Tu noticia es la noticia

Ayer se anunció en Colombia el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC
La promesa es no cometer los errores del pasado y los errores fueron muchos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez (@AndresMonroyG) Editado por: Redacción Bottup


Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Un país con más de 60 años de conflicto armado tiene una amplia experiencia en negociaciones, pocas exitosas y muchas fallidas. Toda la experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en este momento en que el país suramericano se embarca en la tarea de buscar una alternativa mediante el diálogo a la guerra.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anuncia formalmente el inicio de un proceso de paz con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. En la alocución radiotelevisada, el presidente Juan Manuel Santos señaló que un “proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y no ceder ni un solo milímetro del territorio nacional”.

Con la firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto‘ suscrito entre las partes enfrentadas, se busca dar una salida pacífica a la confrontación entre colombianos.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anunció el inicio de un proceso de paz con las FARC

Sin embargo, los temas que deben abordarse, además de numerosos son complejos.  Los derechos de las víctimas, el papel del sistema judicial, la solución de las causas que llevaron a miles de colombianos a tomar las armas contra el Gobierno y el rol de los medios de comunicación son solo algunos.

Una verdadera reinserción reclama no sólo la participación de las entidades públicas. También la sociedad debe aportar su cuota para una negociación eficaz, atractiva en términos de responsabilidad compartida en un largo proceso que se avecina.

De las experiencias anteriores es importante resaltar la iniciativa de excombatientes que durante varios años han participado en un proyecto de reinserción. Sus críticas y aportes provenientes de la experiencia directa son una herramienta fundamental para el éxito de un proceso de paz “sin que volvamos a repetir los errores del pasado“, como lo dijo el presidente Santos.

Desafortunadamente la única referencia a la hecha por Juan Manuel Santos en su discurso del 4 de septiembre sobre el futuro de los eventuales excombatientes fue la siguiente: “Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”. Nada más.

Experiencias compartidas

El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz‘ con presencia de delegados del gobierno nacional y distrital, para escuchar los reclamos y propuestas de las personas que creyeron en las promesas hechas por el Estado a cambio de abandonar la lucha armada. La principal crítica: marginalización de la participación política.

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración – ACR, “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas Ilegales”. Pero más allá de estas cifras, la Asociación Nacional de Desmovilizados – ANDES, ha planteado una serie de críticas y propuestas, con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil.

Durante el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz’, Martín Rangel, líder de ANDES, señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la administración distrital frente a la población excombatiente.

Según ANDES, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento de dos categorías: ciudadano frente a desmovilizado. Esta situación ha llevado a que se pierda la confianza en el Estado y las acciones que emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, donde no se ha tenido en cuenta la real dimensión de la situación de los desmovilizados y sus familias.

Para Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional – ELN, “la guerra entre izquierda y derecha pasó a ser entre víctimas y victimarios”. Rangel señala que en virtud de ley 975, conocida como ley de Justicia y Paz, se contemplaba el cumplimiento de las penas alternativas en granjas agrícolas. Hoy, muchos de los postulados están en las cárceles, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre.

Sobre la administración distrital, la postura de los desmovilizados es desalentadora.  Al referirse al alcalde Gustavo Petro, Rangel afirma “que al suponerse que había pasado por el conflicto armado, teníamos esperanzas en él. Pero nos decepcionó”.

Desde algunos sectores, especialmente desde el gubernamental, se ha tratado de identificar la experiencia del actual Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como una de las experiencias exitosas de un desmovilizado de la guerrilla y su incursión en el sistema electoral. Sin embargo, la situación de Petro difiere de la de los desmovilizados que actualmente buscan espacios políticos. Petro fue parte de un proceso de desmovilización colectiva, mediada por una ley que los amnistió y seguido de una asamblea constituyente, donde incursionó su antiguo grupo armado, el Movimiento 19 de Abril M-19, en la arena política con el nombre de Alianza Democrática M-19.

Desde la Asociación Nacional de Desmovilizados se denuncia la indiferencia del gobierno hacia los ex combatientes y la falta de espacios políticos y sociales para los desmovilizados

La decepción de los excombatientes frente al alcalde Petro está justificada en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por ANDES concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel planea la contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto.

¿Qué dice el artículo 39 del Plan de Desarrollo de Bogotá? Señala la meta distrital de implementar el “Programa territorios de vida y paz con prevención del delito”. En este programa en teoría se garantizará y promoverá la convivencia pacífica, priorizando “acciones integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad  de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades” (negrita fuera de texto).

Esta es la única referencia a la población desmovilizada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 para Bogotá. Más de 800 desmovilizados presentaron sus propuestas, pero según ellos, ninguna se tuvo en cuenta. No encuentran el componente político “para reclamarnos como ciudadanos en ejercicio de derechos”.

“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandon, de ANDES. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se ha dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de cero”. La petición es sencilla: que los gobiernos nacional y distrital los escuchen.

Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y por eso los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado. Más de un mes después de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la administración distrital sigue siendo negativa, además de no vislumbrarse ningún proceso de acercamiento con el Alcalde Mayor que permita discutir el futuro del programa en la capital. Blandón es tajante en acusar de despotismo al burgomaestre, quien además desconoce una realidad social y entra en contradicción con la política de la no segregación que ha profesado.

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En un análisis hecho por el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza se explica claramente el origen de la ausencia de espacios de participación política para los excombatientes. Según ese análisis, la orientación individualista y psicológica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, promovida por el gobierno nacional, “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo”.

“Hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros”

Mientras estos espacios no se faciliten, Martín Rangel pregunta “¿estamos destinados a seguir en la ilegalidad?”.

Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la ley 1424 de 2010, que ha llevado a que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el Gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización.

Por otra parte, se ha dejado de lado el debate sobre el pie de fuerza del aparato militar oficial, incrementado en la lógica del conflicto armado interno. ¿Qué pasará con los militares y policías luego de una eventual salida negociada al conflicto armado?

Estos y otros temas serán propuestos en un encuentro nacional que se realizará en noviembre de este año.

Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en la resocialización de excombatientes”.

Más preguntas

Viendo que hasta ahora la reinserción de combatientes a la vida civil no ha tenido los mejores resultados, es importante no pasar por alto que hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros.

¿Qué tan conveniente es desmovilizar la estructura armada de las FARC si el gobierno mantiene el tercer pie de fuerza más grande de Latinoamérica?

¿Qué pasará con las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia?

Estas preguntas sintetizan el temor de varias generaciones que han sido testigo de cómo estos grupos de extrema derecha torpedean las iniciativas de paz. El final del siglo XX trae ejemplos dramáticos, como el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP) y el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, comandante del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M-19.

Documentos Relacionados

Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación No. 3554. Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016 ‘Bogotá Humana

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

 

Artículo original en Bottup: Desmovilizados frente al nuevo proceso de paz en Colombia


En el departamento del Cauca las tensiones entre ejército, guerrilla y paramilitares han dejado dos indígenas muertos, 30 heridos y cientos de desplazados

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Autonomía indígena212 años después del grito de Independencia en Colombia, las comunidades indígenas del departamento de Cauca hacen sentir su voz de protesta frente a todos los actores armados del conflicto interno. Cartas enviadas al Gobierno y la guerrilla son un grito para que no los afecten más con una guerra que no es de ellos.

