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Ayer se anunció en Colombia el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC
La promesa es no cometer los errores del pasado y los errores fueron muchos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez (@AndresMonroyG) Editado por: Redacción Bottup


Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Un país con más de 60 años de conflicto armado tiene una amplia experiencia en negociaciones, pocas exitosas y muchas fallidas. Toda la experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en este momento en que el país suramericano se embarca en la tarea de buscar una alternativa mediante el diálogo a la guerra.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anuncia formalmente el inicio de un proceso de paz con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. En la alocución radiotelevisada, el presidente Juan Manuel Santos señaló que un “proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y no ceder ni un solo milímetro del territorio nacional”.

Con la firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto‘ suscrito entre las partes enfrentadas, se busca dar una salida pacífica a la confrontación entre colombianos.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anunció el inicio de un proceso de paz con las FARC

Sin embargo, los temas que deben abordarse, además de numerosos son complejos.  Los derechos de las víctimas, el papel del sistema judicial, la solución de las causas que llevaron a miles de colombianos a tomar las armas contra el Gobierno y el rol de los medios de comunicación son solo algunos.

Una verdadera reinserción reclama no sólo la participación de las entidades públicas. También la sociedad debe aportar su cuota para una negociación eficaz, atractiva en términos de responsabilidad compartida en un largo proceso que se avecina.

De las experiencias anteriores es importante resaltar la iniciativa de excombatientes que durante varios años han participado en un proyecto de reinserción. Sus críticas y aportes provenientes de la experiencia directa son una herramienta fundamental para el éxito de un proceso de paz “sin que volvamos a repetir los errores del pasado“, como lo dijo el presidente Santos.

Desafortunadamente la única referencia a la hecha por Juan Manuel Santos en su discurso del 4 de septiembre sobre el futuro de los eventuales excombatientes fue la siguiente: “Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”. Nada más.

Experiencias compartidas

El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz‘ con presencia de delegados del gobierno nacional y distrital, para escuchar los reclamos y propuestas de las personas que creyeron en las promesas hechas por el Estado a cambio de abandonar la lucha armada. La principal crítica: marginalización de la participación política.

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración – ACR, “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas Ilegales”. Pero más allá de estas cifras, la Asociación Nacional de Desmovilizados – ANDES, ha planteado una serie de críticas y propuestas, con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil.

Durante el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz’, Martín Rangel, líder de ANDES, señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la administración distrital frente a la población excombatiente.

Según ANDES, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento de dos categorías: ciudadano frente a desmovilizado. Esta situación ha llevado a que se pierda la confianza en el Estado y las acciones que emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, donde no se ha tenido en cuenta la real dimensión de la situación de los desmovilizados y sus familias.

Para Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional – ELN, “la guerra entre izquierda y derecha pasó a ser entre víctimas y victimarios”. Rangel señala que en virtud de ley 975, conocida como ley de Justicia y Paz, se contemplaba el cumplimiento de las penas alternativas en granjas agrícolas. Hoy, muchos de los postulados están en las cárceles, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre.

Sobre la administración distrital, la postura de los desmovilizados es desalentadora.  Al referirse al alcalde Gustavo Petro, Rangel afirma “que al suponerse que había pasado por el conflicto armado, teníamos esperanzas en él. Pero nos decepcionó”.

Desde algunos sectores, especialmente desde el gubernamental, se ha tratado de identificar la experiencia del actual Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como una de las experiencias exitosas de un desmovilizado de la guerrilla y su incursión en el sistema electoral. Sin embargo, la situación de Petro difiere de la de los desmovilizados que actualmente buscan espacios políticos. Petro fue parte de un proceso de desmovilización colectiva, mediada por una ley que los amnistió y seguido de una asamblea constituyente, donde incursionó su antiguo grupo armado, el Movimiento 19 de Abril M-19, en la arena política con el nombre de Alianza Democrática M-19.

Desde la Asociación Nacional de Desmovilizados se denuncia la indiferencia del gobierno hacia los ex combatientes y la falta de espacios políticos y sociales para los desmovilizados

La decepción de los excombatientes frente al alcalde Petro está justificada en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por ANDES concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel planea la contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto.

¿Qué dice el artículo 39 del Plan de Desarrollo de Bogotá? Señala la meta distrital de implementar el “Programa territorios de vida y paz con prevención del delito”. En este programa en teoría se garantizará y promoverá la convivencia pacífica, priorizando “acciones integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad  de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades” (negrita fuera de texto).

