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Ayer se anunció en Colombia el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC
La promesa es no cometer los errores del pasado y los errores fueron muchos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez (@AndresMonroyG) Editado por: Redacción Bottup


Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Un país con más de 60 años de conflicto armado tiene una amplia experiencia en negociaciones, pocas exitosas y muchas fallidas. Toda la experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en este momento en que el país suramericano se embarca en la tarea de buscar una alternativa mediante el diálogo a la guerra.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anuncia formalmente el inicio de un proceso de paz con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. En la alocución radiotelevisada, el presidente Juan Manuel Santos señaló que un “proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y no ceder ni un solo milímetro del territorio nacional”.

Con la firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto‘ suscrito entre las partes enfrentadas, se busca dar una salida pacífica a la confrontación entre colombianos.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anunció el inicio de un proceso de paz con las FARC

Sin embargo, los temas que deben abordarse, además de numerosos son complejos.  Los derechos de las víctimas, el papel del sistema judicial, la solución de las causas que llevaron a miles de colombianos a tomar las armas contra el Gobierno y el rol de los medios de comunicación son solo algunos.

Una verdadera reinserción reclama no sólo la participación de las entidades públicas. También la sociedad debe aportar su cuota para una negociación eficaz, atractiva en términos de responsabilidad compartida en un largo proceso que se avecina.

De las experiencias anteriores es importante resaltar la iniciativa de excombatientes que durante varios años han participado en un proyecto de reinserción. Sus críticas y aportes provenientes de la experiencia directa son una herramienta fundamental para el éxito de un proceso de paz “sin que volvamos a repetir los errores del pasado“, como lo dijo el presidente Santos.

Desafortunadamente la única referencia a la hecha por Juan Manuel Santos en su discurso del 4 de septiembre sobre el futuro de los eventuales excombatientes fue la siguiente: “Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”. Nada más.

Experiencias compartidas

El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz‘ con presencia de delegados del gobierno nacional y distrital, para escuchar los reclamos y propuestas de las personas que creyeron en las promesas hechas por el Estado a cambio de abandonar la lucha armada. La principal crítica: marginalización de la participación política.

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración – ACR, “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas Ilegales”. Pero más allá de estas cifras, la Asociación Nacional de Desmovilizados – ANDES, ha planteado una serie de críticas y propuestas, con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil.

Durante el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz’, Martín Rangel, líder de ANDES, señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la administración distrital frente a la población excombatiente.

Según ANDES, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento de dos categorías: ciudadano frente a desmovilizado. Esta situación ha llevado a que se pierda la confianza en el Estado y las acciones que emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, donde no se ha tenido en cuenta la real dimensión de la situación de los desmovilizados y sus familias.

Para Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional – ELN, “la guerra entre izquierda y derecha pasó a ser entre víctimas y victimarios”. Rangel señala que en virtud de ley 975, conocida como ley de Justicia y Paz, se contemplaba el cumplimiento de las penas alternativas en granjas agrícolas. Hoy, muchos de los postulados están en las cárceles, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre.

Sobre la administración distrital, la postura de los desmovilizados es desalentadora.  Al referirse al alcalde Gustavo Petro, Rangel afirma “que al suponerse que había pasado por el conflicto armado, teníamos esperanzas en él. Pero nos decepcionó”.

Desde algunos sectores, especialmente desde el gubernamental, se ha tratado de identificar la experiencia del actual Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como una de las experiencias exitosas de un desmovilizado de la guerrilla y su incursión en el sistema electoral. Sin embargo, la situación de Petro difiere de la de los desmovilizados que actualmente buscan espacios políticos. Petro fue parte de un proceso de desmovilización colectiva, mediada por una ley que los amnistió y seguido de una asamblea constituyente, donde incursionó su antiguo grupo armado, el Movimiento 19 de Abril M-19, en la arena política con el nombre de Alianza Democrática M-19.

Desde la Asociación Nacional de Desmovilizados se denuncia la indiferencia del gobierno hacia los ex combatientes y la falta de espacios políticos y sociales para los desmovilizados

La decepción de los excombatientes frente al alcalde Petro está justificada en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por ANDES concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel planea la contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto.

¿Qué dice el artículo 39 del Plan de Desarrollo de Bogotá? Señala la meta distrital de implementar el “Programa territorios de vida y paz con prevención del delito”. En este programa en teoría se garantizará y promoverá la convivencia pacífica, priorizando “acciones integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad  de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades” (negrita fuera de texto).

Esta es la única referencia a la población desmovilizada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 para Bogotá. Más de 800 desmovilizados presentaron sus propuestas, pero según ellos, ninguna se tuvo en cuenta. No encuentran el componente político “para reclamarnos como ciudadanos en ejercicio de derechos”.

“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandon, de ANDES. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se ha dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de cero”. La petición es sencilla: que los gobiernos nacional y distrital los escuchen.

Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y por eso los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado. Más de un mes después de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la administración distrital sigue siendo negativa, además de no vislumbrarse ningún proceso de acercamiento con el Alcalde Mayor que permita discutir el futuro del programa en la capital. Blandón es tajante en acusar de despotismo al burgomaestre, quien además desconoce una realidad social y entra en contradicción con la política de la no segregación que ha profesado.

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En un análisis hecho por el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza se explica claramente el origen de la ausencia de espacios de participación política para los excombatientes. Según ese análisis, la orientación individualista y psicológica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, promovida por el gobierno nacional, “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo”.

“Hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros”

Mientras estos espacios no se faciliten, Martín Rangel pregunta “¿estamos destinados a seguir en la ilegalidad?”.

Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la ley 1424 de 2010, que ha llevado a que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el Gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización.

Por otra parte, se ha dejado de lado el debate sobre el pie de fuerza del aparato militar oficial, incrementado en la lógica del conflicto armado interno. ¿Qué pasará con los militares y policías luego de una eventual salida negociada al conflicto armado?

Estos y otros temas serán propuestos en un encuentro nacional que se realizará en noviembre de este año.

Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en la resocialización de excombatientes”.

Más preguntas

Viendo que hasta ahora la reinserción de combatientes a la vida civil no ha tenido los mejores resultados, es importante no pasar por alto que hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros.

¿Qué tan conveniente es desmovilizar la estructura armada de las FARC si el gobierno mantiene el tercer pie de fuerza más grande de Latinoamérica?

¿Qué pasará con las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia?

Estas preguntas sintetizan el temor de varias generaciones que han sido testigo de cómo estos grupos de extrema derecha torpedean las iniciativas de paz. El final del siglo XX trae ejemplos dramáticos, como el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP) y el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, comandante del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M-19.

