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En los últimos días, y tras la relativa paz reinante en la zona de Preah Vihear, los medios de comunicación camboyanos se hacen eco en sus primeras páginas de la ‘supuesta’ orden del Gobierno para cerrar varias páginas web relacionadas con la oposición camboyana

Periodista ciudadano autor: Omar Havana Editado por: Redacción Bottup


Libertad de expresión

Libertad de expresión

Desde hace meses el Gobierno de Hun Sen está intentando silenciar todas aquellas voces que le pudieran perjudicar en las próximas elecciones. Desde la condena de 12 años a Sam Rainsy, líder del principal partido de la oposición, el Primer Ministro está intentando asegurarse una posición privilegiada de cara a los próximos comicios municipales de 2012 y las elecciones generales de 2013. Hace tan solo semanas apuntaba a su hijo Hun Manet, de tan solo 33 años de edad, como uno de los generales de mayor poder dentro del ejército de esta nación, movimiento que según se rumorea está ligado al aumento de voces discordantes con el Gobierno, entre las altas esferas jemeres.

En las últimas semanas el conflicto por el templo Preah Vihear ha ocupado la actualidad del país de la sonrisa eterna. Ambas naciones, Tailandia y Camboya, llevan enzarzadas varios años en una estúpida ‘guerra de soberbia y mentiras’ por este templo. Curiosamente, siempre que escala la gravedad en el mismo, coincide con otros asuntos de mucha más profundidad, que con Preah Vihear se intentan esconder, a sabiendas del ferviente patriotismo, y del asco mutuo que se profesan los habitantes de ambos países. Con las muertes de decenas de soldados en la última semana y las miserias que los millares de desplazados de la zona se intenta ocultar la alta corrupción política de ambos gobiernos, las discusiones por la posesión de los recursos de petróleo y gas de la zona OCA en el Golfo de Tailandia, y la situación real de ambos países. Un tercio de la población de Camboya sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza, mientras en la vecina Tailandia, mucho más desarrollada debido al boom turístico de hace varios años, el 25,5% del total de la población sigue viviendo con menos de 2 dólares al día.

Según una filtración, el Gobierno de Hun Sen ordenó a 10 empresas proveedoras de Internet en el país que bloquearan el acceso a estas páginas antigobierno

Y en los últimos días la confirmación de los cierres de los blogs KI Media y Khmerization ha confirmado los rumores que desde el verano anunciaban guerra contra Internet. Un medio al que tienen acceso en Camboya menos de un 1% de la población, pero que en las últimas fechas se estaba destacando como figura opositora de Hun Sen. Blogs como los dos mencionados anteriormente, estaban fuertemente ligados a los partidos de la oposición y en las últimas fechas habían filtrado documentos confidenciales como el relacionado con la compra de espías políticos por el partido de Hun Sen, el CPP, para obtener información de los partidos de la oposición.

Hace tan solo unos días Hun Sen y su gabinete, han denegado que estén implicados en tales acciones, pero la verdad que el ataque a estos dos blogs, y a otros muchos alojados en blogspot en los últimos meses ha puesto de manifiesto las herramientas que utiliza este gobierno para permanecer en el poder a perpetuidad, como se atrevió a asegurar el mismo Hun en 2008, días después de haberse impuesto con un 97% de los votos en unas elecciones generales declaradas legales por los observadores de Naciones Unidas.

Según una filtración, el Gobierno de Hun Sen ordenó a 10 empresas proveedoras de Internet en el país que bloquearan el acceso a estas páginas antigobierno. En esta filtración por email, Sieng Sithy, director en funciones del departamento de Regulaciones en Telecomunicaciones, relacionado con el Ministerio de Telecomunicaciones, escribió una carta de agradecimiento a las diez compañías citadas anteriormente, donde manifestaba su gratitud por el apoyo y los esfuerzos en prohibir el acceso a estas páginas web. “Os escribo para extender mi apreciación por todos ustedes y por su cooperación con el Ministerio de telecomunicaciones”, escribió Sieng a las compañías Ezecom, Metfone, Citylink, Digi AngkorNet, WiCam, TC, Camnet, Online y Camintel.

Entre todas las páginas bloqueadas, KI Media destaca sobre las otras. Una web basada en insultar de todas las formas posibles al Gobierno de Hun Sen, algunas veces con historias verdaderas, otras con los más absurdos montajes que nadie puede creer. Un blog opositor donde los haya, basado más en una fanática lucha contra el gobierno que en una fuente opositora en la que poder confiar. Un blog que personalmente nunca me ha gustado, dado su discurso en ocasiones rallando el racismo y la intolerancia.

Una forma nueva del Gobierno de Hun Sen, modelo en esta zona del mundo por la “libertad de prensa y expresión” del país, por supuesto si comparamos con sus vecinos vietnamitas o tailandeses, un paraíso para el periodista, y el blogger, aunque como la realidad pone de manifiesto, aún muy lejos de esa libertad de expresión que el camboyano necesita para que este país empiece a girar en el sentido correcto.

Artículo original en Bottup: Un paso atrás para la libertad de expresión en Camboya


En 2010 se produjeron entre 120 y 189 agresiones a periodistas, entre los que se incluyen 7 asesinatos, una violación y 4 atentados a los medios de comunicación

La impunidad y diversas formas de presión conducen a la autocensura, según los informes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Se constata un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos

Se constata un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos

Las constantes agresiones contra periodistas, la impunidad en casos de asesinatos y nuevas formas de presión que conducen a la autocensura hacen parte de los informes publicados durante el día del periodista en Colombia. El ejemplo autoritario del anterior gobierno aún oscurece el panorama de la libertad de expresión.

Colombia. 9 de febrero de 2011. El 9 de febrero se conmemora en Colombia el día del periodista. Debido a las constantes vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos, este día no representa una ocasión festiva. En su lugar, es un alto en el camino para reflexionar acerca de las difíciles condiciones del ejercicio del periodismo en este conflictivo país. La conclusión de los informes publicados este día da cuenta de la persistencia de un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos. La sociedad no debe olvidar que agredir a un periodista es agredir todos los ciudadanos y sus expectativas de una verdadera democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) registró durante 2010 189 agresiones. Destaca 7 homicidios, 1 violación sexual y 4 atentados contra la infraestructura de los medios de comunicación. Es inevitable alarmarse frente al incremento de las agresiones denunciadas. De 97 agresiones reportadas en 2007, se pasó a 112 en 2008. En 2009 se registraron 166 y en 2010, 189 conductas contra la libertad de expresión. “Estas cifras demuestran un aumento de la intolerancia contra la labor periodística, pues en sólo tres años las agresiones se duplicaron”, señala el informe.

FecolperPor otra parte, FECOLPER hace un importante análisis sobre las agresiones contra las mujeres periodistas, al considerar que “ésta violencia convierte el hecho de ‘ser mujer’ en un factor adicional de riesgo”.

Durante 2010 se incrementaron en un 60% los procesos penales contra periodistas respecto al año anterior. De los 15 casos registrados por FECOLPER, 13 acciones judiciales fueron presentadas “por funcionarios o ex funcionarios públicos, tras ser objeto de cuestionamientos sobre su actuación como servidores públicos”.

Más de la mitad de los responsables de las agresiones a periodistas pertenecen a la fuerza pública o son funcionarios o ex funcionarios públicos

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público: el seguimiento a la gestión pública, la denuncia de corrupción o actuaciones indebidas de las autoridades, o hechos de alteración del orden público”, señala el informe. No en vano la columnista de opinión Claudia López afirmó ante un medio de comunicación “ahora nos matan menos pero nos demanda más”. Vale la pena recordar que López está vinculada a un proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Ernesto Samper, protagonista de uno de los escándalos más grandes de filtración de dinero del narcotráfico en unas elecciones.

Sobre los asesinatos de periodistas, FECOLPER señaló que de los 7 homicidios reportados, 2 se atribuyen al ejercicio de la labor informativa. El primero de ellos es el de Clodomiro Castilla, reconocido por sus denuncias de la influencia paramilitar en el departamento de Córdoba. Este asesinato fue contundentemente calificado por una periodista como un “crimen en las entrañas de la seguridad democrática“, recordando que ‘Seguridad Democrática’ fue el nombre dado por el expresidente Álvaro Uribe a su política de orden público.

El segundo asesinato es el del periodista indígena Rodolfo Maya Aricape, miembro de una emisora comunitaria, desde donde denunciaba los atropellos de todos los grupos armados que operan en el territorio ancestral.

Sobre los otros 5 casos FECOLPER hace la siguiente advertencia: “Los restantes casos (cinco), aún cuando no se ha establecido cuál fue su motivación o móvil -dado que la autoridad judicial competente aún no se ha pronunciado al respecto-, fueron consignados en este informe, pues, con frecuencia, los intolerantes disfrazan los crímenes de periodistas para evitar la exposición a través de los medios de comunicación y las presiones para que se realicen investigaciones efectivas”.

No menos inquietante es ver el análisis de los presuntos responsables de estas agresiones. El primer lugar lo ocupa la fuerza pública, seguida por funcionarios o ex funcionarios públicos. Estos dos sectores suman el 50,5% del total de los autores de las conductas violatorias a la libertad de expresión. Esta estadística puede servir para diagnosticar el evidente desprecio por quienes detentan alguna clase de poder frente a la libertad de expresión.

FlipLa Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tituló su informe ‘El olvido de la justicia‘, en una clara referencia a la impunidad imperante por los casos de asesinatos de periodistas.

El análisis presentado por la FLIP hace énfasis en las elecciones presidenciales y parlamentarias, procesos judiciales contra los responsables de los seguimientos ilega­les del DAS (policía secreta dependiente de la Presidencia de la República) y los pocos avances contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. Sobre la impunidad, afirma la FLIP que hasta hoy sólo hay “5 sentencias condenatorias a autores intelec­tuales por homicidios a periodistas de un total de 138 casos desde 1977; además, el 40% de estos casos están ‘ad portas’ de la prescrip­ción”.

Adicionalmente, la FLIP abarca el problema de la censura indirec­ta, como consecuencia de la falta de regulación de la pauta publicitaria, el acoso judicial a los periodistas y la misma impunidad.

Esta organización no gubernamental registró durante el año pasado 120 violaciones con un total de 151 víctimas. Sobre los dos homicidios y 51 amenazas reportadas, señala la FLIP que en ninguno de estos casos existe una actuación procesal relevante. Aclara más adelante que las cifras reportadas “no representan la totalidad precisa de violaciones, ya que el sub-registro y la falta de denuncia por parte de periodistas agredidos siguen siendo considerables”.

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público”

De nuevo surge el tema de la autoría de las agresiones. “En cuanto a los presuntos autores de las violaciones, la FLIP continúa registrando con preocupación el elevado número de ata­ques por parte de funcionarios públicos”.