Esta es la única referencia a la población desmovilizada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 para Bogotá. Más de 800 desmovilizados presentaron sus propuestas, pero según ellos, ninguna se tuvo en cuenta. No encuentran el componente político “para reclamarnos como ciudadanos en ejercicio de derechos”.

“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandon, de ANDES. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se ha dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de cero”. La petición es sencilla: que los gobiernos nacional y distrital los escuchen.

Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y por eso los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado. Más de un mes después de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la administración distrital sigue siendo negativa, además de no vislumbrarse ningún proceso de acercamiento con el Alcalde Mayor que permita discutir el futuro del programa en la capital. Blandón es tajante en acusar de despotismo al burgomaestre, quien además desconoce una realidad social y entra en contradicción con la política de la no segregación que ha profesado.

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En un análisis hecho por el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza se explica claramente el origen de la ausencia de espacios de participación política para los excombatientes. Según ese análisis, la orientación individualista y psicológica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, promovida por el gobierno nacional, “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo”.

“Hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros”

Mientras estos espacios no se faciliten, Martín Rangel pregunta “¿estamos destinados a seguir en la ilegalidad?”.

Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la ley 1424 de 2010, que ha llevado a que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el Gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización.

Por otra parte, se ha dejado de lado el debate sobre el pie de fuerza del aparato militar oficial, incrementado en la lógica del conflicto armado interno. ¿Qué pasará con los militares y policías luego de una eventual salida negociada al conflicto armado?

Estos y otros temas serán propuestos en un encuentro nacional que se realizará en noviembre de este año.

Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en la resocialización de excombatientes”.

Más preguntas

Viendo que hasta ahora la reinserción de combatientes a la vida civil no ha tenido los mejores resultados, es importante no pasar por alto que hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros.

¿Qué tan conveniente es desmovilizar la estructura armada de las FARC si el gobierno mantiene el tercer pie de fuerza más grande de Latinoamérica?

¿Qué pasará con las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia?

Estas preguntas sintetizan el temor de varias generaciones que han sido testigo de cómo estos grupos de extrema derecha torpedean las iniciativas de paz. El final del siglo XX trae ejemplos dramáticos, como el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP) y el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, comandante del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M-19.

Documentos Relacionados

Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación No. 3554. Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016 ‘Bogotá Humana

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

 

Artículo original en Bottup: Desmovilizados frente al nuevo proceso de paz en Colombia


En el departamento del Cauca las tensiones entre ejército, guerrilla y paramilitares han dejado dos indígenas muertos, 30 heridos y cientos de desplazados

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Autonomía indígena212 años después del grito de Independencia en Colombia, las comunidades indígenas del departamento de Cauca hacen sentir su voz de protesta frente a todos los actores armados del conflicto interno. Cartas enviadas al Gobierno y la guerrilla son un grito para que no los afecten más con una guerra que no es de ellos.

En 2010 se conmemoró el bicentenario del Grito de Independencia en Colombia. Ese año, el país fue testigo de cómo la unanimidad frente a débiles construcciones del ‘patriotismo’, se resquebrajaba inevitablemente. El solemne desfile militar del 20 de julio fue el prólogo del imponente paso de miles de campesinos e indígenas que, al día siguiente, recorrieron las calles bogotanas.

Las autoridades indígenas hacen llegar cartas al ejército y la guerrilla para volver a proclamar que ésta no es su guerra

Dos años después, el clamor por el respeto y la paz adquiere más fuerza en el departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. Las comunidades indígenas que allí habitan, dijeron “no más” a una guerra que no sienten propia, quedando en medio de los disparos de la guerrilla, ejército y paramilitares. Las tensiones han cobrado la vida hasta hoy de dos indígenas, aproximadamente 30 heridos, cientos de desplazados y una escalofriante estigmatización social. Estos procesos de reivindicación de la vida y la cultura autóctona son entendidos en determinados círculos políticos como una alianza tácita con la insurgencia; la propaganda mediática ha despertado una campaña de intolerancia contra líderes indígenas y las declaraciones de funcionarios públicos y mandos militares han atizado una discriminación racial tan absurda como peligrosa.

Cientos de indígenas desalojaron a los militares de ese lugar, antes de adentrarse en las montañas a hacer lo propio con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. “Los verdaderos soldados no atropellan a la gente, anoche disparaste”, es la recriminación hecha por un líder indígena a uno de los militares que custodiaban un puesto estratégico en las montañas del norte del departamento del Cauca.

