de los discapacitados en Colombia.

Los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, relativos a la protección de la población discapacitada, parecen estar destinados a correr la misma suerte que los compromisos electorales de los políticos de carrera.

La situación laboral de los discapacitados y situaciones específicas como la de los extrabajadores del ISS merecen ser tenidos en cuenta, fijando metas que exijan un compromiso serio de autoridades administrativas y judiciales. De lograrlo, se habrá dado un importante paso en el camino a recorrer para merecer ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo. Aspirar a esto antes de garantizar las condiciones laborales y pensionales dignas en Colombia, más que una paradoja, puede interpretarse como una burla a las necesidades de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo.

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Enlaces de interés:

1. ‘Recursos sobre Discapacidad‘, elaborado por la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

2. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

3. Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Artículo original en Bottup: Colombia: derechos laborales de los discapacitados en tela de juicio

Una ley aprobada en Colombia busca penalizar las expresiones de inconformidad en las calles
A pesar de esto y de las declaraciones del presidente Santos, cada día hay mayor intensidad y cantidad de protestas, entre ellas, de los estudiantes universitarios

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


En 2011 ya se han producido más de 1.500 protestas

En 2011 ya se han producido más de 1.500 protestas

Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, afirmó que “siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social”.

La expresión libre a través de protestas ciudadanas es objeto de formas particulares de restricciones en el caso colombiano. Una ingenua esperanza rondaba algunos sectores de la sociedad colombiana, para quienes el cambio de lenguaje del actual gobierno podía significar una ruptura con las estrategias de persecución e intimidación a los opositores políticos durante la presidencia de Álvaro Uribe. Desafortunadamente se diluye al compás de actuaciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, entre ellos el mismo
presidente Juan Manuel Santos.

Las autoridades estigmatizan las movilizaciones estudiantiles con declaraciones sobre la infiltración de la FARC

Las autoridades estigmatizan las movilizaciones estudiantiles con declaraciones sobre la infiltración de la FARC

El diagnóstico de la profunda crisis por la que los colombianos reclaman acciones eficaces, se refleja en las cada vez más intensas y frecuentes protestas en diferentes regiones del país. El común denominador: la irrupción de la estrategia de estigmatización generalizada en contra de estas manifestaciones de inconformidad.

Es así como un informe de la Policía, al dar cuenta del incremento de las protestas (en 2010 se realizaron 1.142 manifestaciones y en lo corrido de 2011 van 1.573), hace énfasis en su preocupación por la intervención de grupos ilegales en éstas.

Esta táctica de señalamientos, que a pesar de los discretos llamados del gobierno a la no generalización, buscan deslegitimar los reclamos de diferentes sectores de la población colombiana. Para la muestra, varios ejemplos de hechos
ocurridos en los últimos dos meses.

Desde el techo de la Alcaldía de Bogotá, esta persona filmaba a los estudiantes durante las marchas del 7 de septiembre de 2011. No era periodista

Desde el techo de la Alcaldía de Bogotá, esta persona filmaba a los estudiantes durante las marchas del 7 de septiembre de 2011. No era periodista

El más reciente, es la acusación de infiltración subversiva de los movimientos estudiantiles que protestan en diferentes universidades del país en contra de un proyecto de reforma de la educación superior. Juan Manuel Santos, en un discurso pronunciado durante la activación de una nueva brigada del ejército, señaló: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”. Quizás esta razón esgrimida por el jefe de Estado, constituye la motivación para que las fuerzas de seguridad persistan en sus seguimientos intimidatorios contra líderes sociales. Por esto no es extraño advertir la presencia de personas que desde edificios públicos registran mediante videos y fotografías a los manifestantes, inclusive cuando las movilizaciones se realizan con los permisos exigidos por las autoridades.

