Tu noticia es la noticia

Los Estados miembro de la OEA aprobaron unas recomendaciones que debilitarían el funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Es quizás la evidencia del temor de algunos gobiernos frente a la expresión libre de ciudadanos inconformes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez*
@AndresMonroyG


En 2003, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocían en un documento que “la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática…”.1

Sin embargo ocho años después, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se aprobó un documento que evidencia un cambio de postura frente a la libertad de expresión. El 25 de enero, por unanimidad fue aceptado el ‘Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)’. 2

“¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?”

¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?

Este informe, que será trasladado a los cancilleres de los países integrantes de la OEA, contiene unas recomendaciones que, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil, buscan limitar los mecanismos de protección consagrados en el Sistema y aspectos de la elaboración de los informes anuales de la CIDH.

Uno de los aspectos más preocupantes es la idea de restringir las labores y financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la Relatoría) 3. Uno de los límites propuestos, es que la Relatoría no publique por separado su informe anual, además de abstenerse de buscar financiación de manera independiente, ajustándose a los mismos recursos que las otras relatorías y finalmente, la implementación de un “código de conducta previamente definido por los países miembros”.

La propuesta de recomendaciones fue hecha por el gobierno ecuatoriano y respaldado principalmente por el venezolano, países seriamente cuestionados por sus posturas frente a la libertad de expresión y objeto de contundentes comunicados de parte de la Relatoría. Los mandatarios de ambos países han manifestado en anteriores ocasiones su animadversión frente al papel de la CIDH. Algunos críticos han afirmado que esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano en un aparente esfuerzo para “fortalecerlo”, es una contradicción de parte de gobiernos que han impulsado la creación de otros órganos regionales al margen de la OEA (como Unasur), acusándola de obedecer directrices impartidas desde Washington.

Ante estas críticas, debe advertirse que las actividades desarrolladas por la Relatoría desvirtúan los argumentos que, desde diferentes posturas ideológicas, pretenden sembrar un manto de duda sobre su papel de defensa del derecho a expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Relatoría se pronunció entre 20102011 en cinco oportunidades, en todos los casos

Las críticas al nuevo informe se centran en la idea de la restricción de las labores y la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

por el uso de mecanismos judiciales para presionar a periodistas. Por otra parte, en el caso de Colombia, en 2011 se pronunció una vez, condenando el asesinato de un periodista, y en 2010 se pronunció en cuatro oportunidades, especialmente por agresiones contra periodistas. Además, la Relatoría articula su labor con los relatores de otros organismos internacionales, para abordar temas de importancia mundial, lo que puede observarse en las Declaraciones Conjuntas, la última de ellas promoviendo la libertad de expresión en Internet.

Adicionalmente, en los informes anuales se incluye un capítulo especial sobre el estado de la libertad de expresión en la región, analizando cada uno de los países miembros de la OEA, haciendo públicas las actividades propias del mandato de la Relatoría.

Más que una iniciativa, que según los embajadores ante la OEA es para “fortalecer el Sistema Interamericano”, puede ser una muestra del temor frente a pueblos inconformes que se expresan libremente.

En el informe aprobado, se propone el fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Sin embargo, la restricción a la posibilidad de buscar financiación independiente puede resultar en una nivelación por lo bajo en lugar de un mejoramiento de las condiciones financieras de todas las relatorías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) rechazaron esta iniciativa, señalando que “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos envió una carta a la OEA, expresando su preocupación al considerar que “estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”.

“Estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”

En el plano colombiano, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) expresó su “total desacuerdo y rechazo a cualquier iniciativa que pretenda debilitar o neutralizar la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), concretamente de sus instrumentos de defensa de la libertad de expresión en las Américas”. Luego de hacer un llamado a los Estados parte de la OEA, y especialmente al gobierno colombiano a oponerse a este tipo de iniciativas, Fecolper recordó que la Relatoría “es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta América Latina para la defensa de la libertad de expresión, que antes que ser debilitada debe ser fortalecida y blindada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que pese a ser la más reciente de las relatorías creadas por la CIDH, ha cumplido un papel vigoroso en el cumplimiento de su misión, incluso ha gestionado por fuera de la OEA los recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en la última puerta que tocan los periodistas del continente que ven amenazada su libertad informativa, así como en la última talanquera para gobiernos autoritarios que quieren imponer una mordaza a la prensa independiente en sus respectivos países”.

