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Ética en el cubrimiento periodístico del conflicto armado, seguridad para periodistas y solidaridad profesional. Con estas premisas se conformó en Bogotá el pasado 20 de junio la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

El cautiverio y posterior liberación del corresponsal francés Roméo Langlois por parte de la guerrilla de las FARC fue el hecho desencadenante de una serie de reflexiones por parte de un número importante de corresponsales de medios de comunicación internacionales que trabajan en Colombia. Una de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para afrontar situaciones de riesgo para sus colegas y lograr una interlocución directa y eficaz con el Estado, en aras de garantizar el derecho a informar y estar informado.

El periodista italiano Simone Bruno, amigo personal de Langlois y quien vive hace más de una década en Colombia, empezó a contactar a sus colegas, transmitiéndoles el entusiasmo por esta nueva organización. Es así como luego de varias reuniones, el pasado 20 de junio aprobaron el acta de constitución y los estatutos de la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia (APIC), consagrando como su objetivo principal “defender en todos sus aspectos, el ejercicio profesional de la prensa extranjera en Colombia, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa y promover el mejoramiento de la calidad de la información”.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia”

Vale la pena resaltar la voluntad de los integrantes de esta nueva organización de servir de apoyo, en los casos necesarios, a los periodistas locales colombianos, que en las diferentes regiones se ven enfrentados a todo tipo de agresiones en el marco del conflicto armado interno y también como consecuencia de la grave crisis producto de la corrupción estatal. “Tenemos que responder a todo el apoyo que nos han dado los periodistas regionales cada vez que vamos a sus ciudades”, dijo Bruno durante la asamblea constitutiva de la asociación de periodistas, en la que resultó elegido como su presidente. Organizarse es algo “que debimos hacer hace rato”, señala Simone.

Le preguntamos al recién elegido presidente de la nueva asociación, Simone Bruno, sobre la expectativa frente a la sociedad y el gobierno colombianos desde la nueva organización.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia. En nuestra organización hay reporteros, fotorreporteros y corresponsales de los más importantes medios del mundo, gente que lleva más de 15 años trabajando en este país; no sólo, hay jóvenes, hay periodistas de las más importante agencias de prensa del mundo”. Bruno agrega más adelante que la APIC será un recurso para hacerle ver al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que será un error restringir las posibilidades de trabajo de los periodistas extranjeros, como algunos lo han sugerido luego del caso Langlois.

En lo concerniente a la sociedad colombiana, Bruno señala: “es la sociedad que debe exigirnos, a nosotros como a la prensa colombiana, que seamos imparciales, serios y que tengamos la fortaleza de contar este conflicto que lastimosamente es invisible desde las casas de los habitantes de las grandes ciudades. Por esto nos reunimos, para poder seguir con más fuerza en nuestro trabajo”. Esta postura fue planteada por Simone Bruno a los pocos días de conocerse la noticia de la retención de su amigo Roméo Langlois. “Este es un conflicto de pocos, que no aparece casi nunca en imágenes y del que son ajenas casi siempre las ciudades”, señaló durante un evento académico a comienzos del mes de mayo.

Durante las reuniones en las que se discutieron los aspectos claves de esta nueva organización fue permanente el acompañamiento de la delegada de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo inmediato de la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Panorama del ejercicio periodístico en Colombia [1]

Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el lugar 143 entre 179 países evaluados. En el continente americano, se encuentra por encima de la clasificación de México (149) y Cuba (167). Clasifica al grupo ilegal ‘Águilas Negras’, banda criminal según el Gobierno, en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

En 2011 crecieron los intentos de asesinatos, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros y el desplazamiento forzado contra periodistas

Para la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, las agresiones contra periodistas aumentaron un 7% en Colombia en 2011 respecto al año anterior. En un alto porcentaje, los responsables de estas conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, ahora reciclados con la etiqueta de ‘bandas criminales’. Agrega la organización gremial de periodistas colombianos que de siete homicidios registrados en 2010, se pasó a uno durante 2011

En su informe, Fecolper busca “evidenciar la situación de violencia que padecen los periodistas en Colombia por razones del ejercicio de su profesión”, ya que la disminución de homicidios no puede considerarse en sí misma como un progreso en la protección a periodistas, ya que “los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.

De acuerdo a la Ong Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su informe titulado ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el siguiente es el balance de agresiones contra periodistas: “el asesinato de un periodista por razones del oficio; el exilio de dos reporteros; el atentado a dos medios de comunicación y 94 casos de periodistas amenazados”. Este panorama es calificado como “un aumento significativo sobre lo que ha registrado la FLIP en los últimos años”. Agrega más adelante que “la impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales”.

