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Ayer se anunció en Colombia el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC
La promesa es no cometer los errores del pasado y los errores fueron muchos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez (@AndresMonroyG) Editado por: Redacción Bottup


Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Un país con más de 60 años de conflicto armado tiene una amplia experiencia en negociaciones, pocas exitosas y muchas fallidas. Toda la experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en este momento en que el país suramericano se embarca en la tarea de buscar una alternativa mediante el diálogo a la guerra.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anuncia formalmente el inicio de un proceso de paz con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. En la alocución radiotelevisada, el presidente Juan Manuel Santos señaló que un “proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y no ceder ni un solo milímetro del territorio nacional”.

Con la firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto‘ suscrito entre las partes enfrentadas, se busca dar una salida pacífica a la confrontación entre colombianos.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anunció el inicio de un proceso de paz con las FARC

Sin embargo, los temas que deben abordarse, además de numerosos son complejos.  Los derechos de las víctimas, el papel del sistema judicial, la solución de las causas que llevaron a miles de colombianos a tomar las armas contra el Gobierno y el rol de los medios de comunicación son solo algunos.

Una verdadera reinserción reclama no sólo la participación de las entidades públicas. También la sociedad debe aportar su cuota para una negociación eficaz, atractiva en términos de responsabilidad compartida en un largo proceso que se avecina.

De las experiencias anteriores es importante resaltar la iniciativa de excombatientes que durante varios años han participado en un proyecto de reinserción. Sus críticas y aportes provenientes de la experiencia directa son una herramienta fundamental para el éxito de un proceso de paz “sin que volvamos a repetir los errores del pasado“, como lo dijo el presidente Santos.

Desafortunadamente la única referencia a la hecha por Juan Manuel Santos en su discurso del 4 de septiembre sobre el futuro de los eventuales excombatientes fue la siguiente: “Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”. Nada más.

Experiencias compartidas

El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz‘ con presencia de delegados del gobierno nacional y distrital, para escuchar los reclamos y propuestas de las personas que creyeron en las promesas hechas por el Estado a cambio de abandonar la lucha armada. La principal crítica: marginalización de la participación política.

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración – ACR, “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas Ilegales”. Pero más allá de estas cifras, la Asociación Nacional de Desmovilizados – ANDES, ha planteado una serie de críticas y propuestas, con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil.

Durante el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz’, Martín Rangel, líder de ANDES, señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la administración distrital frente a la población excombatiente.

Según ANDES, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento de dos categorías: ciudadano frente a desmovilizado. Esta situación ha llevado a que se pierda la confianza en el Estado y las acciones que emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, donde no se ha tenido en cuenta la real dimensión de la situación de los desmovilizados y sus familias.

Para Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional – ELN, “la guerra entre izquierda y derecha pasó a ser entre víctimas y victimarios”. Rangel señala que en virtud de ley 975, conocida como ley de Justicia y Paz, se contemplaba el cumplimiento de las penas alternativas en granjas agrícolas. Hoy, muchos de los postulados están en las cárceles, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre.

Sobre la administración distrital, la postura de los desmovilizados es desalentadora.  Al referirse al alcalde Gustavo Petro, Rangel afirma “que al suponerse que había pasado por el conflicto armado, teníamos esperanzas en él. Pero nos decepcionó”.

Desde algunos sectores, especialmente desde el gubernamental, se ha tratado de identificar la experiencia del actual Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como una de las experiencias exitosas de un desmovilizado de la guerrilla y su incursión en el sistema electoral. Sin embargo, la situación de Petro difiere de la de los desmovilizados que actualmente buscan espacios políticos. Petro fue parte de un proceso de desmovilización colectiva, mediada por una ley que los amnistió y seguido de una asamblea constituyente, donde incursionó su antiguo grupo armado, el Movimiento 19 de Abril M-19, en la arena política con el nombre de Alianza Democrática M-19.