Imagen tomada de las redes sociales

La atención de los grandes medios de comunicación, capitalizada por los aparatos de propaganda oficial, dieron protagonismo a las lágrimas de uno de los sargentos desalojados de esas trincheras, fomentando un sentimiento de indignación por las acciones de los indígenas. Mientras tanto, no solo pasó en un segundo plano el asesinato de dos miembros de la comunidad en las siguientes horas, sino que la indiferencia por años de masacres, desplazamientos y despojos contra los indígenas ha sido la constante en la sociedad colombiana.

“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”: Indígenas al presidente Santos

Las autoridades indígenas del norte del Cauca, organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, anticipando que actúan con respeto frente a todos los actores políticos del país.

En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, haciendo eco no sólo de su derecho ancestral, sino de diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Imagen tomada de periódico virtual

Para los indígenas, el conflicto armado es “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda serie de estrategias militares, fallidas en su totalidad.

La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la organización indígena de proteger a la guerrilla, desconociendo de esta manera todos los miembros de las comunidades muertos en medio de ese conflicto Estado-insurgencia. Sesenta indígenas perdieron su vida en los últimos tres años y casi 600 están sin vivienda.  ”Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta. Para comprobar que esta afirmación no es ajena a la realidad, basta atender a las declaraciones del Comandante de las Fuerzas Militares, acusando al líder indígena Feliciano Valencia de ser miliciano de la guerrilla de las Farc.

“El Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”

Añaden los indígenas que “una estrategia hecha para una supuesta victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla”.

Frente a la política de seguridad democrática, implementada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la conclusión es contundente: “La seguridad democrática, que dicen que fue muy exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran tres grandes campamentos sino 50 más pequeños”.

Es así como consideran que “en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.

“No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército- porque estos territorios son nuestros”: Indígenas a las Farc

Para quienes consideran que este movimiento de resistencia civil indígena es una estrategia impulsada desde las FARC, resulta esclarecedora la carta enviada a Timoleón Jiménez, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.

En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y sus acciones son cuidadosas para no darle ventaja militar alguna a ninguno de los actores armados.

“Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No se atrincheren en las casas”

En la carta enviada al comandante de las FARC le recuerdan que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas.

“La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”, agregan en su carta a las FARC.

Las peticiones son claras: “Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.

Las dos cartas, para el Gobierno y las Farc, concluyen de la misma manera: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.

Artículo original en Bottup: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”


Una ley aprobada en Colombia busca penalizar las expresiones de inconformidad en las calles
A pesar de esto y de las declaraciones del presidente Santos, cada día hay mayor intensidad y cantidad de protestas, entre ellas, de los estudiantes universitarios

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


En 2011 ya se han producido más de 1.500 protestas

En 2011 ya se han producido más de 1.500 protestas

Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, afirmó que “siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social”.

La expresión libre a través de protestas ciudadanas es objeto de formas particulares de restricciones en el caso colombiano. Una ingenua esperanza rondaba algunos sectores de la sociedad colombiana, para quienes el cambio de lenguaje del actual gobierno podía significar una ruptura con las estrategias de persecución e intimidación a los opositores políticos durante la presidencia de Álvaro Uribe. Desafortunadamente se diluye al compás de actuaciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, entre ellos el mismo
presidente Juan Manuel Santos.

Las autoridades estigmatizan las movilizaciones estudiantiles con declaraciones sobre la infiltración de la FARC

Las autoridades estigmatizan las movilizaciones estudiantiles con declaraciones sobre la infiltración de la FARC

El diagnóstico de la profunda crisis por la que los colombianos reclaman acciones eficaces, se refleja en las cada vez más intensas y frecuentes protestas en diferentes regiones del país. El común denominador: la irrupción de la estrategia de estigmatización generalizada en contra de estas manifestaciones de inconformidad.

Es así como un informe de la Policía, al dar cuenta del incremento de las protestas (en 2010 se realizaron 1.142 manifestaciones y en lo corrido de 2011 van 1.573), hace énfasis en su preocupación por la intervención de grupos ilegales en éstas.

Esta táctica de señalamientos, que a pesar de los discretos llamados del gobierno a la no generalización, buscan deslegitimar los reclamos de diferentes sectores de la población colombiana. Para la muestra, varios ejemplos de hechos
ocurridos en los últimos dos meses.

Desde el techo de la Alcaldía de Bogotá, esta persona filmaba a los estudiantes durante las marchas del 7 de septiembre de 2011. No era periodista

Desde el techo de la Alcaldía de Bogotá, esta persona filmaba a los estudiantes durante las marchas del 7 de septiembre de 2011. No era periodista

El más reciente, es la acusación de infiltración subversiva de los movimientos estudiantiles que protestan en diferentes universidades del país en contra de un proyecto de reforma de la educación superior. Juan Manuel Santos, en un discurso pronunciado durante la activación de una nueva brigada del ejército, señaló: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”. Quizás esta razón esgrimida por el jefe de Estado, constituye la motivación para que las fuerzas de seguridad persistan en sus seguimientos intimidatorios contra líderes sociales. Por esto no es extraño advertir la presencia de personas que desde edificios públicos registran mediante videos y fotografías a los manifestantes, inclusive cuando las movilizaciones se realizan con los permisos exigidos por las autoridades.