Uno de los principales medios de comunicación escritos del país, haciendo eco a los señalamientos de Santos, afirmó que “tuvo acceso a un completo dossier, elaborado por los organismos de seguridad, en el que se evidencia el poder de infiltración de las Farc y el Eln, ya no sólo en las tradicionales universidades públicas, sino también en los más prestigiosos planteles privados en el país. Por ejemplo, se ha establecido que a través de la denominada Plataforma Encapucharte, colectivos, brigadas y células de la guerrilla están desarrollando trabajos de adoctrinamiento ‘en organizaciones cívico-sociales y movimientos juveniles’, con el fin de blindar sus enlaces ilegales al amparo de instituciones que sí son legales”. No tardaron en producirse las primeras detenciones. En los últimos días fueron detenidos varios estudiantes que participan activamente en la mesa nacional que se opone a la reforma propuesta por el gobierno. Gustavo Gallardo, de la fundación ‘Lazos de dignidad’, declaró a los medios de comunicación que “Se realizaron hasta hoy 60 capturas en todo el país, con la característica que se emiten una semana después de las declaraciones del presidente Santos, frente a la presunta infiltración de la guerrilla en las universidades del país. Todas las órdenes tienen fecha del 30 de septiembre, son selectivas y arbitrarias”.

Otro caso es el de los trabajadores de la compañía petrolera Pacific Rubiales Energy. Sus exigencias por mejores condiciones laborales fueron reprimidas por los escuadrones antidisturbios de la policía, donde resultaron heridos 12 trabajadores. Mientras tanto los directivos de la multinacional petrolera pedían la militarización de los campos de trabajo, negando la explotación laboral que denunciaban los trabajadores. Por su parte, un grupo de trabajo compuesto por parlamentarios y representantes del gobierno manifestó su preocupación por la disminución de la producción petrolera, sin mostrar el mismo entusiasmo a la hora de reflexionar sobre las condiciones de los trabajadores.

Paralelamente, los indígenas del convulsionado suroccidente colombiano reclaman el respeto por sus territorios ancestrales y su neutralidad en conflicto armado. La respuesta del nuevo ministro de defensa, al poco tiempo de asumir el cargo, fue acusar a los indígenas de sostener alianzas con la guerrilla. La Asociación de Indígenas del Cauca rechazó estas afirmaciones, alegando que “lo que hay en el Cauca son comunidades victimizadas por los actores armados (incluyendo la Fuerza Pública) y atrapadas en el fuego cruzado de la confrontación armada”.

En el departamento de Antioquia, dos municipios han sido sacudidos por las manifestaciones de sus habitantes. En Tarazá, las movilizaciones campesinas rechazan las fumigaciones con glifosato, por considerarlas nocivas para la salud de los pobladores y sus cultivos. Al respecto se pronunció el Secretario de Gobierno del departamento, aseverando que estas manifestaciones son producto de la presión de la guerrilla de las Farc. Por su parte, en el municipio de Cuacasia, mineros informales protestan por su derecho a trabajar. Como resultado de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y una mujer murió por la inhalación de los gases disparados por la policía. Esta manifestación tampoco estuvo exenta del señalamiento de ser infiltrada por la guerrilla.

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de
‘agitadores profesionales’

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de 'agitadores profesionales'

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de 'agitadores profesionales'

Otro caso es el del sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio), donde son frecuentes los bloqueos protagonizados por ciudadanos cansados del mal servicio prestado por las empresas que tienen la concesión en las principales rutas de la ciudad. Buses atiborrados, calles en pésimo estado, incumplimiento de horarios y uno de los pasajes más costosos del país no son entendidos por las autoridades distritales y por los directivos de las empresas privadas que operan ese sistema como causas lógicas de las protestas. Su interpretación de los hechos apunta a la actuación de “agitadores profesionales“.

Todas estas movilizaciones ven la sombra de una ley aprobada en junio de este año, que establece penas que van desde los 2 hasta los 4 años de prisión y millonarias multas a quienes sin el permiso de las autoridades obstaculicen las vías o infraestructura de transporte. Más adelante, la misma ley señala penas de 4 a 8 años y multas a quienes imposibiliten la circulación de vehículos de transporte
público.

Estudiantes con las manos en alto

Estudiantes con las manos en alto

Es cierto que una de las obligaciones de los gobernantes es preservar el orden público, buscando prevenir desmanes durante las manifestaciones. Pero es válido preguntarse por el concepto de ‘orden’ que se busca defender con estas leyes. Adicionalmente, normas como la mencionada, de manera genérica criminalizan comportamientos inherentes a las manifestaciones callejeras y son la puesta en escena de intimidantes procesos judiciales contra quienes encuentran en las protestas públicas la única alternativa de ser escuchados.

Ante la hilarante y descabellada posibilidad de calificar a todos y cada uno de los participantes de las movilizaciones de protesta como “guerrilleros”, es necesario preguntarse sobre cómo interpretar esta sistemática campaña de estigmatización contra la movilización social de protesta. ¿A qué le teme el Gobierno?