Documentos Relacionados

Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación No. 3554. Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016 ‘Bogotá Humana

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

 

Artículo original en Bottup: Desmovilizados frente al nuevo proceso de paz en Colombia


En el departamento del Cauca las tensiones entre ejército, guerrilla y paramilitares han dejado dos indígenas muertos, 30 heridos y cientos de desplazados

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Autonomía indígena212 años después del grito de Independencia en Colombia, las comunidades indígenas del departamento de Cauca hacen sentir su voz de protesta frente a todos los actores armados del conflicto interno. Cartas enviadas al Gobierno y la guerrilla son un grito para que no los afecten más con una guerra que no es de ellos.

En 2010 se conmemoró el bicentenario del Grito de Independencia en Colombia. Ese año, el país fue testigo de cómo la unanimidad frente a débiles construcciones del ‘patriotismo’, se resquebrajaba inevitablemente. El solemne desfile militar del 20 de julio fue el prólogo del imponente paso de miles de campesinos e indígenas que, al día siguiente, recorrieron las calles bogotanas.

Las autoridades indígenas hacen llegar cartas al ejército y la guerrilla para volver a proclamar que ésta no es su guerra

Dos años después, el clamor por el respeto y la paz adquiere más fuerza en el departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. Las comunidades indígenas que allí habitan, dijeron “no más” a una guerra que no sienten propia, quedando en medio de los disparos de la guerrilla, ejército y paramilitares. Las tensiones han cobrado la vida hasta hoy de dos indígenas, aproximadamente 30 heridos, cientos de desplazados y una escalofriante estigmatización social. Estos procesos de reivindicación de la vida y la cultura autóctona son entendidos en determinados círculos políticos como una alianza tácita con la insurgencia; la propaganda mediática ha despertado una campaña de intolerancia contra líderes indígenas y las declaraciones de funcionarios públicos y mandos militares han atizado una discriminación racial tan absurda como peligrosa.

Cientos de indígenas desalojaron a los militares de ese lugar, antes de adentrarse en las montañas a hacer lo propio con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. “Los verdaderos soldados no atropellan a la gente, anoche disparaste”, es la recriminación hecha por un líder indígena a uno de los militares que custodiaban un puesto estratégico en las montañas del norte del departamento del Cauca.

Imagen tomada de las redes sociales

La atención de los grandes medios de comunicación, capitalizada por los aparatos de propaganda oficial, dieron protagonismo a las lágrimas de uno de los sargentos desalojados de esas trincheras, fomentando un sentimiento de indignación por las acciones de los indígenas. Mientras tanto, no solo pasó en un segundo plano el asesinato de dos miembros de la comunidad en las siguientes horas, sino que la indiferencia por años de masacres, desplazamientos y despojos contra los indígenas ha sido la constante en la sociedad colombiana.

“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”: Indígenas al presidente Santos

Las autoridades indígenas del norte del Cauca, organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, anticipando que actúan con respeto frente a todos los actores políticos del país.

En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, haciendo eco no sólo de su derecho ancestral, sino de diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Imagen tomada de periódico virtual

Para los indígenas, el conflicto armado es “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda serie de estrategias militares, fallidas en su totalidad.

La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la organización indígena de proteger a la guerrilla, desconociendo de esta manera todos los miembros de las comunidades muertos en medio de ese conflicto Estado-insurgencia. Sesenta indígenas perdieron su vida en los últimos tres años y casi 600 están sin vivienda.  ”Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta. Para comprobar que esta afirmación no es ajena a la realidad, basta atender a las declaraciones del Comandante de las Fuerzas Militares, acusando al líder indígena Feliciano Valencia de ser miliciano de la guerrilla de las Farc.

“El Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”

Añaden los indígenas que “una estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla”.

Frente a la política de seguridad democrática, implementada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la conclusión es contundente: “La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran tres grandes campamentos sino 50 más pequeños”.

Es así como consideran que “en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.

“No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército- porque estos territorios son nuestros”: Indígenas a las Farc

Para quienes consideran que este movimiento de resistencia civil indígena es una estrategia impulsada desde las FARC, resulta esclarecedora la carta enviada a Timoleón Jiménez, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.

En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y sus acciones son cuidadosas para no darle ventaja militar alguna a ninguno de los actores armados.

“Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No se atrincheren en las casas”

En la carta enviada al comandante de las FARC le recuerdan que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas.

“La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”, agregan en su carta a las FARC.

Las peticiones son claras: “Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.

Las dos cartas, para el Gobierno y las Farc, concluyen de la misma manera: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.

Artículo original en Bottup: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”


Ética en el cubrimiento periodístico del conflicto armado, seguridad para periodistas y solidaridad profesional. Con estas premisas se conformó en Bogotá el pasado 20 de junio la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

El cautiverio y posterior liberación del corresponsal francés Roméo Langlois por parte de la guerrilla de las FARC fue el hecho desencadenante de una serie de reflexiones por parte de un número importante de corresponsales de medios de comunicación internacionales que trabajan en Colombia. Una de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para afrontar situaciones de riesgo para sus colegas y lograr una interlocución directa y eficaz con el Estado, en aras de garantizar el derecho a informar y estar informado.

El periodista italiano Simone Bruno, amigo personal de Langlois y quien vive hace más de una década en Colombia, empezó a contactar a sus colegas, transmitiéndoles el entusiasmo por esta nueva organización. Es así como luego de varias reuniones, el pasado 20 de junio aprobaron el acta de constitución y los estatutos de la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia (APIC), consagrando como su objetivo principal “defender en todos sus aspectos, el ejercicio profesional de la prensa extranjera en Colombia, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa y promover el mejoramiento de la calidad de la información”.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia”

Vale la pena resaltar la voluntad de los integrantes de esta nueva organización de servir de apoyo, en los casos necesarios, a los periodistas locales colombianos, que en las diferentes regiones se ven enfrentados a todo tipo de agresiones en el marco del conflicto armado interno y también como consecuencia de la grave crisis producto de la corrupción estatal. “Tenemos que responder a todo el apoyo que nos han dado los periodistas regionales cada vez que vamos a sus ciudades”, dijo Bruno durante la asamblea constitutiva de la asociación de periodistas, en la que resultó elegido como su presidente. Organizarse es algo “que debimos hacer hace rato”, señala Simone.