Desde la Asociación Nacional de Desmovilizados se denuncia la indiferencia del gobierno hacia los ex combatientes y la falta de espacios políticos y sociales para los desmovilizados

La decepción de los excombatientes frente al alcalde Petro está justificada en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por ANDES concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel planea la contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto.

¿Qué dice el artículo 39 del Plan de Desarrollo de Bogotá? Señala la meta distrital de implementar el “Programa territorios de vida y paz con prevención del delito”. En este programa en teoría se garantizará y promoverá la convivencia pacífica, priorizando “acciones integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad  de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades” (negrita fuera de texto).

Esta es la única referencia a la población desmovilizada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 para Bogotá. Más de 800 desmovilizados presentaron sus propuestas, pero según ellos, ninguna se tuvo en cuenta. No encuentran el componente político “para reclamarnos como ciudadanos en ejercicio de derechos”.

“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandon, de ANDES. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se ha dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de cero”. La petición es sencilla: que los gobiernos nacional y distrital los escuchen.

Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y por eso los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado. Más de un mes después de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la administración distrital sigue siendo negativa, además de no vislumbrarse ningún proceso de acercamiento con el Alcalde Mayor que permita discutir el futuro del programa en la capital. Blandón es tajante en acusar de despotismo al burgomaestre, quien además desconoce una realidad social y entra en contradicción con la política de la no segregación que ha profesado.

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En un análisis hecho por el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza se explica claramente el origen de la ausencia de espacios de participación política para los excombatientes. Según ese análisis, la orientación individualista y psicológica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, promovida por el gobierno nacional, “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo”.

“Hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros”

Mientras estos espacios no se faciliten, Martín Rangel pregunta “¿estamos destinados a seguir en la ilegalidad?”.

Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la ley 1424 de 2010, que ha llevado a que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el Gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización.

Por otra parte, se ha dejado de lado el debate sobre el pie de fuerza del aparato militar oficial, incrementado en la lógica del conflicto armado interno. ¿Qué pasará con los militares y policías luego de una eventual salida negociada al conflicto armado?

Estos y otros temas serán propuestos en un encuentro nacional que se realizará en noviembre de este año.

Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en la resocialización de excombatientes”.

Más preguntas

Viendo que hasta ahora la reinserción de combatientes a la vida civil no ha tenido los mejores resultados, es importante no pasar por alto que hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros.

¿Qué tan conveniente es desmovilizar la estructura armada de las FARC si el gobierno mantiene el tercer pie de fuerza más grande de Latinoamérica?

¿Qué pasará con las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia?

Estas preguntas sintetizan el temor de varias generaciones que han sido testigo de cómo estos grupos de extrema derecha torpedean las iniciativas de paz. El final del siglo XX trae ejemplos dramáticos, como el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP) y el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, comandante del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M-19.

Documentos Relacionados

Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación No. 3554. Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016 ‘Bogotá Humana

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

 

Artículo original en Bottup: Desmovilizados frente al nuevo proceso de paz en Colombia


FOTORREPORTAJE / El pasado viernes Bogotá sufrió uno de los mayores disturbios en los últimos años, originado por las protestas contra el sistema de transporte Transmilenio

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Los daños causados se cifran cerca del medio millón de euros

Los daños causados se cifran cerca del medio millón de euros

El motivo de la protesta que dio lugar a los disturbios es la inconformidad con el sistema de transporte masivo llamado Transmilenio. Se trata del pasaje de transporte urbano más caro de América, con unas condiciones de las vías deplorables y una calidad del servicio pésima.

El problema se ha politizado y se acusa al partido Polo Democrátiico de encontrarse detrás de las actuales manifestaciones para desprestigiar al actual alcalde de la capital colombiana.