Uno de los principales medios de comunicación escritos del país, haciendo eco a los señalamientos de Santos, afirmó que “tuvo acceso a un completo dossier, elaborado por los organismos de seguridad, en el que se evidencia el poder de infiltración de las Farc y el Eln, ya no sólo en las tradicionales universidades públicas, sino también en los más prestigiosos planteles privados en el país. Por ejemplo, se ha establecido que a través de la denominada Plataforma Encapucharte, colectivos, brigadas y células de la guerrilla están desarrollando trabajos de adoctrinamiento ‘en organizaciones cívico-sociales y movimientos juveniles’, con el fin de blindar sus enlaces ilegales al amparo de instituciones que sí son legales”. No tardaron en producirse las primeras detenciones. En los últimos días fueron detenidos varios estudiantes que participan activamente en la mesa nacional que se opone a la reforma propuesta por el gobierno. Gustavo Gallardo, de la fundación ‘Lazos de dignidad’, declaró a los medios de comunicación que “Se realizaron hasta hoy 60 capturas en todo el país, con la característica que se emiten una semana después de las declaraciones del presidente Santos, frente a la presunta infiltración de la guerrilla en las universidades del país. Todas las órdenes tienen fecha del 30 de septiembre, son selectivas y arbitrarias”.

Otro caso es el de los trabajadores de la compañía petrolera Pacific Rubiales Energy. Sus exigencias por mejores condiciones laborales fueron reprimidas por los escuadrones antidisturbios de la policía, donde resultaron heridos 12 trabajadores. Mientras tanto los directivos de la multinacional petrolera pedían la militarización de los campos de trabajo, negando la explotación laboral que denunciaban los trabajadores. Por su parte, un grupo de trabajo compuesto por parlamentarios y representantes del gobierno manifestó su preocupación por la disminución de la producción petrolera, sin mostrar el mismo entusiasmo a la hora de reflexionar sobre las condiciones de los trabajadores.

Paralelamente, los indígenas del convulsionado suroccidente colombiano reclaman el respeto por sus territorios ancestrales y su neutralidad en conflicto armado. La respuesta del nuevo ministro de defensa, al poco tiempo de asumir el cargo, fue acusar a los indígenas de sostener alianzas con la guerrilla. La Asociación de Indígenas del Cauca rechazó estas afirmaciones, alegando que “lo que hay en el Cauca son comunidades victimizadas por los actores armados (incluyendo la Fuerza Pública) y atrapadas en el fuego cruzado de la confrontación armada”.

En el departamento de Antioquia, dos municipios han sido sacudidos por las manifestaciones de sus habitantes. En Tarazá, las movilizaciones campesinas rechazan las fumigaciones con glifosato, por considerarlas nocivas para la salud de los pobladores y sus cultivos. Al respecto se pronunció el Secretario de Gobierno del departamento, aseverando que estas manifestaciones son producto de la presión de la guerrilla de las Farc. Por su parte, en el municipio de Cuacasia, mineros informales protestan por su derecho a trabajar. Como resultado de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y una mujer murió por la inhalación de los gases disparados por la policía. Esta manifestación tampoco estuvo exenta del señalamiento de ser infiltrada por la guerrilla.

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de
‘agitadores profesionales’

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de 'agitadores profesionales'

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de 'agitadores profesionales'

Otro caso es el del sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio), donde son frecuentes los bloqueos protagonizados por ciudadanos cansados del mal servicio prestado por las empresas que tienen la concesión en las principales rutas de la ciudad. Buses atiborrados, calles en pésimo estado, incumplimiento de horarios y uno de los pasajes más costosos del país no son entendidos por las autoridades distritales y por los directivos de las empresas privadas que operan ese sistema como causas lógicas de las protestas. Su interpretación de los hechos apunta a la actuación de “agitadores profesionales“.

Todas estas movilizaciones ven la sombra de una ley aprobada en junio de este año, que establece penas que van desde los 2 hasta los 4 años de prisión y millonarias multas a quienes sin el permiso de las autoridades obstaculicen las vías o infraestructura de transporte. Más adelante, la misma ley señala penas de 4 a 8 años y multas a quienes imposibiliten la circulación de vehículos de transporte
público.

