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Los Estados miembro de la OEA aprobaron unas recomendaciones que debilitarían el funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Es quizás la evidencia del temor de algunos gobiernos frente a la expresión libre de ciudadanos inconformes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez*
@AndresMonroyG


En 2003, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocían en un documento que “la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática…”.1

Sin embargo ocho años después, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se aprobó un documento que evidencia un cambio de postura frente a la libertad de expresión. El 25 de enero, por unanimidad fue aceptado el ‘Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)’. 2

“¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?”

¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?

Este informe, que será trasladado a los cancilleres de los países integrantes de la OEA, contiene unas recomendaciones que, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil, buscan limitar los mecanismos de protección consagrados en el Sistema y aspectos de la elaboración de los informes anuales de la CIDH.

Uno de los aspectos más preocupantes es la idea de restringir las labores y financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la Relatoría) 3. Uno de los límites propuestos, es que la Relatoría no publique por separado su informe anual, además de abstenerse de buscar financiación de manera independiente, ajustándose a los mismos recursos que las otras relatorías y finalmente, la implementación de un “código de conducta previamente definido por los países miembros”.

La propuesta de recomendaciones fue hecha por el gobierno ecuatoriano y respaldado principalmente por el venezolano, países seriamente cuestionados por sus posturas frente a la libertad de expresión y objeto de contundentes comunicados de parte de la Relatoría. Los mandatarios de ambos países han manifestado en anteriores ocasiones su animadversión frente al papel de la CIDH. Algunos críticos han afirmado que esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano en un aparente esfuerzo para “fortalecerlo”, es una contradicción de parte de gobiernos que han impulsado la creación de otros órganos regionales al margen de la OEA (como Unasur), acusándola de obedecer directrices impartidas desde Washington.

Ante estas críticas, debe advertirse que las actividades desarrolladas por la Relatoría desvirtúan los argumentos que, desde diferentes posturas ideológicas, pretenden sembrar un manto de duda sobre su papel de defensa del derecho a expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Relatoría se pronunció entre 20102011 en cinco oportunidades, en todos los casos

Las críticas al nuevo informe se centran en la idea de la restricción de las labores y la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

por el uso de mecanismos judiciales para presionar a periodistas. Por otra parte, en el caso de Colombia, en 2011 se pronunció una vez, condenando el asesinato de un periodista, y en 2010 se pronunció en cuatro oportunidades, especialmente por agresiones contra periodistas. Además, la Relatoría articula su labor con los relatores de otros organismos internacionales, para abordar temas de importancia mundial, lo que puede observarse en las Declaraciones Conjuntas, la última de ellas promoviendo la libertad de expresión en Internet.

Adicionalmente, en los informes anuales se incluye un capítulo especial sobre el estado de la libertad de expresión en la región, analizando cada uno de los países miembros de la OEA, haciendo públicas las actividades propias del mandato de la Relatoría.

Más que una iniciativa, que según los embajadores ante la OEA es para “fortalecer el Sistema Interamericano”, puede ser una muestra del temor frente a pueblos inconformes que se expresan libremente.

En el informe aprobado, se propone el fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Sin embargo, la restricción a la posibilidad de buscar financiación independiente puede resultar en una nivelación por lo bajo en lugar de un mejoramiento de las condiciones financieras de todas las relatorías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) rechazaron esta iniciativa, señalando que “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos envió una carta a la OEA, expresando su preocupación al considerar que “estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”.

“Estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”

En el plano colombiano, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) expresó su “total desacuerdo y rechazo a cualquier iniciativa que pretenda debilitar o neutralizar la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), concretamente de sus instrumentos de defensa de la libertad de expresión en las Américas”. Luego de hacer un llamado a los Estados parte de la OEA, y especialmente al gobierno colombiano a oponerse a este tipo de iniciativas, Fecolper recordó que la Relatoría “es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta América Latina para la defensa de la libertad de expresión, que antes que ser debilitada debe ser fortalecida y blindada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que pese a ser la más reciente de las relatorías creadas por la CIDH, ha cumplido un papel vigoroso en el cumplimiento de su misión, incluso ha gestionado por fuera de la OEA los recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en la última puerta que tocan los periodistas del continente que ven amenazada su libertad informativa, así como en la última talanquera para gobiernos autoritarios que quieren imponer una mordaza a la prensa independiente en sus respectivos países”.