El Comité de Protección a Periodistas señala que a lo largo de gran parte de la última década, la inteligencia colombiana interceptó ilegalmente los correos electrónicos, realizaba escuchas ilegales a conversaciones telefónicas, y llevó a cabo la vigilancia contra reconocidos periodistas críticos del gobierno.

Periodistas trabajando

Periodistas trabajando

En el ámbito del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] publica un capítulo especial en el informe anual de la CIDH analizando el estado de la libertad de expresión en el continente. En lo que corresponde a Colombia durante 2011, la Relatoría resalta las continuas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que estigmatiza a periodistas críticos. Algunos de los casos mencionados en el reporte anual son los del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, “por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno”. Agrega el informe que “las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones”.

Adicionalmente, junto con las referencias a casos de homicidios, amenazas y acoso judicial contra periodistas, la Relatoría llamó la atención sobre la aprobada ‘ley de inteligencia y contrainteligencia’, que de alguna manera podría afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información.

Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.


[1] Resumen tomado del ‘Balance de informes sobre libertad de expresión en Colombia‘, publicado por el Proyecto Sociedad Informada.

Artículo original en Bottup: Nace una organización de periodistas extranjeros en Colombia


La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano por la golpiza de militares, seguida de amenazas de muerte y un intento de secuestro, al periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez en agosto de 1996

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Colombia. Agresiones físicas, amenazas, obstaculizaciones a la labor periodística e impunidad de los delitos contra comunicadores, mantienen su sombra sobre la libertad de información en Colombia.

Un ejemplo reciente sobre agresiones físicas y obstaculización a la labor informativa se presentó hace menos de una semana. La Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper denunció que el periodista Omar Vera del Periódico El Turbión resultó afectado por las granadas de gas disparadas por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía durante unas protestas estudiantiles el 30 de marzo.

La impunidad sigue preocupando a las organizaciones no gubernamentales. El pasado 7 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP alertó a la Fiscalía por la posible prescripción de los procesos por los asesinatos de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia.

Los hechos denunciados por la familia Vélez violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales, entre otros

Agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, persecución, exilio, falta de garantías judiciales e impunidad se suman en un solo caso, el del camarógrafo Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Estos hechos serán juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

El Caso 12.658, presentado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ante la Corte Interamericana, abordará el caso de Vélez Restrepo contra Colombia. De acuerdo a la petición presentada originalmente ante la CIDH, estos hechos violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión y garantías judiciales, entre otros.

Los hechos de este nuevo caso contra el Estado colombiano, ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo del Noticiero ‘Colombia 12:30′, fue atacado por miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada XII del ejército colombiano en el municipio de Morelia (Departamento de Caquetá) mientras realizaba el cubrimiento periodístico de la represión militar a las protestas campesinas contra la erradicación de cultivos de hoja de coca.

Señala la demanda que en ese momento, el camarógrafo fue abordado por los soldados, quienes ante su negativa de entregarles la cinta y luego de insultarlo y apuntarle con armas, lo golpearon con los cañones de sus fusiles y le lanzaron patadas. Como consecuencia de la agresión de los militares, el camarógrafo sufrió perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de varias costillas.

Luego de denunciar esta agresión, comenzaron las amenazas contra el periodista y su familia. Algunas de esas amenazas se hacían en los siguientes términos: “va a morir, hijo de puta”, “usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas. Va a morir perro”. Refiriéndose a la esposa del periodista decían: “es muy bonita, la voy a dejar viuda”.

La agresión provocó la perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de costillas. Tras las amenazas e intento de secuestro posteriores tuvo que exiliarse a EE.UU.

El 6 de octubre de 1997 Vélez Restrepo logró escapar a un intento de secuestro, situación que sumada a las amenazas, le obligaron a salir de Colombia el 9 de octubre de 1997. El 29 de julio de 2005, casi nueve años después de los hechos y sin haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia colombiana, la víctima puso estos hechos en conocimiento de la CIDH.

Luego de estudiar los escritos de la víctima y del Estado, en el informe No. 47 de 2008, la Comisión decidió admitir la demanda de Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo y familia contra el Estado Colombiano, para analizar las supuestas violaciones de sus derechos fundamentales (Petición 864-05).