Estudiantes con las manos en alto

Estudiantes con las manos en alto

Es cierto que una de las obligaciones de los gobernantes es preservar el orden público, buscando prevenir desmanes durante las manifestaciones. Pero es válido preguntarse por el concepto de ‘orden’ que se busca defender con estas leyes. Adicionalmente, normas como la mencionada, de manera genérica criminalizan comportamientos inherentes a las manifestaciones callejeras y son la puesta en escena de intimidantes procesos judiciales contra quienes encuentran en las protestas públicas la única alternativa de ser escuchados.

Ante la hilarante y descabellada posibilidad de calificar a todos y cada uno de los participantes de las movilizaciones de protesta como “guerrilleros”, es necesario preguntarse sobre cómo interpretar esta sistemática campaña de estigmatización contra la movilización social de protesta. ¿A qué le teme el Gobierno?

Varias opciones surgen de esta pregunta. Una primera posibilidad de respuesta, es que los ocho años de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe fueron un total fracaso y las guerrillas cada vez tienen más capacidad de movilizar a obreros, campesinos, estudiantes e indígenas. Seguramente esta interpretación no será del gusto de quienes defiende el legado uribista.

Mural en la Universidad Nacional

Mural en la Universidad Nacional

Otra respuesta gira en torno al creciente descontento social, por la cada vez más profunda brecha social (por ejemplo, un congresista gana en un mes lo que un colombiano promedio gana en 3 años). Esto se suma a los inocultables casos de corrupción administrativa y la desviación moral de las fuerzas de seguridad, frecuentemente involucradas en casos de ejecuciones extrajudiciales, (mal llamadas ‘falsos positivos’), agresiones sexuales y desviación de recursos públicos para intimidar a los críticos del gobierno, entre otros tantos casos. Pero esta interpretación tampoco gustará al oficialismo, para quienes todas estas denuncias hacen parte de una conspiración contra el expresidente Álvaro Uribe.

Quizás llegó la hora en que los gobernantes acepten que no están haciendo bien su papel y tomarse en serio las protestas de los colombianos.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG
Fotografías: Andrés Monroy Gómez (Seryozem)

Artículo original en Bottup: Colombia: la incomodidad de las protestas ciudadanas


Absuelto de los cargos que le vinculaban a las FARC, los medios de comunicación no rectifican sus informaciones

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

@AndresMonroyG


Captura de Miguel Ángel Beltrán, aparecida en desdeabajo.info

Captura de Miguel Ángel Beltrán, aparecida en desdeabajo.info

Colombia. Miguel Ángel Beltrán fue detenido en mayo de 2009 en México, acusado de ser ‘Jaime Cienfuegos’, integrante de la comisión internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Dos años después, una decisión judicial que deja sin valor las pruebas presentadas contra él, le otorgó la libertad. El tratamiento mediático dado a este caso en Colombia corresponde más a una inquisición contra Beltrán y las instancias judiciales que le dieron la libertad, que a un trabajo periodístico equilibrado.

Con el título ‘Primera plana cuando es arresto, nada cuando es liberación‘ Hernando Álvarez de la BBC reconoció, aunque tardíamente, la falta de equilibrio en la información sobre la liberación del profesor Miguel Ángel Beltrán.

Señala Álvarez “El hecho es que la gran mayoría de los periodistas resaltamos los arrestos, las acusaciones de las autoridades y después nos olvidamos del tema. Y claro, muchas veces todos esos arrestados son personas que no tienen los medios y quizás ni las ganas de golpear en las salas de redacción para exigir que informen con la misma magnitud el hecho de que la justicia no encontró las pruebas de su supuesto delito o de que fueron absueltos y declarados inocentes”. Luego, de manera contundente afirma “una vez que aparece la foto y la acusación en un medio de comunicación es difícil, por no decir imposible, que la memoria colectiva tenga una apreciación diferente de la persona en cuestión”.

“El hecho es que la gran mayoría de los periodistas resaltamos los arrestos y después nos olvidamos del tema. Y claro, muchos fueron absueltos y declarados inocentes”

Mientras estuvo detenido, Beltrán envió una carta a sus colegas y estudiantes, en la que afirmaba que “Los verdugos de la palabra y la razón me han colocado tras estas rejas con la pretendida ilusión de que ellas impedirán expresar mi pensamiento crítico y quebrantar mi moral“. Pero no fue sólo durante su detención que Beltrán ha enfrentado la condena pública. Aunque la justicia lo absolvió, algunos medios de comunicación en Colombia continuaron inculpándolo mediante titulares que, probablemente obedeciendo a líneas editoriales complacientes con posturas ideológicas, dejaron de lado aspectos relevantes en una información imparcial y equilibrada. Por otra parte, se dio más relevancia mediática a las declaraciones del fiscal del caso, que calificó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin valor probatorio los archivos de computador de ‘Raúl Reyes’ como
“traición a la patria”.