A pesar de este llamado del gremio periodístico, la postura del embajador colombiano fue decepcionante. Así lo hicieron ver diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes en un comunicado conjunto afirmaron que “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones ‘son positivas’ y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.

Esta decepción es más fuerte para quienes veían en el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un aliado de los medios de comunicación, por ser miembro de una familia tradicionalmente vinculada a uno de los principales periódicos del país. Quizás no debía esperarse mucho al analizar algunos antecedentes no tan lejanos, especialmente durante su gestión como ministro de defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, dado el nuevo lenguaje del Ejecutivo con la sociedad colombiana a partir del cambio

A pesar del apoyo manifestado expresamente por el Juan Manuel Santos a la libertad de expresión, la delegación colombiana apoyó las recomendaciones del informe

de gobierno, se construyeron muchas expectativas. En un discurso pronunciado en octubre del 2011, Santos señaló: “(…) es un compromiso esencial de nuestro gobierno –un compromiso que, como periodista, me sale del alma– garantizar y proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación y los periodistas que cumplen una labor esencial al fiscalizar y pedir cuentas a las instituciones estatales. He dicho que el periodismo independiente y crítico es el perro guardián de la sociedad; es como la ducha de agua fría de los gobernantes, que nos mantiene alerta y despiertos y nos impide dormirnos sobre los laureles”.

También, durante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santos afirmó: “He venido aquí a reafirmar como Presidente de Colombia mi compromiso con la libertad de prensa en el país y en la región. Reafirmar un compromiso que he mantenido durante toda mi vida pública y mi vida como periodista”.

Al igual que las palabras de la Declaración de Santiago con las que comienza este artículo, el Presidente Santos olvidó cumplir ese compromiso con la libertad de expresión en la región. Su embajador ante la OEA, heredado del anterior gobierno, participó en la votación que aprobó esas recomendaciones, mientras se proclamaba respetuoso de la libertad de expresión ante los medios de comunicación.

El temor compartido por periodistas y ciudadanos en general se sintetiza en que al debilitar la estructura y capacidad de acción de la Relatoría, está en juego la libertad de expresión en las Américas.

Debe considerarse que lo que está en riesgo no es solamente uno de los mecanismos más efectivos para la protección de periodistas. La Relatoría protege a cualquier ciudadano que vea amenazado su derecho a la libre expresión en sus diferentes manifestaciones. ¿Habrá temor a una ‘Primavera latinoamericana’?

Andrés Monroy Gómez
Coordinador del Proyecto Sociedad Informada
http://www.proyecto-si.blogspot.com/

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1. “Declaración de Santiago sobre Democracia y confianza ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” AG/DEC. 31 XXXIII-O/03, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la OEA, en Santiago de Chile, durante el 33 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (2003).

2. Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-1040/12

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos objetivos son la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.

Artículo original en Bottup: Alianza gubernamental contra la libertad de expresión: ¿temor a una ‘primavera latinoamericana’?


Mientras el 12 de octubre se conmemoró 519 años de la llegada de los europeos a suelo americano, el 14 del mismo mes se cumplió un año del asesinato del periodista indígena Rodolfo Maya Aricape
Además de la impunidad por este caso, siguen las agresiones a los indígenas del Cauca

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Rodolfo Maya Aricape

Rodolfo Maya Aricape

El 14 de octubre se cumple un año del asesinato de Rodolfo Maya Aricape, comunicador y líder indígena en el suroccidental departamento del Cauca (Colombia). Maya se desempeñaba como secretario del cabildo López Adentro. También estaba vinculado a Radio Payumat y a la Escuela del Tejido de Comunicaciones de la Acín.