Contrario a lo reportado por FECOLPER, la FLIP afirma que han disminuido las agresiones: “Teniendo en cuenta las 157 violaciones a la libertad de prensa registradas en 2009 es importante resaltar que hubo una reducción a 120 en 2010″. Sin embargo, atribuye este fenómeno a la desconfianza en la administración de justicia, que desincentiva las denuncias, además de la autocensura por la difícil situación de orden público en algunas regiones del país.

Bajo el subtítulo ‘DAS, avances jurídicos y la impunidad del asilo’, la FLIP se refiere al avance en las investigaciones por las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de periodistas, atribuidas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este hecho es calificado como “un atentado direc­to a la democracia, las instituciones y la prensa libre de Colombia”. Señala más adelante que “Desde el DAS se construyeron estrategias de desprestigio en contra de reporteros e incluso se llegó a amenazarlos directamente”.

A pesar de los avances judiciales, la FLIP manifestó su preocupación por el asilo otorgado por el gobierno de Panamá a María del Pilar Hur­tado, ex-directora del DAS, al considerar que esta situación podría obstruir el avance de la justicia.

Tanto la FLIP como FECOLPER presentan un panorama preocupante para la libertad de prensa en cuanto a la seguridad física e independencia de los periodistas. Queda en el aire una pregunta: ¿cuál es el papel de las empresas de la comunicación en la protección a los periodistas? ¿El afán del éxito económico tiene en cuenta la estabilidad laboral y social de los periodistas?

Artículo original en Bottup: Día del periodista en Colombia: entre la reflexión y la denuncia


Mubarak silencia la verdad, los periodistas son el objetivo número uno

Periodista ciudadano autor: Omar Havana Editado por: Redacción Bottup

Nunca me han gustado las noches tranquilas cuando la tensión se respira en el aire, la luna faraónica me visita anunciando rumores y más rumores. Mientras, temo por la integridad de una de mis fuentes, quien con valentía se ha armado con su cámara para mostrar las imágenes que las marionetas de Mubarak intentan silenciar en la plaza Tahrir de El Cairo.

El pasado día mis compañeros han sido el blanco de la violencia de las fuerzas de seguridad egipcias. Varios colegas españoles han sido asaltados mientras realizaban su labor informativa. Solo en las últimas 24 horas se han registrado 30 detenciones, 26 asaltos y 8 confiscaciones de material de trabajo. Si a esto le añadimos que agentes de paisano han entrado en al menos dos hoteles, incluido el famoso Hilton, usando carnets de prensa internacional para confiscar aún más equipos de grabación, está claro que decir la verdad en Egipto es una profesión de alto riesgo. Desde compañeros árabes hasta rusos, pasando por americanos, europeos, africanos y, por supuesto, egipcios han sufrido la represión de este dictador que se niega a abandonar el poder sin un derramamiento de sangre masivo.

Desde hace días se ha iniciado una campaña de difamación contra la prensa extranjera, catalogándose como espías y culpabilizándolos directamente de la situación actual del país

Oficiales de Gobierno, periodistas pro-Mubarak y comentaristas de las cadenas del Gobierno comenzaron hace dos días una campaña de difamación hacia la prensa extranjera, catalogándolos como espías y culpabilizándolos directamente de la situación actual del país. Bloggers y periodistas locales se las ven canutas para poder sacar sus escritos fuera de las fronteras egipcias, como es el caso de Dyya Suleiman, uno de los muchos egipcios con los que he hablado en los últimos días y quien ha confiado en mí para que su voz no sea silenciada. En los próximos días podremos leer sus magníficos artículos, los cuales ya están en mi posesión.

Estos son algunos ejemplos de los atentados que los mensajeros de la verdad han sufrido en las últimas horas:

. Leila FadelLinda Davidson, del Washington Post. Fueron detenidas en la mañana del 3 de febrero, junto con su conductor y traductor. Ambas fueron liberadas a las pocas horas, pero sus ayudantes siguen en paradero desconocido.

. Corban Costa, de Radio Nacional de Brasil, y Gilvan Rocha de la televisión brasileña. Ambos fueron detenidos, tapándoles los ojos y requisando pasaportes y equipo. Según la prensa brasileña, ambos han pasado toda la noche bajo arresto sin agua en una habitación sin ventanas en una estación de policía de El Cairo. Fueron forzados por las fuerzas de seguridad a firmar una declaración escrita en árabe, donde afirmaban que dejarían de inmediato Egipto y volverían a su país de origen.

. Krzystof KolosionekPiotr BugalskiMichal JankowskiPiotr Górecki yPawel Rolak, de la televisión polaca TVP, fueron detenidos en El Cairo, y una de sus cámaras totalmente destruida por las fuerzas de Mubarak, los dos primeros fueron dejados en libertad a las pocas horas, no se sabe todavía la suerte que han corrido los tres últimos.

. Sonia Verma, de Globe and Mail de Canadá, han twiteado hoy que fue detenida y custodiada. Para después confirmar que fue retenida por las fuerzas militares durante tres horas.

. Maurice Sarfatti, a quien mejor se le conoce como Serge Dumont, de Bélgica. Fue arrestado dos veces en tan solo un día, siendo liberado a últimas horas del pasado 3 de febrero. Serge colabora con un amplio grupo de medios de comunicación europeos.

. Adelin Petrisor de TVR, en Rumanía fue detenida el pasado miércoles junto a su cámara, cuyo nombre se desconoce, por la policía de El Cairo. Fueron registrados, interrogados, y puestos en libertad. El jueves, Cristian Zarescu, de TV Realitatea y su cámara, también sin identificar, sufrieron las represalias de las fuerzas de Mubarak, confiscando sus cintas de vídeo antes de ser puestos en libertad. Pocas horas después, Carmen AvramCristian Tamas fueron parados por la policía e interrogados en pleno centro de El Cairo.

. Greg PalkotOlaf Wiig de Fox News fueron hospitalizados tras ser apaleados por protestantes pro-Mubarak en El Cairo.

“Fui emboscado y golpeado por la policía, confiscaron mi teléfono, destrozaron mi coche y se llevaron todo mi equipo”

. Bert Sundström de la SVT sueca, se recupera de la puñalada en el estómago que recibió en las proximidades de la plaza Tahrir, en un hospital de El Cairo. Desde Suecia, afirman que perdieron el contacto con Bert y que cuando lo recuperaron un hombre contesto su teléfono afirmando que los militares se lo habían llevado. Ingrid Thörnvist, periodista de STV, confirma “está seriamente herido pero su condición es estable”.

. Petros Papaconstantino, del periódico griego Kathimerini, fue hospitalizado por una herida de arma blanca en la pierna, después de que fuera atacado por seguidores de Mubarak en Tahrir Square. Como el mismo Petros afirma en su diario, “fui visto por los seguidores de Mubarak. Ellos… me golpearon con palos y bastones en la cabeza y me apuñalaron ligeramente en la pierna. Algunos soldados intervinieron, pero los seguidores de Mubarak se llevaron todas mis posesiones bajo la mirada del ejército”.

. Dima Salem, una reportera de la cadena Al-Arabiya de Dubai, fue atacada por los pro-Mubarak, quienes se llevaron su cámara e intentaron apalearla. Algunos testigos la ayudaron a escapar.

. Alfred Yaghobzadeh, fotógrafo francés de la agencia SIPA Press, fue golpeado mientras que cubría las protestas callejeras, fue ayudado por algunos testigos anti-Mubarak.

. Hombres armados con cuchillos acorralaron a Erol Candabakoglu, un reportero turco de Fox TV, junto con su cámara y su conductor el pasado miércoles, mientras que estaban grabando en el barrio de Boulaq en El Cairo. Fueron liberados posteriormente por la policía egipcia. Meltin Turan, otro reportero turco del canal TRT, fue asaltado el pasado jueves por seguidores de Mubarak, robándole la cámara, el dinero y el teléfono móvil. El periodista escapó buscando refugio en la Embajada Turca, desde donde le llevaron a un hospital para que atendieran sus heridas.

. Mahmoud, más conocido como Sandmonkey, uno de los más populares bloggers de Egipto, y con quien he tenido la suerte de poder hablar, me ha confesado esta noche a través de email: “fui emboscado y golpeado por la policía, confiscaron mi teléfono, destrozaron mi coche y se llevaron todo mi equipo, fui detenido tan solo unas horas”.

. Cuatro compañeros de Demotix, agencia fotográfica con la que yo colaboro, fueron atacados en las últimas horas. Entre ellos Sandmonkey, del que ya hemos hablado, y Nour El RefaiMohamed ElmaymonyTravelerW(seudónimo con el que publica sus fotos).

. Incluso el archifamoso Anderson Cooper de CNN y su equipo han sufrido ataques por parte de los seguidores de Mubarak, “fuimos golpeados en la cabeza por seguidores del Gobierno, atacaron a mi productora Marianne Fox e intentaron robar la cámara de mi equipo, no quieren que saquemos ninguna fotografía”, afirmaba el propio Cooper en directo.

. Y por supuesto, los periodistas españoles. Samuel Aranda, fotógrafo freelance que trabaja para la agencia Corbis Images, estaba esta tarde ilocalizable. Gemma Saura, del diario La Vanguardia, fue asaltada anoche por un grupo de seguidores de Mubarak que la insultaron y le robaron el bolso y el móvil. Sal Emergí, enviado especial de la radio catalana RAC1 y colaborador de La Sexta y El Mundo, a quien le quitaron el móvil cuando intentaba conectar en directo. Mikel Ayestaran, enviado del diario ABC, fue empujado por manifestantes, al igual que Mayte Carrasco, enviada especial de Antena 3, y que Joan Roura, de TV3 y Rosa Molló de TVE y el fotógrafo Guillermo Cervera, quien afirmaba “era como una pelea medieval, en la que se pasaba de cientos de piedras volando por los aires al enfrentamiento físico. El desorden ha sido total”.

Recordemos que desde 1992, dos periodistas han sido asesinados en Egipto, Farag Fouda el 8 de junio de 1992, cuya muerte a manos del grupo extremista islámico al-Gama’a al-Islamiya sirvió de excusa al Gobierno de Mubarak para escalar la campaña contra los grupos radicales, pero que paradójicamente prohibió la venta de todo material escrito por la periodista de la revista October. El 17 de septiembre de 1994, Abib Ybrahim, un fotógrafo trabajando para UNICEF, era asesinado en el país de los faraones por el mismo grupo radical que mató a Fouda, aunque las causas del suceso todavía no se han esclarecido.

Y después de ver a mis compañeros poner sus vidas en peligro para que la verdad nunca sea silenciada mis pensamientos solo pueden ir para dos de ellos que nunca volverán. Mi amigo Fabio Polenghi, asesinado el 18 de mayo 2010 por el ejército tailandés durante los días en que Bangkok se cubría de rojo. Y, como no, mi referente, mi ídolo, mi maestro, el periodista más grande que mi país, España, nunca ha tenido, el gran Miguel Gil, asesinado en Sierra Leona el 24 de mayo del año 2000.