El origen de las protestas es la inconformidad con el sistema de Transporte Transmilenio: el elevado precio del pasaje y la pésima calidad del servicio

El secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro, cuestionó en un momento dado las posturas políticas de los jóvenes: “La juventud activa es siempre bienvenida. Pero el bloqueo de un servicio público extralimita el uso del derecho a la protesta”.

En los disturbios del pasado viernes se produjeron al menos 40 detenidos y cinco heridos (entre civiles y policía). Los medios colombianos hablan de daños por 1.000 millones de pesos (casi medio millon de euros) en destrozos en cinco estaciones de transporte. Desde entonces la policía ha repartido carteles con las fotografías de 50 presuntos vándalos acusados de los destrozos.

Las imágenes de los disturbios

Artículo original en Bottup: Los distubios paralizaron la capital colombiana


Miles de personas se manifiestan en 30 ciudades colombianas

Colombia se suma a la dinámica mundial de expresiones ciudadanas de disconformidad con sus gobernantes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Los ciudadanos depositaron papeletas con el nombre de la persona o entidad que consideran más corrupta de Colombia en un gigantesco ataúd negro

Los ciudadanos depositaron papeletas con el nombre de la persona o entidad que consideran más corrupta de Colombia en un gigantesco ataúd negro

En el mundo las expresiones de inconformidad ciudadana cada día son más frecuentes. El movimiento ‘Manos limpias’ de Colombia convocó a una marcha contra la corrupción, en medio de constantes escándalos que comprometen a altos funcionarios de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Bogotá D.C., Colombia. “Vamos a notificar a los corruptos del despertar de nuestra nación”. Esta es la advertencia de los organizadores de la ‘Marcha de los antifaces’, que se llevó a cabo en 30 ciudades colombianas el domingo 21 de agosto.

Una primera impresión nos llevaría a pensar que se trata de la llegada a Colombia de la dinámica mundial de expresiones de inconformidad ciudadana frente a los gobiernos. La discreta participación de ciudadanos que creen que es hora de pasar del silencio a las palabras y de las palabras a los hechos, puede ser el primer paso para frenar la carrera de funcionarios públicos y particulares que encuentran en el desfalco a los recursos del Estado su principal fuente de riqueza.

Los manifestantes utilizaron antifaces negros aludiendo a los ‘ladrones de guante blanco’ que se enriquecen a costa de la vulneración de los derechos de la población

Durante las marchas del 21 de agosto, los manifestantes utilizaron antifaces negros, para representar a los ‘ladrones de cuello blanco’, que se han enriquecido a costa de la vulneración de los derechos de la población. En un gigantesco ataúd negro, que fue llevado a una calle céntrica de Bogotá, los ciudadanos depositaron papeletas con el nombre de la persona o entidad que consideraban como la más corrupta de Colombia.

Según el Manifiesto ‘Colombianos unidos por un país mejor’, “Son 200 años de historia y, sin el ánimo de ser pesimistas, podríamos decir que es la misma cantidad de tiempo que llevamos sumidos en el problema de la corrupción, éste flagelo es un monstruo de muchas cabezas que involucra al sector público y al privado, a nosotros, los ciudadanos, que con nuestra indiferencia alimentamos cada vez más éste mal”.

Gustavo Bolívar, libretista y uno de los organizadores de la marcha, reconoció ante la prensa que uno de los principales obstáculos para este tipo de iniciativas es la apatía social. Hay claridad en que esta marcha no acabará con la corrupción, pero mantienen la convicción de que se trata de un paso necesario, porque mientras exista corrupción en la administración “nosotros tenemos que salir cada año. Vamos a recoger firmas y pedir un referendo para hacer una reforma política que nazca del seno
de la sociedad civil”.