En 2010 se conmemoró el bicentenario del Grito de Independencia en Colombia. Ese año, el país fue testigo de cómo la unanimidad frente a débiles construcciones del ‘patriotismo’, se resquebrajaba inevitablemente. El solemne desfile militar del 20 de julio fue el prólogo del imponente paso de miles de campesinos e indígenas que, al día siguiente, recorrieron las calles bogotanas.

Las autoridades indígenas hacen llegar cartas al ejército y la guerrilla para volver a proclamar que ésta no es su guerra

Dos años después, el clamor por el respeto y la paz adquiere más fuerza en el departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. Las comunidades indígenas que allí habitan, dijeron “no más” a una guerra que no sienten propia, quedando en medio de los disparos de la guerrilla, ejército y paramilitares. Las tensiones han cobrado la vida hasta hoy de dos indígenas, aproximadamente 30 heridos, cientos de desplazados y una escalofriante estigmatización social. Estos procesos de reivindicación de la vida y la cultura autóctona son entendidos en determinados círculos políticos como una alianza tácita con la insurgencia; la propaganda mediática ha despertado una campaña de intolerancia contra líderes indígenas y las declaraciones de funcionarios públicos y mandos militares han atizado una discriminación racial tan absurda como peligrosa.

Cientos de indígenas desalojaron a los militares de ese lugar, antes de adentrarse en las montañas a hacer lo propio con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. “Los verdaderos soldados no atropellan a la gente, anoche disparaste”, es la recriminación hecha por un líder indígena a uno de los militares que custodiaban un puesto estratégico en las montañas del norte del departamento del Cauca.

Imagen tomada de las redes sociales

La atención de los grandes medios de comunicación, capitalizada por los aparatos de propaganda oficial, dieron protagonismo a las lágrimas de uno de los sargentos desalojados de esas trincheras, fomentando un sentimiento de indignación por las acciones de los indígenas. Mientras tanto, no solo pasó en un segundo plano el asesinato de dos miembros de la comunidad en las siguientes horas, sino que la indiferencia por años de masacres, desplazamientos y despojos contra los indígenas ha sido la constante en la sociedad colombiana.

“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”: Indígenas al presidente Santos

Las autoridades indígenas del norte del Cauca, organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, anticipando que actúan con respeto frente a todos los actores políticos del país.

En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, haciendo eco no sólo de su derecho ancestral, sino de diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Imagen tomada de periódico virtual

Para los indígenas, el conflicto armado es “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda serie de estrategias militares, fallidas en su totalidad.

La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la organización indígena de proteger a la guerrilla, desconociendo de esta manera todos los miembros de las comunidades muertos en medio de ese conflicto Estado-insurgencia. Sesenta indígenas perdieron su vida en los últimos tres años y casi 600 están sin vivienda.  ”Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta. Para comprobar que esta afirmación no es ajena a la realidad, basta atender a las declaraciones del Comandante de las Fuerzas Militares, acusando al líder indígena Feliciano Valencia de ser miliciano de la guerrilla de las Farc.

“El Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”

Añaden los indígenas que “una estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla”.

Frente a la política de seguridad democrática, implementada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la conclusión es contundente: “La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran tres grandes campamentos sino 50 más pequeños”.

Es así como consideran que “en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.

“No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército- porque estos territorios son nuestros”: Indígenas a las Farc

Para quienes consideran que este movimiento de resistencia civil indígena es una estrategia impulsada desde las FARC, resulta esclarecedora la carta enviada a Timoleón Jiménez, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.

En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y sus acciones son cuidadosas para no darle ventaja militar alguna a ninguno de los actores armados.

“Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No se atrincheren en las casas”

En la carta enviada al comandante de las FARC le recuerdan que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas.

“La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”, agregan en su carta a las FARC.

Las peticiones son claras: “Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.

Las dos cartas, para el Gobierno y las Farc, concluyen de la misma manera: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.

Artículo original en Bottup: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”


Alrededor de 1.000 personas se manifestaron en Buenos Aires contra la visita del expresidente Álvaro UribeAurelio, refugiado colombiano, cuenta su historia

Periodista ciudadana autora: Gina Escheback Editado por: Redacción Bottup


Desplazados colombianos durante la manifestación

Desplazados colombianos durante la manifestación

Aurelio es uno de los colombianos que salieron a marchar pacíficamente en contra de la visita de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente colombiano, en Buenos Aires. Es importante conocer sus razones y su historia:

“Durante el gobierno de Uribe las violaciones a los Derechos Humanos eran la orden del día, el atentado me lo hicieron los paramilitares, por mis denuncias, ellos obedecían órdenes de Uribe y eran serviles al terrorismo de Estado”.

Aurelio huyó de su casa después de que esta fuera destruida por paramilitares. Su huida lo llevó hasta Argentina

‘Trauma de guerra’ es el dictamen del diagnóstico de la psicóloga que le atiende en Argentina, los problemas de sueño y las pesadillas son el pan diario con el que ha aprendido a vivir Marco Aurelio. Huyó de Colombia luego que los paramilitares le tirarán dos granadas de fragmentación a su casa, y se salvó milagrosamente, pues un par de minutos antes había salido a comprar un refresco en la esquina de su casa cómo presagio divino. Cuando escuchó la explosión y regresó corriendo a su casa solo encontró un ambiente desolador.

Un incendio y un aturdimiento, de un atentado, del cual sin explicación se salvó, pero también el inicio de una huida, pues el mensaje era claro, lo querían asesinar. Con lo que tenía puesto, emprendió un camino que lo trajo finalmente hasta la Argentina.

En Colombia enfrentó varias luchas por las cuales fue sentenciado a muerte. Fue testigo de una masacre en el Cauca dónde alcanzó a auxiliar a varios menores que quedaron en medio del fuego cruzado. Posteriormente, en el valle Del Cauca, junto a los destechados de Yumbo lucharon y tomaron tierras para ejercer su derecho a la vivienda. Posteriormente militó en un partido de izquierda en Colombia, por lo cual los soldados del ejército lo llamaban ‘el comandante Aurelio’, queriéndolo culpar falsamente de pertenecer a los grupos guerrilleros.

“Prevenir el reclutamiento forzado de los niños y jóvenes en el conflicto colombiano fue una obsesión para mí”

“En medio del conflicto colombiano se libran muchas batallas, prevenir el reclutamiento forzado (trata de personas en medio del conflicto) de los niños y jóvenes fue una obsesión para mí. Me llevo muy bien con los chicos y les explicaba que la guerra no les dejaría nada más que dolor, algunos me escuchaban y otros simplemente se dejaban convencer de los actores armados del conflicto o de las bandas delincuenciales”.

En Argentina este colombiano, que se dedica a la construcción y reparación de viviendas, espera el estatus de asilo o refugio, y de esa manera ser un ciudadano con plenitud y satisfacción de derechos.

Marchó pacíficamente junto a más de 1.000 historias que tiene su razón para repudiar al ex presidente que ‘transformó a Colombia’.

_________________________________________________________

Informaciones relacionadas:

Una visita explosiva‘, veintetres.infonews.com
“Uribe no es el líder que cuentan algunos medios”, agenciapacourondo.com.ar
Uribe habló en Argentina de la ‘transformación de Colombia’ en su gobierno’, elespectador.com

Imagen: ginaescheback.blogspot.com.es

Artículo original en Bottup: “Durante el gobierno de Uribe las violaciones de los derechos humanos eran la orden del día”


Ética en el cubrimiento periodístico del conflicto armado, seguridad para periodistas y solidaridad profesional. Con estas premisas se conformó en Bogotá el pasado 20 de junio la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

El cautiverio y posterior liberación del corresponsal francés Roméo Langlois por parte de la guerrilla de las FARC fue el hecho desencadenante de una serie de reflexiones por parte de un número importante de corresponsales de medios de comunicación internacionales que trabajan en Colombia. Una de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para afrontar situaciones de riesgo para sus colegas y lograr una interlocución directa y eficaz con el Estado, en aras de garantizar el derecho a informar y estar informado.