La respuesta del Estado se orientó a describir la situación de orden público en el departamento de Caquetá, afirmando que las protestas campesinas estaban filtradas por miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Además, señaló el Estado colombiano, los militares de rango medio involucrados en el intento de decomiso de la cámara de Vélez fueron sancionados y las investigaciones del Ministerio Público no determinaron la responsabilidad del comandante del Batallón No. 36. Finalmente presentó una lista de los procesos administrativos judiciales y administrativos que se han adelantado para investigar estos hechos.

Por otra parte, a pesar de que Vélez y su familia fueron cobijados por los programas estatales de protección a víctimas y testigos, sus denuncias nunca fueron debidamente tramitadas por las autoridades. En un principio, la investigación fue asumida por la Fiscalía (justicia ordinaria) pero luego fue transferida a la justicia penal militar. El juez militar encargado de la investigación fue nombrado por el Comandante del Batallón No.36, también superior de los militares protagonistas de las agresiones contra el camarógrafo.

La víctima alegó que solicitó información sobre el estado del proceso en varias oportunidades, sin haber recibido respuesta hasta la presentación de su petición ante la CIDH.

La investigación trasferida a la justicia penal militar fue llevada por un juez militar nombrado por el Comandante superior de los militares agresores

El 3 de junio de 2006 el Juzgado 67 Penal Militar le informó que el 3 de octubre de 1997 archivó la causa y que luego perdió el expediente durante un ataque de la guerrilla “resultando imposible para el Estado aportar copia de las decisiones”.

Al admitir la demanda, la CIDH recordó que la jurisdicción militar no ofrece las herramientas suficientes para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cometidos por miembros de la Fuerza Pública o con su colaboración o beneplácito.

Este proceso, además de continuar el debate sobre la eficacia de la justicia penal militar, seguramente abordará temas como el acceso a la información pública, la efectividad de los mecanismos de protección estatal y la impunidad por delitos cometidos contra periodistas.

Paralelo a esto surgirán preguntas, como ¿por qué no se determina la responsabilidad de los superiores militares por estos hechos? ¿Qué pasó con el general Néstor Ramírez, entonces comandante del Batallón No. 36 y quien nombró al Juez Penal Militar? ¿Actualmente los programas de protección estatales cumplen con su finalidad o son instrumento de espionaje contra periodistas?

Artículo original en Bottup: Colombia acusada ante la Corte Interamericana por paliza a periodista


El grupo paramilitar ‘Bloque Central de las Águilas Negras’ amenaza de muerte a asociaciones de campesinos, indígenas, ligas feministas y periodistas, críticos con el ex presidente Álvaro Uribe

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, amenazado por paramilitares

Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, amenazado por paramilitares

Colombia: estrategia mediática de la violencia paramilitar‘, publicado el 16 de febrero en Bottup, fue la oscura premonición de la nueva arremetida paramilitar contra los periodistas colombianos.

Ese mismo día circuló un mensaje firmado por paramilitares del así mismo llamado Bloque Central de las Águilas Negras.

Amenazas como “Llegó la hora de exterminar y aniquilar (…)”, “Pronto sabrán quien sigue”, “Los tenemos en la mira y desde ya pueden darsen (sic) por muertos y derrotados”, buscan intimidar a asociaciones de campesinos, desplazados e indígenas, ligas feministas, la Juventud Comunista, organizaciones de derechos humanos, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y a reconocidos periodistas que se caracterizan por sus posturas críticas frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La prensa sigue en la mira

Los agresores califican de “ideologías equívocas e irritantes” para su organización el trabajo desarrollado por organizaciones de derechos humanos y periodistas, como Eduardo Márquez, Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza, y Claudia Julieta Duque.

Eduardo Márquez preside de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Fecolper cuenta con aproximadamente 1.300 periodistas agremiados, organización que en sus casi cuatro años de existencia, ha marcado un nuevo rumbo en la lucha por la libertad de prensa, buscando la reivindicación de condiciones laborales dignas para el trabajo periodístico.

“Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos (…) los ubicaremos enlas oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reúnen”

Hollman Morris es director del programa Contravía, reconocido programa de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Daniel Coronell es director del informativo ‘Noticias Uno‘ y fue elegido recientemente como vicepresidente de noticias de Univisión.

Marcos Perales Mendoza es director del periódico Portada, de la ciudad de Bucaramanga. Desde ese medio de comunicación se informa a la ciudadanía sobre actos de corrupción administrativa.