Quizás muchos de vosotros os estaréis preguntando qué nos lleva a hacer este trabajo, creo que en las palabras de Miguel podréis encontrar la respuesta:

“Hay historias donde lo más peligroso no es arriesgar la vida por contarlas, sino dejar de filmarlas”, Miguel Gil.

Artículo original en Bottup: “Seguidores del Gobierno nos golpearon en la cabeza, intentaron robar la cámara, no quieren que saquemos ninguna fotografía”


La Agencia de Prensa Rural muestra una experiencia de comunicación alternativa desde el campo colombiano

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Amnistía Internacional. Ilustración 1997 por Bilal

Amnistía Internacional. Ilustración 1997 por Bilal

Colombia. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y el papel clave que cumple la libertad de expresión en las sociedades democráticas, resulta motivador ver la labor que cumplen organizaciones campesinas en Colombia, a través de estrategias de comunicación propias. Se trata de la instrumentalización de la libertad de expresión como herramienta para la paz.

Desde 1950, cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, luego de que en la 317ª sesión plenaria celebrada 4 de diciembre de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesados, a adoptar ese día para celebrar la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Esta Declaración incluye dentro de los derechos cuya garantía es elemental en la consolidación de los Estados democráticos, el de la libertad de expresión, en los siguientes términos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

APR nació en 2003 y apuesta por la formación de corresponsales rurales y la construcción de medios de comunicación para dar voz a aquellos que no la tienen en los medios tradicionales

La importancia de la libertad de expresión va de la mano con los avances de las tecnologías de la comunicación, que permiten escuchar la voz de quienes durante muchos años sufrieron el silencio impuesto por sectores que se nutren de la impunidad y la injusticia social. No en vano el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos considera que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias…”.

Ejemplo de la expresión libre como herramienta de paz

Colombia se encuentra en el puesto 145 de 178 en la clasificación mundial de libertad de prensa (2010) realizada por Reporteros Sin Fronteras. Los asesinatos, amenazas, desplazamientos, presiones económicas, acoso judicial y agresiones físicas son algunas de las conductas que afectan a quienes deciden informar a la sociedad sobre los hechos que afectan la realidad colombiana.

En medio de este complejo panorama, tomarse la palabra para denunciar, para expresar las inconformidades y esperanzas, es el trabajo hecho por la Agencia de Prensa Rural (APR), con su lema “Desde Colombia con las comunidades campesinas en resistencia”. Esta iniciativa de comunicación alternativa transmite la información de organizaciones campesinas colombianas, cuyo portal inició actividades el 21 de julio de 2003. La APR le apuesta a los procesos “de formación de corresponsales rurales y de construcción de medios en algunas regiones del país”, con cerca de diez organizaciones campesinas como parte del proyecto y voluntarios que colaboran con artículos.

APRCésar Jerez, fundador y redactor de APR, señaló durante el ‘Encuentro nacional de medios de comunicación independiente y alternativos para el fortalecimiento de la paz en Colombia‘, realizado el pasado 3 de diciembre, que la APR se inició como la alternativa de comunicación de las víctimas del conflicto armado en la región del Magdalena Medio. Es por ello que se identifican como hijos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC, mientras que llama la atención en que la dinámica del conflicto ha llegado incluso a crear términos geográficos, puesto que el ‘Magdalena Medio’ es la denominación dada desde el dialecto militar para determinar ciertas zonas de operaciones.

Volviendo a los inicios de la APR, Jerez recuerda cómo la pretensión inicial era elevar las denuncias por violaciones a los derechos humanos, al menos ante la opinión pública local, dada la indiferencia de los medios de comunicación tradicionales. Para esto, comenzaron con un programa radial, ‘La Marcha Radio‘, que no estuvo exento de las presiones del ejército, donde se llegó a proponer la revisión previa del contenido de los programas por parte de los militares. Hoy la agencia cuenta con los siguientes medios: Periódico Tierra, la Revista La Marcha, la Revista Prensa Rural y el programa radial ‘La Marcha Radio‘. Para 2011 tienen proyectado iniciar un programa de televisión en el canal regional Telepetróleo.

Actualmente la APR cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Barcelona, gracias a un proyecto gestionado por la Asociación Catalana por la Paz – ACP, el respaldo de la Fundación Solidara del sindicato catalán CSC Intresindical y del Colectivo Maloka de Barcelona.

“Los informantes pagados con dinero público se refieren en sus versiones a nuestro trabajo como a una labor desarrollada por la guerrilla para calumniar, injuriar, desprestigiar y desacreditar al ejército”

El trabajo de comunicaciones realizado por la APR fue relevante para que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra fuera galardonada con el Premio Nacional de Paz 2010. Este reconocimiento se da luego de 14 años de lucha por las reservas campesinas y por la paz, tiempo en el cual varios de sus integrantes fueron asesinados y otros han sido víctimas del acoso oficial y paramilitar. En 2008 se denunció un montaje y persecución “judicial que llevó a seis dirigentes de la ACVC a la cárcel y a otros tantos al exilio, está motivada en parte por el malestar que en las instituciones militares ha generado la labor informativa desempeñada por Prensa Rural. Los informantes pagados con dinero público se refieren en sus versiones a nuestro trabajo como a una labor desarrollada por la guerrilla para calumniar, injuriar, desprestigiar y desacreditar al ejército”.

El fundador de la APR plantea como reflexión el deber ético que tenemos como ciudadanos, consistente en no permitir que la única fuente de información sobre las violaciones a los derechos humanos sean los voceros de las Fuerzas Militares, quienes en innumerables ocasiones con sus comunicados buscan legitimar sus abusos. Jerez concluye esta idea afirmando que “lo importante es que las organizaciones sociales podamos comunicar”.

Es oportuno recordar que la Corte Constitucional colombiana afirmó que: “No le basta al Estado con no atentar contra la libertad de información, puesto que además de respetarla, debe proteger su ejercicio libre y garantizar la circulación amplia de información, aún de aquella que revele aspectos negativos del propio Estado o la sociedad”.

La labor de la Agencia de Prensa Rural es una muestra de cómo el derecho a expresarse libremente puede y debe ser una de las herramientas a disposición de la sociedad para proteger los demás derechos. La posibilidad de hacer de la libre difusión de informaciones una estrategia de lucha contra las violaciones a los derechos humanos permite crear lazos de solidaridad y enfrentar los abusos de quienes aplican conceptos anacrónicos de orden y seguridad nacional.

Imagen 1: papiers-gras.com e imagen 2: prensarural.org

Enlace de interés:
La libertad de expresión en la legislación internacional

Artículo original en Bottup: Libertad de expresión: herramienta para la paz


Decisiones judiciales en Venezuela y nuevos proyectos legislativos en Colombia restrigen el derecho a la información y la autorregulaión de la prensa

ACTUALIZADO

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Bogotá D.C (Colombia). El conflicto entre el derecho a la información y otros derechos fundamentales protagoniza un nuevo episodio en Latinoamérica. En esta ocasión, los medios de comunicación venezolanos denunciaron la censura judicial fundamentada en la aparente protección de la infancia y la adolescencia. Mientras tanto, en Colombia surgen iniciativas legislativas que buscan fortalecer las sanciones contra periodistas y medios de comunicación por infringir sus deberes frente a los menores de edad que reciben sus mensajes.

Bajo la tesis de la protección a la integridad de los menores existen dos proyectos de ley que imponen restricciones informativas en Colombia, y un periódico en Venezuela fue sancionado

La colisión entre la libertad de información y otros derechos fundamentales es un tema con el que se promueven constantes debates en los sistemas judiciales de casi todo el mundo. El derecho a estar informado, aunque esencial en todas las sociedades democráticas, no es absoluto. Es por esto que la legislación que lo desarrolle debe observar ciertos requisitos que evitan la censura previa y el control caprichoso por parte de los poderes públicos y privados. Sin embargo, en algunas ocasiones estos debates están permeados por intereses políticos orientados a manipular la percepción que los ciudadanos tienen sobre la realidad. Lo mismo puede afirmarse sobre la defensa ciega e intransigente de la información, cuando media la irresponsabilidad de algunos periodistas que afecta injustificadamente los derechos de terceros.

Es incuestionable el imperativo de respeto y protección de los derechos de las niñas y niños. Otro asunto que se desarrolla a la sombra de este debate, es la tendencia a estigmatizar a la prensa crítica, involucrándola en confrontaciones que afectan sensiblemente a la sociedad, rotulándola de evasora de su responsabilidad social.

Actualmente, bajo la tesis de la protección a la integridad de los menores de edad, existen dos proyectos de ley que imponen restricciones informativas en Colombia, y un periódico en Venezuela fue sancionado mediante una decisión judicial calificada por amplios sectores de la opinión pública como ‘censura previa’.

Venezuela: Entre la oposición política y la
objetividad de la información

El nacional censuradoLa palabra ‘censura’ ocupa el lugar destinado a las fotografías de la primera página del periódico venezolano ‘El Nacional’ del miércoles 19 de agosto. Así, los periodistas expresaron su desacuerdo con la medida adoptada por el Tribunal 12° de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, en la que se prohibió la publicación, en medios de comunicación impresos, de imágenes “violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no”, que puedan afectar a niños y adolescentes.

La solicitud de esta medida fue hecha por la Defensoría del Pueblo en el marco de la investigación adelantada contra el periódico ‘El Nacional’ por la publicación el 13 de agosto de una fotografía de la morgue de la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas. Por la publicación de esa foto, se acusó a ‘El Nacional’ de vulnerar los mandatos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en especial, el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y  adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral.

‘El Nacional’ es considerado como uno de los medios impresos más críticos del gobierno chavista, por lo que tal medida fue tomada como un ataque a la oposición política en Venezuela. Algunos sectores han calificado la publicación de las fotos como un acto político, orientado a llamar la atención sobre la negligencia del Gobierno venezolano frente a la crisis de inseguridad que atraviesa ese país.

Miguel Otero, director del periódico ‘El Nacional’, afirmó en entrevista concedida a la emisora W radio de Colombia que esta medida obedece a intereses electorales del Gobierno de Hugo Chávez por la proximidad de las elecciones legislativas a celebrarse el 25 de septiembre. Señaló además que resulta incomprensible que la sanción impuesta a ‘El Nacional’ se convierta en una prohibición para todos los periódicos de Venezuela. En la misma entrevista Otero reconoció que la fotografía que originó este escándalo fue tomada hace más de ocho meses, y que a pesar de no corresponder al perfil del periódico decidieron publicarla el viernes 13 de agosto, para complementar el documental ‘Los Guardianes de Chávez‘ presentado por los canales CNN de Estados Unidos y Cuatro de España, sobre la situación de seguridad en Venezuela, al considerar que la fotografía utilizada “es un instrumento periodístico y había que impactar”. El documental ‘Los guardianes de Chávez también ha sido descalificado desde distintos sectores en Venezuela.