El periodista italiano Simone Bruno, amigo personal de Langlois y quien vive hace más de una década en Colombia, empezó a contactar a sus colegas, transmitiéndoles el entusiasmo por esta nueva organización. Es así como luego de varias reuniones, el pasado 20 de junio aprobaron el acta de constitución y los estatutos de la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia (APIC), consagrando como su objetivo principal “defender en todos sus aspectos, el ejercicio profesional de la prensa extranjera en Colombia, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa y promover el mejoramiento de la calidad de la información”.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia”

Vale la pena resaltar la voluntad de los integrantes de esta nueva organización de servir de apoyo, en los casos necesarios, a los periodistas locales colombianos, que en las diferentes regiones se ven enfrentados a todo tipo de agresiones en el marco del conflicto armado interno y también como consecuencia de la grave crisis producto de la corrupción estatal. “Tenemos que responder a todo el apoyo que nos han dado los periodistas regionales cada vez que vamos a sus ciudades”, dijo Bruno durante la asamblea constitutiva de la asociación de periodistas, en la que resultó elegido como su presidente. Organizarse es algo “que debimos hacer hace rato”, señala Simone.

Le preguntamos al recién elegido presidente de la nueva asociación, Simone Bruno, sobre la expectativa frente a la sociedad y el gobierno colombianos desde la nueva organización.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia. En nuestra organización hay reporteros, fotorreporteros y corresponsales de los más importantes medios del mundo, gente que lleva más de 15 años trabajando en este país; no sólo, hay jóvenes, hay periodistas de las más importante agencias de prensa del mundo”. Bruno agrega más adelante que la APIC será un recurso para hacerle ver al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que será un error restringir las posibilidades de trabajo de los periodistas extranjeros, como algunos lo han sugerido luego del caso Langlois.

En lo concerniente a la sociedad colombiana, Bruno señala: “es la sociedad que debe exigirnos, a nosotros como a la prensa colombiana, que seamos imparciales, serios y que tengamos la fortaleza de contar este conflicto que lastimosamente es invisible desde las casas de los habitantes de las grandes ciudades. Por esto nos reunimos, para poder seguir con más fuerza en nuestro trabajo”. Esta postura fue planteada por Simone Bruno a los pocos días de conocerse la noticia de la retención de su amigo Roméo Langlois. “Este es un conflicto de pocos, que no aparece casi nunca en imágenes y del que son ajenas casi siempre las ciudades”, señaló durante un evento académico a comienzos del mes de mayo.

Durante las reuniones en las que se discutieron los aspectos claves de esta nueva organización fue permanente el acompañamiento de la delegada de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo inmediato de la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Panorama del ejercicio periodístico en Colombia [1]

Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el lugar 143 entre 179 países evaluados. En el continente americano, se encuentra por encima de la clasificación de México (149) y Cuba (167). Clasifica al grupo ilegal ‘Águilas Negras’, banda criminal según el Gobierno, en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

En 2011 crecieron los intentos de asesinatos, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros y el desplazamiento forzado contra periodistas

Para la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, las agresiones contra periodistas aumentaron un 7% en Colombia en 2011 respecto al año anterior. En un alto porcentaje, los responsables de estas conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, ahora reciclados con la etiqueta de ‘bandas criminales’. Agrega la organización gremial de periodistas colombianos que de siete homicidios registrados en 2010, se pasó a uno durante 2011

En su informe, Fecolper busca “evidenciar la situación de violencia que padecen los periodistas en Colombia por razones del ejercicio de su profesión”, ya que la disminución de homicidios no puede considerarse en sí misma como un progreso en la protección a periodistas, ya que “los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.

De acuerdo a la Ong Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su informe titulado ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el siguiente es el balance de agresiones contra periodistas: “el asesinato de un periodista por razones del oficio; el exilio de dos reporteros; el atentado a dos medios de comunicación y 94 casos de periodistas amenazados”. Este panorama es calificado como “un aumento significativo sobre lo que ha registrado la FLIP en los últimos años”. Agrega más adelante que “la impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales”.

El Comité de Protección a Periodistas señala que a lo largo de gran parte de la última década, la inteligencia colombiana interceptó ilegalmente los correos electrónicos, realizaba escuchas ilegales a conversaciones telefónicas, y llevó a cabo la vigilancia contra reconocidos periodistas críticos del gobierno.

Periodistas trabajando

Periodistas trabajando

En el ámbito del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] publica un capítulo especial en el informe anual de la CIDH analizando el estado de la libertad de expresión en el continente. En lo que corresponde a Colombia durante 2011, la Relatoría resalta las continuas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que estigmatiza a periodistas críticos. Algunos de los casos mencionados en el reporte anual son los del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, “por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno”. Agrega el informe que “las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones”.

Adicionalmente, junto con las referencias a casos de homicidios, amenazas y acoso judicial contra periodistas, la Relatoría llamó la atención sobre la aprobada ‘ley de inteligencia y contrainteligencia’, que de alguna manera podría afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información.

Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.


[1] Resumen tomado del ‘Balance de informes sobre libertad de expresión en Colombia‘, publicado por el Proyecto Sociedad Informada.

Artículo original en Bottup: Nace una organización de periodistas extranjeros en Colombia


COLOMBIA / Rosa Elvira Cely fue violada y asesinada. El nivel de brutalidad de este crimen sacudió a la sociedad colombiana, cuya sensibilidad parecía estar anestesiada por más de 60 años de conflicto armado

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Miles de personas se manifestaron 7 días después de su muerte

Miles de personas se manifestaron 7 días después de su muerte

Rosa Elvira Cely, de 35 años de edad y madre de una niña de 12 años, fue violada y golpeada el 23 de mayo. Los agresores, sin creer que Rosa hubiera sobrevivido a su macabra tortura, la abandonaron en un céntrico parque de la capital colombiana.

Como en muy pocos casos ocurre, Rosa logró avisar telefónicamente a las autoridades y describir a los autores de su tortura. Víctima de múltiples heridas, sintetizadas por la prensa nacional como un ‘empalamiento’, el 28 de mayo murió.

Siete días después miles de colombianos se movilizaron para pedir justicia, bajo la consigna ‘Ni una Rosa más’, en referencia al deseo generalizado de que no se siga repitiendo la tragedia que padeció Rosa Elvira Cely en otras mujeres. ‘Ni una más’, porque los casos de violencia sexual cada vez son más frecuentes, llegando incluso a denunciarse dos aspectos preocupantes al respecto: el alto índice de impunidad en las investigaciones judiciales por agresiones a mujeres y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra.

Se denuncia el alto índice de impunidad en las investigaciones judiciales por agresiones a mujeres y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra

Según cifras manejadas por las organizaciones Oxfam y la Casa de la Mujer, 94.565 mujeres fueron violadas entre los años 2001 y 2009. Esta compleja patología social se acentúa debido al conflicto armado interno.