A pesar de este llamado del gremio periodístico, la postura del embajador colombiano fue decepcionante. Así lo hicieron ver diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes en un comunicado conjunto afirmaron que “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones ‘son positivas’ y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.

Esta decepción es más fuerte para quienes veían en el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un aliado de los medios de comunicación, por ser miembro de una familia tradicionalmente vinculada a uno de los principales periódicos del país. Quizás no debía esperarse mucho al analizar algunos antecedentes no tan lejanos, especialmente durante su gestión como ministro de defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, dado el nuevo lenguaje del Ejecutivo con la sociedad colombiana a partir del cambio

A pesar del apoyo manifestado expresamente por el Juan Manuel Santos a la libertad de expresión, la delegación colombiana apoyó las recomendaciones del informe

de gobierno, se construyeron muchas expectativas. En un discurso pronunciado en octubre del 2011, Santos señaló: “(…) es un compromiso esencial de nuestro gobierno –un compromiso que, como periodista, me sale del alma– garantizar y proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación y los periodistas que cumplen una labor esencial al fiscalizar y pedir cuentas a las instituciones estatales. He dicho que el periodismo independiente y crítico es el perro guardián de la sociedad; es como la ducha de agua fría de los gobernantes, que nos mantiene alerta y despiertos y nos impide dormirnos sobre los laureles”.

También, durante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santos afirmó: “He venido aquí a reafirmar como Presidente de Colombia mi compromiso con la libertad de prensa en el país y en la región. Reafirmar un compromiso que he mantenido durante toda mi vida pública y mi vida como periodista”.

Al igual que las palabras de la Declaración de Santiago con las que comienza este artículo, el Presidente Santos olvidó cumplir ese compromiso con la libertad de expresión en la región. Su embajador ante la OEA, heredado del anterior gobierno, participó en la votación que aprobó esas recomendaciones, mientras se proclamaba respetuoso de la libertad de expresión ante los medios de comunicación.

El temor compartido por periodistas y ciudadanos en general se sintetiza en que al debilitar la estructura y capacidad de acción de la Relatoría, está en juego la libertad de expresión en las Américas.

Debe considerarse que lo que está en riesgo no es solamente uno de los mecanismos más efectivos para la protección de periodistas. La Relatoría protege a cualquier ciudadano que vea amenazado su derecho a la libre expresión en sus diferentes manifestaciones. ¿Habrá temor a una ‘Primavera latinoamericana’?

Andrés Monroy Gómez
Coordinador del Proyecto Sociedad Informada
http://www.proyecto-si.blogspot.com/

______________________________________

1. “Declaración de Santiago sobre Democracia y confianza ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” AG/DEC. 31 XXXIII-O/03, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la OEA, en Santiago de Chile, durante el 33 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (2003).

2. Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-1040/12

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos objetivos son la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.

Artículo original en Bottup: Alianza gubernamental contra la libertad de expresión: ¿temor a una ‘primavera latinoamericana’?


ENTREVISTA / Eduardo Márquez le apostó a la unidad de los periodistas para enfrentar las causas que afectan la libertad de expresión

Este es su balance luego de terminar su periodo como directivo de la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Durante una manifestación en el centro de Bogotá

Durante una manifestación en el centro de Bogotá

Bogotá. Es necesario trabajar para “construir los cimientos de una sociedad democrática para las próximas generaciones porque a nosotros no nos tocó”. Esta frase cierra la entrevista con Eduardo Márquez González y con la que quiero comenzar este artículo, pues sintetiza en gran medida la filosofía de vida de este periodista. Conversamos días antes de su salida del país, luego de terminar su periodo como presidente de la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER.

Estos últimos 8 años, Márquez los dedicó a buscar la unidad de los periodistas colombianos en torno a la reivindicación de sus derechos. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando comenzaba su labor como director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CesoFIP), a la que me vinculé por varios años.

Desde CesoFIP impulsó la creación de una organización de carácter nacional, compuesta por periodistas y que representara a periodistas, bajo los parámetros de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). La FIP es una organización de carácter internacional que agrupa a sindicatos nacionales, pero las particularidades del caso colombiano hicieron que se adoptara la figura de asociación civil, pues las estadísticas de asesinatos a sindicalistas y periodistas no brindaban la confianza para apostarle a un sindicato.