Mediante un comunicado de prensa, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela afirmó que esta clase de medidas “reflejan que las autoridades gubernamentales están más pendientes de cuidar su imagen que a los ciudadanos, y que pretenden acallar al mensajero antes que cumplir la labor para la que fueron electos”.

Por su parte, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que la foto que originó este conflicto, “en efecto muy violenta, hace preguntarse por la responsabilidad ética de un periódico de gran audiencia, aunque no se trate de una publicación dirigida a un público infantil o adolescente. Sin embargo, esta decisión judicial peca de amplitud e imprecisión. ¿Bajo qué criterio exacto atenta un contenido contra el bienestar psicológico de los niños y adolescentes? ¿La fotografía de un policía armado en la calle, de las maniobras de un soldado o el simple anuncio de la muerte de una persona, entran en el marco de esta jurisprudencia? La caricatura, por definición ‘grotesca’, ¿puede ser mostrada a los más jóvenes? Si es normal reservar ciertos contenidos o materiales a un público adulto, el debate, la pedagogía y la prevención parecen preferibles a una prohibición prematura que puede representar un riesgo de censura y autocensura”.

El 19 de agosto la palabra censura ocupó los lugares destinados a las imágenes en la portada de ‘El Nacional’ como protesta por la medida que prohibe la publicación de imágenes violentas

Siguiendo la tesis de Miguel Otero sobre los intereses electorales en juego, también es válido preguntarse si éstos no fueron definitivos al momento tomar la decisión de publicar una fotografía tomada hace más de ocho meses, y cuya imagen no corresponde al estilo periodístico de un medio abiertamente considerado opositor al Gobierno. ¿Realmente se buscaba informar? O, quizás, ¿se buscaba indisponer a los votantes frente a los candidatos oficialistas? ¿Qué opciones tienen los ciudadanos cuando no funcionan los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación?

Colombia: ¿Legislación para proteger o excusa para controlar?

Mientras tanto, en Colombia están por iniciar el trámite para su estudio en el Congreso de la República, dos proyectos de ley que buscan imponer restricciones a la información, bajo el argumento de la protección a los menores de edad y la responsabilidad de los medios de comunicación.

El primero de ellos surge por iniciativa del Consejo de Estado. Luego de redactado, esa corporación convocó a las personas interesadas a participar en la discusión de este proyecto de ley, con el que se busca establecer la responsabilidad de los medios de comunicación por la violación de sus deberes para con la infancia y la adolescencia. Sin embargo, las críticas presentadas van desde la ausencia de participación previa de periodistas y académicos en la redacción del proyecto hasta las que destacaron la autorregulación como el mecanismo más idóneo para tratar los contenidos informativos.

Por otra parte, el proyecto de ley No. 20 de 2010, radicado en el Senado, buscar reglamentar “la exhibición de imágenes e información en las portadas de los medios impresos y electrónicos como una medida de protección a los niños, niñas y adolescentes”.

Ninguna de estas iniciativas ofrece tranquilidad para periodistas y receptores de la información, pues frente a una interpretación extrema de las normas propuestas, puede controlarse cualquier tipo de información, como la de orden público, bajo el argumento de estar protegiendo la integridad de los
menores de edad.

Imagen del documental 'Baby sicarios' emitido en Cuatro y CNN

Imagen del documental 'Baby sicarios' emitido en Cuatro y CNN

Pero no sólo a través de iniciativas legislativas se ha presentado el choque entre la libertad de expresión y los derechos de los niños. En un reciente caso, el documental los ‘Baby sicarios’, (los mismos productores de ‘Los Guardianes de Chávez’) fue descalificado por instituciones públicas y medios de comunicación colombianos, abriéndose un acalorado debate al respecto, en donde Juan Pedro Valentín, director de informativos del canal Cuatro de España, en defensa del documental afirmó que: “Lo grave es que se está desprestigiando el trabajo del periodista. Entiendo que se haga un debate sobre esto (…). Hay poderes para que no se muestre la realidad de allá”.

De acuerdo a la jurisprudencia colombiana, la protección de los menores de edad no puede buscarse a través de medios inconstitucionales, como las limitaciones a la libertad de expresión que no satisfacen los requisitos constitucionales, y que equivalgan a una forma de censura. Un antecedente que debe tenerse en cuenta es la sentencia de la Corte Constitucional colombiana (T-391 de 2007), donde se señaló, entre otros puntos, que la prevalencia de los derechos de los niños sobre la libertad de expresión no faculta a las autoridades con una “completa discrecionalidad para limitar la libertad de expresión a su agrado”. Por ello, recuerda que las limitaciones establecidas para proteger a los menores de edad deben cumplir con todas las condiciones constitucionales, y “no pueden invocarse como un comodín para limitar la libertad de expresión cada vez que se anticipe que quizás algún niño sea receptor de la información, las opiniones y las imágenes divulgadas por un medio masivo de comunicación”.

Parámetros de conducta periodística frente a los menores de edad

Si bien las conductas éticas no deben ser impuestas por los gobiernos, en contextos electorales y cuando los medios de comunicación militan activamente en alguna de las partes enfrentadas, la autorregulación pierde credibilidad frente al lector, oyente o televidente, que presencia la lucha mediática por conquistar su favor en las urnas.

Sin embargo, surge la tarea para los periodistas y la sociedad en general de fortalecer figuras como los comités de ética, defensores del lector y del televidente, entre otros, para despejar cualquier desconfianza sobre ellos. Existen valiosos aportes desde las organizaciones gremiales y sindicales de periodistas que pueden y deben ser utilizadas, sobre todo en temas tan importantes como la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Por ejemplo, sobre la ‘Guía para periodistas y profesionales de la prensa[1], el Secretario General de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Aidan White, manifestó que: “El respeto por el periodismo independiente es una condición esencial para una cultura de apertura de los medios de comunicación en relación con los niños y sus derechos. Los periodistas necesitan tener confianza en que pueden mantener normas éticas, más que ‘cumplir órdenes’ y que pueden proteger a las fuentes de información confidenciales”.

En Colombia dos proyectos de Ley que buscan la protección de la infancia chocan con las restricciones a la libertad de informar y de ser informado

Las ‘Directrices y principios para el reportaje de asuntos que involucren niños‘, es un documento aprobado por las organizaciones de periodistas de 70 países en la primera conferencia internacional consultiva a escala mundial sobre el periodismo y los derechos del niño, celebrada en Recife, Brasil, el 2 de mayo de 1998. Luego de las conferencias y talleres regionales, fueron finalmente aprobadas en el Congreso Anual de la FIP en Seúl, en el año 2001. Estas directrices fueron presentadas por la FIP en el 2º Congreso Mundial Contra La Explotación Sexual y Comercial de los Niños, llevada a cabo en Yokohama, Japón, en Diciembre de 2001.

Otro ejemplo interesante, ya en un tema más específico, es el liderado en Colombia por la Corporación Medios Para la Paz, a través de su ‘Manual para el cubrimiento responsable de los niños vinculados al conflicto‘, que surgió de la experiencia en ocho regiones del país sobre este tema.

Existe también el ‘Manual de niñez y periodismo‘ de la Agencia Global de Noticias, que basa su metodología en el trabajo de la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) de Brasil. Este documento fue elaborado con el apoyo de Unicef.

En el campo jurídico internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual hacen parte Colombia y Venezuela, contempla unas medidas tendientes a proteger a los menores de edad y constituyen un marco dentro del cual se desarrollan las legislaciones locales. Uno de los compromisos asumidos por los Estados que suscribieron esta Convención es la de “asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar” (Artículo 3 #2). También señala este instrumento internacional que “Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental” (Artículo 17).

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de expresión no puede estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores. Adicionalmente, de acuerdo a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados” (Principio 6).

Actualizado

Comunicado de relatores para la libertad de expresión sobre medida judicial en Venezuela:

Los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA emitieron el comunicado de prensa R82/10 el 19 de agosto, donde señalaron que “consideran que  la decisión de un tribunal venezolano de prohibir durante un mes a la prensa escrita la publicación de contenidos que puedan ser considerados “violentos” o “agresivos” constituye una medida de  censura previa,  que compromete seriamente el derecho a la libertad de expresión en ese país”. Agregaron posteriormente que esta medida “impone límites de tal vaguedad e imprecisión que impiden que la prensa escrita pueda publicar cualquier información que pueda perturbar o molestar a las autoridades gubernamentales (…) La protección del bienestar físico y emocional de la infancia es un objetivo central de la comunidad de naciones, pero este propósito no puede dar lugar a la imposición de medidas de censura previa por fuera del marco establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, o a restricciones tan ambiguas que puedan servir de pretexto para impedir la publicación de informaciones e ideas que la sociedad tiene derecho a recibir, pese a ser molestas o incómodas para algunos funcionarios públicos”.

El Poder judicial revoca parcialmente la medida restrictiva:

Posteriormente se conoció que la medida tomada contra El Nacional que prohibía la publicación de imágenes e informaciones ha quedado parcialmente revocada. Una resolución señaló que las restricciones se limitan a imágenes y no a informaciones ni publicidad. Además, fueron revocadas las medidas que se afectaban “a toda la prensa impresa nacional” y se limitaron a ser aplicadas a los periódicos ‘Tal Cual’ y  ‘El Nacional’.

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho Ciudadano a la Información’

Imágenes:
Foto 1. Imagen de la primera página del periódico ‘El Nacional’ de Venezulea. Tomada de http://www.el-nacional.com/
Foto 2. Fotograma del reportaje ‘Baby sicarios’. (Foto: Cuatro) Tomada de elmundo.es


[1] Federación Internacional de Periodistas. Restituir los derechos de la infancia. Guía para periodistas y profesionales de la prensa. Publicada en enero de 2002, con el apoyo de la Comisión Europea. Bruselas, Bélgica.

Artículo original en Bottup: Colombia y Venezuela, ¿la protección a la infancia equivale a censurar a la prensa?


El coronel Alfonso Plazas Vega se convirtió el 9 de junio en el primer militar colombiano en ser condenado por la desaparición de once personas en noviembre de 1985, durante la toma del Palacio de Justicia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Carteles ubicados al frente del juzgado donde se dictó sentencia contra el coronel Plazas

Carteles ubicados al frente del juzgado donde se dictó sentencia contra el coronel Plazas

Bogotá D.C. (Colombia).Las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia desde que ocurrieron los hechos, han tocado puertas, escrito cartas a todas las autoridades nacionales e internacionales y apelado a la solidaridad de la sociedad que, indiferente, mira de lejos la tragedia de sus compatriotas. La respuesta, durante años, fue la estigmatización y la incredulidad frente a sus reclamos“.