Le preguntamos al recién elegido presidente de la nueva asociación, Simone Bruno, sobre la expectativa frente a la sociedad y el gobierno colombianos desde la nueva organización.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia. En nuestra organización hay reporteros, fotorreporteros y corresponsales de los más importantes medios del mundo, gente que lleva más de 15 años trabajando en este país; no sólo, hay jóvenes, hay periodistas de las más importante agencias de prensa del mundo”. Bruno agrega más adelante que la APIC será un recurso para hacerle ver al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que será un error restringir las posibilidades de trabajo de los periodistas extranjeros, como algunos lo han sugerido luego del caso Langlois.

En lo concerniente a la sociedad colombiana, Bruno señala: “es la sociedad que debe exigirnos, a nosotros como a la prensa colombiana, que seamos imparciales, serios y que tengamos la fortaleza de contar este conflicto que lastimosamente es invisible desde las casas de los habitantes de las grandes ciudades. Por esto nos reunimos, para poder seguir con más fuerza en nuestro trabajo”. Esta postura fue planteada por Simone Bruno a los pocos días de conocerse la noticia de la retención de su amigo Roméo Langlois. “Este es un conflicto de pocos, que no aparece casi nunca en imágenes y del que son ajenas casi siempre las ciudades”, señaló durante un evento académico a comienzos del mes de mayo.

Durante las reuniones en las que se discutieron los aspectos claves de esta nueva organización fue permanente el acompañamiento de la delegada de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo inmediato de la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Panorama del ejercicio periodístico en Colombia [1]

Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el lugar 143 entre 179 países evaluados. En el continente americano, se encuentra por encima de la clasificación de México (149) y Cuba (167). Clasifica al grupo ilegal ‘Águilas Negras’, banda criminal según el Gobierno, en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

En 2011 crecieron los intentos de asesinatos, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros y el desplazamiento forzado contra periodistas

Para la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, las agresiones contra periodistas aumentaron un 7% en Colombia en 2011 respecto al año anterior. En un alto porcentaje, los responsables de estas conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, ahora reciclados con la etiqueta de ‘bandas criminales’. Agrega la organización gremial de periodistas colombianos que de siete homicidios registrados en 2010, se pasó a uno durante 2011

En su informe, Fecolper busca “evidenciar la situación de violencia que padecen los periodistas en Colombia por razones del ejercicio de su profesión”, ya que la disminución de homicidios no puede considerarse en sí misma como un progreso en la protección a periodistas, ya que “los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.

De acuerdo a la Ong Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su informe titulado ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el siguiente es el balance de agresiones contra periodistas: “el asesinato de un periodista por razones del oficio; el exilio de dos reporteros; el atentado a dos medios de comunicación y 94 casos de periodistas amenazados”. Este panorama es calificado como “un aumento significativo sobre lo que ha registrado la FLIP en los últimos años”. Agrega más adelante que “la impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales”.

El Comité de Protección a Periodistas señala que a lo largo de gran parte de la última década, la inteligencia colombiana interceptó ilegalmente los correos electrónicos, realizaba escuchas ilegales a conversaciones telefónicas, y llevó a cabo la vigilancia contra reconocidos periodistas críticos del gobierno.

Periodistas trabajando

Periodistas trabajando

En el ámbito del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] publica un capítulo especial en el informe anual de la CIDH analizando el estado de la libertad de expresión en el continente. En lo que corresponde a Colombia durante 2011, la Relatoría resalta las continuas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que estigmatiza a periodistas críticos. Algunos de los casos mencionados en el reporte anual son los del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, “por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno”. Agrega el informe que “las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones”.

Adicionalmente, junto con las referencias a casos de homicidios, amenazas y acoso judicial contra periodistas, la Relatoría llamó la atención sobre la aprobada ‘ley de inteligencia y contrainteligencia’, que de alguna manera podría afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información.

Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.


[1] Resumen tomado del ‘Balance de informes sobre libertad de expresión en Colombia‘, publicado por el Proyecto Sociedad Informada.

Artículo original en Bottup: Nace una organización de periodistas extranjeros en Colombia


Sigue sin respetarse el embargo de armas, millones de personas se encuentran desplazadas y la población civil sigue siendo la principal víctima del conflictoLa ONU y agencias humanitarias no pueden hacer frente a la situación mientras hay actores que se benefician

Periodista ciudadano autor: Álvaro Mellado Domínguez Editado por: Redacción Bottup

Sudán antes de la independencia de la región del sur en 2011 tenía una extensión igual que la superficie desde Alemania a Portugal, incluyendo el Reino Unido e Irlanda.  Su población total era menor que la actual de España. Sus comunicaciones terrestres son limitadas con un 23% de kilómetros de raíles de tren en comparación con España. La región de Darfur tiene una extensión similar a la de Francia y un número total de habitantes similar a la comunidad de Madrid. Darfur es una región difícil de gobernar. Simplificar el conflicto de Darfur como una confrontación entre dos partes o como una consecuencia de un simple motivo dejaría mucho de esta guerra sin explicar. En este contexto sería difícil de entender Darfur como un conflicto aislado entre rebeldes y el gobierno sudanés o como la consecuencia de conflicto entre USA y China por el petróleo. Va más allá de simple confrontaciones. En esta guerra lo único simple de ver es que la mayor víctima del conflicto es su población civil.

La población en Darfur es testigo de la entrada masiva de armas, la intrusión de la gran industria humanitaria y la manipulación de conflictos locales por parte de diferentes estados de la región y superpotencias mundiales

Advenimiento del conflicto

En Sudán el desierto se ha extendido en los últimos 40 años una superficie igual a la costa de Guipúzcoa, mientras la población en Darfur se ha multiplicado por seis desde 1956 hasta 2003. Esto tiene un gran impacto en la población, aunque parezca un pequeño territorio en un país tan grande. Los grupos sedentarios han visto afectada su producción agrícola con la disminución considerable de las precipitaciones entre 1976 y 2005 que ha sido de hasta un 24 y un 34% en ciertas zonas del oeste y del norte de Darfur[1]. En contraposición, los grupos étnicos nómadas del norte de Darfur empezaron a emigrar más hacia el sur mientras las poblaciones sedentarias del sur vallaron sus tierras, limitando así el acceso a los pastos para los animales de otros grupos étnicos. Con el agravamiento de la situación, grupos étnicos árabes desarrollaron una ideología de supremacía árabe en Darfur que ha alimentado el conflicto actual. Este proceso desencadenó conflictos durante los ochenta entre la población sedentaria Fur con los grupos nómadas de origen árabe y africano. Esto todavía sigue presente hoy en Darfur. El gobierno sudanés ha manipulado estos grupos árabes con el fin de contener los insurgentes rebeldes. Estos últimos ganaron 34 de las 38 batallas en 2003[2]. De esta manera, el gobierno actual es capaz de mantenerse en el poder. Los diferentes grupos étnicos de la región han convivido durante siglos en un ambiente de cierta cooperación para la supervivencia común. Los cambios demográficos y climáticos requieren de más atención a estos mecanismos de cooperación. Ante estas dificultades, la población en Darfur es testigo de la entrada masiva de armas, la intrusión de la gran industria humanitaria y de la manipulación de conflictos locales por parte de los diferentes estados de la región y superpotencias mundiales. Todo esto sirve para la sustentabilidad del conflicto y no para la sustentabilidad de las comunidades locales.