Claudia Julieta Duque es corresponsal de Radio Nizkor. Ganadora del premio al Coraje en Periodismo, concedido a mujeres periodistas por la International Women’s Media Foundation y del Premio Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en el 2010, Duque asumió el reto de enfrentar ante los tribunales al Estado Colombiano por las deficiencias de los esquemas de protección para periodistas.

Adicionalmente, Claudia Julieta Duque, Hollman Morris y Daniel Coronell son víctimas de los seguimientos e interceptaciones ilegales a sus comunicaciones por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aparato policial secreto al servicio directo de la Presidencia de la República.

Reacciones

La Federación Internacional de Periodistas reclamó al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los trabajadores de prensa de ese país ante las nuevas amenazas, a la vez que lo hace responsable directo de la integridad física de los periodistas y sus familias, si su inacción conlleva que las amenazas lleguen a los hechos.

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) expresó su indignación ante esta amenaza que toca a su propia estructura, FECOLPER, y a su principal dirigente, por lo que demanda de manera inmediata al Estado colombiano garantizar la vida y seguridad física de los periodistas.

La corporación Medios para la Paz rechazó estas acciones intimidatorias y solicitó a los organismos del Estado competentes que se realicen los procedimientos y diligencias necesarias para que se avance en las investigaciones sobre estos hechos.

La Federación Internacional de Periodistas, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Medios para la Paz, Flip y Fecolper han condenado las amenazas e instan al gobierno a la protección de los periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también manifestó su preocupación porque los panfletos electrónicos se están utilizando con frecuencia para amenazar periodistas. Señaló la Flip que “hace dos semanas circuló un correo similar en el Valle del Cauca, firmado por las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, donde se amenazaba a tres periodistas. Hasta ahora las investigaciones por estos casos no han arrojado ningún resultado”.

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), una de las organizaciones amenazadas en este correo electrónico, manifestó que “no admite que su labor en defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión sea estigmatizada o identificada con grupos armados ilegales o contrarios a los derechos que se consagran en la Constitución. Y su objetivo es seguir cumpliendo con la misión de “lograr que los periodistas en Colombia tengan condiciones laborales, socioeconómicas y políticas que mejoren la calidad de la información, mediante el desarrollo de programas de bienestar social, formación, iniciativas legales y de seguridad”.

Estas amenazas son el desafortunado reflejo de los discursos de estigmatización y exclusión de altos funcionarios gubernamentales, para quienes ser opositor político o periodista crítico era sinónimo de ser aliado de los grupos guerrilleros.

***

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Principio No. 9 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión – Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A continuación reproducimos el mensaje mandado por los paramilitares del llamado Bloque Capital Águilas Negras

La Redacción únicamente ha editado el texto en minúsculas (estaba íntegramente escrito en mayúsculas) para su mayor legibilidad, manteniendo exactamente su forma y contenido.
Bloque Capital Aguilas Negras d.c.

En el ambito del reconocimiento del area de exposicion del bloque metropolitano las aguilas negras en Bogota en los municipios de Cundinarca y a nivel nacional.

Pese a las numerosas alvertencias continuan manipulando y ostaculizando nuestro camino a traves de ideologias equivocas e irientes para nuestra organización.

Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aun mas que se infiltran como ongs internacionales, periodistas, como ha sucedido , ligas femeninas que se meten en lo que no les importa y que son sapos hijueputas vendidos los ubicaremos enlas oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reunen con sus partidos de comunistas.

Los tenemos en la mira y desde ya pueden darsen por muertos y derrotados partida de hijueputas hipocritas canallas y cabe mencionar que sabemos quienes son los que lideran estas trifulcas y disque llamadas tomas donde los que gana son pocos y si utilizan a los mas pendejos para sacar ganacias a titulo personal, como son estos lideres revestidos de fachada de guerrilleros que se camuflan detrás del vestido de desplazados con corbata, pero que son realmente desmobilizados de diferentes frentes de las farc y el m19, y que se esconden en diferentes areas como vienen actuando en el periodismo, talleres tomas, oficinas , embajadas etc. desen por bien servidos.

Que pronto sabran quien sigue. esta vez vamos por cada uno de ustedes.