Así lo señaló el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, publicado en diciembre de 2009.

Respondiendo al clamor de verdad y justicia, el 9 de junio de 2010, luego de 24 años y 7 meses de ocurrida la toma del Palacio, la justicia penal especializada condenó al Coronel (r) Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada de once personas en noviembre de 1985. Plazas se desempeñaba como comandante de la Escuela de Caballería en ese entonces.

Mientras tanto, avanza la justicia internacional. Con el caso 10.738, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció la denuncia por estas desapariciones.

Determinar este primer nivel de responsabilidades es el comienzo. Falta aún conocer toda la verdad de los hechos, para que los familiares recuperen los restos mortales de los desparecidos y se complete el duelo por su ausencia.

Los hechos

El 6 y 7 de noviembre de 1985, durante el Gobierno de Belisario Betancur, un grupo de 35 guerrilleros integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó por asalto el Palacio de Justicia, sede del poder judicial de Colombia. Con la ‘Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre‘, los guerrilleros buscaban que el presidente Betancur compareciera a un juicio público por lo que consideraban, la traición a los acuerdos de paz.

Miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) esperan la sentencia contra Plazas. Al fondo, simpatizantes del militar acusado

Miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) esperan la sentencia contra Plazas. Al fondo, simpatizantes del militar acusado

Una de las premisas con las que actuaron los integrantes del M-19 era que la reacción de los militares no iba a poner en riesgo a los magistrados de las altas cortes que habían sido tomados como rehenes. Sin embargo, el ejército y otros organismos de seguridad reaccionaron con una fuerza desproporcionada, actuando como una rueda suelta del engranaje estatal, en lo que podría calificarse como la cuenta de cobro por las restricciones operacionales a que fueron sometidos por el poder ejecutivo, con el fin de adelantar negociaciones con los grupos subversivos. Dentro de las imágenes que nunca olvidarán los colombianos están las de los tanques de guerra ingresando de día al Palacio de Justicia y en la noche disparando artillería pesada contra el mismo.

El desenlace en cuanto a víctimas mortales no pudo ser más trágico: 11 magistrados de la Corte Suprema, 6 magistrados auxiliares, 12 auxiliares judiciales de la Corte, 13 auxiliares judiciales del Consejo de Estado, 3 abogados asistentes, un oficinista del Consejo de Estado, el administrador, 3 conductores, un ascensorista, 6 miembros de la fuerza pública, 4 agentes de organismos de inteligencia, 2 particulares, un transeúnte y los 35 guerrilleros que participaron en la toma.

Once personas (diez civiles y una guerrillera) que estuvieron ese 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia permanecen desaparecidas.

Descalificaciones al fallo judicial

Simpatizantes del coronel Plazas lanzan arengas contra la prensa y familiares de los desaparecidos. Luego de conocerse la sentencia, agredieron físicamente a quienes celebraban por la decisión judicial

Simpatizantes del coronel Plazas lanzan arengas contra la prensa y familiares de los desaparecidos. Luego de conocerse la sentencia, agredieron físicamente a quienes celebraban por la decisión judicial

Simpatizantes del coronel Plazas lanzan arengas contra la prensa y familiares de los desaparecidos. Luego de conocerse la sentencia, agredieron físicamente a quienes celebraban por la decisión judicial

Esta es la primera condena contra un oficial del ejército por los hechos del Palacio de Justicia. Una de las victorias conseguidas con esta sentencia es el fortalecimiento de la competencia de justicia ordinaria para casos de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes estatales. Así, se evita que estas investigaciones sean adelantadas por la justicia penal militar, situación que no garantizaba los principios de imparcialidad e investigación integral. Al mismo tiempo, es una luz de esperanza para los familiares de toda clase de víctimas de crímenes de Estado, quienes han temido que nunca se haga justicia en cada uno de sus casos.

Pero contrario a lo que se esperaría en un Estado Social de Derecho, altos funcionarios y personalidades de la vida pública se han manifestado en contra de este histórico fallo que reivindica el derecho de las víctimas a obtener justicia por los crímenes de Estado.

El Presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que se siente adolorido y con tristeza luego de conocer la condena contra Plazas, de quien considera que “simplemente buscó cumplir con su deber“, mientras que ninguno de los actores de la toma del Palacio está en la cárcel. Estas declaraciones están precedidas del enfrentamiento entre Uribe y la rama judicial, por las investigaciones contra miembros del Gobierno por actos de corrupción, espionaje ilegal y vínculos con grupos paramilitares. Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, calificó el fallo contra Plazas Vega como un caso de “justicia espectáculo”.

El general (r) Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Armadas, calificó la sentencia como una “monstruosidad jurídica” que desmoralizará a las tropas. Bedoya anunció que se reunirán las organizaciones de militares en retiro para analizar la sentencia y dar un comunicado a la opinión pública.

El abogado defensor del militar apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Las víctimas de la búsqueda de la verdad

Durante la notificación de la condena contra el militar, Jorge Molano, uno de los abogados de las víctimas, recordó la labor de José Eduardo Umaña Mendoza, quien durante 13 años acompañó a los familiares de los desaparecidos, y bajo circunstancias que aún permanecen en la impunidad, fue asesinado el 18 de abril de 1998.

En octubre de 2008 se conoció que el suboficial (r) Edgar Villamizar, uno de los principales testigos contra el coronel Plazas Vega, fue amenazado. Luego, por diferentes medios se ha buscado desvirtuar su testimonio sobre el papel del ejército durante la retoma del Palacio de Justicia. También, la jueza tercera penal especializada, María Stella Jara, ha sido víctima de amenazas y seguimientos, por lo que su esquema de seguridad tuvo que ser reforzado. No en vano Amnistía Internacional instó a las autoridades colombianas a garantizar que se haga justicia en todos los casos de las desapariciones del Palacio, recordando que el juez instructor y un abogado de las víctimas recibieron amenazas de muerte.

A los ojos del mundo

A diferencia de los países del Cono Sur, Colombia no estuvo bajo el gobierno de dictaduras militares durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Sin embargo, la división de tareas entre políticos y militares dio paso a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el objetivo de ‘eliminar al enemigo interior’.

Por esa concepción de ‘orden’ infundida en los militares, no es gratuito que existan cientos de denuncias contra el Estado por violaciones a los derechos humanos. En esta ‘guerra fría’ al estilo colombiano surgieron los grupos paramilitares y se fomentó la estigmatización de organizaciones sociales y las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’, cuyo precio aún se paga con creces en este país.

Por ello, así como se han adelantado procesos de búsqueda de la verdad en Chile, Argentina y Perú, es momento de que el Estado colombiano, comience a examinar sin arrogancia las equivocaciones en el manejo del orden público y pida perdón a las víctimas por los excesos cometidos.

Ojalá no se tengan en cuenta desafortunados ejemplos de otros países, en que los funcionarios que se arriesgan a investigar los crímenes atribuibles al Estado resultan involucrados en procesos penales. Probablemente no sea tarde para tomar conciencia de esto, aún a pesar de los constantes ataques del presidente Uribe contra la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces que actualmente procesan a miembros de su Gobierno o de los partidos políticos oficialistas.

Responsabilidades pendientes

Políticos y militares

Juicio por la toma del Palacio de Justicia en ColombiaLa juez que dictó la sentencia contra el coronel Alfonso Plazas Vega ordenó iniciar la investigación contra Belisario Betancur, Presidente de Colombia en 1985 y la cúpula militar.

En el caso del Palacio de Justicia, actualmente están siendo procesados los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 e Iván Ramírez, del comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia. También está vinculado a la investigación el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, para ese entonces comandante del B2, oficina de inteligencia militar.

Aún falta establecer la responsabilidad moral del gabinete de entonces. Algunos de los ministros de la época siguen participando activamente en la política, como Noemí Sanín, quien se desempeñaba como ministra de comunicaciones y ordenó la censura de los medios de comunicación durante la toma del Palacio, situación estudiada por la Comisión de la Verdad, al señalar que:

“Una de las grandes paradojas de la actitud del Gobierno del Presidente Betancur y particularmente, de su Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, durante el desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es el relacionado con los medios de comunicación: al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas”.

M-19

Luego de un proceso de paz, durante el Gobierno de Virgilio Barco el M-19 recibió el indulto. Todos los miembros del comando armado que participaron en la toma del Palacio de Justicia murieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Los máximos líderes del M-19 para esa época ya murieron. Uno de ellos, Carlos Pizarro, fue asesinado luego de desmovilizarse, y actualmente se investiga la participación de agentes estatales en este homicidio.

Los miembros indultados del M-19 participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la Constitución Política de 1991, hoy vigente en Colombia. También fueron elegidos por votación popular como congresistas o gobernadores departamentales y uno de ellos participó en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. A pesar de los cuestionamientos de Uribe sobre el M-19, algunos hacen parte del Gobierno, como Rosenmberg Pabón, quien en su época de guerrillero dirigió la toma a la embajada de la República Dominicana en 1980.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre la responsabilidad de esta organización a la luz del derecho internacional humanitario y la participación de capos del narcotráfico en la financiación de esta operación militar.

Los desparecidos

  1. Desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia de ColombiaCarlos Augusto Rodríguez Vera: Administrador de la Cafetería
  2. Bernardo Beltrán Hernández: Mesero de la Cafetería
  3. Gloria Anzola de Lanao: Visitante ocasional del Palacio de Justicia
  4. Cristina del Pilar Guarín Cortés: Cajera de la Cafetería
  5. David Suspes Celis: Chef de la Cafetería
  6. Gloria Stella Lisarazo Figueroa: Autoservicio Cafetería
  7. Lucy Amparo Oviedo de Arias: Visitante ocasional del Palacio de Justicia
  8. Luz Mary Portela León: Reemplazaba a su madre en el platero en la Cafetería
  9. Norma Constanza Esguerra: Proveedora de Pastelería
  10. Héctor Jaime Beltrán Fuentes: Mesero de la Cafetería
  11. Irma Franco Pineda: Guerrillera M-19

El Informe Final de la Comisión de la Verdad publicado en diciembre de 2009 menciona además a Ana Rosa Castiblanco, auxiliar de cocina, quien estuvo desaparecida por 16 años, hasta que sus restos fueron entregados a su hijo, Raúl Oswaldo Lozano Castiblanco, el 2 de noviembre de 2001.

Fotografías de Andrés Monroy Gómez

Enlaces de interés:

Video de declaraciones del Coronel Alfonso Plazas durante la toma al Palacio de Justicia – Noviembre de 1985
Reportaje periodístico sobre la tortura y asesinato de la guerrillera Irma Franco, por parte de miembros del ejército
Video de agresiones del Coronel Alfonso Plazas a familiares de desaparecidos en mayo de 2009
Video del momento en que los familiares de los desaparecidos conocen la condena contra el coronel Plazas
Informe final de la Comisión de la Verdad – diciembre de 2009
Carta del hijo de Eduardo Umaña, abogado defensor de los familiares de los desparecidos del Palacio de Justicia, asesinado en 1998

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho Ciudadano a la Información’

Artículo original en Bottup: ¿Donde están los desaparecidos del Palacio de Justicia?


REPORTAJE / El 25 y 26 de mayo se desarrolló en Madrid el II Asia Geek, donde se analizaron la vida digital y tendencias urbanas de varios países asiáticos. China, con la mayor y más dinámica comunidad de internautas, ha desarrollado un Internet con una enorme influencia en los medios tradicionales y el Gobierno

Periodista ciudadano autor: Daniel Méndez Editado por: Redacción Bottup


Las imágenes que desataron el caso Xilige

Las imágenes que desataron el caso Xilige

Beijing (China). El caso Xilige es buen ejemplo para comprender la dimensión y el poder que ha alcanzado Internet en China. En febrero de este año, un internauta colgó en un fórum dos imágenes de una persona sin hogar en Ningbo, en el sur del país. En menos de 24 horas su entrada recibió más de 700.000 visitas y 4.000 comentarios, todos ellos fascinados por el atractivo de este vagabundo y su estilo a la hora de vestir. Le apodaron Xilige (mirada profunda) y sus fotos corrieron como la pólvora por miles de blogs y páginas webs, donde fue calificado como ‘el mendigo más guapo de China’. A los pocos días, su popularidad traspasó las fronteras de la Red y llegó a los medios de comunicación de forma espectacular: las televisiones de todo el país, e incluso la prensa extranjera, se peleaban día tras día para sacar la exclusiva sobre su paradero y su familia. De un fórum de Internet a estrella mediática.

No son solo muchos, sino además, muy participativos: son los mayores usuarios de blogs y redes sociales

Esta es una historia que se repite con frecuencia en la web en China, un lugar mucho más vibrante y dinámico de lo que suelen presentar los medios de comunicación. Además de su enorme poder para influir en los medios tradicionales, el caso Xilige demuestra que los fórums o BBS han capitalizado el debate en la web, que la mayoría de jóvenes sólo se informan a través de Internet y que los chinos son de los usuarios más participativos de todo el planeta.

China tiene no sólo la mayor comunidad de internautas del mundo, más de 400 millones, sino que además los usuarios chinos son los que más utilizan los blogs y redes sociales. La empresa TNS, especializada en nuevas tecnologías, publicó en diciembre de 2008 un informe en el que afirmaba que los internautas chinos eran los que pasaban más tiempo en Internet y compraban más cosas on-line. En este estudio, en el que se analizaban otros quince países, los chinos menores de 25 años empleaban un 50% de su tiempo libre en Internet y eran los que más importancia le daban a la Web en su vida diaria. No son sólo muchos, sino que además son muy participativos.

Los datos de China son del año 2010, los del resto de países de 2009. [Fuente: Wikipedia / Internet World Stats]

Los datos de China son del año 2010, los del resto de países de 2009. (Fuente: Wikipedia / Internet World Stats)

“Los blogs son el arma más poderosa que uno tiene en la vida. Son una forma de sociedad civil abierta que tenemos antes de que llegue la verdadera democracia”

Además de su enorme tamaño y su vibrante participación, el Internet chino tiene la particularidad de que los medios de comunicación tradicionales no han conseguido controlar el flujo de información. Las páginas más visitadas para leer noticias en China (Sina, Sohu, Netease...) solamente existen en Internet y no tienen ni cadenas de televisión ni medios impresos. Estos portales, en los que se recogen las noticias más interesantes publicadas por los medios y que cuentan con muchísimos otros servicios (email, twitter, fórums, blogs, etc.), han marginalizado a los medios tradicionales, que de momento han perdido la batalla en la web. Esto ayuda a potenciar un acceso más variado y abierto a la información. Es como si nadie hiciera caso al diario El País o El Mundo en la web española.

Censura versus bloggers

Las páginas más visitadas para leer noticias en China solamente existen en Internet. Es como si nadie hiciera caso al diario El País o El Mundo en la web española

Aunque la mayoría de jóvenes chinos (que son los principales usuarios intensivos de Internet) no están demasiado interesados por la política, Internet ha cambiado por completo la forma en la que el poder se relaciona con sus ciudadanos. Para empezar, el Gobierno se ha lanzado a la batalla por controlar y guiar a la opinión pública, censurando páginas, borrando directamente los contenidos que no son de su agrado, presionando a bloggers o multando a aquellas empresas que no siguen sus directrices. Como consecuencia de esto, páginas como Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, sitios sobre la masacre de Tiananmen, el Dalai Lama o el Falun Gong están bloqueados. En esta criba también han caído algunas de las webs más populares en Occidente, como Facebook, Twitter o Youtube.

A pesar de esto, Internet se ha convertido en un arma muy poderosa para presionar al Gobierno, generar debates y destapar noticias. La censura funciona relativamente bien para algunas cosas, pero es inútil cuando el interés de los internautas es demasiado grande. Como decía ya a finales de 2008 Roland Soong, autor de uno de los blogs más famosos en inglés sobre China: “Internet se ha vuelto tan grande que está fuera de todo control. ¿Cómo controlas 11 millones de páginas webs chinas? Los clásicos 30.000 policías de Internet son inútiles contra estos números”.

Un ejemplo de los muchos que suceden todas las semanas lo protagonizó hace un par de meses Han Han, probablemente el bloguero más leído del mundo y un joven que se ha convertido en el emblema de toda una generación. Tras la mudanza de Google a Hong-Kong, Han Han publicó un post en el que criticaba al mismo tiempo a los internautas chinos, a Google y al Gobierno. Su artículo fue eliminado a los pocos minutos, pero ya era demasiado tarde. A través de las RSS y de la cantidad de blogs que lo reprodujeron, sus ideas consiguieron circular por Internet sin demasiados problemas, reproducidas en decenas de páginas webs. El Gobierno puede hacer desaparecer un artículo de un blog, pero no puede acabar con el efecto multiplicador de la enorme comunidad de internautas.

Foto de Ai Wei publicada en su blog el 4 de junio de 2009, vigésimo aniversario de la matanza de Tiananmen

Foto de Ai Wei publicada en su blog el 4 de junio de 2009, vigésimo aniversario de la matanza de Tiananmen

Aunque la importancia de Internet en todo el mundo tiene unas características comunes, en China la dimensión de blogs y redes sociales es sencillamente otra cosa. Ai Weiwei, probablemente el artista y disidente más conocido del momento, se ha lanzado a exponer sus ideas y criticar al Gobierno a través de su blog. “Los blogs son el arma más poderosa que uno tiene en la vida. Son una forma de sociedad civil abierta que tenemos antes de que llegue la verdadera democracia”, ha declarado Ai Weiwei, que se hizo especialmente molesto para el Gobierno con su investigación sobre las escuelas derruidas tras el terremoto de Sichuan en 2008.

En la misma línea se mueve Kato Yoshikazu, un japonés especializado en nuevas tecnologías e Internet. “Los blogs son algo con características chinas. Es razonable decir que los blogs han cambiado este país. Hablo desde la perspectiva de un japonés que ha estado en Australia y en Estados Unidos, y en ningún lugar se parece a lo que está pasando aquí”, declaró en un encuentro entre bloggers organizado por la empresa Sohu.

La mudanza de Google a Hong-Kong

¿Ha cambiado algo de todo esto con la salida de Google del país? Casi nada. El cierre del buscador chino ha significado la pérdida de una de las empresas más exitosas del mundo, lo cual no es poco, pero a efectos prácticos los internautas de hoy tienen las misma posibilidades de acceso a la información que tenían antes. Google ya no censura los resultados de sus búsquedas, pero el trabajo lo hace ahora el Gobierno, que imposibilita abrir las páginas del buscador de Hong-Kong, como en todos los demás.

Censura: el Gobierno puede hacer desaparecer un artículo de un blog, pero no puede acabar con el efecto multiplicador de la enorme comunidad de internautas

La salida de la empresa estadounidense sí que ha puesto otros temas sobre la mesa, como por ejemplo los intereses económicos detrás de muchas de las páginas extranjeras censuradas por Pekín. El ataque de hackers desde China a las cuentas de Google fue tan sólo la gota que colmó el vaso. Antes de eso, otros servicios de la empresa estadounidense como Blogspot, Youtube o Picassa ya habían sido bloqueados.

Google se cansó de no poder desarrollar su negocio; mientras tanto, el buscador chino Baidu, líder con un 65% del mercado de búsquedas, se frotaba las manos. Lo mismo ha pasado con la censura de Facebook o Twitter, que han permitido el desarrollo de aplicaciones nacionales muy parecidas como Renren o el Twitter de Sina. Parece como si China quisiera invitar a las empresas extranjeras de Internet durante cierto tiempo, pero siempre asegurándose de que las páginas chinas (más fáciles de controlar y con mayores beneficios económicos para el país) sean las predominantes. Muchos piensan que la censura se ha convertido además en una medida económica proteccionista.

A pesar de que Internet es, sin duda, el medio por excelencia para el debate político y social, tampoco conviene sobrevalorar la influencia en el gran público. La mayoría de internautas, como en muchas partes del globo, se dedica sobre todo a participar en fórums, descargar películas y jugar on-line. La realidad mayoritaria de Internet se parece mucho más al caso Xilige que al artista Ai Weiwei.

La explosión de los vídeojuegos on-line

Es precisamente en el desarrollo de juegos para ordenador, casi siempre conectados a la Red, donde China promete aportar mucho a nivel mundial. Basta con entrar en cualquier cibercafé del país, plagados de adictos a los videojuegos, para comprender la dimensión que estos juegos han alcanzado en China.

La enorme interacción de los usuarios es precisamente una de las características de los juegos desarrollados en este país, donde se pueden intercambiar puntos, establecer relaciones entre los diferentes participantes y donde los juegos están conectados a otro tipo de servicios, como por ejemplo Tencent QQ, el servicio de mensajería instantánea más popular en China. Andy Tian, antiguo trabajador de Google y ahora mismo con su propia empresa en el sector de los videojuegos, lo tiene claro: “Muchos chinos se van a Occidente para aprender cómo se hacen algunas cosas, pero para otros sectores, como el de los videojuegos, somos los occidentales los que tenemos que venir a China”.

El rol de Internet en China está siendo tan importante por varios motivos, entre ellos el descrédito histórico de los medios tradicionales chinos, la pasión asiática por las nuevas tecnologías y una sociedad que mira hacia el futuro sin contemplaciones. Todos estos factores han creado una comunidad enorme de internautas, incontrolable, participativa, creativa y que no deja de crecer día tras día. Una comunidad con un gran poder para influir en los medios tradicionales, las tendencias sociales y el Gobierno.