Según Oxfam, 2 de cada 10 mujeres desplazadas han huido a causa de la violencia sexual (actualmente se estima que en Colombia hay más de 3 millones de personas desplazadas por el conflicto armado). En el informe ‘La violencia sexual en Colombia. Un arma de Guerra‘, publicado en 2009, se denunció que en el conflicto colombiano “la violencia sexual ha sido empleada como arma de guerra por todos los grupos armados –fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros– tanto contra las mujeres civiles como contra sus propias combatientes”.

En los más recientes informes sobre derechos humanos en Colombia se hizo especial referencia a la violencia sexual.

Según el Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 2011, durante el año pasado “se continuaron reportando actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, algunos cometidos con especial grado de sevicia, atribuidos a grupos armados ilegales. Agrega más adelante el informe que “la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales relacionados con el conflicto sigue requiriendo esfuerzos especiales de parte del sistema judicial. Por ejemplo, a noviembre, sólo cuatro casos se encuentran en etapa de juicio de los 183 que la Corte Constitucional en su Auto 92 de 2008 ordenó a la Fiscalía investigar a la mayor brevedad posible. El juicio sobre el asesinato de tres niños víctimas de violencia sexual, presuntamente cometido por un miembro del Ejército en Arauca en 2010, avanza despacio”.

Este último caso es el de Jenny Torres Jaimes, de 14 años, violada, torturada y asesinada el 14 de octubre de 2010. Los tentáculos de la sevicia del agresor, llegaron a cegar las vidas de los dos hermanos de Jenny, 9 y 6 años para que no fuera denunciado. Luego, en marzo de 2011 la jueza encargada del caso fue asesinada. Hasta ahora no hay un fallo definitivo sobre la responsabilidad del teniente del ejército Raúl Muñoz, principal sospechoso de la violación de Jenny y el asesinato de ella y sus hermanos.

Según Oxfam y la Casa de la Mujer, casi 95.000 mujeres fueron violadas entre 2001 y 2009

Casos como éste han hecho que Margot Wallström, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los conflictos, afirmara en una reciente visita a Colombia, que en este país “reina la impunidad en muchos los casos que vinculan directamente a la mujer”.

En el Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (2011), se incluye dentro de los problemas más graves que afectan la situación de derechos humanos en Colombia, la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

Ante la ausencia de una base de datos completa o consolidada sobre la incidencia de la violencia sexual en el conflicto armado, este informe acoge los resultados del estudio titulado ‘Saquen mi cuerpo de la guerra‘, publicación financiada por Oxfam Internacional en 2010. Allí se estima que 489.687 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Casi el 20% de estos casos corresponden a violaciones y la mitad de las víctimas fueron violadas al menos dos veces. La definición de violencia sexual incluye el acoso, la regulación de la vida social, el trabajo doméstico forzado, prostitución forzada, el aborto forzado, embarazo forzado y la esterilización forzada. El estudio estima que el 30% de la violencia fue perpetrada por actores armados.

La impunidad en estos casos suele ser otro factor preocupante señalado en el informe. La tasa de enjuiciamiento en los casos de violación es muy baja. Durante 2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó 18.044 casos de presuntos delitos sexuales, especialmente en el marco del conflicto armado y 38.000 casos de violencia doméstica.

Por su parte, de acuerdo al informe anual de la organización Human Rights Watch, los grupos sucesores de los paramilitares, son responsables de gran parte de los casos de violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual. Agrega más adelante el informe que “la impunidad de la violencia sexual, especialmente en casos de violencia vinculada con el conflicto armado, continúa siendo un problema”.

El informe ‘Saquen mi cuerpo de la guerra’ estima que casi medio millón de mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 30% de los agresores eran actores armados

Finalmente, el Informe anual 2012 de Amnistía Internacional apunta a evaluar el compromiso del gobierno colombiano para poner fin a la impunidad por los abusos contra los derechos humanos, resaltando los avances en algunos casos emblemáticos, “no obstante, las autoridades no garantizaron el procesamiento de la mayoría de los responsables, especialmente los de delitos sexuales contra mujeres y niñas”.

Amnistía Internacional hace énfasis en denunciar las amenazas y homicidios contra las defensoras de los derechos humanos y las dirigentes comunitarias, especialmente las que trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras. En junio de 2011 varias organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de mujeres, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras-Bloque Capital: “Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las FARC, las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno”.

Este capítulo específico del informe de Amnistía Internacional concluye señalando que “la impunidad por estos crímenes continuaba siendo significativamente superior que por otros tipos de abusos contra los derechos humanos”.

Faltan las palabras para describir el oscuro panorama de una sociedad donde las mujeres son agredidas de esta manera. Sólo resta la esperanza de que la movilización ciudadana en rechazo al crimen contra Rosa Elvira sea el comienzo de una nueva etapa de conciencia sobre la importancia del respeto por la dignidad de la humanidad, que comienza por el respeto a las mujeres.

Artículo original en Bottup: No más ‘Rosas’ maltratadas


La 8ª misión en Colombia de la de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos denunció los desplazamientos forzosos, amenazas y muertes de sindicalistas o las condiciones “infernales” de las cárceles del país

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Los ponentes durante la rueda de prensa

Los ponentes durante la rueda de prensa

A pesar de la actitud abierta y de diálogo del gobierno, la Comisión no encontró seriedad en la capacidad de trabajo para solucionar los problemas estructurales, causantes de la grave crisis de los derechos humanos en Colombia.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

En rueda de prensa realizada el 11 de mayo, los integrantes de la octava Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, dieron a conocer sus principales conclusiones, luego de 13 días de entrevistas con la población civil y entidades estatales en las zonas de Curvaradó, Sumapaz, Arauca, César, Magdalena y Bogotá.

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de grupos armados ilegales y la impunidad son algunas de las razones de la crisis de los derechos humanos en Colombia

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales y la ausencia de resultados ciertos que pongan freno a la impunidad son algunas de las razones por las cuales la Comisión concluye que perdura la crisis de los derechos humanos en Colombia.

La presentación de estas conclusiones estuvo acompañada de hechos de la realidad nacional que refrendaron cada uno de los puntos expuestos por Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea-Parlamento de Madrid.

Mientras la Comisión denunciaba la persistencia del fenómeno paramilitar, especialmente en la cuenca del río Curvaradó “a pesar de un importante despliegue numérico de la fuerza pública”, en una cadena radial el comandante paramilitar Salvatore Mancuso expuso cómo muchas de sus acciones criminales era ordenadas o acompañadas por miembros de las
Fuerzas Armadas.

Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea de Madrid

Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea de Madrid

Por otra parte, la Comisión hizo énfasis en la continuidad del desplazamiento forzado, amenazas y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, muchos casos ligados a planes empresariales. Resaltaron cómo a su llegada a Colombia se encontraron con la noticia del asesinato de Mao Rodríguez, quien debería acompañarlos como integrante del esquema de seguridad de la Comisión. También fue expuesto un panfleto de amenazas contra las organizaciones sociales, provenientes de presuntos escuadrones de la muerte autodenominados ‘Águilas Negras‘.

Especial atención mereció para la delegación española la situación carcelaria. Solicitaron la autorización para visitar los establecimientos penitenciarios de Valledupar y ‘La Picota’ de Bogotá. A ésta última les fue negado el acceso sin una aparente justificación. La visita a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fue calificada como una “visita al infierno”. En una zona geográfica donde la temperatura promedio supera los 30 grados centígrados, los 1.259 reclusos tienen acceso a agua potable durante 10 minutos, dos veces al día. La Comisión Asturiana calificó como incomprensible que un país con la riqueza de recursos hídricos y la capacidad gubernamental de crear estructuras como Colombia, no haya sido capaz de garantizar condiciones dignas a estas personas privadas de su libertad.