Varias opciones surgen de esta pregunta. Una primera posibilidad de respuesta, es que los ocho años de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe fueron un total fracaso y las guerrillas cada vez tienen más capacidad de movilizar a obreros, campesinos, estudiantes e indígenas. Seguramente esta interpretación no será del gusto de quienes defiende el legado uribista.

Mural en la Universidad Nacional

Mural en la Universidad Nacional

Otra respuesta gira en torno al creciente descontento social, por la cada vez más profunda brecha social (por ejemplo, un congresista gana en un mes lo que un colombiano promedio gana en 3 años). Esto se suma a los inocultables casos de corrupción administrativa y la desviación moral de las fuerzas de seguridad, frecuentemente involucradas en casos de ejecuciones extrajudiciales, (mal llamadas ‘falsos positivos’), agresiones sexuales y desviación de recursos públicos para intimidar a los críticos del gobierno, entre otros tantos casos. Pero esta interpretación tampoco gustará al oficialismo, para quienes todas estas denuncias hacen parte de una conspiración contra el expresidente Álvaro Uribe.

Quizás llegó la hora en que los gobernantes acepten que no están haciendo bien su papel y tomarse en serio las protestas de los colombianos.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG
Fotografías: Andrés Monroy Gómez (Seryozem)

Artículo original en Bottup: Colombia: la incomodidad de las protestas ciudadanas


Miles de personas se manifiestan en 30 ciudades colombianas

Colombia se suma a la dinámica mundial de expresiones ciudadanas de disconformidad con sus gobernantes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Los ciudadanos depositaron papeletas con el nombre de la persona o entidad que consideran más corrupta de Colombia en un gigantesco ataúd negro

Los ciudadanos depositaron papeletas con el nombre de la persona o entidad que consideran más corrupta de Colombia en un gigantesco ataúd negro

En el mundo las expresiones de inconformidad ciudadana cada día son más frecuentes. El movimiento ‘Manos limpias’ de Colombia convocó a una marcha contra la corrupción, en medio de constantes escándalos que comprometen a altos funcionarios de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Bogotá D.C., Colombia. “Vamos a notificar a los corruptos del despertar de nuestra nación”. Esta es la advertencia de los organizadores de la ‘Marcha de los antifaces’, que se llevó a cabo en 30 ciudades colombianas el domingo 21 de agosto.

Una primera impresión nos llevaría a pensar que se trata de la llegada a Colombia de la dinámica mundial de expresiones de inconformidad ciudadana frente a los gobiernos. La discreta participación de ciudadanos que creen que es hora de pasar del silencio a las palabras y de las palabras a los hechos, puede ser el primer paso para frenar la carrera de funcionarios públicos y particulares que encuentran en el desfalco a los recursos del Estado su principal fuente de riqueza.

Los manifestantes utilizaron antifaces negros aludiendo a los ‘ladrones de guante blanco’ que se enriquecen a costa de la vulneración de los derechos de la población

Durante las marchas del 21 de agosto, los manifestantes utilizaron antifaces negros, para representar a los ‘ladrones de cuello blanco’, que se han enriquecido a costa de la vulneración de los derechos de la población. En un gigantesco ataúd negro, que fue llevado a una calle céntrica de Bogotá, los ciudadanos depositaron papeletas con el nombre de la persona o entidad que consideraban como la más corrupta de Colombia.

Según el Manifiesto ‘Colombianos unidos por un país mejor’, “Son 200 años de historia y, sin el ánimo de ser pesimistas, podríamos decir que es la misma cantidad de tiempo que llevamos sumidos en el problema de la corrupción, éste flagelo es un monstruo de muchas cabezas que involucra al sector público y al privado, a nosotros, los ciudadanos, que con nuestra indiferencia alimentamos cada vez más éste mal”.

Gustavo Bolívar, libretista y uno de los organizadores de la marcha, reconoció ante la prensa que uno de los principales obstáculos para este tipo de iniciativas es la apatía social. Hay claridad en que esta marcha no acabará con la corrupción, pero mantienen la convicción de que se trata de un paso necesario, porque mientras exista corrupción en la administración “nosotros tenemos que salir cada año. Vamos a recoger firmas y pedir un referendo para hacer una reforma política que nazca del seno
de la sociedad civil”.