Fotografías: imagen 1, imagen 2 e imagen 3

Daniel Méndez es el responsable de Zai China, Noticias ‘de verdad’ desde China

El artículo original en Bottup: Internet en China: 400 millones de comentaristas


Las calles de Bogotá vivieron un convulsionado primero de mayo, con 179 detenidos y once heridos resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y policía

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Uno de los manifestantes que se enfrentó a la policía

Uno de los manifestantes que se enfrentó a la policía

Simón Bolívar, prócer de la independencia colombiana, se muestra en su emblemática plaza en el centro de Bogotá cubierto por una pañoleta. ¿Se identifica con la causa de los manifestantes?, o quizás ¿se protege de los gases lacrimógenos?

El Equipo Nizkor informó sobre 179 detenidos y 11 lesionados en Bogotá[1]. Los enfrentamientos cobraron dimensiones particulares, a pesar del reporte oficial sobre una jornada que transcurrió en tranquilidad. Personalmente vi a un estudiante, un policía y un fotógrafo español heridos y la detención de aproximadamente 15 manifestantes.

Pero, más allá del frío y estadístico reporte que sobre las marchas hicieron los grandes medios de comunicación, existen muchos intereses que salen a flote durante el primero de mayo bogotano.

La inconformidad

Sindicalistas y simpatizantes de los partidos políticos se hicieron presentes en las céntricas calles bogotanas para manifestarse contra la política laboral del Gobierno. Luego de tres horas de iniciada la concentración, fueron desplazados por piedras, gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento. Mientras me cruzaba con ellos en su carrera por buscar refugio, muchos me manifestaban su inconformidad por la actitud de los ‘encapuchados’.

La estatua de Simón Bolívar apareció cubierta con una pañoleta

La estatua de Simón Bolívar apareció cubierta con una pañoleta

Al final de las protestas, con los ojos muy irritados como consecuencia de los gases y resguardados de los patrullajes de control policial, conversé con Jairo*, uno de los ‘encapuchados’, que a sus 19 años hace parte de un colectivo juvenil que difunde la idea de cambiar radicalmente la estructura del Estado colombiano.

Cuando le pregunté por qué se enfrentaban de esa manera con la policía, su respuesta fue contundente: “No existe otra forma de hacerse escuchar. El Gobierno nunca escucha seriamente a los que no compartimos sus tesis y para qué hablar de otra forma, si los que lo hacen son perseguidos y amenazados”.

Al reflexionar sobre la edad de Jairo, me di cuenta que mientras despertó en él la inquietud por la realidad política del país, sólo conoció una forma de gobernar, marcada por la burla a la legalidad, la creciente irrupción de las vías de hecho para tratar de imponer medidas arbitrarias y, peor aún, el desprecio por los derechos humanos. En palabras de Jairo, “todos los políticos son iguales, corruptos que nunca piensan en el pueblo, y quien sabe cuántos muertos habrá en la conciencia de ellos”. Recuerdo que el primero de mayo de 2007 una periodista me explicaba que la violencia de las protestas era consecuencia del mundo que veían estos jóvenes. “Ellos son hijos y nietos de la violencia“, me dijo mientras veíamos las noticias.

Jairo tiene una novia, que estudia actualmente en una universidad privada, mientras él debe trabajar para ayudar al sostenimiento económico de su familia. “La formación política me la han dado los compañeros, porque viendo a María* me he dado cuenta que la educación está dirigida a formar más borregos para el rebaño“. Agregó Jairo que “no hay nada nuevo en los que quieren ser presidentes“. ¿Y María? “No me acompañó hoy“.

La incredulidad y desesperanza de Jairo es total frente al aparato estatal. Ni él ni sus compañeros creen en los partidos políticos y sienten una profunda desconfianza frente a la prensa. “Póngale cuidado que en los noticieros sólo van a hablar de vidrios rotos, pero nadie hablará de Nicolás, ni mucho menos por qué los trabajadores salen a protestar“.

El recuerdo de una muerte

El padre de un menor muerto tras ser golpeado por la policía, trata de convencer a los manifestantes para que no agredan a la policía

El padre de un menor muerto tras ser golpeado por la policía, trata de convencer a los manifestantes para que no agredan a la policía

Durante los últimos años la conmemoración del Día Internacional del Trabajo ha concluido con fuertes enfrentamientos entre jóvenes y el escuadrón antidisturbios de la policía (Esmad). Al descontento por las precarias condiciones laborales de los trabajadores, se suma la conmemoración de la muerte de Nicolás David Neira, un niño de 15 años, quien luego de ser golpeado por el Esmad durante las marchas, murió en una clínica el 6 de mayo de 2005[2].

Yuri, el padre de Nicolás, ha liderado una campaña de denuncia contra los abusos de la policía en la represión de las manifestaciones, mientras que busca el castigo por el asesinato de su hijo, aún en la impunidad. A pesar de la protección de diferentes organizaciones humanitarias, Yuri ha sido víctima de hostigamientos y amenazas [3].

Luchando con (o contra) el profundo dolor que lo acompaña desde 2005, durante las protestas de este primero de mayo, Yuri se ubicó al frente de algunos policías que estaban siendo apedreados por los manifestantes, mientras los llamaba a la calma. “Así no, muchachos” les gritaba, aún corriendo el riesgo de ser golpeado él mismo. Uno de los jóvenes que lanzaba piedras contra los policías le gritó “Yuri, ellos mataron a tu hijo“, a lo que contestó: “Precisamente no podemos ser iguales a ellos, avancemos“.

Intereses electorales

El próximo 30 de mayo los colombianos elegirán a su próximo presidente de la República. Esta campaña ha estado polarizada por cuenta de la campaña de desprestigio adelantada por los seguidores del oficialismo contra los opositores. Sin embargo, un amplio sector de los manifestantes hizo eco de su incredulidad frente al debate electoral.

Algunos de los manifestantes mostraron su incredulidad hacia el debate electoral

Algunos de los manifestantes mostraron su incredulidad hacia el debate electoral

De hecho, los disturbios dieron al traste con la intervención pública de Gustavo Petro, candidato del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, y de Rafael Pardo, del partido Liberal.

Mientras Petro comenzaba su discurso ante las centrales obreras, llegaron los jóvenes a la Plaza de Bolívar trasladando su batalla contra la policía, mientras le recriminaban al candidato ser un ‘politiquero más’.

La policía arremetió decididamente contra los manifestantes ahora acorralados, y de paso, disolvió la concentración de sindicalistas y políticos de oposición, en un procedimiento públicamente criticado por el candidato izquierdista Gustavo Petro[4]. Muchas versiones circulan en Bogotá sobre las intenciones de encapuchados y policías al llegar al lugar donde los candidatos darían sus discursos, que van desde el sabotaje hasta el exceso de la fuerza.

La muerte de Nicolás hace 5 años, los heridos de esta ocasión, los detenidos (muchos de ellos menores de edad) y las desacertadas condiciones laborales de los trabajadores colombianos tuvieron que ceder ante las declaraciones de

Un joven increpa a la policía

Un joven increpa a la policía

políticos y los datos de establecimientos de comercio afectados. Si bien todo hace parte de la descripción de un muy convulsionado primero de mayo, al parecer a Jairo, a los cerca de 500 jairos que expresaron su rabia aún no los escuchan.

En un país inmerso en un profundo conflicto armado durante los últimos 60 años es necesario consolidar canales eficaces de participación de los ciudadanos, porque hemos comprobado que la violencia genera violencia. Ojalá llegue el tiempo de una verdadera concertación nacional, donde se recupere la legitimidad del Estado y se cumpla ese fantástico postulado de la prevalencia del interés general sobre el particular. Ojalá llegue el tiempo de la reconciliación, pero sin olvidar los errores del pasado, para que no permitamos que vuelvan a suceder.

Vea todas las fotos en http://imagen-palabra-amg.blogspot.com/2010/05/primero-de-mayo-de-la-inconformidad-la.html

Fotografías de Andrés Monroy Gómez

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
‘Derecho ciudadano a la información’

[1] Detenciones en la manifestación del 1 de mayo en Bogotá y Cali. En http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/detenciones.html
[2] Policía asesina a menor de edad en Bogotá. En http://www.prensarural.org/casonico20050507.htm
[3] Hostigamientos contra Yuri Neira. En http://www.colectivodeabogados.org/Hostigamientos-contra-Yuri-Neira
[4] http://www.noticiasuno.com/notas/imagen-del-da-mayo-0112.html

El artículo original en Bottup: Primero de mayo: de la inconformidad a la furia


La incomodidad frente a la información crítica se constituye en un común denominador de los gobiernos de Uribe y Chávez, como muestran los informes sobre DDHH

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Los informes sobre derechos

El control de la información por y para el Estado

Manifestación por la Libertad de Expresión

humanos hacen visible el preocupante panorama de la libertad de expresión en Colombia y Venezuela. Los periodistas que se apartan de los parámetros políticos de sus respectivos gobiernos son sometidos a múltiples presiones. Así, la incomodidad frente a la información crítica se constituye en un común denominador de los gobiernos de Uribe y Chávez.

Son continuos los debates mediáticos sobre las diferencias ideológicas entre los presidentes Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Hugo Chávez Frías (Venezuela). Los titulares de prensa van desde las alianzas políticas y militares de cada uno de estos gobiernos hasta las más difusas consideraciones sobre la propiedad privada y el intervencionismo económico estatal (1).

El poder de los medios al servicio del poder presidencial

Los discursos creados en torno a los intereses políticos de Uribe o de Chávez han sido difundidos ampliamente a través de medios de comunicación públicos y privados. Sin embargo, tanto Uribe como Chávez oscilan permanentemente entre la utilización y la negación del poder mediático (2), lo que a pesar de sus profundas diferencias ideológicas, crea un espectro de analogías en cuanto a sus reacciones, bajo distintas justificaciones.

Tanto Uribe como Chávez oscilan permanentemente entre la utilización y la negación del poder mediático

En Colombia, la transmisión de los ‘Consejos Comunitarios’ por el canal de televisión institucional e Internet (3), las casi diarias entrevistas concedidas por el presidente a emisoras de lugares remotos del país, conjugadas con el aparato propagandístico desplegado en las grandes empresas mediáticas, evidencian la utilización de la influencia de los medios de comunicación para favorecer los intereses gubernamentales. Este privilegio en la agenda mediática puede acarrear la falta de objetividad periodística. Debe considerarse en torno a esta última afirmación el papel de la asignación de publicidad oficial, catalogada como una de las formas en que la administración pública controla los contenidos de la información, y cuya regulación no es una discusión pacífica entre las principales organizaciones de libertad de prensa del país.