Una población civil desprotegida

El ataque a la población civil en Darfur está siendo instrumentalizado ante la impotencia de los diferentes grupos armados de luchar entre ellos. Esta victimización civil tiene el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional y demostrar su capacidad de dañar las comunidades. Esta guerra se está ganando atacando a la población civil. Mientras tanto, la misión de operaciones de paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) es incapaz de cumplir su mandato. Este

La misión de paz de Naciones Unidas para Darfur, UNAMID, es la más cara de la ONU (1.689 millones de dólares) y es incapaz de cumplir su mandato de proteger a la población civil

mandato incluye la protección a la población civil. UNAMID es la operación de paz más cara de las Naciones Unidas con un presupuesto de 1.689 millones de dólares entre julio 2011 y junio 2012. Esta misión de paz es percibida como elemento parcial por parte de los principales grupos rebeldes. El gobierno sudanés es contrario a la presencia de tropas internacionales de paz en Darfur. La seguridad de estas tropas de paz está en peligro ante semejante panorama. 77 soldados de paz han muerto en manos de los grupos armados en Darfur hasta ahora y 50 fueron raptados por el grupo rebelde JEM (Justice and Equality Movement) en febrero de 2012. Si UNAMID tiene dificultades para defenderse, ¿quién protege a la población civil?

Una situación humanitaria olvidada

La población civil sigue desplazada y con limitaciones de recibir la ayuda humanitaria. Este desplazamiento se ha hecho con el objetivo de expropiar la propiedad de la tierra y recursos naturales. La sociedad civil internacional ha denunciado públicamente el ataque a la población civil con el fin de adquirir las tierras por parte de ciertos grupos armados de identidad árabe y africana. Los desplazados ocupan tierra de los alrededores de las ciudades. La competición por los recursos naturales de los alrededores de las ciudades y la degradación del medio ambiente son consecuencias de este desplazamiento masivo de la población civil. Las estimaciones de desplazados están entre 1,9 y 2,7 millones de desplazados internos, sin contar los refugiados en Chad y República Centroafricana. La asistencia humanitaria está bastante restringida debido a la inseguridad en la región de Darfur. ONGs y el consejo de seguridad de las Naciones Unidas ven con impotencia como los diferentes grupos armados manipulan de manera efectiva la ayuda humanitaria para su beneficio. A pesar del reconocimiento del acceso humanitario en las resoluciones del consejo de seguridad de las Naciones Unidas y en los acuerdos de paz entre grupos armados y el gobierno sudanés, la ayuda humanitaria no es suficiente para las necesidades de la población. Esto podría empeorar si consideramos las predicciones de emergencia nutricional para el verano de 2012. Agencias de las Naciones Unidas, UNAMID y WFP (World Food Programe -programa mundial para la alimentación) han reconocido esta situación. En abril de 2012, UNAMIDinformó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de esta previsible emergencia humanitaria. Esto se sabe pero no es primera plana en las noticias. La guerra en Darfur ha desaparecido como foco de atención de la prensa internacional. La ayuda para esta malnutrición que viene puede que no sea suficiente al igual que como sucedió el año pasado en el cuerno de África. La población civil sigue siendo vulnerable a emergencias y crisis humanitarias a pesar de la atención recibida por parte de los medios de comunicación internacionales. Después de todo, hay problemas que quedan olvidados.

El número de desplazados internos se estima entre 1,9 y 2,7 millones, mientras sigue sin respetarse en el embargo de armas decretado por la ONU desde 2004

Los beneficiarios del conflicto

China, Irán, Egipto, Hong Kong, Arabia Saudita, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Bielorrusia, Rusia y Kuwait durante el periodo 2001-2008 vendieron armas al gobierno de Sudán. Por otro lado EE.UU[4], Israel[5], Francia[6], Eritrea[7], Chad y Libia[8] han aportado ayuda militar con armas, entrenamiento y dinero a los diferentes grupos armados de Darfur. A pesar de los diferentes embargos de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004, las armas han seguido entrando en Darfur ante la impotencia de una parte de la comunidad internacional. El panel de expertos de las Naciones Unidas para Sudán ratifica el poco impacto de los embargos de armas en Darfur. Por mucho dinero que se dé a las ONGs y se ponga la misión de paz más cara de la ONU en Darfur, la población civil seguirá siendo víctima si los embargos de armas no se cumplen y la región de Darfur se convierte en una piscina de armas. Compañías privadas de seguridad, Lockheed Martin[9]PAE[10], obtuvieron contratos multimillonarios para apoyar los soldados de Naciones Unidas y la Unión Africana[11]. Esto hace de la guerra en Darfur un negocio para algunos y un drama para muchos.


[1] United Nations Environment Programme (UNEP) (2007) Sudan post-conflict environmental assessment, UNEP, Kenya, p.60

[2] Flint J. and de Waal A. (2008) Darfur: A New History of a Long War A Short History of a Long War (revised and updated), Zed Books, London, New York, p. 122

[4] El gobierno de EE.UU. ha utilizado el SPLA (Ejercito del sur de Sudán) para entrenar a grupos rebeldes de Darfur. La administración de Bill Clinton destinó 20 millones de dólares en equipo militar vía Eritrea, Etiopía y Uganda a grupos de oposición para derrocar el gobierno de Sudán. Reyna S.P. (2011) ‘The Disasters of War in Darfur, 1950-2004′, in Third World Quarterly, Vol. 31, Issue 8, p.1313

[5] El gobierno israelí ha entrenado rebeldes de Darfur e incluso permitido que alguna sección del grupo rebelde de Darfur SLA (Sudan Liberation Army) tenga una oficina en Israel. Reyna S.P. (2011) ‘The Disasters of War in Darfur, 1950-2004′, in Third World Quarterly, Vol. 31, Issue 8, p.1314

[6] El gobierno francés ha apoyado a los rebeldes de Darfur usando como intermediario el gobierno de Chad. El líder rebelde Abdul Wahid tenía su residencia en Francia desde 2007 cuando no le fue permitido volver después de un viaje a África a finales de 2010. Tubiana J. (2011) ‘Renouncing the Rebels: Local and Regional Dimensions of Chad–Sudan Rapprochement’, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva, p.57