Gustavo Bolívar, organizador de la marcha

Gustavo Bolívar, organizador de la marcha

Entra en juego, para interpretar la participación o no de los ciudadanos en estas convocatorias, el temor a ser parte de expresiones de protesta social. Aunque no aflore en el discurso del siglo XXI, aún está en la información genética de los colombianos el temor por los horrores de la Violencia (con mayúscula) entre los partidos tradicionales a mediados del siglo XX, el exterminio de la Unión Patriótica, movimiento político que encarnó en su momento la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado, o el asesinato de líderes políticos que fueron capaces de levantar su voz contra políticos corruptos que han echado raíces en las diferentes ramas del poder público. En parte esto explica el que la democracia colombiana no se caracterice por ser la expresión viva de la voluntad popular.

El abstencionismo, con esta y todas las causas que se le atribuyen, ha abierto el camino para que se consoliden micro empresas electorales, en muchas ocasiones resultado de alianzas entre políticos de oficio con el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Ese mismo abstencionismo electoral parece desplegar su sombra sobre las iniciativas que reclaman transparencia administrativa.

Casos como el de Bogotá es un vergonzoso ejemplo de la alianza entre corruptos de los sectores público y privado. El Alcalde Mayor fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación en el marco de una investigación disciplinaria, mientras que la Fiscalía ya le inició una investigación penal por los contratos celebrados con un grupo de empresarios privados, cuyo objeto era la construcción de vías para el transporte público masivo. Resultado de estos contratos: calles semidestruidas, monumentales trancones y una ciudad cada vez más incrédula de sus gobernantes. Esta coyuntura fue rápidamente aprovechada por los candidatos a la Alcaldía de Bogotá (cuya elección será el próximo 30 de octubre) para hacer presencia en la ‘Marcha de antifaces’ y comprometerse a acabar con la corrupción. Muchas promesas se hacen al calor de las urnas electorales, pero la realidad siempre ha sido frustrante.

Los antifaces negros representan a los políticos corruptos

Los antifaces negros representan a los políticos corruptos

Queda el reto de no permitir que el manto del olvido cobije hechos como el pago de recompensas por el asesinato de civiles acusándolos de ser guerrilleros (falsos positivos); la compra del voto de congresistas para aprobar la reelección presidencial y permitir que Álvaro Uribe prolongara su mandato durante otro periodo; la alianza de empresas encargadas de prestar servicios de salud para aumentar sus ganancias a costa de una deficiente atención de sus afiliados; la repartición de recursos públicos a familias adineradas, con el pretexto de subsidiar el desarrollo agropecuario; los constantes desfalcos en la contratación de obras públicas; la utilización de recursos humanos y técnicos de los organismos de seguridad para perseguir e intimidar a jueces, periodistas y líderes de la oposición; las falsas desmovilizaciones de paramilitares de derecha para mostrar aparentes resultados favorables en materia de seguridad, etc. Con la certeza de que la lista es mucho más extensa, se hace evidente la necesidad de una sociedad civil organizada que reivindique el derecho a tener gobernantes honestos. Es hora de que gobernantes y gobernados se desprendan del nefasto legado del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) para quien lo ideal era “reducir la corrupción a sus justas proporciones” y en su lugar dejar sin espacio político a los ladrones de lo público.

Texto y fotografías: Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

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Enlaces relacionados:

Video de la convocatoria

Más fotos de la marcha: Seryozem… imágenes y pocas palabras

Página ‘Marcha de los Antifaces

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Artículo original en Bottup: Colombia: antifaces contra la corrupción


Las calles de Bogotá vivieron un convulsionado primero de mayo, con 179 detenidos y once heridos resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y policía

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Uno de los manifestantes que se enfrentó a la policía

Uno de los manifestantes que se enfrentó a la policía

Simón Bolívar, prócer de la independencia colombiana, se muestra en su emblemática plaza en el centro de Bogotá cubierto por una pañoleta. ¿Se identifica con la causa de los manifestantes?, o quizás ¿se protege de los gases lacrimógenos?