Emitimos nuevamente como amenaza de muerte y aniquilacion contra las organizaciones sociales que continuan desintegrando las politicas y el estado de conciencia del pueblo como son:

Declaramos de muerte y seguimiento a:

Liga de Mujeres Desplazadas, Felcoper, Movice, Andescol, Fundacion Vive, Funsol, Fensuagro, Corpocam, Suteq, Aceu, Feu, Aspu, Oriquin, Mujeres en Pie de Lucha por una Colombia Productiva, UTP, Sinaltrainal, Asodunir, Sintraunicol, Juco, Cridec, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Afrodes Bogotá – Cundinamarca Abcun, Asociación de Afrocolombianos Desplazados- Regional Buenaventura (Afrodesbuenaventura), Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Asociación de Desplazados de Condoto (Asodescon), Ciase Asociación de Desplazados del Baudó (Asodesba), Asociación de Desplazados de Novita (Asodesnov), Asociación de Ingeniero Afrocolombianos, Ingedsa ltda, Asdep, Asodefensa, Asosisalud, Asociación Unidos de Tumaco Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), Asociacion de Desplazados Dos de Mayo (Adom), Asociación de Familiares de la Violencia Política de Riosucio, Chocó, Asociacion de Familias Desplazadas Buscando Futuro (Asgadebuf), Antioquia, Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombo (Asomuafroyo), Asociación de Mujeres Desplazadas (Asomudespa), Asociación de Mujeres Mineras de Paloblanco, Buenos Aires Cauca, Asociación de Organizaciones Populares de Micay (Asopomy), Asociación Juntos por el Progreso (Junpro), Asociación Minga, Asociación Municipal de Mujeres (Asom), Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Corporación Jurídica Yira Castro, (Fedeafro), Fundacion Integral Pacifico Nariñense (Fipan),Fundadesplazados, Fundación Caminando, (Fcspp), Fundación Dos Mundos, Fundación Huellas del Pacifico (Funhupac), Fundación Infancia Feliz, Barranquilla, Fundación Mujer y Vida, Fundación Nuevo Milenio, Meta, Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano “Garifuna”, Fundación Siempre Unidos, Fundación Social Afrocolombianos del Pacifico Colombiano (Fusafropac), Grupo de Mujeres Flor del Campo de la Balsa -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres las Orquídeas de Cascajero -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Nuevo Amanecer de Agua Blanca -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Productoras en Acción -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Renacer de Honduras- Buenos Aires Cauca, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),” (Miller Angulo). Hector Chavarro, el Indio, Eduardo Camacho Flores, Myriam Lopez, Capitolino Riaño , Gustavo Muñoz, Rosaliano Riascos , Daniel Rendon, Giovany Jimenez Agudelo, Marco Romero, Hernando Leon, German Marrolejo, Rosa Emilia Salamanca, Eduardo Marquez Gonzales, Claudia Juleta Duque Daniel Coronell, Helman Morris, Marco Perales Mendoza, Sara Valens Duque, Carlos Eduardo Ruiz Restrepo, Sandra Loaiza , Jimmis Carrillo Vega, Solano, Angela, Hermina, Javier , el viejo Moncho, el Negro, Julian, Roberto , Robert, Rober Dias, Janneth Vale, Myriam Vargas Orosco, Daniel, Maria, Eduardo, el Cojo , Taimane, Rafael, Suliman.

Sabemos donde viven los recorridos que hacen con quienes andan y sabemos que continuan trabajando en lo que no les incumbe, partida de malparidos hijos de puta.

esperamos que les haya quedado esta vez muy claro que seguiremos con ustedes…………………………………………

Bloque Central de las Aguilas Negras

Andrés Monroy Gómez trabajó para la Federación Internacional de Periodistas y para Fecolper hasta octubre de 2009

Artículo original en Bottup: Ni muertos ni derrotados: rechazo a nuevas amenazas de paramilitares a periodistas colombianos


En 2010 se produjeron entre 120 y 189 agresiones a periodistas, entre los que se incluyen 7 asesinatos, una violación y 4 atentados a los medios de comunicación

La impunidad y diversas formas de presión conducen a la autocensura, según los informes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Se constata un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos

Se constata un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos

Las constantes agresiones contra periodistas, la impunidad en casos de asesinatos y nuevas formas de presión que conducen a la autocensura hacen parte de los informes publicados durante el día del periodista en Colombia. El ejemplo autoritario del anterior gobierno aún oscurece el panorama de la libertad de expresión.