A los 34 años de edad, Rodolfo fue asesinado por dos hombres que ingresaron a su casa disparándole delante de su esposa e hija de siete años. Maya era reconocido por impulsar movilizaciones de rechazo a la incursión de cualquier grupo armado (legal o ilegal) en los territorios indígenas. Según la alerta emitida en ese momento por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el asesinato de Rodolfo Maya ocurrió luego de 15 días de la aparición de un grafiti en Caloto, municipio donde vivía el periodista indígena, señalándolo de ser miembro de la guerrilla de las Farc.

El comunicador indígena fue asesinado en su casa delante de su esposa e hija de 7 años, días después de la aparición de un grafiti que lo vinculaba con las FARC

Actualmente el caso sigue en etapa de indagación en la Fiscalía del municipio de Caloto (Cauca) [1].

Según el Tejido de Comunicación de la ACIN Rodolfo Maya “ejerció una labor de comunicación diaria informando sobre los sucesos de su resguardo y también reflexionando con la comunidad sobre las diversas problemáticas que la aquejan. Esto lo hacía a través de videoforos y de otros espacios de encuentro, en los que se destacó siempre con una posición firme y clara rechazando a todos los actores armados. Precisamente esa claridad es a la que le temen los señores de la guerra. Rodolfo no le tenía miedo a la verdad, por eso quienes sí le tienen miedo decidieron apagar su voz, creyendo que así apagarían su palabra”.

Agrega el comunicado del Tejido de Comunicación de la Acin: “Este no es un hecho aislado. Hace parte de la estrategia de intimidación que se viene incrementando en nuestro territorio”.

El Programa Mujer Acin afirmó que “No estamos de acuerdo con las armas y no queremos que nos callen, no queremos que nuestros hijos empuñen un arma, por esto queremos seguir luchando y trabando con la comunidad, por una vida digna. Que los espíritus de la Madre naturaleza apliquen la justicia, porque
en este país, tal parece, nunca la vamos
a encontrar”.

Cartel del festival en memoria del comunicador indígena asesinado

Cartel del festival en memoria del comunicador indígena asesinado

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo énfasis en la gravedad de los efectos que sobre las poblaciones indígenas conlleva el asesinato de uno de sus comunicadores. Esta gravedad corresponde a “la situación de mayor vulnerabilidad en que suelen encontrarse los pueblos indígenas en contextos de conflicto armado”.

En memoria del asesinado comunicador indígena, a fines de julio de este año se organizó el Festival de Cine Rodolfo Maya, con el objetivo de compartir con las comunidades locales materiales para debatir y reflexionar sobre temas que afectan a los pueblos.

Un contexto necesario

El departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente colombiano, tiene una extensión de 29,308 km². Más de la mitad de los municipios del departamento están poblados por indígenas, distribuidos en 116 cabildos.

Hilber Humege, Consejero de Comunicaciones del la Organización Nacional Indígena – ONIC -, nos explicó que los grupos armados pretenden silenciar a los indígenas como respuesta a su postura de neutralidad en el conflicto. Actualmente hay muchas denuncias colectivas sobre la situación de peligro de líderes y comunicadores, pero la situación se complica cuando el Estado está involucrado en la puesta en riesgo de estos líderes.

Agregó que en los medios de comunicación privados no hay una visión clara del asunto indígena. “Al gobierno no le interesa que el mundo y Colombia conozca la realidad de la población indígena. Con el nuevo gobierno hay mesas de concertación, pero no es visible un resultado”.

Destacó siempre con una posición firme y clara rechazando a todos los actores armados. Precisamente esa claridad es a la que le temen los señores de la guerra. Rodolfo no le tenía miedo a la verdad, por eso quienes sí le tienen miedo decidieron apagar su voz, creyendo que así apagarían su palabra

Por otra parte, Gustavo Ulcué, integrante del Tejido de Comunicación Nasa, señaló que no hay mucho éxito en las solicitudes hechas ante el gobierno colombiano para la protección de periodistas indígenas. Aunque agregó que “también está el caso de los comunicadores indígenas que nos hemos negado a ese tipo de apoyo y que hemos buscado más bien ayuda de organizaciones de derechos humanos”.

Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ulcué afirmó que no hay peticiones individuales de protección a comunicadores indígenas “debido a que todos los casos de solicitud de medidas cautelares ante la CIDH se han presentado como Colectivo Humano o como pueblo Indígena, ya que nosotros creemos que una afectación individual afecta la armonía de una comunidad, por lo tanto la protección debe ser para toda la comunidad y no para una sola persona”.

El norte del departamento del Cauca es uno de los más afectados por el conflicto armado. En un reciente artículo, la periodista colombiana Constanza Vieira, relata cómo el territorio del pueblo Nasa es campo estratégico de confrontación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla de izquierda. Es interesante la reflexión que presenta sobre el silenciamiento mediático de las acciones propias de una comunidad que defiende su neutralidad. Lamentablemente eso es difícil de entender para el Estado colombiano. Por eso en un discurso, el recién posesionado ministro de defensa, acusó a los indígenas del Cauca de mantener alianzas con la guerrilla, situación desmentida por la Asociación de Indígenas del Cauca.

El 6 de abril de este año, Reporteros Sin Fronteras publicó un informe en el que denuncia cómo desde finales de febrero los grupos paramilitares han amenazado mediante panfletos a organizaciones indígenas y medios de comunicación afiliados a ellas. Entre las personas en riesgo se cuentan once periodistas y están amenazadas de ser blanco de ataques once estaciones radiales comunitarias miembros del Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC).

Es necesario que los ojos del mundo estén atentos a la situación de las comunidades indígenas en Latinoamérica. Los habitantes ancestrales de este continente están confinados al menosprecio y estigmatización, mientras que multinacionales y señores de la guerra se apropian de sus territorios. De estas agresiones somos cómplices todos, mientras no reaccionemos desde los diferentes medios de comunicación para denunciarlas y exigir a los gobiernos oportunas y eficaces medidas de protección para nuestros ‘hermanos mayores’.

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Enlaces de interés:

Hacia una política pública de comunicación para los pueblos indígenas de Colombia

Sistema de Información de Pueblos Indígenas (SIPI)

La resistencia de los pueblos indígenas desde la comunicación

Emisoras filiales de Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

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Foto de Rodolfo Maya tomada de elespectador.com

Imagen del Festival de Cine tomada de Códice comunicaciones

Por Andrés Monroy Gómez

@AndresMonroyG


[1] Expediente 191426000613201080222 de la Fiscalía 4 Seccional de Caloto. Respuesta dada del grupo de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición. Oficio 0092894.

Artículo original en Bottup: Hace un año asesinaron al periodista Rodolfo Maya


La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano por la golpiza de militares, seguida de amenazas de muerte y un intento de secuestro, al periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez en agosto de 1996

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Colombia. Agresiones físicas, amenazas, obstaculizaciones a la labor periodística e impunidad de los delitos contra comunicadores, mantienen su sombra sobre la libertad de información en Colombia.

Un ejemplo reciente sobre agresiones físicas y obstaculización a la labor informativa se presentó hace menos de una semana. La Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper denunció que el periodista Omar Vera del Periódico El Turbión resultó afectado por las granadas de gas disparadas por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía durante unas protestas estudiantiles el 30 de marzo.

La impunidad sigue preocupando a las organizaciones no gubernamentales. El pasado 7 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP alertó a la Fiscalía por la posible prescripción de los procesos por los asesinatos de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia.

Los hechos denunciados por la familia Vélez violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales, entre otros

Agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, persecución, exilio, falta de garantías judiciales e impunidad se suman en un solo caso, el del camarógrafo Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Estos hechos serán juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

El Caso 12.658, presentado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ante la Corte Interamericana, abordará el caso de Vélez Restrepo contra Colombia. De acuerdo a la petición presentada originalmente ante la CIDH, estos hechos violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión y garantías judiciales, entre otros.