[7] El gobierno de Eritrea ha apoyado a grupos rebeldes JEM (Justice and Equility Movement) y SLA. Ha permitido la estancia de sus líderes en este país y participado en la creación de National Redention Front (NRF) en 2006. de Waal A. (2007) ‘Sudan: international dimensions to the state and its crisis’, Crisis States Research Centre, London School of Economics, London, Occasional Paper No.3, p.1

[8] El Gobierno de Chad ha apoyado al grupo rebelde JEM como proxy contra el gobierno de Sudán. Su líder, Khalil Ibrahim, que residía en Chad fue expulsado de este país en Mayo de 2010. Él se fue a Libia, donde el gobierno Libio apoyaba y armaba al JEM anteriormente. Tubiana J. (2011) ‘Renouncing the Rebels: Local and Regional Dimensions of Chad–Sudan Rapprochement’, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva

[9] Lockheed Martin obtuvo un contrato de UNAMID por 250 millones de dólares americanos en 2007. Naciones Unidas (2007), ‘Press Conference by assistant secretary general, Officer in charge of United Nations Department of field support on Darfur deployment‘, Comunicado de prensa de las Naciones Unidas

[10] En octubre 2007 PAE obtuvo un contrato para las misiones de paz de las Naciones Unidas en Darfur, Chad, República Centroafricana y Somalia por un valor de 250 millones de dólares americanos. Weuts Jan (2007) ‘Private security Companies: need for advocacy’ en Voice out loud, Issue 6, December, p.13

[11] La compañía de seguridad Dyncorp es reconocida también en este documento como beneficiaria de los contratos de la Unión Africana. US Government Accountability Office (GAO) (2006) ‘Darfur Crisis: Progress in Aid & Peace Monitoring Threatened by Ongoing Violence and operation challenges’ Report to congressional requesters, November 2006 p.55

Artículo original en Bottup: La guerra en Darfur: un negocio para pocos, un drama olvidado para muchos


El proyecto pretende abordar la resolución de conflictos a través de la comunicación, abordando la violencia en la que se enmarcan las vivencias de los menores

Periodista ciudadana autora: María Teresa Herrera Echevarría Editado por: Redacción Bottup

Jóvenes participando en el proyecto

Jóvenes participando en el proyecto

Colombia. En Medellín se ha llevado a cabo un proyecto de comunicación como medio de implementar una cultura de paz. A continuación se expone cómo se ha desarrollado y cómo se pretende llevar a la práctica su análisis.

Esta sería una aproximación exploratoria de la intención del proyecto de investigación a un futuro y como se llevaría a cabo metodológicamente en su análisis de intervención.

Como consecuencia:

  • Nuevos escenarios de violencia han incursionado en los institutos educativos, no sólo de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro.

“No me preocupa las acciones de los hombres malos, me preocupa la indiferencia de los hombres buenos”.

Los menores de 18 años sufren más las consecuencias del conflicto armado. Solo en Medellín se contabilizan por esta causa más de 50.000 jóvenes muertos

Gabriel García Márquez

Las cifras hablan por sí solas

Colombia

  • En Colombia hay 16.722.708 menores de 18 años. Representa más del 41% de la población total del país.

“Es la franja que padece con más rigor la inoperancia del Estado, la crisis de la sociedad y la familia, el impacto del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la violencia”, según informe de la defensoría del pueblo de 26 de febrero de 2010.

  • En Medellín se cuentan más de 50.000 jóvenes muertos

El Estado no asume una política clara de juventud, según las Series el Colombiano 2007.

  • Un estudio realizado entre 2.000 estudiantes reveló que la queja más frecuente entre los jóvenes es la falta de libertad de expresión.

Investigador en política criminal, Alberto Mauricio Gómez

  • En el primer semestre del año 2010, 2.336 personas son victimas del DFI (desplazamiento forzado intraurbano).

Siendo 1.355 estudiantes de los sectores populares.

Con este escenario de violencia surgen en las esquinas y calles los combos, los parches que no tardan en convertirse en bandas y pandillas (Prensa CODHES, 12 de mayo 2010).

Debido a la influencia del conflicto armado colombiano, muchos jóvenes acaban perteneciendo a bandas y pandillas

Marco teórico

Conceptos y referencias:

• Violencia y paz

• Desplazados

• Resolución de conflictos

• Comunicación y Educación

UNESCO: Propuesta ‘Una cultura de paz’

Galtung: Violencia y Resolución de Conflictos

Freire: El diálogo

Martín Barbero: Comunicación y Educación

Kaplún: Comunicación Participativa

Rossemberg: Comunicación no violenta

Ramiro Beltrán: Comunicación Alternativa

Objetivos

Objetivo general:

• Explorar la situación de las aulas de secundaria de la ciudad de Medellín en relación con la violencia.

El proyecto trabaja con alumnos, profesores y padres de familia. Pretende identificar el concepto de paz y las diferentes estrategias de resolución de conflictos

Objetivos específicos:

• Conocer el concepto de violencia del que parten los alumnos, profesores y padres de familia.

• Identificar el concepto de paz dentro de la comunidad educativa.

• Identificar las diferentes estrategias de resolución de conflictos de los diferentes actores.

• Analizar el lenguaje que utilizan los estudiantes en situaciones conflictivas dentro de los centros educativos.

Fundamentación metodológica

La metodología utiliza es cualitativa, bajo los siguientes parámetros:

Me interesan:

– Los sujetos

– Sus experiencias

Quiero construir:

– Conocimiento y significados.

Transformar a través del diálogo-metodología de la investigación.

Ámbito: Institutos educativos de los barrios populares.

Sujetos: Estudiantes, padres de familia y docentes.

Foco principal: Jóvenes estudiantes entre 12 y 16 años.

Instrumentos de recolección:

– Entrevista en profundidad

– Entrevista semiestructurada

“Más que compromiso lo que les veo es miedo, mucho miedo, más cuando estas últimas generaciones de padres nos ha tocado tan duro, sobrevivir a toda clase de violencia inimaginable”

¿Qué quiero indagar?

Reflexiones para acercarme a la realidad.

Frases de los entrevistados

“Edison, finalizando la jornada escolar a las 6:30 de la tarde me dijo angustiado mientras miraba por la ventana: “Profesor, me van a matar”.”

Docente

“El lenguaje verbaliza lo impotentes que se sienten los estudiantes para sobrevivir en un ambiente hostil para ellos, es una manera de somatizar sus limitaciones”.

Docente

“Son callados e impulsivos cuando los agredes, conocedores de sus derechos como el que más”.