Colombia. 9 de febrero de 2011. El 9 de febrero se conmemora en Colombia el día del periodista. Debido a las constantes vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos, este día no representa una ocasión festiva. En su lugar, es un alto en el camino para reflexionar acerca de las difíciles condiciones del ejercicio del periodismo en este conflictivo país. La conclusión de los informes publicados este día da cuenta de la persistencia de un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos. La sociedad no debe olvidar que agredir a un periodista es agredir todos los ciudadanos y sus expectativas de una verdadera democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) registró durante 2010 189 agresiones. Destaca 7 homicidios, 1 violación sexual y 4 atentados contra la infraestructura de los medios de comunicación. Es inevitable alarmarse frente al incremento de las agresiones denunciadas. De 97 agresiones reportadas en 2007, se pasó a 112 en 2008. En 2009 se registraron 166 y en 2010, 189 conductas contra la libertad de expresión. “Estas cifras demuestran un aumento de la intolerancia contra la labor periodística, pues en sólo tres años las agresiones se duplicaron”, señala el informe.

FecolperPor otra parte, FECOLPER hace un importante análisis sobre las agresiones contra las mujeres periodistas, al considerar que “ésta violencia convierte el hecho de ‘ser mujer’ en un factor adicional de riesgo”.

Durante 2010 se incrementaron en un 60% los procesos penales contra periodistas respecto al año anterior. De los 15 casos registrados por FECOLPER, 13 acciones judiciales fueron presentadas “por funcionarios o ex funcionarios públicos, tras ser objeto de cuestionamientos sobre su actuación como servidores públicos”.

Más de la mitad de los responsables de las agresiones a periodistas pertenecen a la fuerza pública o son funcionarios o ex funcionarios públicos

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público: el seguimiento a la gestión pública, la denuncia de corrupción o actuaciones indebidas de las autoridades, o hechos de alteración del orden público”, señala el informe. No en vano la columnista de opinión Claudia López afirmó ante un medio de comunicación “ahora nos matan menos pero nos demanda más”. Vale la pena recordar que López está vinculada a un proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Ernesto Samper, protagonista de uno de los escándalos más grandes de filtración de dinero del narcotráfico en unas elecciones.

Sobre los asesinatos de periodistas, FECOLPER señaló que de los 7 homicidios reportados, 2 se atribuyen al ejercicio de la labor informativa. El primero de ellos es el de Clodomiro Castilla, reconocido por sus denuncias de la influencia paramilitar en el departamento de Córdoba. Este asesinato fue contundentemente calificado por una periodista como un “crimen en las entrañas de la seguridad democrática“, recordando que ‘Seguridad Democrática’ fue el nombre dado por el expresidente Álvaro Uribe a su política de orden público.

El segundo asesinato es el del periodista indígena Rodolfo Maya Aricape, miembro de una emisora comunitaria, desde donde denunciaba los atropellos de todos los grupos armados que operan en el territorio ancestral.

Sobre los otros 5 casos FECOLPER hace la siguiente advertencia: “Los restantes casos (cinco), aún cuando no se ha establecido cuál fue su motivación o móvil -dado que la autoridad judicial competente aún no se ha pronunciado al respecto-, fueron consignados en este informe, pues, con frecuencia, los intolerantes disfrazan los crímenes de periodistas para evitar la exposición a través de los medios de comunicación y las presiones para que se realicen investigaciones efectivas”.

No menos inquietante es ver el análisis de los presuntos responsables de estas agresiones. El primer lugar lo ocupa la fuerza pública, seguida por funcionarios o ex funcionarios públicos. Estos dos sectores suman el 50,5% del total de los autores de las conductas violatorias a la libertad de expresión. Esta estadística puede servir para diagnosticar el evidente desprecio por quienes detentan alguna clase de poder frente a la libertad de expresión.

FlipLa Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tituló su informe ‘El olvido de la justicia‘, en una clara referencia a la impunidad imperante por los casos de asesinatos de periodistas.

El análisis presentado por la FLIP hace énfasis en las elecciones presidenciales y parlamentarias, procesos judiciales contra los responsables de los seguimientos ilega­les del DAS (policía secreta dependiente de la Presidencia de la República) y los pocos avances contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. Sobre la impunidad, afirma la FLIP que hasta hoy sólo hay “5 sentencias condenatorias a autores intelec­tuales por homicidios a periodistas de un total de 138 casos desde 1977; además, el 40% de estos casos están ‘ad portas’ de la prescrip­ción”.

Adicionalmente, la FLIP abarca el problema de la censura indirec­ta, como consecuencia de la falta de regulación de la pauta publicitaria, el acoso judicial a los periodistas y la misma impunidad.

Esta organización no gubernamental registró durante el año pasado 120 violaciones con un total de 151 víctimas. Sobre los dos homicidios y 51 amenazas reportadas, señala la FLIP que en ninguno de estos casos existe una actuación procesal relevante. Aclara más adelante que las cifras reportadas “no representan la totalidad precisa de violaciones, ya que el sub-registro y la falta de denuncia por parte de periodistas agredidos siguen siendo considerables”.

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público”

De nuevo surge el tema de la autoría de las agresiones. “En cuanto a los presuntos autores de las violaciones, la FLIP continúa registrando con preocupación el elevado número de ata­ques por parte de funcionarios públicos”.

Contrario a lo reportado por FECOLPER, la FLIP afirma que han disminuido las agresiones: “Teniendo en cuenta las 157 violaciones a la libertad de prensa registradas en 2009 es importante resaltar que hubo una reducción a 120 en 2010″. Sin embargo, atribuye este fenómeno a la desconfianza en la administración de justicia, que desincentiva las denuncias, además de la autocensura por la difícil situación de orden público en algunas regiones del país.

Bajo el subtítulo ‘DAS, avances jurídicos y la impunidad del asilo’, la FLIP se refiere al avance en las investigaciones por las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de periodistas, atribuidas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este hecho es calificado como “un atentado direc­to a la democracia, las instituciones y la prensa libre de Colombia”. Señala más adelante que “Desde el DAS se construyeron estrategias de desprestigio en contra de reporteros e incluso se llegó a amenazarlos directamente”.

A pesar de los avances judiciales, la FLIP manifestó su preocupación por el asilo otorgado por el gobierno de Panamá a María del Pilar Hur­tado, ex-directora del DAS, al considerar que esta situación podría obstruir el avance de la justicia.

Tanto la FLIP como FECOLPER presentan un panorama preocupante para la libertad de prensa en cuanto a la seguridad física e independencia de los periodistas. Queda en el aire una pregunta: ¿cuál es el papel de las empresas de la comunicación en la protección a los periodistas? ¿El afán del éxito económico tiene en cuenta la estabilidad laboral y social de los periodistas?

Artículo original en Bottup: Día del periodista en Colombia: entre la reflexión y la denuncia


El uso de emblemas de medios de comunicación y organizaciones humanitarias en operaciones militares son algunos de los ‘polémicos’ medios admitidos por Juan Manuel Santos, actual dirigente del partido de la ‘U’ colombiano

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Mucho se ha especulado sobre el ‘guiño presidencial’ dado a Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa y actual dirigente del partido de la ‘U’, quien anunció su candidatura presidencial basada en la continuidad de la política de seguridad implementada por el actual Gobierno colombiano de Álvaro Uribe.

El candidato uribista a la Presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos

¿Qué pueden esperar los periodistas de una eventual administración de Juan Manuel Santos? ¿Será respetado el derecho de los ciudadanos a la libertad de información?

Partiendo de estos interrogantes, surge la necesidad de analizar algunos aspectos de la carrera política del ex-ministro de defensa, especialmente sobre sus recientes posturas frente a la libertad de expresión. Este análisis debe hacerse tiendo en cuenta que Juan Manuel Santos hace parte de una familia con enorme influencia en el empresariado mediático, a través de la Casa Editorial el Tiempo (CEET).

Operación ‘Jaque’: desconocimiento de los periodistas como personas protegidas por el derecho internacional humanitario

El entonces ministro de defensa reconoció el uso de estos logos, calificando esta conducta como un incidente “insignificante”

En el desarrollo de la ‘Operación Jaque’ en julio de 2008, los militares colombianos simularon ser parte de una misión humanitaria, utilizando los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja y de los medios de comunicación Telesur y Ecuavisa. El entonces ministro de defensa, Juan Manuel Santos, reconoció el uso de estos logos, calificando esta conducta como un incidente ‘insignificante’ (1).

Este hecho generó una reacción unánime de las organizaciones de libertad de prensa. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) señaló que “involucrar a periodistas en operativos militares, o que miembros de alguna de las partes enfrentadas se presenten como periodistas en el desarrollo de una operación militar, pone a los verdaderos informadores en riesgos adicionales a los que deben soportar al ejercer su trabajo en un país azotado por un conflicto armado. El mayor de estos nuevos riesgos, es que la credibilidad sobre su identidad como periodistas queda en entredicho al momento de encontrarse con distintos grupos armados, convirtiéndose en potenciales víctimas de la hostilidad bélica” (2).

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) “este hecho no resulta ‘insignificante’, como afirma el ministro de Defensa Nacional” (3).