El Equipo Nizkor informó sobre 179 detenidos y 11 lesionados en Bogotá[1]. Los enfrentamientos cobraron dimensiones particulares, a pesar del reporte oficial sobre una jornada que transcurrió en tranquilidad. Personalmente vi a un estudiante, un policía y un fotógrafo español heridos y la detención de aproximadamente 15 manifestantes.

Pero, más allá del frío y estadístico reporte que sobre las marchas hicieron los grandes medios de comunicación, existen muchos intereses que salen a flote durante el primero de mayo bogotano.

La inconformidad

Sindicalistas y simpatizantes de los partidos políticos se hicieron presentes en las céntricas calles bogotanas para manifestarse contra la política laboral del Gobierno. Luego de tres horas de iniciada la concentración, fueron desplazados por piedras, gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento. Mientras me cruzaba con ellos en su carrera por buscar refugio, muchos me manifestaban su inconformidad por la actitud de los ‘encapuchados’.

La estatua de Simón Bolívar apareció cubierta con una pañoleta

La estatua de Simón Bolívar apareció cubierta con una pañoleta

Al final de las protestas, con los ojos muy irritados como consecuencia de los gases y resguardados de los patrullajes de control policial, conversé con Jairo*, uno de los ‘encapuchados’, que a sus 19 años hace parte de un colectivo juvenil que difunde la idea de cambiar radicalmente la estructura del Estado colombiano.

Cuando le pregunté por qué se enfrentaban de esa manera con la policía, su respuesta fue contundente: “No existe otra forma de hacerse escuchar. El Gobierno nunca escucha seriamente a los que no compartimos sus tesis y para qué hablar de otra forma, si los que lo hacen son perseguidos y amenazados”.

Al reflexionar sobre la edad de Jairo, me di cuenta que mientras despertó en él la inquietud por la realidad política del país, sólo conoció una forma de gobernar, marcada por la burla a la legalidad, la creciente irrupción de las vías de hecho para tratar de imponer medidas arbitrarias y, peor aún, el desprecio por los derechos humanos. En palabras de Jairo, “todos los políticos son iguales, corruptos que nunca piensan en el pueblo, y quien sabe cuántos muertos habrá en la conciencia de ellos”. Recuerdo que el primero de mayo de 2007 una periodista me explicaba que la violencia de las protestas era consecuencia del mundo que veían estos jóvenes. “Ellos son hijos y nietos de la violencia“, me dijo mientras veíamos las noticias.

Jairo tiene una novia, que estudia actualmente en una universidad privada, mientras él debe trabajar para ayudar al sostenimiento económico de su familia. “La formación política me la han dado los compañeros, porque viendo a María* me he dado cuenta que la educación está dirigida a formar más borregos para el rebaño“. Agregó Jairo que “no hay nada nuevo en los que quieren ser presidentes“. ¿Y María? “No me acompañó hoy“.

La incredulidad y desesperanza de Jairo es total frente al aparato estatal. Ni él ni sus compañeros creen en los partidos políticos y sienten una profunda desconfianza frente a la prensa. “Póngale cuidado que en los noticieros sólo van a hablar de vidrios rotos, pero nadie hablará de Nicolás, ni mucho menos por qué los trabajadores salen a protestar“.

El recuerdo de una muerte

El padre de un menor muerto tras ser golpeado por la policía, trata de convencer a los manifestantes para que no agredan a la policía

El padre de un menor muerto tras ser golpeado por la policía, trata de convencer a los manifestantes para que no agredan a la policía

Durante los últimos años la conmemoración del Día Internacional del Trabajo ha concluido con fuertes enfrentamientos entre jóvenes y el escuadrón antidisturbios de la policía (Esmad). Al descontento por las precarias condiciones laborales de los trabajadores, se suma la conmemoración de la muerte de Nicolás David Neira, un niño de 15 años, quien luego de ser golpeado por el Esmad durante las marchas, murió en una clínica el 6 de mayo de 2005[2].