Gustavo Bolívar, organizador de la marcha

Gustavo Bolívar, organizador de la marcha

Entra en juego, para interpretar la participación o no de los ciudadanos en estas convocatorias, el temor a ser parte de expresiones de protesta social. Aunque no aflore en el discurso del siglo XXI, aún está en la información genética de los colombianos el temor por los horrores de la Violencia (con mayúscula) entre los partidos tradicionales a mediados del siglo XX, el exterminio de la Unión Patriótica, movimiento político que encarnó en su momento la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado, o el asesinato de líderes políticos que fueron capaces de levantar su voz contra políticos corruptos que han echado raíces en las diferentes ramas del poder público. En parte esto explica el que la democracia colombiana no se caracterice por ser la expresión viva de la voluntad popular.

El abstencionismo, con esta y todas las causas que se le atribuyen, ha abierto el camino para que se consoliden micro empresas electorales, en muchas ocasiones resultado de alianzas entre políticos de oficio con el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Ese mismo abstencionismo electoral parece desplegar su sombra sobre las iniciativas que reclaman transparencia administrativa.

Casos como el de Bogotá es un vergonzoso ejemplo de la alianza entre corruptos de los sectores público y privado. El Alcalde Mayor fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación en el marco de una investigación disciplinaria, mientras que la Fiscalía ya le inició una investigación penal por los contratos celebrados con un grupo de empresarios privados, cuyo objeto era la construcción de vías para el transporte público masivo. Resultado de estos contratos: calles semidestruidas, monumentales trancones y una ciudad cada vez más incrédula de sus gobernantes. Esta coyuntura fue rápidamente aprovechada por los candidatos a la Alcaldía de Bogotá (cuya elección será el próximo 30 de octubre) para hacer presencia en la ‘Marcha de antifaces’ y comprometerse a acabar con la corrupción. Muchas promesas se hacen al calor de las urnas electorales, pero la realidad siempre ha sido frustrante.

Los antifaces negros representan a los políticos corruptos

Los antifaces negros representan a los políticos corruptos

Queda el reto de no permitir que el manto del olvido cobije hechos como el pago de recompensas por el asesinato de civiles acusándolos de ser guerrilleros (falsos positivos); la compra del voto de congresistas para aprobar la reelección presidencial y permitir que Álvaro Uribe prolongara su mandato durante otro periodo; la alianza de empresas encargadas de prestar servicios de salud para aumentar sus ganancias a costa de una deficiente atención de sus afiliados; la repartición de recursos públicos a familias adineradas, con el pretexto de subsidiar el desarrollo agropecuario; los constantes desfalcos en la contratación de obras públicas; la utilización de recursos humanos y técnicos de los organismos de seguridad para perseguir e intimidar a jueces, periodistas y líderes de la oposición; las falsas desmovilizaciones de paramilitares de derecha para mostrar aparentes resultados favorables en materia de seguridad, etc. Con la certeza de que la lista es mucho más extensa, se hace evidente la necesidad de una sociedad civil organizada que reivindique el derecho a tener gobernantes honestos. Es hora de que gobernantes y gobernados se desprendan del nefasto legado del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) para quien lo ideal era “reducir la corrupción a sus justas proporciones” y en su lugar dejar sin espacio político a los ladrones de lo público.

Texto y fotografías: Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

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Enlaces relacionados:

Video de la convocatoria

Más fotos de la marcha: Seryozem… imágenes y pocas palabras

Página ‘Marcha de los Antifaces

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Artículo original en Bottup: Colombia: antifaces contra la corrupción


Ayer se presentó el Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones UnidasEn más del 90% de los casos el autor es el Estado colombiano

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas

Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas

El 18 de agosto se presentó en Bogotá D.C. el ‘Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas 2009-2010‘. A pesar del seguimiento de organismos internacionales y de innumerables promesas gubernamentales, la tortura sigue siendo un método de guerra en Colombia.

“Por eso no te oculto que me dieron picana
que casi me revientan los riñones
todas estas llagas hinchazones y heridas
que tus ojos redondos
miran hipnotizados
son durísimos golpes
son botas en la cara
demasiado dolor para que te lo oculte
demasiado suplicio para que se me borre (…)”.