Docente

“La paz es un valor que nos proporciona tranquilidad y armonía para convivir con el otro”.

Un estudiante

“Más que compromiso lo que les veo es miedo, mucho miedo, más cuando estas últimas generaciones de padres nos ha tocado tan duro, sobrevivir a toda clase de violencia inimaginable”.

Padre de familia

Relato de la investigación

Los chicos en uno de los talleres

Los chicos en uno de los talleres

Conclusiones

• La escuela ha sido tomada por procesos violentos de diferentes matices que reflejan lo que la violencia misma significa en estos contextos:

“Hacer justicia por su propia mano, aniquilar al diferente, usar la fuerza como instrumento privilegiado para resolver conflictos”.

• Hay una familiarización de conceptos y formas de ver la violencia entre los estudiantes, los padres de familia y los docente.

Como algo que “arremete”, “altera” y “afecta” desde lo verbal, desde el ejercicio del poder y la

familia.

• Necesidad de crear un proyecto de comunicación educativo capaz de generar escenarios de cultura de paz en las aulas de secundaria.

Esto ayudaría a fortalecer y a cambiar los escenarios para la resolución de conflictos, ya que los que existen son de miedo, decepción y desconfianza.

• Otra forma de violencia que aparece en las aulas es la pandilla, las bandas que surgen de los parches y que se convierten en la fortaleza del pandillero.

En estos espacios de violencia el joven encuentra un medio de subsistencia pero también para satisfacer sus necesidades de afecto, lealtad, pertenencia y reconocimiento social producto de la marginación.

• Los jóvenes son actores invisibles de todo este proceso de violencia y de marginación.

Todas estas situaciones que viven y enfrentan los jóvenes es el motivo principal que los ha llevado a construir su propia jerga ‘el parlache’ haciendo alusión a eventos de violencia.

• Los profesores, los estudiantes y el padre de familia tienen en común el inconformismo, el miedo y la decepción.

Hay ‘incipientes’ métodos en la resolución de los conflictos en las aulas de secundaria.

• Los jóvenes que llegan a las aulas no quieren ser reconocidos como ‘desplazados’.

Reflexiones

• Es interesante hablar de la comunicación, pero no como el conjunto de nuevos aparatos y de sofisticadas máquinas, sino como una manera de agenciar lo educativo y lo cultural a través de contenidos que generen espacios de socialización y convivencia.

• La escuela es un escenario de la vida social, por ello es necesario reconocer que los procesos educativos tienen un profundo carácter comunicativo.

• Es posible llevar a cabo una cultura de paz desde la pedagogía de la comunicación y del diálogo que posibilite generar cambios en la realidad de los jóvenes de secundaria y su entorno.

• Es posible generar espacios en los que la comunicación permita el reconocimiento de sí mismo y del otro y que es a través de ella, desde donde podrán desplegarse estrategias, iniciativas y pautas creativas con respecto a la convivencia ciudadana.

Posibles líneas futuras

“Entre las jóvenes es importante relacionarse con el ‘duro’, esto les da reconocimiento y cierto impacto de poder. Menosprecian los objetos y útiles de clase, no gustan de la escritura y mucho menos de la lectura a no ser que sea amarillista”.

Docente

Sería interesante hacer una reflexión sobre el papel de las jóvenes, su actitud y como vienen interactuando ellas en este espiral de violencia que llega a las aulas de secundaria.

¡Hay razones para creer en la oportunidad!

Artítulo original en Bottup: Cultura de paz y comunicación desde las aulas de secundaria de Medellín, Colombia


Las víctimas sufren la acción de la guerra y la violación de sus derechos fundamentales, y son invisibles y olvidadas incluso por el Estado colombiano

Peridista ciudadana autora: María Teresa Herrera Echevarría Editado por: Redacción Bottup

Víctimas en Colombia

Las víctimas son tan antiguas como el conflicto armado que vive Colombia, ese conflicto que tiene un impacto que va más allá de la democracia, de sus relaciones internacionales, de su crecimiento económico o de los índices de desarrollo. Las víctimas han sido desde siempre quienes han llevado la peor parte, no sólo porque sufren la acción de la guerra y la violencia sobre sus derechos fundamentales sino porque han sido invisibles, olvidadas o, como el pasado 18 de junio de 2009, ‘archivadas’ gracias al hundimiento del proyecto de ley que tras casi tres años de debate, buscaba la reparación de quienes han padecido por el conflicto armado.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas civiles del conflicto colombiano además de sufrir la vilencia, son en muchas ocasione invisibles y olvidadas

El informe Nacional de Desarrollo Humano en 2003 hace un análisis profundo del conflicto armado en Colombia y desarrolla una clasificación de las víctimas según el tipo de agresión padecida. Según este informe, las víctimas civiles se enmarcan dentro de hechos como: la guerra sucia, el desplazamiento forzado, los daños colaterales, el terrorismo y los secuestros.

Es fundamental aclarar en este asunto del conflicto que las víctimas no han tenido ‘voz’ en la agenda informativa, tradicionalmente han sido excluidas como actores que con voz propia pueden contar su realidad sobre un tema que les ha afectado por décadas. Su presencia en los medios se ha ofrecido como tema de melodramas, sinónimos de llanto, dolor, fragilidad, estremecimiento y siempre está presente la polarización de víctimas más legitimadas que otras. Pero aún dentro de este panorama las víctimas han venido ganando terreno por sí solas o de la mano de organizaciones sociales, igual han ido incursionando en agendas locales, regionales y mundiales y con los medios de comunicación:

Revista’100 días vistos por el CINEP’. Editorial, mayo de 2010 No. 69

Titular de una noticia radial:

Cruz Roja dice que las víctimas civiles son casi “invisibles” en zonas rurales“.

El desplazamiento del conflicto armado hacia zonas rurales ha hecho que las víctimas civiles se hayan convertido en casi ‘invisibles’, a pesar de que los combates se han recrudecido de cara a las elecciones presidenciales, denuncio el Comité de cruz roja.”

“Bajo amenazas de muerte, se fuerza a la población a huir”, remarco el responsable de la Delegación colombiana de la Cruz roja, quien agregó que también se cometen asesinatos, se hiere a personas, y se perpetran actos de violencia sexual. “Y lo peor es que estas tragedias no salen a la luz pública”, lamento Beney.