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por su sigla en inglés) envió una carta a Juan Manuel Santos indicando que esta suplantación “afecta la posición de la prensa como cuerpo independiente, especialmente aquellos periodistas que trabajan en zonas de conflicto y que confían en su estatus civil, tal como establece la Convención de Ginebra… Al hacerse pasar por periodistas, las fuerzas de seguridad socavan el rol de la prensa libre y producen desconfianza en la profesión, provocando en última instancia un daño al bien público” (4).

Señalamientos e interceptaciones ilegales a periodistas: desconocimiento de la independencia periodística

Juan Manuel Santos ha calificado a los medios de comunicación como caja de resonancia de los grupos armados ilegales y ha señalado a algunos periodistas como cómplices de conductas delictivas (5).

Se le relaciona con el despido de una periodista que denunció la corrupción de su gobierno y con el cierre de una revista por publicar un informe de una ONG sobre el conflicto colombiano

Hollman Morris, director del programa Contravía, ha sido víctima de estas situaciones. En febrero de 2009, luego del cubrimiento periodístico de la liberación de unos rehenes por parte de las FARC, el reportero Morris fue detenido por el ejército y posteriormente se evidenció la intención de judicializarlo (6). Luego de estos hechos, tanto el Presidente Uribe como el ministro Santos acusaron al periodista Morris de ‘apología al delito’ y propaganda a las FARC (7).

Por otra parte, el paso de Juan Manuel Santos por el ministerio de defensa también estuvo salpicado por el escándalo de las ‘chuzadas’, hecho reconocido públicamente el 14 de mayo de 2007 por el propio Santos, al afirmar que la policía nacional llevaba 2 años interceptando ilegalmente las llamadas de algunos funcionarios del Gobierno, miembros de la oposición y periodistas (8).

Estrategias empresariales Vs. Libertad de Expresión

Juan Manuel Santos no ha salido inmune a los escándalos protagonizados por la CEET, en los que han primado las estrategias empresariales sobre el derecho de los ciudadanos a la información y a la libre expresión.

El primero de ellos es el de la salida de la columnista Claudia López del periódico ‘El Tiempo’. López fue despedida por manifestar su desacuerdo en la forma en que este periódico abordó un sonado caso de corrupción gubernamental, para eventualmente favorecer la campaña política de Juan Manuel Santos (9).

El otro caso corresponde al cierre de la revista Cambio. En diciembre de 2009, Santos había calificado a los periodistas de la revista Cambio como ‘idiotas útiles’ por haber publicado el informe de una ONG sobre el estado actual del conflicto. Juan Manuel Santos negó que tuviera que ver algo con la decisión de la CEET, no sin antes afirmar “Ojalá tuviera yo el poder para cerrar revistas” (10).

En conclusión, puede afirmarse Juan Manuel Santos, como presidente de Colombia, tendría poder no sólo sobre una empresa mediática, sino también sobre los medios de comunicación estatales. Lo anterior sumado a la asignación de la publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta, hace cuestionable el futuro del derecho a la información y con ello, de la democracia colombiana.

Andrés Monroy Gómez es Investigador del Grupo ‘Derecho Ciudadano a la Información’

Notas:
(1) Ministro Santos admitió uso ilegal de logo TeleSUR durante ”Operación Jaque”
(2) Los periodistas son civiles que deben ser protegidos en medio del conflicto armado
(3) Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque
(4) Colombia admits impersonation of journalists in FARC rescue
(5) Juan Manuel Santos no niega que un general salió de la Policía por filtrar información a la prensa
(6) El gobierno le pide a la Fiscalía que investigue al periodista Hollman Morris
¿Existe alguna norma interna o internacional que proteja el material obtenido por un periodista, en ejercicio del oficio, en una zona de conflicto?
(7) El CPJ y Human Rights Watch expresan objeciones a las acusaciones del Presidente Uribe contra el periodista Hollman Morris
Ministro de Defensa se reafirma en que el periodista Hollman Morris es “afín a la guerrilla”.
El martes 3 de febrero en la mañana, el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, por todos los medios, me señaló de ser un periodista “afín a las Farc”.
(8) Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa. Informe Colombia 2007.
RSF: Suspendidos, tras un escándalo de escuchas telefónicas, varios altos responsables de la policía y de inteligencia
(9) Reflexiones sobre un escándalo
Claudia López expulsada de El Tiempo por columna que cuestiona el cubrimiento de Agro Ingreso Seguro
(10) De idiotas útiles e intolerantes
Juan M. Santos negó que tuviera que ver con el cierre de Cambio
Publicado también en: colombia.indymedia.org