Hombre preso que mira a su hijo
Mario Benedetti

Bogotá D.C. Colombia. “Advertidos por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) de que un número creciente de gobiernos permiten que se desarrollen prácticas de tortura y de malos tratos, y de la tolerancia con ellas de la opinión pública, afirmamos con fuerza que el respeto de la dignidad de la persona humana exige que la tortura esté prohibida en toda circunstancia”. Esta declaración suscrita en Ginebra y Nueva York en 2010, da cuenta de la preocupación de la sociedad por una práctica que subsiste a pesar del esfuerzo de organismos internacionales para erradicarla. En el peor de los escenarios, la tortura ha sido implementada como estrategia inherente al manoseado concepto de la ‘seguridad nacional’.

El informe alerta sobre que el Estado colombiano ha incumplido todas las recomendaciones dadas por el Comité de la ONU contra la Tortura

En el caso colombiano, la conclusión del ‘Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas‘ (2009-2010) es que la tortura sigue siendo una práctica de todos los actores del conflicto armado (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros). Este informe fue presentado el 18 de agosto de 2011 por la Coalición Colombiana contra la Tortura ante más de 200 asistentes entre los que se contaban víctimas, hijos de víctimas y delegados de organizaciones y gobiernos extranjeros, enfatizando que el Estado colombiano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones dadas por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura.

El Informe, dividido en tres partes, presenta un panorama general sobre la tortura y su relación con otras conductas, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado interno.

Los datos suministrados por el informe no pueden ser más preocupantes: “Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas, de las cuales 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica”. Por cada 100 hombres víctimas de tortura, se presentan estos abusos contra 15 mujeres.

En los casos en que se conocen los perpetradores, el deshonroso primer lugar lo ocupa el Estado colombiano: “en el 90,59% de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 41,93% (566 torturas); y, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 48,67% (657 torturas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría en el 9.41% de los casos (127 torturas)”.

De las 1.834 personas torturadas, 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica

De las 1.834 personas torturadas, 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica

Las cifras de violaciones a los derechos humanos en Colombia dan cuenta del fracaso de los mediatizados esfuerzos gubernamentales por ‘limpiar’ la imagen de la fuerza pública luego de conocerse la macabra estrategia de ejecuciones extrajudiciales conocida como ‘falsos positivos’. El informe señala que “los registros de actos de tortura cometidos directamente por miembros de la fuerza pública continuaron aumentando”.

Según la Coalición, entre julio de 2011 y junio de 2009, se registró que por lo menos 1.847 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por la fuerza pública, en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas, y se cree que actualmente en Colombia hay cerca de 5 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado.

Otro fracaso de la política de ‘Seguridad Democrática’ iniciada por el ex presidente Álvaro Uribe y del que fue parte el actual mandatario Juan Manuel Santos, fungiendo como ministro de defensa, es la evidencia de la existencia de grupos paramilitares y las torturas practicadas por ellos “en el marco del fallido cese de hostilidades” prometido a partir del 1º de diciembre de 2002.

El fracaso de la ‘desmovilización’ de los paramilitares de extrema derecha fue denunciada en todos los escenarios posibles por diferentes organizaciones no gubernamentales, y de la misma manera fue negada por el gobierno de Uribe, llegando a calificar las denuncias de las ONG como una estrategia del terrorismo para desprestigiar su mandato. Hoy los hechos le dan la razón a las organizaciones. En el reporte de gestión 2009-2010 de la Fiscalía General de la Nación, se afirma que “Las organizaciones criminales, surgidas después de la desmovilización de las AUC, se crearon como una nueva forma de paramilitarismo, considerada como la tercera generación de los grupos paramilitares en Colombia y cuyo propósito inicial era la conservación del dominio territorial que había sido dejado por los frentes de las AUC”.

Entre 2001 y 2009 casi medio millón de mujeres fueron agredidas sexualmente, 4.534 al mes. El 98,14% de la autoría corresponde al Estado

Otro síntoma de la degradación del conflicto colombiano se refleja en la violencia sexual como forma de tortura y estrategia de guerra. El informe de la Coalición da cuenta de que el 98,14% de la autoría de conductas de violencia sexual corresponde al Estado por perpetración directa de sus agentes. El aumento de las agresiones sexuales atribuidas a la fuerza pública en el periodo 2005-2009 coincide con la disminución de los casos registrados atribuibles a los grupos paramilitares.