Entonces, en Colombia se concreta la alianza de poderes económicos para sostener al poder político con la ayuda de la información-propaganda. Sumado a lo anterior, la presión económica de los propietarios de los medios de comunicación sobre los periodistas, condiciona en muchas ocasiones la información que recibirán los ciudadanos.

En cuanto a Venezuela, Hugo Chávez consolidó el programa ‘Aló Presidente’, que algunos han comparado con los consejos comunales del presidente colombiano, como la punta de lanza de su estrategia mediática. A éste se suman el programa radial ‘De repente con Chávez’ y ‘Las líneas de Chávez’, artículos publicados en “la prensa escrita oficialista para abordar cualquier tema nacional o internacional, en una aparente emulación del líder cubano Fidel Castro” (4).

La anterior descripción es parte de la estrategia mediática de los presidentes Uribe y Chávez para influir en la información y los medios de comunicación.

El control de la información por y para el Estado

Una manifestante protesta por la falta de libertad de prensa en Colombia

Cuando las críticas no son bienvenidas

La descalificación de personas u organizaciones por su postura crítica sobre las actuaciones gubernamentales es el combustible de la polarización social mediada por la intolerancia. Las diferencias ideológicas entre Uribe y Chávez parecen diluirse en el caudillaje que busca imponerse a través de los medios de comunicación, conjugado con su hostilidad frente a las voces que critican los posibles desaciertos de sus gestiones.

Por ejemplo, la reacción frente a informes de organizaciones no gubernamentales como ‘Human Rights Watch’ y ‘Amnistía Internacional’, dejar ver a dos mandatarios con argumentos similares de apreciación de los documentos como sesgados y malintencionados (5).

Pero de la conveniencia política o del lenguaje diplomático, podría esperarse una reacción diferente frente a informes estatales o de organismos internacionales, posibilidad negada en el caso de Colombia y Venezuela.

En este sentido, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos durante 2009 en Colombia señaló la continuidad de los abusos contra los derechos humanos, entre ellos la vigilancia ilícita de grupos civiles, oponentes políticos y agencias gubernamentales; hostigamiento e intimidación de periodistas. La existencia de publicaciones independientes y críticas tuvo que sobreponerse a los “casos ocasionales de hostigamiento, intimidación o violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos”. Uribe calificó este informe como sesgado y de oportunismo electoral, mientras su vicepresidente, Francisco Santos dijo que el informe contenía “elementos de hipocresía”, calificativos que sorprenden teniendo en cuenta que Colombia se considera el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica (6).

La versión venezolana del rechazo a los informes sobre la situación de los derechos humanos apuntó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento titulado ‘Democracia y derechos humanos en Venezuela’ fue publicado en diciembre de 2009. En esta oportunidad la CIDH señaló que “ciertos discursos del Presidente Hugo Chávez Frías en contra de los medios de comunicación podían ser interpretados por sus seguidores como una exhortación a las agresiones hacia ellos (…) durante 2008 y 2009 altas autoridades del Estado han descalificado la labor periodística y el rol de algunos medios de comunicación independientes del Gobierno, acusándolos de practicar ‘terrorismo mediático’ y de fomentar un ‘discurso de odio’ que afecta la ‘salud mental’ de la población venezolana”. Chávez afirmó que este informe “acusa falsamente a Venezuela, forma parte de un plan de ataque contra el país y de sabotaje contra la naciente Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC)”. Al calificar de ‘basura’ el informe de la ‘nefasta’ Comisión, indicó que Venezuela debería abandonar el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. Un miembro del partido oficialista señaló que “La CIDH elaboró un vulgar panfleto (…). Es un instrumento de propaganda política, carente de toda seriedad, contra la Revolución y el presidente, Hugo Chávez. Lo que hace es recolectar información de medios de la oposición y enemigos del Gobierno”.

Las diferencias ideológicas entre Uribe y Chávez parecen diluirse en el caudillaje que busca imponerse a través de los medios de comunicación, conjugado con su hostilidad frente a las voces criticas

Expresiones incómodas para el poder

Existen varios casos de periodistas que, en el desarrollo de su actividad sin sujeción a los parámetros políticamente aceptados desde el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño, son sujetos de descalificaciones o persecuciones.

Colombia: periodistas en el lugar ‘equivocado’

Según el Gobierno colombiano, la disminución de homicidios demuestra la garantía a la libertad de prensa. Sin embargo, las denuncias por el complejo panorama del ejercicio periodístico no disminuyen. En el informe anual – 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) manifestó su preocupación por el hecho de que “algunos funcionarios públicos, civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla”.

En la respuesta del Estado colombiano a este informe, se afirma que “no existe en Colombia restricción de ninguna naturaleza a la presencia, movilidad o actividad de organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil -nacionales o internacionales- o periodistas, a pesar de la situación de orden público que aún afecta algunas regiones”.

Sin embargo, esta respuesta no coincide con los sucesos del pasado 30 de marzo. Durante la liberación del suboficial del ejército Pablo Emilio Moncayo, quien se encontraba en poder de las Farc, el canal Telesur transmitió unas imágenes de este suceso. De manera inmediata el Gobierno nacional emitió un comunicado rechazando “que un medio de comunicación como Telesur se preste para hacerle propaganda a un grupo terrorista y secuestrador como las Farc.

El control de la información por y para el Estado

Las sociedades colombiana y venezolana reclaman más libertad de expresión

Este medio de comunicación debe explicarle al país por qué estaba en un punto del territorio colombiano en compañía de guerrilleros de las Farc”. Telesur respondió a esta acusación, alegando que no estaban en el lugar de la liberación y que el video había sido enviado a varios medios de comunicación (7).

Pero, en las liberaciones de secuestrados que no han sido iniciativa del Gobierno, hay más casos de incidentes con la prensa. En febrero de 2009 el periodista Hollman Morris fue detenido por el ejército luego de haber informado para un medio internacional sobre la liberación de cuatro uniformados retenidos por las Farc (8). Ante el pronunciamiento de la ONU y la OEA sobre las acusaciones contra Morris, el presidente Uribe respondió que debía investigarse al periodista y solicitó revisar las medidas de protección del comunicador (9). Este hecho hizo que una periodista se formulara las siguientes preguntas, claramente aplicables a la actual acusación del Gobierno contra Telesur: “¿Desde cuándo hay delito de información en Colombia? ¿Cuándo se aprobaron y definieron las zonas del territorio nacional vedadas para los periodistas? ¿En cuál artículo del Código Penal está descrito el tipo delictivo de ‘entrevistar a guerrilleros’? ¿Por qué nunca se denunció a los que hablaron con Carlos Castaño o Salvatore Mancuso?”.

Venezuela: la necesidad de diferenciar entre opinar y delinquir

Hugo Chávez comenzó su Gobierno respaldado por la mayoría de los medios de comunicación. Pero desde 1999 comenzaron las críticas a los desaciertos del presidente y con ello, también iniciaron las confrontaciones de éste con la prensa venezolana. Para contrarrestar las críticas contra su Gobierno, Chávez promociona su propia verdad a través de medios alternativos locales y comunitarios (10).

Uno de los hechos más recientes de persecución a la disidencia política, fue el arresto el pasado 25 de marzo del empresario Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión. En días anteriores la Asamblea Nacional había rechazado unas declaraciones de Zuloaga ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Aruba (Antillas Holandesas), y pidió a la justicia una investigación por la responsabilidad penal que cabría en este caso. La CIDH expresó su preocupación por “la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela”.

¿Desde cuando hay delito de información en Colombia? ¿En qué artículo del Código Penal está descrito el tipo delictivo ‘entrevistar a guerrilleros’?

En otro caso, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó la sentencia de dos años y medio de cárcel contra el periodista Gustavo Azócar, quien fue acusado de incumplir normas administrativas, “pero muchos en Venezuela consideran esa condena como un nuevo intento de silenciar a otra voz crítica del Presidente Hugo Chávez”.

Según Amnistía Internacional “se están formulando cargos por motivos políticos contra quienes critican al Gobierno con el fin de silenciar el disentimiento e impedir que otras personas expresen sus opiniones (…) El presidente Chávez debe dejar de perseguir a quienes tienen opiniones diferentes o se pronuncian públicamente en contra de su Gobierno”.

A modo de conclusión

La información siempre es usada como una herramienta de los gobiernos para la viabilidad de sus administraciones. Este no es un fenómeno nuevo. Todos los regímenes han usado los aparatos de propaganda para convencer, desprestigiar, manipular y eventualmente informar.

En la mayoría de países latinoamericanos la precariedad de los órganos estatales de defensa de los derechos humanos, hace que las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión deban canalizarse a través de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

Finalmente, surgen las siguientes preguntas:

¿Está desvirtuada totalmente la perspectiva de contar con medios de comunicación objetivos, dada su innegable dependencia del poder político o de poderes económicos? ¿Es inevitable el desarrollo de nuevas fuentes de información para los ciudadanos?

¿Qué hace falta para que la información sea herramienta de control ciudadano al poder político?

¿Las empresas mediáticas deberían advertir visiblemente a sus consumidores sobre la tendencia política que orienta sus productos informativos?

¿Qué pueden hacer los periodistas para hacer prevalecer sus convicciones éticas y profesionales sobre las exigencias de las empresas mediáticas?

Notas

1. Un buen ejemplo de las comparaciones entre Uribe y Chávez en: “¿Son Chávez y Uribe tan diferentes?

2. Como referencia puede consultarse “Propuesta de metodología para duelos mediáticos en periodismo político. Aplicación al tratamiento informativo de El País a la crisis entre Uribe y Chávez por los rehenes de las FARC (2007-2008)“.

3. Consejos Comunitarios: lo que cuesta comunicarse con los ciudadanos.

Análisis del discurso político de Álvaro Uribe Vélez en los Consejos Comunitarios del periodo 2002-2006, desde un marco neopupulista.

4. “Venezuela: Chávez acrecienta su presencia mediática”.

5. “Chávez no tolera críticas“.

Uribe continúa su arremetida contra Amnistía Internacional y Human Rights Watch“.

Uribe acusa a Vivanco (HRW) de ser ‘cómplice’ de las FARC“.

6. “Declaración del Presidente Uribe acerca del reciente informe del Departamento de Estado de E.U. sobre DD.HH“.

Vicepresidente Santos califica de hipócrita informe de EEUU“.

7. “Canal colombiano confirmó que también recibió vídeo difundido por Telesur“.

8. “Ceso-FIP rechaza detención de periodista por parte del Ejército Nacional en Caquetá, Colombia“.

9. “Uribe insiste en que Fiscalía debe investigar a Morris“.

10. “Hugo Chávez: un fanático de lo mediático“.

Libertad de expresión en Venezuela: guerra de información“.

Fotografías de Andrés Monroy Gómez

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
Derecho ciudadano a la información‘.

La noticia original en Bottup: Colombia – Venezuela: el control de la información por y para el Estado