Para Beney, las violaciones “más preocupantes” son las ejecuciones de los “falsos positivos”, como se conoce en Colombia al asesinato de civiles por militares que los presentan como guerrilleros muertos en combate para Mostar resultados antes sus superiores y obtener beneficios. También denunció el reclutamiento de menores por los grupos armados, lo que explico, en parte, por el subdesarrollo, que lleva a que los jóvenes no tengan muchas alternativas que unirse a estos grupos para subsistir. El número de desplazados en Colombia, según esta Organización, ha continuado en ascenso en los últimos años hasta situarse en los 3,3 millones de personas, lo que representa una de las cifras más elevadas del mundo”.

(Radio W. Titular abril 26-2010)

Para reparar el daño sufrido por las víctimas es necesaria la reconstrucción, la reconciliación (entre víctimas y victimarios) y la resolución

La génesis, la evolución, vinculaciones y actores del conflicto de las víctimas en Colombia se puede ubicar dentro de lo que Galtúng llama una Violencia Estructural, esa violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales que han impuesto los mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo (Ingerencia de la globalización). El caso Colombia un conflicto armado de casi 50 años producto de la inconformidad, de la injusticia social, la desigualdad, la violencia política, los malos gobiernos y la dependencia a los Estados unidos de América en todo los ámbitos.

¿Por qué el ser humano utiliza la violencia para dar solución al conflicto?

Johan Galtung habla de tres respuestas, la primera viene de la propia raíz del conflicto. La violencia empleada para incapacitar a la otra parte o partes para imponer sus propios objetivos y en ocasiones se considera que la solución militar es la única posible. En este caso el Estado colombiano antepone al conflicto la vía de la fuerza militar contra las FARC, grupo al margen de la ley, e igual ellos responden con la lucha armada. Ambos son ‘guerristas’ y saben de sobra de los daños colaterales hacen que la población civil esté en alto riesgo de ser violentada. Sus objetivos parecen muy claros como ‘violentos’ que son. El Estado colombiano dice que quiere proteger la democracia con medidas ‘dictatoriales’ y empleando el poder de los medios de comunicación (estado de opinión instaurado en la era Uribe) para sostener sus objetivos, y las FARC se volcó con el ‘terrorismo’ y otras actividades ilícitas que generan violencia. Por lo tanto, ser víctima es una condición derivada del conflicto que vive el país.

Entre las posibilidades de regulación del conflicto de las víctimas en Colombia se encuentra la aplicación de las tres ‘R’ de que habla Johan Galtung:

- Reconstrucción: curar daños y heridas ocasionadas por enfrentamientos entre las partes y reparar los daños materiales. Deben participar guerrillas y Estado: Diálogos de paz, deponer armas, reinserción a la vida civil, etc. Reparación de víctimas con la ley de justicia y paz estimada bajo un proyecto de ley.

- Reconciliación: a través del perdón. Deben participar tanto víctimas como victimarios.

- Resolución: se crean espacios para resolver los conflictos: Mesas de paz, diálogos de paz, entrega de secuestrados, negociaciones. Participa la sociedad civil, la iglesia, la comunidad internacional y el Estado.

El Estado colombiano ha sido ‘penalizado’ publicamente por instituciones internacionales como la Unión Europea, o bien ONGs como Amnistía Internacional

En los tratados de Amnistía Internacional al Estado colombiano se le ha ‘penalizado’ públicamente como violador de los Derechos humanos. La Unión Europea en algunas ocasiones ha amenazado al Estado colombiano con quitarle ayudas de cooperación si siguen violando los Derechos Humanos. Creo que son formas externas de regular el conflicto desde la intervención de la comunidad internacional.

Los medios de comunicación también harían parte como posibilitadores de regulación del conflicto en algunas fases del proceso: en la Reconstrucción, la Reconciliación y Resolución como una de las condiciones para salir de la violencia, por medio de la creatividad, la trascendencia, y la empatía. Transformar el conflicto en forma positiva.

María Teresa Herrera Echavarría

Parte de la información basada en:
Víctimas en Colombia: ¿Cuál es el camino de la reconciliación?

Artículo original en Bottup: El conflicto de las víctimas civiles en Colombia


Los medios de comunicación son un actor importante en un conflicto armado: unas veces perseguidos por cumplir con su labor y otras haciendo propaganda de un bando u ocultando la verdad

Periodista ciuadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Protesta de ciudadanos contra medios de comunicación / Foto: Andrés Monroy

Protesta de ciudadanos contra medios de comunicación / Foto: Andrés Monroy

Colombia. Los medios de comunicación, convertidos en campo de batalla, son el escenario donde se ganan o pierden guerras. La incursión de las nuevas tecnologías de la comunicación ofrece nuevas opciones para la difusión de la propaganda a favor o en contra de cualquiera de las partes enfrentadas en un conflicto armado, o en situaciones más complejas, para la estigmatización de civiles que no comparten las propuestas del ejército de turno.

Periodismohumano publicó en agosto del año pasado el artículo ‘La radio del odio, fomentando la muerte‘ sobre el papel de los medios de comunicación en la gestación del genocidio ruandés y la condena a cadena perpetua de Valerie Vemeliki, una de las locutoras que desde la radio Mil Colinas incitó al genocidio.

Casos como ese se reflejan sin dificultad en cualquier país que padezca de confrontaciones armadas.

Colombia, con una violencia intestina que ya supera los 50 años, no podía escapar a la estrategia mediática de los diferentes ejércitos que se disputan el control militar y económico. Para el caso de los grupos de mercenarios de extrema derecha o paramilitares, se han desenmascarado los nexos de decenas de políticos, muchos de ellos de la corriente política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con estos grupos en lo que el país ha conocido como la parapolítica. También, se ha dado inicio al debate sobre la participación de multinacionales y sectores de la economía doméstica en la financiación de estos grupos armados de extrema derecha. Pero aún no se ha abordado el tema de cómo los paramilitares utilizaron o sometieron a los medios de comunicación para desplegar su estrategia de terror sobre Colombia.

En Colombia, los grupos paramilitares están detrás de 12 de las 194 agresiones registradas contra periodistas en 2010

¿Por qué estrategia del terror? Según el sociólogo y columnista Alfredo Molano, entre junio de 2006 y diciembre de 2010 la fiscalía ha documentado 173.183 homicidios, 34.467 desapariciones forzadas, el desplazamiento de 74.990 comunidades, el reclutamiento de 3.557 menores de edad, 3.532 extorsiones, 3.527 secuestros y 677 casos de violencia contra mujeres, todo lo anterior, cometido por los grupos paramilitares de extrema derecha.

Por eso, es necesario abordar la incidencia del paramilitarismo en la tarea de la prensa colombiana desde diferentes ópticas: 1. La coerción (amenazas, asesinatos, atentados) sobre periodistas y medios de comunicación; 2. La complicidad de algunos medios y/o periodistas; 3. La utilización de medios de comunicación propios; y 4. La indiferencia de algunos medios de comunicación a la tragedia de las víctimas del paramilitarismo.