Por otra parte, según organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en Colombia y Oxfam, entre 2001 y 2009 se presentaron 489.687 casos de agresión sexual contra mujeres. Esto representa 54.409 casos anuales, 4.534 mensuales, 151 diarios.

¿Por qué este informe de seguimiento?

El Comité contra la Tortura hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y está compuesto por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes. Este Comité examinó el Cuarto Informe Periódico del Estado colombiano en noviembre de 2009 y en sus observaciones finales expidió unas
recomendaciones
al Estado colombiano.

Lugar donde fue herido un manifestante

Lugar donde fue herido un manifestante

La Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) se encargó de hacerle seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, y resultado de ello es el informe que se presentó en Bogotá el 18 de agosto, concluyendo que el Estado colombiano no ha cumplido ninguna de las recomendaciones formuladas.

¿Qué se entiende por tortura?

Tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.

Fotografías: Andrés Monroy Gómez

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Enlace de interés:

Campaña internacional en favor de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos

Otros enlaces de interés:

Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura

Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura, Colombia 2009 – 2010

Comité contra la Tortura presentó recomendaciones para Colombia el pasado 19 de noviembre

Informe de Gestión de la Fiscalía General de la Nación 2009 – 2010

Violencia sexual, delito invisible detrás del conflicto armado, el pais.com.co de 17 de agosto

Comunicado de prensa del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, de 26 de noviembre de 2009

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Artículo original en Bottup: La tortura sigue siendo estrategia de guerra en Colombia


El nombramiento de Álvaro Uribe es duramente criticado debido a las denuncias por violación de los derechos humanos que ha acumulado durante sus ocho años de gobierno

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


La capacidad de Uribe para dirimir cuestiones relacionadas con el derecho internacional es cuestionada

La capacidad de Uribe para dirimir cuestiones relacionadas con el derecho internacional es cuestionada

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue nombrado como integrante de la comisión de investigación de Naciones Unidas sobre el incidente entre la marina israelí y la flotilla de embarcaciones que se dirigían en mayo de este año a las costas de Gaza.

Podría parecer lógico que el integrante de una comisión de estas características debe estar precedido de una reputación construida sobre su respeto a las normas aceptadas por la comunidad internacional sobre la conducción de hostilidades. Sin embargo, la presencia de Uribe en este panel investigador contradice el sentido común al respecto.

Es de interés general para los habitantes de la ‘aldea global’ conocer la verdad de los hechos que investigará la mencionada comisión. Pero desde una perspectiva local, la presencia del saliente presidente de Colombia en un esfuerzo por esclarecer hechos que comprometen los conceptos de ‘soberanía’ y ‘misiones humanitarias’ da origen a justificadas inquietudes entre ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.

La designación hecha por el Secretario General de Naciones Unidas parece desconocer las denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante los ocho años de presidencia de Uribe, muchas de ellas referenciadas en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Además, las transgresiones al derecho internacional durante los dos gobiernos de Uribe se erigen como elementos adicionales que le restaran confianza a su intervención en la investigación por los hechos de la ‘Flotilla de la libertad’.

En 2005 la policía secreta dependiente del presidente declaró blanco de operaciones a la relatora de los derechos de la mujer, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En 2005 la policía secreta dependiente del presidente declaró blanco de operaciones a la relatora de los derechos de la mujer, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Debe señalarse, además, que esta reflexión no es exclusiva para el caso colombiano. En algún momento otros países de América esperarán que la ONU exprese su posición frente a las controversias suscitadas por el proceder de Álvaro Uribe como presidente de Colombia y máximo comandante de sus fuerzas armadas.

Las reacciones a este nombramiento no se han hecho esperar. Varias organizaciones de derechos humanos enviaron este 9 de agosto, un día antes de entrar en funcionamiento la Comisión de Investigación, una carta dirigida al secretario General de la ONU. Según la periodista colombiana Constanza Vieira, en esta carta las organizaciones firmantes dicen estar convencidas “de que el señor Uribe no está calificado para defender el derecho internacional” y ponen a consideración varios hechos que, según ellos, sustentan tal información.

Por su parte, los medios locales registraron cómo el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, luego de presenciar el hallazgo de una gigantesca fosa común en el municipio colombiano de la Macarena, señaló que Uribe carece de la capacidad necesaria para investigar el incidente entre la marina israelí y las embarcaciones turcas.