Los hechos de este nuevo caso contra el Estado colombiano, ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo del Noticiero ‘Colombia 12:30′, fue atacado por miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada XII del ejército colombiano en el municipio de Morelia (Departamento de Caquetá) mientras realizaba el cubrimiento periodístico de la represión militar a las protestas campesinas contra la erradicación de cultivos de hoja de coca.

Señala la demanda que en ese momento, el camarógrafo fue abordado por los soldados, quienes ante su negativa de entregarles la cinta y luego de insultarlo y apuntarle con armas, lo golpearon con los cañones de sus fusiles y le lanzaron patadas. Como consecuencia de la agresión de los militares, el camarógrafo sufrió perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de varias costillas.

Luego de denunciar esta agresión, comenzaron las amenazas contra el periodista y su familia. Algunas de esas amenazas se hacían en los siguientes términos: “va a morir, hijo de puta”, “usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas. Va a morir perro”. Refiriéndose a la esposa del periodista decían: “es muy bonita, la voy a dejar viuda”.

La agresión provocó la perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de costillas. Tras las amenazas e intento de secuestro posteriores tuvo que exiliarse a EE.UU.

El 6 de octubre de 1997 Vélez Restrepo logró escapar a un intento de secuestro, situación que sumada a las amenazas, le obligaron a salir de Colombia el 9 de octubre de 1997. El 29 de julio de 2005, casi nueve años después de los hechos y sin haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia colombiana, la víctima puso estos hechos en conocimiento de la CIDH.

Luego de estudiar los escritos de la víctima y del Estado, en el informe No. 47 de 2008, la Comisión decidió admitir la demanda de Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo y familia contra el Estado Colombiano, para analizar las supuestas violaciones de sus derechos fundamentales (Petición 864-05).

La respuesta del Estado se orientó a describir la situación de orden público en el departamento de Caquetá, afirmando que las protestas campesinas estaban filtradas por miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Además, señaló el Estado colombiano, los militares de rango medio involucrados en el intento de decomiso de la cámara de Vélez fueron sancionados y las investigaciones del Ministerio Público no determinaron la responsabilidad del comandante del Batallón No. 36. Finalmente presentó una lista de los procesos administrativos judiciales y administrativos que se han adelantado para investigar estos hechos.

Por otra parte, a pesar de que Vélez y su familia fueron cobijados por los programas estatales de protección a víctimas y testigos, sus denuncias nunca fueron debidamente tramitadas por las autoridades. En un principio, la investigación fue asumida por la Fiscalía (justicia ordinaria) pero luego fue transferida a la justicia penal militar. El juez militar encargado de la investigación fue nombrado por el Comandante del Batallón No.36, también superior de los militares protagonistas de las agresiones contra el camarógrafo.

La víctima alegó que solicitó información sobre el estado del proceso en varias oportunidades, sin haber recibido respuesta hasta la presentación de su petición ante la CIDH.

La investigación trasferida a la justicia penal militar fue llevada por un juez militar nombrado por el Comandante superior de los militares agresores

El 3 de junio de 2006 el Juzgado 67 Penal Militar le informó que el 3 de octubre de 1997 archivó la causa y que luego perdió el expediente durante un ataque de la guerrilla “resultando imposible para el Estado aportar copia de las decisiones”.

Al admitir la demanda, la CIDH recordó que la jurisdicción militar no ofrece las herramientas suficientes para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cometidos por miembros de la Fuerza Pública o con su colaboración o beneplácito.

Este proceso, además de continuar el debate sobre la eficacia de la justicia penal militar, seguramente abordará temas como el acceso a la información pública, la efectividad de los mecanismos de protección estatal y la impunidad por delitos cometidos contra periodistas.

Paralelo a esto surgirán preguntas, como ¿por qué no se determina la responsabilidad de los superiores militares por estos hechos? ¿Qué pasó con el general Néstor Ramírez, entonces comandante del Batallón No. 36 y quien nombró al Juez Penal Militar? ¿Actualmente los programas de protección estatales cumplen con su finalidad o son instrumento de espionaje contra periodistas?

Artículo original en Bottup: Colombia acusada ante la Corte Interamericana por paliza a periodista