En la cárcel de Valledupar, con temperatura promedio superior a 30º los reclusos tienen acceso a agua potable 10 minutos dos veces al día

Señalaron además que quienes se atreven a denunciar los abusos de la guardia penitenciaria son víctimas de malos tratos o traslados, lo que les imposibilita el contacto con familiares y abogados defensores.

Este preocupante diagnóstico coincide con el lanzamiento del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la lectura del informe de la CIDH y las conclusiones de la Comisión Asturiana se desprende un desolador común denominador en los establecimientos penitenciarios en
América.

Familiares de presos manifestándose en protesta por las condiciones indignas de su reclusión

Familiares de presos manifestándose en protesta por las condiciones indignas de su reclusión

En el mismo día de la presentación de las conclusiones de la Comisión Asturiana, a pocas calles del lugar de la rueda de prensa, marcharon un grupo de familiares de personas en condición de reclusión. Muchas de ellas marcharon desnudas “como última opción para ser escuchadas y observadas por el Gobierno colombiano, quien no ha entendido que los que se encuentran confinados en los centros de reclusión son seres humanos, ciudadanos colombianos”. En sintonía con lo expuesto por la Comisión Asturiana y con el diagnóstico del informe de la CIDH, los familiares de las personas privadas de su libertad acusaron al Estado de mantener a los reclusos en condiciones indignas, carentes de la prestación de servicios mínimos de salud e higiene.

Las libertades sindicales quedaron en absoluto cuestionamiento. Muchos dirigentes sindicales, especialmente de las multinacionales que explotan recursos naturales, han sido despedidos de sus trabajos. En otras empresas se han creado sindicatos patrocinados por los empresarios, obligando a los trabajadores a afiliarse a ellos, para luego ‘legitimar’ decisiones regresivas para los derechos laborales mediante convenciones colectivas manipuladas. Otro hecho que marcó la visita de esta delegación, fue el asesinato Daniel Aguirre Piedrahita, secretario del general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña, ocurrido el 27 de abril.

Las libertades sindicales también quedaron en entredicho, con dirigentes sindicales asesinados, despedidos de multinacionales u obligados a afiliarse a sindicatos creados por las empresas

También la Comisión Asturiana abordó las infracciones al derecho internacional humanitario, atribuibles a las fuerzas militares, con su presencia y permanencia en poblados, incluyendo escuelas, no sólo con personal sino también con vehículos de combate, generando de esta manera un grave riesgo para la población civil. Así mismo relataron un incidente con tropas de la Brigada 18 acantonadas en el oriental departamento de Arauca, donde una multinacional, respaldada por los militares, pretende la propiedad de unas tierras ocupadas pacíficamente por campesinos. Al momento de llegar a la zona los militares intentaron frustrar la entrevista de los delegados con los campesinos, llegando incluso a afirmar que “no respondían” por lo que pudiera suceder con “una bala perdida”.

Finalizaron las observaciones de la Comisión con la denuncia del riesgo de extinción de pueblos indígenas como el Sikuane, Macaguane y Embera. Estas comunidades habitan zonas fuertemente disputadas por actores armados y, muchas veces, mediadas estas luchas por los intereses de multinacionales.

La Comisión afirmó que estará atenta al resultado de las denuncias presentadas y enviará unas recomendaciones, de las cuales hará seguimiento, esperando tener “buenas noticias” para la próxima misión de verificación.

Artículo original en Bottup: “Acompañamos las demandas de la población civil”


FOTORREPORTAJE / El pasado viernes Bogotá sufrió uno de los mayores disturbios en los últimos años, originado por las protestas contra el sistema de transporte Transmilenio

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Los daños causados se cifran cerca del medio millón de euros

Los daños causados se cifran cerca del medio millón de euros

El motivo de la protesta que dio lugar a los disturbios es la inconformidad con el sistema de transporte masivo llamado Transmilenio. Se trata del pasaje de transporte urbano más caro de América, con unas condiciones de las vías deplorables y una calidad del servicio pésima.

El problema se ha politizado y se acusa al partido Polo Democrátiico de encontrarse detrás de las actuales manifestaciones para desprestigiar al actual alcalde de la capital colombiana.

El origen de las protestas es la inconformidad con el sistema de Transporte Transmilenio: el elevado precio del pasaje y la pésima calidad del servicio

El secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro, cuestionó en un momento dado las posturas políticas de los jóvenes: “La juventud activa es siempre bienvenida. Pero el bloqueo de un servicio público extralimita el uso del derecho a la protesta”.

En los disturbios del pasado viernes se produjeron al menos 40 detenidos y cinco heridos (entre civiles y policía). Los medios colombianos hablan de daños por 1.000 millones de pesos (casi medio millon de euros) en destrozos en cinco estaciones de transporte. Desde entonces la policía ha repartido carteles con las fotografías de 50 presuntos vándalos acusados de los destrozos.

Las imágenes de los disturbios

Artículo original en Bottup: Los distubios paralizaron la capital colombiana


El ciudadano que se atrevió a grabarlo sufre amenazas y carece de protección
Un proyecto de Endesa desplaza de sus tierras a 3.000 campesinos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

El vídeo de Bladimir Sánchez constata la desproporción de la actuación de los antidisturbios

El vídeo de Bladimir Sánchez constata la desproporción de la actuación de los antidisturbios

El periodista comunitario Bladimir Sánchez Espitia fue amenazado luego de publicar un video que evidencia abusos de la policía antidisturbios en contra de campesinos que se oponen a un proyecto que los despojará de sus tierras.

Con una millonaria inversión del español Grupo Endesa (cuyo último fichaje es la exministra española Elena Salgado), la empresa colombiana Engesa construirá una hidroeléctrica utilizando aguas del emblemático rio Magdalena. La licencia para desviar el cauce del río e inundar más de 8.000 hectáreas, casi todas de tierra fértil que sirve de sustento para más de 3.000 campesinos, fue otorgada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este es el punto de partida del ‘Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo‘.

“De ese acierto de la empresa privada construyendo para producir y vender energía eléctrica, acordado por el gobierno, nadie nos dijo que implicaría el desalojo violento de humildes y pacíficos campesinos. Nadie lo dijo, porque esas cosas no se dicen. Quedan en silencio. Hasta que un periodista loco y arriesgado decide meterse con una cámara, con sus ganas, con el corazón latiendo en la garganta, mientras uniformados oprimen a indefensos, que como dice el arzobispo Jaime Tovar, tan solo están armados con su pobreza”, señaló un periódico local.

Las medidas de protección para el periodista ciudadano son condicionadas por la policía a demostrar la credibilidad de las amenazas

Ante la inminente puesta en riesgo de sus derechos, los habitantes de la zona se organizaron en ‘ASOQUIMBO‘, para negociar con el Estado y proteger los recursos naturales que les sirven de sustento. Sin embargo, esta postura de diálogo al parecer no ha sido del agrado de Endesa, empresa que “denunció las vías de hecho” de los campesinos, solicitando la presencia de las autoridades, materializada en la llegada de los grupos antidisturbios de la policía colombiana, conocidos como ESMAD.

La acción policial de desalojo a los campesinos de la región comenzó el 14 de febrero. A pesar de las medidas adoptadas para evitar el ingreso de la prensa, Bladimir Sánchez, quien de manera independiente realiza videos a corporaciones y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, logró captar las imágenes de los abusos y uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD.

Las imágenes, bajo el título ‘El video que el Gobierno colombiano no quiere que veamos‘ fue subido a Youtube el 20 de febrero, circulando vertiginosamente por todas las redes sociales, convirtiéndose en pocos días en el video de periodismo ciudadano colombiano más visto en toda la historia. Luego llegaron las amenazas.

En una entrevista en una revista colombiana, Sánchez dijo que asumía la posibilidad de recibir amenazas por ese video. Le han dicho que lo van a “desaparecer”, acusándolo de ser guerrillero y enemigo de las fuerzas del orden. Señaló que “el que se haya leído la historia de este país sabe que quién se atreva a denunciar una verdad es víctima de la persecución. Y yo saqué a la luz un monstruo económico y político”.

La relevancia del papel del periodismo ciudadano como expresión de la sociedad en aquellos momentos y lugares donde la prensa tradicional no llega, se refleja en una de las respuestas dadas por Sánchez a la Revista Semana.

‘El vídeo que el Gobierno colombiano no quiere que veamos’, de Bladimir Sánchez, se ha convertido en el video de periodismo ciudadano colombiano más visto de la historia

Refiriéndose a los campesinos que son desalojados por la policía, Bladimir afirma: “Ellos no conocen Internet y no tienen acceso al video, pero esta mañana tuve la oportunidad de hablar en una emisora local y contar todo lo que había pasado, entonces cuando estaba regresando a mi casa recibí una llamada de uno de los pescadores, quien me dijo que le daba mucha felicidad que se hubiera conocido lo que pasó”.

El periodista Felix de Bedout afirmó a través de su cuenta en twitter (@fdbedou): “El gobierno pensó que el video del Quimbo no pasaba de Youtube, error de cálculo y conocimiento sobre la fuerza de Internet”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó estas amenazas, informó que el coronel de la Policía Juan Francisco Peláez manifestó no conocer las amenazas al realizador, condicionando a la vez la posibilidad de brindarle protección, una vez verificada la credibilidad de lo denunciado. Agrega el comunicado de la Flip que “Gina Piragauta, reportera del diario La Nación de Huila y quien dio algunas declaraciones para el vídeo de la polémica, ha manifestado seguimientos sospechosos e intimidaciones: “Hace unos días vi a dos personas, al parecer de la Policía, que me seguían y me tomaban fotografías”. La periodista ha realizado cuatro informes sobre el desalojo en el Quimbo”.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras, al denunciar la salida de la región de Bladimir Sánchez para proteger su vida, afirmó: “Debe otorgarse al periodista una protección adecuada, en vistas de su regreso al Huila. El exilio de un periodista es siempre una derrota para la libertad de informar. En este caso, también lo es para una información de interés público mayor”, concluyó la organización.

Pasando por alto las amenazas contra Bladimir Sánchez, el gobierno de Juan Manuel Santos defendió las acciones de fuerza contra los manifestantes: “Que quede claro que el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo. No vamos a permitir que unos pocos impidan que el interés general predomine”.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, calificó el video del desalojo de los campesinos de El Quimbo como “malintencionado“, asegurando que “siempre surgen grupos minoritarios muy manipulados por intereses políticos para tratar de obstaculizar esos proyectos”.

El presidente Santos, ignorando las amenazas contra el periodista ciudadano: “Que quede claro que el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo”

Continuando con el lenguaje de estigmatización contra los opositores, Santos puso en entredicho las protestas sociales que por estos días se dan en Colombia, afirmando: “Ya lo hemos visto en varios escenarios donde la guerrilla está tratando de infiltrar cualquier amago de protesta social”. Estas declaraciones se dan en medio de protestas, no sólo por la construcción de la represa de El Quimbo, sino previa a la convocatoria de una manifestación nacional para el 6 de marzo, durante el día internacional de las víctimas de crímenes de Estado.

Queda así demostrado el poder arrollador de los intereses corporativos, que avanzan sobre el interés de las comunidades que habitan los territorios afectados, alteran el medio ambiente, y en el camino a sus objetivos, cuentan con el apoyo – conocido o no – de fuerzas oscuras que amenazan a periodistas ciudadanos como Bladimir Sánchez.

Sánchez tiene en la comunicación su arma para enfrentar lo que para él y su comunidad es una suma de atropellos.


Este es el video por el que Bladimir Sánchez fue amenazado:


Más vídeos denuncia de Bladimir Sánchez sobre este asunto:

Emgesa con licencia para matar

Video del Quimbo que el Gobierno y Emgesa no quieren que veamos

Emgesa genocida de la naturaleza

Quimbo: Emgesa nos quitó la comida

Quimbo Huila, vereda la honda

¡Terrorismo ecológico y agroalimentario en el Huila!

En El Quimbo las cosas resultaron peor que las advertencias

Artículo original en Bottup: Periodismo ciudadano y redes sociales se enfrentan al desalojo de campesinos en Colombia


Los Estados miembro de la OEA aprobaron unas recomendaciones que debilitarían el funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Es quizás la evidencia del temor de algunos gobiernos frente a la expresión libre de ciudadanos inconformes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez*
@AndresMonroyG


En 2003, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocían en un documento que “la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática…”.1

Sin embargo ocho años después, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se aprobó un documento que evidencia un cambio de postura frente a la libertad de expresión. El 25 de enero, por unanimidad fue aceptado el ‘Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)’. 2

“¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?”

¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?

Este informe, que será trasladado a los cancilleres de los países integrantes de la OEA, contiene unas recomendaciones que, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil, buscan limitar los mecanismos de protección consagrados en el Sistema y aspectos de la elaboración de los informes anuales de la CIDH.

Uno de los aspectos más preocupantes es la idea de restringir las labores y financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la Relatoría) 3. Uno de los límites propuestos, es que la Relatoría no publique por separado su informe anual, además de abstenerse de buscar financiación de manera independiente, ajustándose a los mismos recursos que las otras relatorías y finalmente, la implementación de un “código de conducta previamente definido por los países miembros”.

La propuesta de recomendaciones fue hecha por el gobierno ecuatoriano y respaldado principalmente por el venezolano, países seriamente cuestionados por sus posturas frente a la libertad de expresión y objeto de contundentes comunicados de parte de la Relatoría. Los mandatarios de ambos países han manifestado en anteriores ocasiones su animadversión frente al papel de la CIDH. Algunos críticos han afirmado que esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano en un aparente esfuerzo para “fortalecerlo”, es una contradicción de parte de gobiernos que han impulsado la creación de otros órganos regionales al margen de la OEA (como Unasur), acusándola de obedecer directrices impartidas desde Washington.

Ante estas críticas, debe advertirse que las actividades desarrolladas por la Relatoría desvirtúan los argumentos que, desde diferentes posturas ideológicas, pretenden sembrar un manto de duda sobre su papel de defensa del derecho a expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Relatoría se pronunció entre 20102011 en cinco oportunidades, en todos los casos

Las críticas al nuevo informe se centran en la idea de la restricción de las labores y la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

por el uso de mecanismos judiciales para presionar a periodistas. Por otra parte, en el caso de Colombia, en 2011 se pronunció una vez, condenando el asesinato de un periodista, y en 2010 se pronunció en cuatro oportunidades, especialmente por agresiones contra periodistas. Además, la Relatoría articula su labor con los relatores de otros organismos internacionales, para abordar temas de importancia mundial, lo que puede observarse en las Declaraciones Conjuntas, la última de ellas promoviendo la libertad de expresión en Internet.

Adicionalmente, en los informes anuales se incluye un capítulo especial sobre el estado de la libertad de expresión en la región, analizando cada uno de los países miembros de la OEA, haciendo públicas las actividades propias del mandato de la Relatoría.

Más que una iniciativa, que según los embajadores ante la OEA es para “fortalecer el Sistema Interamericano”, puede ser una muestra del temor frente a pueblos inconformes que se expresan libremente.

En el informe aprobado, se propone el fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Sin embargo, la restricción a la posibilidad de buscar financiación independiente puede resultar en una nivelación por lo bajo en lugar de un mejoramiento de las condiciones financieras de todas las relatorías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) rechazaron esta iniciativa, señalando que “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos envió una carta a la OEA, expresando su preocupación al considerar que “estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”.

“Estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”

En el plano colombiano, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) expresó su “total desacuerdo y rechazo a cualquier iniciativa que pretenda debilitar o neutralizar la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), concretamente de sus instrumentos de defensa de la libertad de expresión en las Américas”. Luego de hacer un llamado a los Estados parte de la OEA, y especialmente al gobierno colombiano a oponerse a este tipo de iniciativas, Fecolper recordó que la Relatoría “es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta América Latina para la defensa de la libertad de expresión, que antes que ser debilitada debe ser fortalecida y blindada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que pese a ser la más reciente de las relatorías creadas por la CIDH, ha cumplido un papel vigoroso en el cumplimiento de su misión, incluso ha gestionado por fuera de la OEA los recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en la última puerta que tocan los periodistas del continente que ven amenazada su libertad informativa, así como en la última talanquera para gobiernos autoritarios que quieren imponer una mordaza a la prensa independiente en sus respectivos países”.

A pesar de este llamado del gremio periodístico, la postura del embajador colombiano fue decepcionante. Así lo hicieron ver diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes en un comunicado conjunto afirmaron que “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones ‘son positivas’ y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.

Esta decepción es más fuerte para quienes veían en el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un aliado de los medios de comunicación, por ser miembro de una familia tradicionalmente vinculada a uno de los principales periódicos del país. Quizás no debía esperarse mucho al analizar algunos antecedentes no tan lejanos, especialmente durante su gestión como ministro de defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, dado el nuevo lenguaje del Ejecutivo con la sociedad colombiana a partir del cambio

A pesar del apoyo manifestado expresamente por el Juan Manuel Santos a la libertad de expresión, la delegación colombiana apoyó las recomendaciones del informe

de gobierno, se construyeron muchas expectativas. En un discurso pronunciado en octubre del 2011, Santos señaló: “(…) es un compromiso esencial de nuestro gobierno –un compromiso que, como periodista, me sale del alma– garantizar y proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación y los periodistas que cumplen una labor esencial al fiscalizar y pedir cuentas a las instituciones estatales. He dicho que el periodismo independiente y crítico es el perro guardián de la sociedad; es como la ducha de agua fría de los gobernantes, que nos mantiene alerta y despiertos y nos impide dormirnos sobre los laureles”.

También, durante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santos afirmó: “He venido aquí a reafirmar como Presidente de Colombia mi compromiso con la libertad de prensa en el país y en la región. Reafirmar un compromiso que he mantenido durante toda mi vida pública y mi vida como periodista”.

Al igual que las palabras de la Declaración de Santiago con las que comienza este artículo, el Presidente Santos olvidó cumplir ese compromiso con la libertad de expresión en la región. Su embajador ante la OEA, heredado del anterior gobierno, participó en la votación que aprobó esas recomendaciones, mientras se proclamaba respetuoso de la libertad de expresión ante los medios de comunicación.

El temor compartido por periodistas y ciudadanos en general se sintetiza en que al debilitar la estructura y capacidad de acción de la Relatoría, está en juego la libertad de expresión en las Américas.

Debe considerarse que lo que está en riesgo no es solamente uno de los mecanismos más efectivos para la protección de periodistas. La Relatoría protege a cualquier ciudadano que vea amenazado su derecho a la libre expresión en sus diferentes manifestaciones. ¿Habrá temor a una ‘Primavera latinoamericana’?

Andrés Monroy Gómez
Coordinador del Proyecto Sociedad Informada
http://www.proyecto-si.blogspot.com/

______________________________________

1. “Declaración de Santiago sobre Democracia y confianza ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” AG/DEC. 31 XXXIII-O/03, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la OEA, en Santiago de Chile, durante el 33 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (2003).

2. Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-1040/12

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos objetivos son la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.

Artículo original en Bottup: Alianza gubernamental contra la libertad de expresión: ¿temor a una ‘primavera latinoamericana’?


Trabajadores discapacitados despedidos del Instituto de la Seguridad Social cuentan su dramática situación

Periodista ciudadano autor: Andrés Montoy Gómez Editado por: Redacción Bottup

@AndresMonroyG


Juan de Jesús, invidente mayor de 60 años y trabajador durante 26 del Instituto de la Seguridad Social, fue despedido sin pensión de jubilación a pesar de tener dos hijos con polio

En Colombia se fortalece la estrategia mediática para desacreditar las denuncias por asesinatos de sindicalistas, no hay credibilidad en las cifras sobre la disminución del desempleo y tampoco se protegen de manera efectiva los derechos laborales de las personas discapacitadas. Sin embargo, el gobierno postula a su Vicepresidente como próximo director general de la OIT.

Con 51 sindicalistas asesinados durante 2010 y más de 23 hasta octubre de 2011, un cuestionable método para medir el índice de desempleo y la cada vez más precaria situación de los trabajadores colombianos, sometidos a irrisorios salarios y largas jornadas de trabajo, sumada a la inequidad salarial entre mujeres y hombres, es difícil entender cómo el Gobierno colombiano pretende que su Vicepresidente se convierta en el próximo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Colombia 51 sindicalistas fueron asesinados en 2010, posee un cuestionable índice para medir el desempleo, con salarios irrisorios e inequidad salarial entre hombres y mujeres

Sin entrar a cuestionar las cualidades personales de Angelino Garzón, la paradoja surge en el momento en que el país, donde la dignidad de los trabajadores ha sido sistemáticamente pisoteada por los intereses de la economía privada, pretenda asumir a través de su Vicepresidente de la República la dirección del principal órgano de protección de los derechos laborales en el mundo.

No hace falta una exhaustiva búsqueda de realidades que demuestren la crítica situación de los trabajadores colombianos.

Enfrentado a esta cotidiana desprotección laboral generalizada, Miguel Camargo lucha por la reivindicación de los derechos de más de 600 extrabajadores discapacitados o padres de niños en condición de discapacidad, que se quedaron sin empleo luego de que Álvaro Uribe Vélez ordenara la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales, que fue por muchos años la más grande entidad pública de prestación del servicio de salud y el principal fondo público de pensiones.

A la cita acordada con Miguel en la sede del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, asiste Juan de Jesús Pedraos, un hombre que supera los 60 años de edad e invidente desde los doce, quien llega como él mismo lo dice, con su “bastón discapacitado”, pues a la salida del sistema de transporte masivo un hombre lo partió. También llega Fabiola con su pequeña hija Valeria, quien a sus cinco años es víctima de la desprotección estatal a los niños en condición de discapacidad. En esta reunión escucho el inconformismo de personas que trabajaron varios años en la entidad que monopolizó por mucho tiempo el acceso al sistema de salud pública, y que ahora es el principal violador de sus derechos laborales y a la seguridad social.

Delegación al Ministerio de Protección Social de la solicitud de Juan de Jesús, quienes respondieron que nada se podía hacer

Juan de Jesús Pedraos, superando su situación de invidencia, trabajó por 26 años en el ISS hasta que el 6 de noviembre de 2009, debido a la liquidación del Instituto, le dijeron que no podía seguir trabajando allí. A pesar de que su labor como auxiliar de radiología es catalogada por la legislación colombiana como un trabajo de alto riesgo, no le fue reconocida su pensión de jubilación, dejando en el limbo económico a este hombre que debe velar por sus dos hijos afectados por la polio. Ahora trabaja fabricando artesanías de bambú para conseguir lo necesario para sobrevivir y continuar dando la batalla jurídica por lo que considera fue “una arbitrariedad amparada en las facultades extraordinarias que el Congreso le dio al presidente Álvaro Uribe en 2002″.

Pedraos relata cómo cuando anunciaron la venta del ISS, “se dio la instrucción de que no podían ingresar a trabajar y que debían pasar únicamente por la liquidación de sus contratos”. Agrega que “si hoy tuviera de frente al gobierno que hizo esto, le diría que nos destruyó con esta medida. A pesar de que la norma que autorizó la venta del ISS aseguraba nuestros derechos laborales, éstos fueron los primeros que entraron a mutilar. Yo le quiero decir al representante del gobierno que no abuse de su autoridad. No es justo que el pueblo elija a sus gobernantes y éstos se conviertan en sus verdugos. Le escribí al doctor Santos cuando subió a la Presidencia de la República y ni siquiera leyó la carta. La transfirieron al Ministro de Protección Social y la respuesta es que no podían hacer nada”.

Los padres de niños discapacitados necesitamos esa ayuda porque estamos desprotegidos. Para acceder a algo hay que tener contactos. Si yo me muero, mi hija quedará desprotegida

Fabiola Ibarra trabajó durante 19 años como auxiliar de odontología. Es madre cabeza de familia y debe velar por Valeria, su hija de cinco años en condición de discapacidad. Debido a jugadas jurídicas, la protección legal a la que tenía derecho fue burlada y su contrato laboral liquidado. Ahora, para responder por un préstamo bancario con el que compró una vivienda y los aportes al sistema de salud pública, ha recurrido a la venta de café cerca a las universidades y al comercio de cosméticos. Fabiola afirma que trabajó el número de semanas que la ley exige en casos como el de ella, para acceder a la pensión de jubilación, pero el ISS no reconoce todas esas semanas. Por eso, le gustaría decirle al Gobierno “que sea más consciente de los derechos de las personas con discapacidad. Así como ayudan a los desplazados y desmovilizados, los padres de niños discapacitados necesitamos esa ayuda porque estamos desprotegidos. Para acceder a algo hay que tener contactos. Si yo me muero, mi hija quedará desprotegida. Por ahora, tengo acceso a lo mínimo en salud para ella porque he dado la pelea, pero veo a otros exempleados del ISS que están peor”.

Así como Juan de Jesús, Fabiola también le escribió una carta a la Presidencia de la República. Supo que la remitieron a la Secretaría de Integración Social, ofreciéndole eventos de recreación y un bono de alimentos, y a pesar de haberse inscrito para recibir esta ayuda hace nueve meses, hasta la fecha no han recibido el primer bono. Ambos coinciden en que existen serias fallas en la educación de los niños en los colegios colombianos. Desde pequeños aprenden a discriminar a quienes están en condición de discapacidad. “La falta de una pedagogía humanitaria es evidente y al parecer hace falta estar en los zapatos de los demás para entender las dimensiones del
sufrimiento ajeno”, enfatiza Fabiola.

Fabiola, trabajadora del ISS durante 19 años, con su hija discapacitada de 5

Fabiola, trabajadora del ISS durante 19 años, con su hija discapacitada de 5

También critican la “sordera institucional” cuando de sus reclamos se trata, mientras que abundan las medidas apresuradas para aliviar la situación de quienes acuden a las vías de hecho, como el bloqueo de vías o la toma de edificios públicos.

Mientras avanza esta conversación, Miguel Camargo alista un enorme portafolio en el que archiva todas las comunicaciones enviadas a las entidades públicas y las desalentadoras respuestas que recibe. Él, también afectado por un accidente de infancia en el que perdió varios dedos de su mano izquierda, insiste en su lucha motivado por los avances, aunque escasos, en la protección a los derechos de las personas en condición de discapacidad. Como prueba de esa fe, me enseña otro archivo, en el que guarda recortes de prensa que dan cuenta de las victorias conseguidas para que la sociedad colombiana sea incluyente. Miguel también fue víctima de los despidos colectivos en el ISS, luego de trabajar cerca de ocho años como vigilante, trabajo con el cual daba sustento a su hijo que hoy tiene diez años y sufre discapacidad mental. “Decidí hablar por ellos, porque era mi caso, reflejado en cientos de personas”, afirma contundentemente Miguel cuando le pregunto la razón de su lucha, sin ningún tipo de remuneración y a la que dedica gran parte de su tiempo y sus recursos. “Cuando se ordenó la liquidación del ISS, pedimos que nos reubicaran en otros empleos para poder llegar a nuestras casas con un pan, o con maniobras jurídicas eliminaron nuestros cargos y así salvaron su responsabilidad mientras nuestra salud quedó desprotegida”, agrega Miguel quien concluye “esta discriminación tan absurda no es sólo de hoy. Más del 60% de los discapacitados en Colombia viven en la pobreza y la gente no entiende que discapacidad es diferente a incapacidad. Como dijo el Presidente Santos: ¡No nos crean tan pendejos!”.

Miguel Camargo, muestra los recortes de prensa que dan fe de las pequeñas victorias conseguidas para que la sociedad colombiana sea incluyente

Miguel ha tocado las puertas de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la oficina de Naciones Unidas en Colombia y de varios congresistas de todos los partidos. Las respuestas evasivas son el común denominador. Una reciente reunión con David Luna, actual  Viceministro de Relaciones Laborales y recientemente candidato a la Alcaldía de Bogotá, celebrada en la segunda semana de enero, no parece ser la excepción. Este joven político, quien durante su campaña electoral prometió hacer de Bogotá una ciudad más incluyente, aparentemente está descontextualizado de la situación laboral de los discapacitados en Colombia.

Los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, relativos a la protección de la población discapacitada, parecen estar destinados a correr la misma suerte que los compromisos electorales de los políticos de carrera.

La situación laboral de los discapacitados y situaciones específicas como la de los extrabajadores del ISS merecen ser tenidos en cuenta, fijando metas que exijan un compromiso serio de autoridades administrativas y judiciales. De lograrlo, se habrá dado un importante paso en el camino a recorrer para merecer ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo. Aspirar a esto antes de garantizar las condiciones laborales y pensionales dignas en Colombia, más que una paradoja, puede interpretarse como una burla a las necesidades de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo.

______________________________________________

Enlaces de interés:

1. ‘Recursos sobre Discapacidad‘, elaborado por la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

2. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

3. Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Artículo original en Bottup: Colombia: derechos laborales de los discapacitados en tela de juicio