Ante estas críticas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, defendió la designación del ex presidente colombiano para integrar esta comisión de investigación. Señaló que “Habiéndolo conocido desde mi cargo de secretario general como líder de Colombia desde hace tiempo, tengo plena confianza en que su aportación será positiva a este panel”. Posteriormente afirmó que “las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador, y otros países, no tiene nada que ver con el caso específico de la flotilla”.

Resulta no menos que paradójico que Sihasak Phuangketkeow, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, refiriéndose a la Comisión de Investigación sobre los hechos de la ‘Flotilla de la Libertad’, manifestó que “Es cuestión de credibilidad que el Consejo actúe cuando ocurra un incidente percibido como una violación de derechos humanos”. Pero, ¿cómo actuará el Consejo basándose en un informe en el que participó una persona cuestionada por su actitud como jefe de Estado frente a los derechos
humanos?

helicoptero-operacion-jaque

El helicóptero utilizado hace dos años en la 'operación Jaque' simulando pertenecer a una falsa ONG, participando en una ceremonia militar

Además, debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos de esta investigación es elaborar recomendaciones para evitar incidentes similares en el futuro. ¿Servirá la experiencia del expresidente colombiano en la formulación de recomendaciones internacionales sobre el respeto al derecho internacional?

Sobre la vulneración a la soberanía de los otros Estados, pueden citarse los siguientes ejemplos: El 14 de diciembre de 2004 fue secuestrado en Venezuela el dirigente de las FARC Ricardo Granda, al parecer por agentes de los organismos de inteligencia de Colombia. La versión que se dio a los medios es que fue capturado en la fronteriza ciudad de Cúcuta. Según el gobierno venezolano, fue una violación de su soberanía.

En 2005, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS (policía secreta que depende directamente del Presidente de la República) declaró “blanco de operaciones especial de inteligencia” a Susana Villarán, relatora para los derechos de la mujer e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia. Este caso, que compromete a la integrante de un organismo internacional de derechos humanos en el escándalo de escuchas ilegales conocido como las ‘chuzadas del DAS’, afectó a periodistas, políticos de oposición y magistrados de las altas cortes de justicia.

Con la operación ‘Fenix’, desarrollada en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, que incluyó bombardeos aéreos y tránsito de fuerzas especiales del ejército colombiano, y que concluyó con la muerte de ‘Raúl Reypes’, segundo al mando de las Farc, se desató una fuerte crisis diplomática con Ecuador, situación que hasta hoy no se ha superado del todo.

Finalmente, sobre la noción de misión humanitaria, basta recordar el episodio de la ‘Operación Jaque‘ en julio de 2008. Para el éxito de esta operación militar, las fuerzas armadas suplantaron a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, periodistas de las cadenas Telesur y Ecuavisa y utilizaron registros de organizaciones no gubernamentales verdaderas. Con esta operación se logró el rescate de Ingrid Betancur, tres norteamericanos y once miembros de la fuerza pública que se encontraban secuestrados por las Farc. Esta operación sigue siendo la ‘historia para contar’, hasta el punto de que dos años después, el helicóptero utilizado para esta operación siga siendo parte de ceremonias militares, utilizando los colores de una falsa misión humanitaria. Esto sin dejar de lado la constante estigmatización que desde el gobierno se hizo a los defensores de derechos humanos, señalándolos como terroristas y cómplices de los grupos guerrilleros.

Miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’; casi cuatro millones de desplazados por la violencia; escuchas ilegales a periodistas, magistrados y líderes de oposición; asesinato de sindicalistas; violaciones a las fronteras de los países vecinos; desconocimiento del derecho internacional humanitario; extradición de jefes paramilitares y su efecto negativo en los procesos judiciales que se les adelantaba en Colombia; apoyo a golpes de Estado en la región, etc., son algunas de las razones que generan inconformidad por la presencia de Álvaro Uribe en una comisión internacional para esclarecer unos hechos que conmocionaron al mundo.

En definitiva, a Uribe no lo precede una reputación construida sobre su respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho Ciudadano a la Información’

Fotografía (por orden) 1: ciudad CCS
Fotografía 2 y 3: Andrés Monroy Gómez

Artículo original en Bottup: Comisión de investigación sobre los hechos de la ‘Flotilla de la Libertad’: ¿Es Uribe el indicado?