La liberación de Miguel Ángel Beltrán en El Tiempo

La liberación de Miguel Ángel Beltrán en El Tiempo

Sólo para citar algunos ejemplos, se observa cómo el periódico ‘El Tiempo’, en su edición on-line del 3 de junio de 2011 tituló “Miguel Ángel Beltrán, alias ‘Cienfuegos’ quedó en libertad esta tarde”, manteniéndole un sobrenombre que la justicia ya había descartado. De igual manera lo hicieron otros medios, como el periódico Vanguardia, donde se tituló “Quedó ayer en libertad alias ‘Jaime Cienfuegos’”. Por su parte, el portal de la emisora W Radio retomó la información de la Agencia EFE, titulando “Miguel Ángel Beltrán, alias ‘Jaime Cienfuegos’, recobró su libertad” concluyendo la nota con la siguiente afirmación “El nombre del catedrático apareció en varios correos de los computadores de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’”. ¿Por qué se mantiene un alias que la justicia colombiana no aceptó? En el último ejemplo citado, la desinformación va más allá al afirmar que el nombre del catedrático Miguel Ángel Beltrán es el que aparece en los computadores del abatido jefe guerrillero, y no el alias ‘Jaime Cienfuegos’.

La liberación de Miguel Ángel Beltrán en Vanguardia

La liberación de Miguel Ángel Beltrán en Vanguardia.com

Posteriormente se habló en los medios sobre la aparición de pruebas nuevas contra Beltrán, que podrían confirmar su pertenencia a las Farc. Su abogado defensor, David Albarracín, señaló en un programa radial que esa información no es prueba nueva sino que se trata de la actitud de los medios de comunicación de ‘reeditar’ los argumentos de acusación de la fiscalía, sin darle la garantía de la réplica a la defensa. Puntualizó que “quieren dar el debate a través de los medios de comunicación parcializados y tratar de ganar a través de los medios de comunicación lo que no se pudo ganar en los estrados judiciales”. Las supuestas nuevas pruebas – según Albarracín – obedecen a un “estrategia mediática publicitaria utilizando medios de comunicación bastante irresponsables que hacen eco de estas noticias sin ni siquiera tomarse el trabajo de buscar la otra cara de la noticia, la otra versión de la noticia, pero pues lamentablemente esto es lo que suele suceder con los medios masivos de comunicación de los aparatos de poder”. Estas declaraciones fueron transmitidas en la emisora Contagio Radio, vinculada a una Organización No Gubernamental defensora de los derechos humanos y posteriormente en el Canal Telesur, pero no hay referencias de esta información en los medios que a pesar de la absolución judicial, siguieron nombrando al profesor Beltrán como alias ‘Cienfuegos’.

La liberación de Miguel Ángel Beltrán en Wradio

La liberación de Miguel Ángel Beltrán en Wradio

Parece que en Colombia aún hay un largo camino por recorrer en el compromiso ético del periodismo, para llegar a la misma conclusión que Hernando Álvarez planteó desde la BBC: “…el punto de fondo para quienes trabajamos en los medios es que lo que no se puede olvidar es que nuestro oficio hace y deshace reputaciones. Eso nos obliga a actuar con responsabilidad y sobre todo siempre intentar contar la historia completa. A veces eso significa darle la misma importancia a un arresto que a una liberación”.

Contexto

Miguel Ángel Beltrán es Doctor en Estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), magister en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y magister en Historia y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

A pesar de haber sido declarado inocente, la mayoría de los medios tradicionales continuan asignándole el mote de ‘Jaime Cienfuegos’

Fue detenido el 22 de mayo de 2009 cuando tramitaba ante el Instituto Nacional de Migración de México (INM), el cambio de condición migratoria para continuar con sus estudios posdoctorales. Su detención e inmediata deportación a Colombia han sido fuente de cuestionamientos.

El gobierno colombiano calificó este hecho como la captura de uno de los “terroristas más buscados”, a la vez que le atribuyó a Beltrán el alias de ‘Jaime Cienfuegos’ y lo señaló de ser integrante de la Comisión Internacional de las Farc. Las acusaciones contra Beltrán se originan en el supuesto hallazgo de información en el computador del abatido jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ durante una operación militar colombiana en suelo ecuatoriano. La Corte Suprema de Justicia colombiana declaró que las pruebas provenientes de ese computador no pueden ser aceptadas, por haberse recaudado sin el cumplimiento de las formalidades procesales que exige la legislación de este país. Basándose en este pronunciamiento del máximo tribunal colombiano, una juez penal otorgó la libertad de Miguel Ángel Beltrán.