Según el reportaje ‘Periodismo: la mordaza de los paras‘, “Para los paramilitares la prensa siempre ha sido una realidad incómoda. Dentro de su dinámica de creación, expansión y consolidación, siempre intentaron justificar ante la opinión pública su lucha contrainsurgencia. Sin embargo, sus crímenes y atrocidades no encontraron el mejor eco en la prensa, tanto nacional como regional. Al final, no les quedó más que las amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos de aquellos comunicadores que les resultaban incómodos, bien sea por sus denuncias o informaciones”.

A pesar de su publicitada desmovilización, los grupos paramilitares ahora bajo las etiquetas de ‘Bandas Criminales’ (Bacrim) o ‘Bandas Emergentes’, siguen atacando: 12 de las 194 agresiones ocurridas en 2010 contra periodistas son atribuidas a estos grupos, según el informe de la Federación Colombiana
de Periodistas (Fecolper).

Familiares del asesinado periodista Martin La Rotta protestan en la Plaza de Bolívar / Foto: Andrés Monroy

Familiares del asesinado periodista Martin La Rotta protestan en la Plaza de Bolívar / Foto: Andrés Monroy

Según el informe ‘Prensa Silenciada‘, publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en abril de 2009, hasta entonces siete casos de periodistas asesinados fueron reconocidos por los paramilitares, mientras existían 20 investigaciones de crímenes, luego de revelaciones hechas por ex miembros de las autodefensas que involucran desde políticos hasta funcionarios del Estado.

Para Reporteros Sin Fronteras, las milicias de extrema derecha o grupos paramilitares, están en la clasificación de los ‘depredadores de la prensa’. “Las amenazas de muerte dirigidas a periodistas, en ocasiones muy conocidos y enemistados con el gobierno de Álvaro Uribe, frecuentemente llevan la firma de las ‘Águilas negras’”. Por otro lado, según el Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, “Las denuncias sobre corrupción política y administrativa, y el accionar de grupos paramilitares, son los principales móviles en el caso de 59 periodistas asesinados por razones de oficio en Colombia entre 1993 y 2009″.

Sobre la complicidad de medios de comunicación o periodistas, existen preocupantes datos, como el pago hecho por paramilitares a algunos periodistas para el desarrollo de diferentes actividades. Otro caso, por citar un ejemplo, es el de los presuntos vínculos del director de un importante periódico del norte del país con Salvatore Mancuso[1], ex comandante de las AUC. Clodomiro Castillo fue asesinado en marzo del 2010, luego de sus repetidas denuncias desde la revista el ‘Pulso del Tiempo’ sobre esta presunta relación.

Medios de comunicación son denunciados por la indiferencia ante las trajedias de las víctimas del paramilitarismo, e incluso por ser portavoces de estrategias propagandísticas

Respecto a la utilización de medios de comunicación de propiedad de los paramilitares, el artículo ‘Paras versión 2.0‘ publicado el 14 de febrero de 2011 en el portal verdadabierta.com es un gran paso en ese debate, necesario en el proceso de construcción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano.

Según el informe periodístico, “los crímenes que cometieron los paramilitares en la década de los noventa y comienzos del siglo XXI no fueron a las espaldas del país. Durante su expansión en varias regiones, estos grupos montaron varios medios de comunicación, como parte de su estrategia política y militar, en los que divulgaban abiertamente sus crímenes bajo la supuesta bandera de combatir a la guerrilla”.

En el caso de la radio, se menciona la creación de la emisora Colombia Libre, del Bloque Central Bolívar, que se sintonizaba en varios pueblos de una amplia zona del país conocida como el ‘Magdalena Medio’, en la frecuencia 98.5 FM. En gran medida la creación de este y otros medios de comunicación se atribuye a Jesús Noraldo Bastos, conocido con el alias de ‘Parabólico’. En declaración ante los fiscales que siguen las investigaciones contra los paramilitares, el excomandante de ese Bloque, ‘Julián Bolívar’, afirmó que “Desde San Blas se emitía la señal de Colombia Libre, la cual se convirtió en un poderoso órgano de información, divulgación y propaganda de las autodefensas. Además de ser un instrumento para desacreditar políticamente al enemigo, a través de mensajes de impacto sicológico muy efectivos”.

Por otra parte, el informe periodístico reseña la estrategia de comunicaciones a través de Internet, donde cada facción de los paramilitares de las ‘Autodefensas Unidas de Colombia – AUC’ contaban con páginas de Internet
donde publicitaban sus acciones.

Pintada pidiendo acciones contra los paramilitares / Foto: Andrés Monroy

Pintada pidiendo acciones contra los paramilitares / Foto: Andrés Monroy

Finalmente, sobre la indiferencia de algunos medios de comunicación frente a la tragedia de las víctimas del paramilitarismo, el ejemplo a citar lo proporciona el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en octubre 27 de 2010 envió una carta a la directora del periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Esta carta acompaña un ejemplar del libro ‘Fusil o Toga, Toga y Fusil‘, que narra la tragedia vivida por la Comunidad de Paz de San José de Aparatadó, víctima de la agresión paramilitar en alianza con algunos militares.

El sacerdote Giraldo señala en la carta que “la realidad trágica vivida por las víctimas no se refleja ni de lejos en los medios masivos de ‘información’”. Agrega Giraldo que a pesar de que todos los crímenes sufridos por esta población fueron puestos en conocimiento de las autoridades, otra fue “la imagen que los lectores de El Colombiano se han formado de la Comunidad de Paz. No sólo el silenciamiento de los crímenes y la protección mediática a sus autores, sino, lo que es más grave, la tergiversación de los hechos y la estigmatización de las víctimas, se constituyen en actitudes sistemáticas del diario que usted dirige, las cuales merecen el más radical repudio de quien tenga principios éticos”.

Esta es tan solo la enunciación de un tema pendiente para los colombianos. El derecho a la información, con su carácter fundamental, ha sido manipulado por todos los actores armados del conflicto colombiano. ¿Quién y cómo se reparará la pérdida que sufre la sociedad luego de cada asesinato o amenaza contra un periodista? ¿Cómo se reconstruirá la confianza en los medios de comunicación, cada vez más deteriorada? Es hora de dar ese debate.


[1] En http://www.youtube.com/watch?v=r70xD_w7L78 grabación de conversación entre Mancuso y el director de un periódico Colombiano.

Artículo original en Bottup: Colombia: estrategia mediática de la violencia paramilitar