Yuri, el padre de Nicolás, ha liderado una campaña de denuncia contra los abusos de la policía en la represión de las manifestaciones, mientras que busca el castigo por el asesinato de su hijo, aún en la impunidad. A pesar de la protección de diferentes organizaciones humanitarias, Yuri ha sido víctima de hostigamientos y amenazas [3].

Luchando con (o contra) el profundo dolor que lo acompaña desde 2005, durante las protestas de este primero de mayo, Yuri se ubicó al frente de algunos policías que estaban siendo apedreados por los manifestantes, mientras los llamaba a la calma. “Así no, muchachos” les gritaba, aún corriendo el riesgo de ser golpeado él mismo. Uno de los jóvenes que lanzaba piedras contra los policías le gritó “Yuri, ellos mataron a tu hijo“, a lo que contestó: “Precisamente no podemos ser iguales a ellos, avancemos“.

Intereses electorales

El próximo 30 de mayo los colombianos elegirán a su próximo presidente de la República. Esta campaña ha estado polarizada por cuenta de la campaña de desprestigio adelantada por los seguidores del oficialismo contra los opositores. Sin embargo, un amplio sector de los manifestantes hizo eco de su incredulidad frente al debate electoral.

Algunos de los manifestantes mostraron su incredulidad hacia el debate electoral

Algunos de los manifestantes mostraron su incredulidad hacia el debate electoral

De hecho, los disturbios dieron al traste con la intervención pública de Gustavo Petro, candidato del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, y de Rafael Pardo, del partido Liberal.

Mientras Petro comenzaba su discurso ante las centrales obreras, llegaron los jóvenes a la Plaza de Bolívar trasladando su batalla contra la policía, mientras le recriminaban al candidato ser un ‘politiquero más’.

La policía arremetió decididamente contra los manifestantes ahora acorralados, y de paso, disolvió la concentración de sindicalistas y políticos de oposición, en un procedimiento públicamente criticado por el candidato izquierdista Gustavo Petro[4]. Muchas versiones circulan en Bogotá sobre las intenciones de encapuchados y policías al llegar al lugar donde los candidatos darían sus discursos, que van desde el sabotaje hasta el exceso de la fuerza.

La muerte de Nicolás hace 5 años, los heridos de esta ocasión, los detenidos (muchos de ellos menores de edad) y las desacertadas condiciones laborales de los trabajadores colombianos tuvieron que ceder ante las declaraciones de

Un joven increpa a la policía

Un joven increpa a la policía

políticos y los datos de establecimientos de comercio afectados. Si bien todo hace parte de la descripción de un muy convulsionado primero de mayo, al parecer a Jairo, a los cerca de 500 jairos que expresaron su rabia aún no los escuchan.

En un país inmerso en un profundo conflicto armado durante los últimos 60 años es necesario consolidar canales eficaces de participación de los ciudadanos, porque hemos comprobado que la violencia genera violencia. Ojalá llegue el tiempo de una verdadera concertación nacional, donde se recupere la legitimidad del Estado y se cumpla ese fantástico postulado de la prevalencia del interés general sobre el particular. Ojalá llegue el tiempo de la reconciliación, pero sin olvidar los errores del pasado, para que no permitamos que vuelvan a suceder.

Vea todas las fotos en http://imagen-palabra-amg.blogspot.com/2010/05/primero-de-mayo-de-la-inconformidad-la.html

Fotografías de Andrés Monroy Gómez

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho ciudadano a la información’

[1] Detenciones en la manifestación del 1 de mayo en Bogotá y Cali. En http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/detenciones.html
[2] Policía asesina a menor de edad en Bogotá. En http://www.prensarural.org/casonico20050507.htm
[3] Hostigamientos contra Yuri Neira. En http://www.colectivodeabogados.org/Hostigamientos-contra-Yuri-Neira
[4] http://www.noticiasuno.com/notas/imagen-del-da-mayo-0112.html

El artículo original en Bottup: Primero de mayo: de la inconformidad a la furia