Es necesario recordar que Ecuador demandó a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Vea en el siguiente enlace el video de Miguen Angel Beltrán hablando con los estudiantes luego de su liberación:

Imágenes

Captura de Miguel Ángel Beltrán. Tomada de desdeabajo.info

Imágenes de los portales web:

www.eltiempo.com
www.wradio.com.co
www.vanguardia.com

* Andrés Monroy Gómez es coordinador del “Proyecto S.I. – Sociedad Informada” en Bogotá, Colombia.

Artículo original en Bottup: Los medios de comunicación y el caso de Miguel Ángel Beltrán


El sacerdote jesuita Javier Giraldo presentó el libro ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘, como un esfuerzo para que el mundo conozca la verdad sobre la violencia ejercida contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Los medios de comunicación y el aparato judicial no han sido efectivos a la hora de reivindicar la verdad de estas víctimas de la intolerancia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Javier Giraldo durante la presentación de su libro, una respuesta a la violencia sufrida por parte del Estado

Javier Giraldo durante la presentación de su libro, una respuesta a la violencia sufrida por parte del Estado

Colombia. Ante la vergonzosa lista de derechos fundamentales vulnerados a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los mecanismos implementados para su silenciamiento, el 9 de septiembre de 2010 fue presentado ante un grupo de periodistas el libro ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘, del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. Según Giraldo, este libro registra “la historia del sufrimiento de una comunidad colombiana concreta, que ha optado por no dejarse involucrar en la guerra contra su voluntad y que ha sido objeto de los más brutales métodos de represión, dentro de un Estado que dice llamarse ‘Democrático’ y ‘De Derecho’, gracias a los patrones vigentes de encubrimiento de la realidad real“. Los dineros recolectados por la venta de los ejemplares de este libro serán destinados a la construcción del Parque Monumento a la Memoria de las Víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

San José de Apartadó es una pequeña población del departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Su historia reciente está marcada por la agresiva reacción estatal y paramilitar, luego de la creación de la Comunidad de Paz. Esta respuesta a la violencia ejercida por los actores armados que se disputan los corredores estratégicos de la región fue sugerida por el obispo Isaías Duarte.

La propuesta consistía en crear una comunidad neutral regida por los principios del Derecho Internacional Humanitario. De esta manera, los habitantes de esa zona que se resistieron al desplazamiento forzado elaboraron un reglamento que evidencia su determinación de no tomar parte activa del conflicto, impidiendo el paso de armas o la colaboración con cualquiera de los ejércitos enfrentados.

La reacción del ejército y los paramilitares se tradujo en bombardeos, retenes ilegales y masacres. Los asesinatos y toda clase de intimidaciones persisten, no sólo contra los integrantes de la Comunidad de Paz, sino también contra quienes apoyan su labor, como el mismo sacerdote Giraldo. Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005. Cuatro de las víctimas eran menores de edad. Por estos hechos fueron llevados a juicio 10 miembros de la Brigada XVII del ejército.

La lucha contra la estigmatización y la impunidad no ha contado con el apoyo necesario de los colombianos. La desinformación proveniente de las grandes empresas mediáticas e inclusive de las emisoras locales se combina con la responsabilidad del Estado colombiano frente a esta tragedia y la desatención de las acciones emprendidas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como muestra de la perversidad del discurso de la guerra, los integrantes de la Comunidad de Paz han sido acusados de colaborar con la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero cuando son víctimas de asesinatos, se adjudica esa responsabilidad a las FARC. Sin embargo, hoy se conoce la alianza de los grupos paramilitares de derecha y el ejército para cometer estos homicidios. Por esto, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se enfrenta a la ‘toga’ que criminaliza o al ‘fusil’ que asesina.

Lucha contra las calumnias y la desinformación

“Al menos tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira”. Así expresa Javier Giraldo la manipulación mediática y la desinformación sobre lo que viene ocurriendo en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Diferentes medios de comunicación dieron amplia difusión a las acusaciones que desde los sectores oficiales se hacían en contra de los campesinos de la Comunidad. Sin embargo, al momento de probarse judicialmente la falsedad de estas acusaciones, los medios no ofrecieron la rectificación pertinente.