Tras casi una década dedicada a la búsqueda de la unidad de los periodistas colombianos para reivindicar sus derechos, Márquez abandona el país por motivos de seguirdad

Es así como en mayo de 2007 nació Fecolper bajo el lema ‘Unión nacional para un periodismo libre, responsable y seguro’. Con inusitada rapidez, Fecolper logró llegar a espacios en donde podría hacerse escuchar la voz de los periodistas, especialmente aquellos que trabajan por fuera de las grandes ciudades.

“En un país como Colombia las amenazas deben tomarse en serio y ahora lo digo por experiencia propia”

Defender los derechos humanos en Colombia, entre ellos la libertad de expresión, es una actividad que viene acompañada de la estigmatización proveniente de sectores extremistas, con la correspondiente persecución de actores legales e ilegales del conflicto. Esos violentos pretendieron pasar su ‘cuenta de cobro’ por el lenguaje directo y con claro contenido de denuncia utilizado por Márquez.

Hace más de cinco años, dos sujetos cubiertos con pasamontañas trataron de ingresar a la fuerza a la oficina de CesoFIP. La reacción de Márquez sumada al escándalo de los vecinos del sector frustró las pretensiones de los agresores. Este hecho se presentó luego de un acalorado debate con congresistas y empresarios sobre una iniciativa legislativa que pretendía endurecer las penas por los llamados delitos de prensa (injuria y calumnia). En febrero de 2011 circularon panfletos donde un grupo paramilitar amenazaba de muerte a periodistas y defensores de derechos humanos, dentro de ellos a Eduardo Márquez. Este último hecho le hizo vivir en carne propia la desidia y lentitud de los programas estatales de protección.

A pesar de que durante más de siete años Eduardo participó en un comité del Ministerio del Interior encargado de analizar los casos de amenazas a la seguridad de los periodistas, este año por primera vez tuvo que exponer su propia situación. Paradójicamente el trámite de su caso no contó con la agilidad deseada.

Eduardo Márquez con el Secretario General de la FIP en 2007, Aidan White, durante la creación de Fecolper

Eduardo Márquez con el Secretario General de la FIP en 2007, Aidan White, durante la creación de Fecolper

“Cuando llegó la segunda amenaza me preocupé, y francamente después de atender a tantos periodistas amenazados y saber qué hacer con ellos, en mi caso no supe. Hubo una solidaridad muy grande de las organizaciones colombianas y de América Latina, lo que significó una protección política. Al día siguiente de recibir la amenaza, presenté el caso en el Comité de Protección del Ministerio del Interior a pesar de una cantidad de obstáculos”, relató Márquez.

Pero tuvieron que pasar dos meses para que el periodista y líder gremial fuera llamado por la Fiscalía para ampliar su denuncia y tres meses más para que la policía le realizara un estudio de riesgo. “Cuando empecé a pintar el panorama de los posibles sospechosos, que incluía a quienes amenazaron a un periodista en Tolima, los asesinos de otro en Córdoba y los perseguidores de otro en Antioquia, el policía me dijo: “Señor Márquez, hagamos una cosa, mejor quitemos todos los nombres”“, agregó Eduardo.

Las medidas de protección que finalmente le otorgaron consistían en visitas de la policía a la oficina (que nunca se cumplieron) y un chaleco antibalas. Ese momento marcó un drástico cambio en el ritmo de vida de Márquez. “Es inevitable la paranoia, mirar para todos lados, medir si el estudiante que pide una entrevista para una tesis de grado realmente es estudiante. Me llamó la atención la reacción de otros periodistas amenazados. Me llamaban para darme la ‘bienvenido al club’. La primera vez que lo escuché me dio risa, la segunda me quedé callado y a la tercera me sentí algo molesto. Me quedé pensando por qué todos dicen esto. Es una especie de consuelo de desvalidos ahora que todos estamos jodidos”.

La explicación que da Eduardo a la ‘demora’ de estas amenazas está basada en su paso de representante en Colombia de una organización internacional (FIP) a presidente de una federación nacional (Fecolper), lo que puede ser un factor para que los violentos se sintieran con más facilidad y menos riesgos políticos para amenazarlo.

Las medidas de protección que le otorgaron tras meses de espera consistían en visitas de la policía a la oficina, que nunca se cumplieron, y un chaleco antibalas

Sobre este punto concluyó: “Si esas amenazas vienen de donde yo creo, ese señor tiene un ‘jefe de prensa’ que ha ido varias veces a la oficina, o sea que sabía perfectamente cuál era mi circunstancia”.

“Una organización nacional como Fecolper puso en evidencia que los amenazados son cientos”

Eduardo considera que el balance del trabajo de ocho años por el gremio periodístico debe hacerse en varios niveles. En primer lugar considera que el hecho de que exista una organización nacional de periodistas que represente básicamente a los periodistas de provincia es algo importante porque antes, en materia de derechos humanos o de asuntos laborales, sólo se hablaba de los periodistas más conocidos de las principales ciudades y de los grandes medios de comunicación. Luego, consideró necesario que los sectores académicos ajusten sus análisis a la realidad del periodismo.

“Por primera vez logramos poner en la agenda de la libertad de prensa en Colombia la realidad de desnaturalización laboral de los periodista de provincia, que curiosamente tienen que pagar por trabajar, ya que son arrendatarios de espacios en radio y televisión. También, los periodistas regionales empezaron a aparecer como protagonistas de las amenazas. Es una realidad que en Colombia había un pequeño grupo de ‘privilegiados’ de las amenazas que reciben todo tipo de ayudas, viajes y premios. La mayor parte de los periodistas sucumben a las amenazas y las presiones en el mayor anonimato, porque no había nadie que los defendiera. Así que una organización nacional como Fecolper puso en evidencia que los amenazados son cientos”.

“Tan sólo en 2010 registramos 189 ataques contra periodistas, dentro de ellos siete asesinatos en un momento en que el gobierno pregonaba en Europa que los periodistas tienen todo tipo de garantías. Es una cifra alta, a pesar de que disminuyen los asesinatos, pero en un país como Colombia las amenazas deben tomarse en serio y ahora lo digo por experiencia propia. Cambia el ritmo de la vida, las relaciones familiares se deterioran. Hace poco un periodista me dijo que su hija llora todas las noches pensando que lo van a matar. Ese deterioro de las relaciones

Protesta por el secuestro de un periodista en el norte de Colombia

Protesta por el secuestro de un periodista en el norte de Colombia

familiares es una carga adicional para los periodistas. Muchos me han contado de los problemas de alcoholismo de sus hijos y las enfermedades de sus esposas. En un taller que hicimos el año, pasado quedamos sorprendidos al ver que muchas esposas de periodistas han desarrollado cáncer. Entonces, es bueno que exista una organización que represente a los periodistas regionales que son desprotegidos y desprestigiados. Soy pesimista frente a la posibilidad de que termine la persecución contra periodistas por parte del Estado y de los grupos ilegales”.

“Desde la perspectiva académica a los periodistas regionales se les hace un juicio ético muy fuerte, pero fuera de contexto. Ese juicio se hace desde el deber ser, pero nunca de lo que realmente es el periodismo en Colombia. Porque ejercer la libertad de prensa en Colombia es un privilegio de pocos y no nos vamos a decir mentiras, son muy pocos los periodistas que pueden decir que informan sin presiones”.

“A los periodistas ‘privilegiados’ se les reclama que asuman la causa de los periodistas de provincia en lugar de ese ejercicio egocéntrico en el que da la impresión de que los únicos amenazados son ellos, cuando en realidad son cientos. ¿Dónde está la solidaridad y ese espíritu gremial que reclaman permanentemente? ¿Dónde está el mínimo de sensibilidad humana cuando se ha sido víctima de una amenaza para entender la situación de los otros? Pero lo único que hacen son llamados generales en los que nunca se les da rostro ni nombre a los cerca de 200 periodistas que en este momento pueden estar padeciendo persecuciones y amenazas en todos los rincones del país”.

Sobre los autores de las agresiones, persiste la mayor responsabilidad en agentes del Estado, seguidos de los grupos paramilitares. Adicionalmente crece el número de agresiones atribuidas a particulares. Al respecto, Eduardo Márquez manifestó:

“El año pasado el mayor agresor de los periodistas fue el Estado con el 51% de las agresiones, dentro de ellos los funcionarios civiles del Estado”

“El año pasado el mayor agresor de los periodistas fue el Estado con el 51% de las agresiones, dentro de ellos los funcionarios civiles del Estado. Este año, que fue electoral, las Bacrim (Bandas Criminales: nombre dado a los grupos paramilitares luego de la supuesta desmovilización – N. del A.) han sido los mayores agresores de periodistas. Pero paralelamente a esto, los particulares agreden a periodistas en eventos de todo tipo. Por ejemplo, durante el cubrimiento de judiciales un periodista casi es incinerado por una multitud”.

“Esto se puede interpretar como un deterioro de la imagen del periodista como portavoz de las comunidades. Pero por otro lado, el poder ha desprestigiado tanto la voz del periodista que es fácil culparlo de todo lo que sucede. En síntesis, de alguna manera se culpa a los periodistas de la mala imagen del país en el exterior, el terrorismo, los desbordados actos de corrupción, los desmanes de la fuerza pública, los vínculos de políticos importantes con bandas criminales. Hay una especie de comunión entre el poder y la comunidad para decir que el periodista es el culpable, o sea que el mensajero tiene la culpa y hay que cortarle la cabeza”.

En este oscuro panorama no puede evadirse la propia responsabilidad de los periodistas en la cada vez más cuestionada calidad de la información. Sobre esto, Márquez señaló:

“Obviamente los periodistas cometemos muchos errores. Porque en todo este contexto, hay un fenómeno que es el de la comercialización de la información. El hecho de que los periodistas tengan que vender publicidad para obtener ingresos porque no reciben salarios, deteriora la calidad de la información. Esto sucede
con los pequeños y medianos medios de comunicación que son los de la mayoría del país. En cambio, en los grandes medios de comunicación quien manda es el gerente, a quien lo que le importa es ganar y la noticia es una mercancía. Como cualquier otra mercancía, la noticia hay que venderla como sea, no importa el costo social que implique. Así que la comercialización de la información ha deteriorado su calidad y la imagen del periodista“.

“Para los periodistas, los temas laborales, éticos y de seguridad se entrelazan. Mientras los periodistas no tengan condiciones dignas de trabajo, la ética va a resultar afectada. Si no hay reglas del juego claras en la distribución de publicidad estatal y se niegue la calidad de trabajadores a los periodistas y persista la impunidad en los crímenes de los que son víctimas, la ética va a resultar afectada”.

“El temor a la persecución física o laboral hace que evadamos los compromisos colectivos”

Para finalizar, hablamos sobre su balance de los primeros años de existencia de Fecolper, que agrupa a las organizaciones regionales de periodistas en Colombia.

“Construir organización social en Colombia es difícil por varias razones. En primer lugar, porque las organizaciones son constantemente criminalizadas y hay que recordar que Colombia tiene uno de los más altos índices de asesinatos de sindicalistas. Por esto, nosotros como sociedad civil no tenemos la disciplina necesaria para las organizaciones. El temor a la persecución física o laboral hace que evadamos los compromisos colectivos. El nacimiento de Fecolper fue toda una proeza, pero con un desigual desarrollo al interior, porque a la vez que hay organizaciones sólidas al interior, hay otras muy débiles”.

“Me adentré en la situación del periodista regional, su situación laboral y su tragedia diaria para sobrevivir, y siento que me duele más ahora que cuando comencé esta labor”

“El proceso no es fácil, pero existe y hay un espacio propio donde se ha ganado interlocución con todos los actores, legales e ilegales, de la realidad colombiana. Hacer parte de una organización implica derechos y deberes, y en materia de deberes los colombianos sabemos muy poco”.

Como en toda labor donde debe interactuarse con personas de las más disímiles posturas políticas y éticas, no faltaron los aliados pero tampoco los enemigos. El tono de voz de Eduardo evidencia la tranquilidad de una meta alcanzada y lazos de confianza construidos, pero con cierta nostalgia por el costo de las deslealtades que trataron de entorpecer la construcción y consolidación de Fecolper. En las palabras del propio Eduardo, “se trata de la condición humana”. Así terminó nuestra conversación:

Cuando uno se mete en una tarea como crear una organización social en Colombia y con una población tan perseguida como los periodistas, le cambia la perspectiva de la vida. Me adentré en la situación del periodista regional, su situación laboral y su tragedia diaria para sobrevivir, y siento que me duele más ahora que cuando comencé esta labor”.

“Entendí la dinámica de las organizaciones sociales y ahora veo que Colombia necesita un proceso más largo de experiencias de sociedad civil para poder consolidar la democracia, pero para eso se necesita un mayor compromiso de quienes tienen el poder. Colombia tiene la clase política y económica más rapaz y egoísta del continente. Si se les ablanda un poquito el corazón a ellos y si desde la base los ciudadanos del común somos capaces de construir sociedad civil creo que podremos dejar los cimientos de una sociedad democrática para las próximas generaciones, porque a nosotros no nos tocó”.

Texto y fotografías: Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

Artículo original en Bottup: Eduardo Márquez: “Ahora me duele más la situación de los periodistas regionales en Colombia”