La prensa internacional no fue ajena al juego de la desinformación. En diciembre de 2009 The Wall Street Journal publicó el artículo ‘The FARC and the ‘Peace Community‘. La reacción a ese artículo provino del propio sacerdote Giraldo y de diferentes organizaciones de derechos humanos, mas no del Estado ni de las grandes empresas mediáticas colombianas.

Algo que ya no sorprende pero sigue atemorizando, es el efecto de las declaraciones del entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2004 y marzo de 2005 Uribe acusó a la Comunidad de “obstruir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de [sus] líderes, patrocinadores y defensores, a las FARC “, declaraciones que fueron ampliamente difundidas en diferentes medios de comunicación. En aproximadamente 18 derechos de petición, le han suplicado a Uribe cesar la persecución de exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y restituirles la honra y buen nombre, “gravemente afectados por las calumnias que profirió por todos los medios masivos de información (…), apoyándose en falsos testigos reclutados por la Brigada XVII“. Por las declaraciones de Uribe se abrió el expediente 1712 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El pasado 17 de agosto, un Congreso mayoritariamente oficialista, decidió archivar el expediente, dejando libre de toda responsabilidad al ahora catedrático de la Universidad de Georgetown.

“Tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira”

Estas situaciones impulsaron aún más la iniciativa del sacerdote Giraldo para publicar ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘. Durante la presentación del libro, Giraldo afirmó que espera que este libro sea un material de apoyo para los periodistas.

Derecho de acceso a la información

En medio de esta lucha contra la impunidad, uno de los logros de la Comunidad es obtener la garantía de su derecho de acceso a la información. Sin duda alguna, este precedente marcará la pauta en innumerables casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia.

Con la sentencia T-1025 de 2007, la Corte Constitucional colombiana señaló que es deber del Estado suministrar la información que posee y que se relaciona con los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Previamente, Javier Giraldo había solicitado conocer los nombres de militares y policías que se encontraban en lugares determinados, fechas y horas precisas, para impulsar las investigaciones por los asesinatos a miembros de la Comunidad. Las Fuerzas Armadas negaron esta información, pero a través de este fallo de tutela se dio la razón a las peticiones de información.

Uno de los apartes de la sentencia asevera: “Independientemente de la cifra de homicidios que se elija, la conclusión en todo caso es que ha sido asesinado un importante porcentaje de los fundadores de la Comunidad. Esta situación es intolerable para un Estado que en su Constitución Política se ha comprometido con la vigencia y protección de los derechos de todas las personas“.

Contextos o coincidencias

El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó merece un capítulo específico en la memoria de los colombianos y en la reflexión del mundo entero. La efectividad de las medidas internacionales de protección es un tema de necesaria evaluación. A pesar de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la

Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005 por parte de efectivos del ejército. Cuatro de las víctimas eran menores de edad

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la terquedad estatal sigue cobrando víctimas. Mientras tanto, la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional se dilata por asuntos presupuestales de este tribunal internacional.

Queda pendiente también la colaboración de los aparatos judiciales de otros países. La violencia contra la Comunidad de Paz fue financiada en parte por los aportes económicos hechos desde compañías bananeras como la multinacional Chiquita Brands y otras empresas privadas.

Por otra parte, es urgente una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en la indiferencia de la opinión pública colombiana, frente a la tragedia de quienes no creen en las armas como instrumento de gobernabilidad.

A propósito de gobernabilidad y corriendo el riesgo de salir del tema central de este artículo, no se puede pasar por alto que ocho años después de la operación Orión en Medellín, se está fabricando el entramado para justificar una nueva incursión militar en las Comunas. ¿Acaso esta clase de iniciativas militares en Antioquia son la cuota inicial para garantizar la gobernabilidad en Colombia?

Mientras tanto, la ONU manifiesta su preocupación por la lentitud en la investigación por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.

Es aún largo el camino a recorrer para que se garantice la independencia y transparencia total del aparato judicial y para que las fuerzas armadas cumplan el papel que la Constitución les asignó en la defensa del orden constitucional.

Bienvenido el libro del padre Javier Giraldo a esta lucha contra el olvido.

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
Derecho ciudadano a la información’

Enlaces de interés:
Página de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Página de Javier Giraldo S.J.Compilación de videos
Entrevista al padre Javier Giraldo S.J
Compilación de artículos sobre la Comunidad de PazAudiencia Pública sobre Derechos Humanos en Comunidad de Paz de San José de Apartado Jun 17 2010
Participación de militares en masacre de Apartadó reconoció por primera vez oficial del Ejército

Mapa tomado de
www.soaw.org

Artículo original en Bottup: ‘Fusil o toga. Toga y fusil’, un aporte a la verdad sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó