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Ayer se anunció en Colombia el inicio formal de un proceso de paz entre el Gobierno y las FARC
La promesa es no cometer los errores del pasado y los errores fueron muchos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez (@AndresMonroyG) Editado por: Redacción Bottup


Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Organizaciones de desmovilizados critican las políticas de reinserción del gobierno

Un país con más de 60 años de conflicto armado tiene una amplia experiencia en negociaciones, pocas exitosas y muchas fallidas. Toda la experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en este momento en que el país suramericano se embarca en la tarea de buscar una alternativa mediante el diálogo a la guerra.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anuncia formalmente el inicio de un proceso de paz con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. En la alocución radiotelevisada, el presidente Juan Manuel Santos señaló que un “proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y no ceder ni un solo milímetro del territorio nacional”.

Con la firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto‘ suscrito entre las partes enfrentadas, se busca dar una salida pacífica a la confrontación entre colombianos.

El 4 de septiembre el gobierno colombiano anunció el inicio de un proceso de paz con las FARC

Sin embargo, los temas que deben abordarse, además de numerosos son complejos.  Los derechos de las víctimas, el papel del sistema judicial, la solución de las causas que llevaron a miles de colombianos a tomar las armas contra el Gobierno y el rol de los medios de comunicación son solo algunos.

Una verdadera reinserción reclama no sólo la participación de las entidades públicas. También la sociedad debe aportar su cuota para una negociación eficaz, atractiva en términos de responsabilidad compartida en un largo proceso que se avecina.

De las experiencias anteriores es importante resaltar la iniciativa de excombatientes que durante varios años han participado en un proyecto de reinserción. Sus críticas y aportes provenientes de la experiencia directa son una herramienta fundamental para el éxito de un proceso de paz “sin que volvamos a repetir los errores del pasado“, como lo dijo el presidente Santos.

Desafortunadamente la única referencia a la hecha por Juan Manuel Santos en su discurso del 4 de septiembre sobre el futuro de los eventuales excombatientes fue la siguiente: “Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”. Nada más.

Experiencias compartidas

El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz‘ con presencia de delegados del gobierno nacional y distrital, para escuchar los reclamos y propuestas de las personas que creyeron en las promesas hechas por el Estado a cambio de abandonar la lucha armada. La principal crítica: marginalización de la participación política.

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

El conflicto interno en Colombia dura ya casi 50 años

Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración – ACR, “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas Ilegales”. Pero más allá de estas cifras, la Asociación Nacional de Desmovilizados – ANDES, ha planteado una serie de críticas y propuestas, con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil.

Durante el foro ‘La desmovilización, un asunto para la paz’, Martín Rangel, líder de ANDES, señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la administración distrital frente a la población excombatiente.

Según ANDES, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento de dos categorías: ciudadano frente a desmovilizado. Esta situación ha llevado a que se pierda la confianza en el Estado y las acciones que emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, donde no se ha tenido en cuenta la real dimensión de la situación de los desmovilizados y sus familias.

Para Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional – ELN, “la guerra entre izquierda y derecha pasó a ser entre víctimas y victimarios”. Rangel señala que en virtud de ley 975, conocida como ley de Justicia y Paz, se contemplaba el cumplimiento de las penas alternativas en granjas agrícolas. Hoy, muchos de los postulados están en las cárceles, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre.

Sobre la administración distrital, la postura de los desmovilizados es desalentadora.  Al referirse al alcalde Gustavo Petro, Rangel afirma “que al suponerse que había pasado por el conflicto armado, teníamos esperanzas en él. Pero nos decepcionó”.

Desde algunos sectores, especialmente desde el gubernamental, se ha tratado de identificar la experiencia del actual Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como una de las experiencias exitosas de un desmovilizado de la guerrilla y su incursión en el sistema electoral. Sin embargo, la situación de Petro difiere de la de los desmovilizados que actualmente buscan espacios políticos. Petro fue parte de un proceso de desmovilización colectiva, mediada por una ley que los amnistió y seguido de una asamblea constituyente, donde incursionó su antiguo grupo armado, el Movimiento 19 de Abril M-19, en la arena política con el nombre de Alianza Democrática M-19.

Desde la Asociación Nacional de Desmovilizados se denuncia la indiferencia del gobierno hacia los ex combatientes y la falta de espacios políticos y sociales para los desmovilizados

La decepción de los excombatientes frente al alcalde Petro está justificada en el Plan de Desarrollo de la ciudad. El análisis hecho por ANDES concluye que la propuesta inmersa en el inciso 1º del artículo 39, sobre “territorios protectores de vida” es articular a la población excombatiente con el “plan cuadrante”, como estrategia de seguridad de la ciudad. Ante esto, Rangel planea la contradicción inmersa en la propuesta, ya que implicaría que los desmovilizados desempeñaran tareas propias de la fuerza pública, manteniéndolos en la lógica del conflicto.

¿Qué dice el artículo 39 del Plan de Desarrollo de Bogotá? Señala la meta distrital de implementar el “Programa territorios de vida y paz con prevención del delito”. En este programa en teoría se garantizará y promoverá la convivencia pacífica, priorizando “acciones integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad  de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades” (negrita fuera de texto).

Esta es la única referencia a la población desmovilizada en el Plan de Desarrollo 2012-2016 para Bogotá. Más de 800 desmovilizados presentaron sus propuestas, pero según ellos, ninguna se tuvo en cuenta. No encuentran el componente político “para reclamarnos como ciudadanos en ejercicio de derechos”.

“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandon, de ANDES. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se ha dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de cero”. La petición es sencilla: que los gobiernos nacional y distrital los escuchen.

Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y por eso los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado. Más de un mes después de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la administración distrital sigue siendo negativa, además de no vislumbrarse ningún proceso de acercamiento con el Alcalde Mayor que permita discutir el futuro del programa en la capital. Blandón es tajante en acusar de despotismo al burgomaestre, quien además desconoce una realidad social y entra en contradicción con la política de la no segregación que ha profesado.

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En el conflicto colombiano se encuentran implicados guerrillas, militares y paramilitares

En un análisis hecho por el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza se explica claramente el origen de la ausencia de espacios de participación política para los excombatientes. Según ese análisis, la orientación individualista y psicológica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, promovida por el gobierno nacional, “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de DDR desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia entre comprensiones diferentes de lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario se orienta a legitimar el control estatal y el statu quo”.

“Hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros”

Mientras estos espacios no se faciliten, Martín Rangel pregunta “¿estamos destinados a seguir en la ilegalidad?”.

Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la ley 1424 de 2010, que ha llevado a que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el Gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización.

Por otra parte, se ha dejado de lado el debate sobre el pie de fuerza del aparato militar oficial, incrementado en la lógica del conflicto armado interno. ¿Qué pasará con los militares y policías luego de una eventual salida negociada al conflicto armado?

Estos y otros temas serán propuestos en un encuentro nacional que se realizará en noviembre de este año.

Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en la resocialización de excombatientes”.

Más preguntas

Viendo que hasta ahora la reinserción de combatientes a la vida civil no ha tenido los mejores resultados, es importante no pasar por alto que hablar de combatientes implica a todas las partes enfrentadas en el conflicto: militares, policías y guerrilleros.

¿Qué tan conveniente es desmovilizar la estructura armada de las FARC si el gobierno mantiene el tercer pie de fuerza más grande de Latinoamérica?

¿Qué pasará con las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia?

Estas preguntas sintetizan el temor de varias generaciones que han sido testigo de cómo estos grupos de extrema derecha torpedean las iniciativas de paz. El final del siglo XX trae ejemplos dramáticos, como el exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP) y el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, comandante del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M-19.

Documentos Relacionados

Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación No. 3554. Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012 – 2016 ‘Bogotá Humana

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”.

 

Artículo original en Bottup: Desmovilizados frente al nuevo proceso de paz en Colombia


Los Estados miembro de la OEA aprobaron unas recomendaciones que debilitarían el funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Es quizás la evidencia del temor de algunos gobiernos frente a la expresión libre de ciudadanos inconformes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez*
@AndresMonroyG


En 2003, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocían en un documento que “la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática…”.1

Sin embargo ocho años después, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se aprobó un documento que evidencia un cambio de postura frente a la libertad de expresión. El 25 de enero, por unanimidad fue aceptado el ‘Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)’. 2

“¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?”

¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?

Este informe, que será trasladado a los cancilleres de los países integrantes de la OEA, contiene unas recomendaciones que, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil, buscan limitar los mecanismos de protección consagrados en el Sistema y aspectos de la elaboración de los informes anuales de la CIDH.

Uno de los aspectos más preocupantes es la idea de restringir las labores y financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la Relatoría) 3. Uno de los límites propuestos, es que la Relatoría no publique por separado su informe anual, además de abstenerse de buscar financiación de manera independiente, ajustándose a los mismos recursos que las otras relatorías y finalmente, la implementación de un “código de conducta previamente definido por los países miembros”.

La propuesta de recomendaciones fue hecha por el gobierno ecuatoriano y respaldado principalmente por el venezolano, países seriamente cuestionados por sus posturas frente a la libertad de expresión y objeto de contundentes comunicados de parte de la Relatoría. Los mandatarios de ambos países han manifestado en anteriores ocasiones su animadversión frente al papel de la CIDH. Algunos críticos han afirmado que esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano en un aparente esfuerzo para “fortalecerlo”, es una contradicción de parte de gobiernos que han impulsado la creación de otros órganos regionales al margen de la OEA (como Unasur), acusándola de obedecer directrices impartidas desde Washington.

Ante estas críticas, debe advertirse que las actividades desarrolladas por la Relatoría desvirtúan los argumentos que, desde diferentes posturas ideológicas, pretenden sembrar un manto de duda sobre su papel de defensa del derecho a expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Relatoría se pronunció entre 20102011 en cinco oportunidades, en todos los casos

Las críticas al nuevo informe se centran en la idea de la restricción de las labores y la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

por el uso de mecanismos judiciales para presionar a periodistas. Por otra parte, en el caso de Colombia, en 2011 se pronunció una vez, condenando el asesinato de un periodista, y en 2010 se pronunció en cuatro oportunidades, especialmente por agresiones contra periodistas. Además, la Relatoría articula su labor con los relatores de otros organismos internacionales, para abordar temas de importancia mundial, lo que puede observarse en las Declaraciones Conjuntas, la última de ellas promoviendo la libertad de expresión en Internet.

Adicionalmente, en los informes anuales se incluye un capítulo especial sobre el estado de la libertad de expresión en la región, analizando cada uno de los países miembros de la OEA, haciendo públicas las actividades propias del mandato de la Relatoría.

Más que una iniciativa, que según los embajadores ante la OEA es para “fortalecer el Sistema Interamericano”, puede ser una muestra del temor frente a pueblos inconformes que se expresan libremente.

En el informe aprobado, se propone el fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Sin embargo, la restricción a la posibilidad de buscar financiación independiente puede resultar en una nivelación por lo bajo en lugar de un mejoramiento de las condiciones financieras de todas las relatorías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) rechazaron esta iniciativa, señalando que “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos envió una carta a la OEA, expresando su preocupación al considerar que “estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”.

“Estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”

En el plano colombiano, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) expresó su “total desacuerdo y rechazo a cualquier iniciativa que pretenda debilitar o neutralizar la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), concretamente de sus instrumentos de defensa de la libertad de expresión en las Américas”. Luego de hacer un llamado a los Estados parte de la OEA, y especialmente al gobierno colombiano a oponerse a este tipo de iniciativas, Fecolper recordó que la Relatoría “es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta América Latina para la defensa de la libertad de expresión, que antes que ser debilitada debe ser fortalecida y blindada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que pese a ser la más reciente de las relatorías creadas por la CIDH, ha cumplido un papel vigoroso en el cumplimiento de su misión, incluso ha gestionado por fuera de la OEA los recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en la última puerta que tocan los periodistas del continente que ven amenazada su libertad informativa, así como en la última talanquera para gobiernos autoritarios que quieren imponer una mordaza a la prensa independiente en sus respectivos países”.

A pesar de este llamado del gremio periodístico, la postura del embajador colombiano fue decepcionante. Así lo hicieron ver diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes en un comunicado conjunto afirmaron que “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones ‘son positivas’ y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.

Esta decepción es más fuerte para quienes veían en el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un aliado de los medios de comunicación, por ser miembro de una familia tradicionalmente vinculada a uno de los principales periódicos del país. Quizás no debía esperarse mucho al analizar algunos antecedentes no tan lejanos, especialmente durante su gestión como ministro de defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, dado el nuevo lenguaje del Ejecutivo con la sociedad colombiana a partir del cambio

A pesar del apoyo manifestado expresamente por el Juan Manuel Santos a la libertad de expresión, la delegación colombiana apoyó las recomendaciones del informe

de gobierno, se construyeron muchas expectativas. En un discurso pronunciado en octubre del 2011, Santos señaló: “(…) es un compromiso esencial de nuestro gobierno –un compromiso que, como periodista, me sale del alma– garantizar y proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación y los periodistas que cumplen una labor esencial al fiscalizar y pedir cuentas a las instituciones estatales. He dicho que el periodismo independiente y crítico es el perro guardián de la sociedad; es como la ducha de agua fría de los gobernantes, que nos mantiene alerta y despiertos y nos impide dormirnos sobre los laureles”.

También, durante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santos afirmó: “He venido aquí a reafirmar como Presidente de Colombia mi compromiso con la libertad de prensa en el país y en la región. Reafirmar un compromiso que he mantenido durante toda mi vida pública y mi vida como periodista”.

Al igual que las palabras de la Declaración de Santiago con las que comienza este artículo, el Presidente Santos olvidó cumplir ese compromiso con la libertad de expresión en la región. Su embajador ante la OEA, heredado del anterior gobierno, participó en la votación que aprobó esas recomendaciones, mientras se proclamaba respetuoso de la libertad de expresión ante los medios de comunicación.

El temor compartido por periodistas y ciudadanos en general se sintetiza en que al debilitar la estructura y capacidad de acción de la Relatoría, está en juego la libertad de expresión en las Américas.

Debe considerarse que lo que está en riesgo no es solamente uno de los mecanismos más efectivos para la protección de periodistas. La Relatoría protege a cualquier ciudadano que vea amenazado su derecho a la libre expresión en sus diferentes manifestaciones. ¿Habrá temor a una ‘Primavera latinoamericana’?

Andrés Monroy Gómez
Coordinador del Proyecto Sociedad Informada
http://www.proyecto-si.blogspot.com/

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1. “Declaración de Santiago sobre Democracia y confianza ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” AG/DEC. 31 XXXIII-O/03, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la OEA, en Santiago de Chile, durante el 33 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (2003).

2. Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-1040/12

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos objetivos son la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.

Artículo original en Bottup: Alianza gubernamental contra la libertad de expresión: ¿temor a una ‘primavera latinoamericana’?


Una ley aprobada en Colombia busca penalizar las expresiones de inconformidad en las calles
A pesar de esto y de las declaraciones del presidente Santos, cada día hay mayor intensidad y cantidad de protestas, entre ellas, de los estudiantes universitarios

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


En 2011 ya se han producido más de 1.500 protestas

En 2011 ya se han producido más de 1.500 protestas

Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, afirmó que “siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social”.

La expresión libre a través de protestas ciudadanas es objeto de formas particulares de restricciones en el caso colombiano. Una ingenua esperanza rondaba algunos sectores de la sociedad colombiana, para quienes el cambio de lenguaje del actual gobierno podía significar una ruptura con las estrategias de persecución e intimidación a los opositores políticos durante la presidencia de Álvaro Uribe. Desafortunadamente se diluye al compás de actuaciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, entre ellos el mismo
presidente Juan Manuel Santos.

Las autoridades estigmatizan las movilizaciones estudiantiles con declaraciones sobre la infiltración de la FARC

Las autoridades estigmatizan las movilizaciones estudiantiles con declaraciones sobre la infiltración de la FARC

El diagnóstico de la profunda crisis por la que los colombianos reclaman acciones eficaces, se refleja en las cada vez más intensas y frecuentes protestas en diferentes regiones del país. El común denominador: la irrupción de la estrategia de estigmatización generalizada en contra de estas manifestaciones de inconformidad.

Es así como un informe de la Policía, al dar cuenta del incremento de las protestas (en 2010 se realizaron 1.142 manifestaciones y en lo corrido de 2011 van 1.573), hace énfasis en su preocupación por la intervención de grupos ilegales en éstas.

Esta táctica de señalamientos, que a pesar de los discretos llamados del gobierno a la no generalización, buscan deslegitimar los reclamos de diferentes sectores de la población colombiana. Para la muestra, varios ejemplos de hechos
ocurridos en los últimos dos meses.

Desde el techo de la Alcaldía de Bogotá, esta persona filmaba a los estudiantes durante las marchas del 7 de septiembre de 2011. No era periodista

Desde el techo de la Alcaldía de Bogotá, esta persona filmaba a los estudiantes durante las marchas del 7 de septiembre de 2011. No era periodista

El más reciente, es la acusación de infiltración subversiva de los movimientos estudiantiles que protestan en diferentes universidades del país en contra de un proyecto de reforma de la educación superior. Juan Manuel Santos, en un discurso pronunciado durante la activación de una nueva brigada del ejército, señaló: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”. Quizás esta razón esgrimida por el jefe de Estado, constituye la motivación para que las fuerzas de seguridad persistan en sus seguimientos intimidatorios contra líderes sociales. Por esto no es extraño advertir la presencia de personas que desde edificios públicos registran mediante videos y fotografías a los manifestantes, inclusive cuando las movilizaciones se realizan con los permisos exigidos por las autoridades.

Uno de los principales medios de comunicación escritos del país, haciendo eco a los señalamientos de Santos, afirmó que “tuvo acceso a un completo dossier, elaborado por los organismos de seguridad, en el que se evidencia el poder de infiltración de las Farc y el Eln, ya no sólo en las tradicionales universidades públicas, sino también en los más prestigiosos planteles privados en el país. Por ejemplo, se ha establecido que a través de la denominada Plataforma Encapucharte, colectivos, brigadas y células de la guerrilla están desarrollando trabajos de adoctrinamiento ‘en organizaciones cívico-sociales y movimientos juveniles’, con el fin de blindar sus enlaces ilegales al amparo de instituciones que sí son legales”. No tardaron en producirse las primeras detenciones. En los últimos días fueron detenidos varios estudiantes que participan activamente en la mesa nacional que se opone a la reforma propuesta por el gobierno. Gustavo Gallardo, de la fundación ‘Lazos de dignidad’, declaró a los medios de comunicación que “Se realizaron hasta hoy 60 capturas en todo el país, con la característica que se emiten una semana después de las declaraciones del presidente Santos, frente a la presunta infiltración de la guerrilla en las universidades del país. Todas las órdenes tienen fecha del 30 de septiembre, son selectivas y arbitrarias”.

Otro caso es el de los trabajadores de la compañía petrolera Pacific Rubiales Energy. Sus exigencias por mejores condiciones laborales fueron reprimidas por los escuadrones antidisturbios de la policía, donde resultaron heridos 12 trabajadores. Mientras tanto los directivos de la multinacional petrolera pedían la militarización de los campos de trabajo, negando la explotación laboral que denunciaban los trabajadores. Por su parte, un grupo de trabajo compuesto por parlamentarios y representantes del gobierno manifestó su preocupación por la disminución de la producción petrolera, sin mostrar el mismo entusiasmo a la hora de reflexionar sobre las condiciones de los trabajadores.

Paralelamente, los indígenas del convulsionado suroccidente colombiano reclaman el respeto por sus territorios ancestrales y su neutralidad en conflicto armado. La respuesta del nuevo ministro de defensa, al poco tiempo de asumir el cargo, fue acusar a los indígenas de sostener alianzas con la guerrilla. La Asociación de Indígenas del Cauca rechazó estas afirmaciones, alegando que “lo que hay en el Cauca son comunidades victimizadas por los actores armados (incluyendo la Fuerza Pública) y atrapadas en el fuego cruzado de la confrontación armada”.

En el departamento de Antioquia, dos municipios han sido sacudidos por las manifestaciones de sus habitantes. En Tarazá, las movilizaciones campesinas rechazan las fumigaciones con glifosato, por considerarlas nocivas para la salud de los pobladores y sus cultivos. Al respecto se pronunció el Secretario de Gobierno del departamento, aseverando que estas manifestaciones son producto de la presión de la guerrilla de las Farc. Por su parte, en el municipio de Cuacasia, mineros informales protestan por su derecho a trabajar. Como resultado de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y una mujer murió por la inhalación de los gases disparados por la policía. Esta manifestación tampoco estuvo exenta del señalamiento de ser infiltrada por la guerrilla.

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de
‘agitadores profesionales’

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de 'agitadores profesionales'

También en las manifestaciones protestando contra el transporte público de Bogotá las autoridades apuntan a la acutación de 'agitadores profesionales'

Otro caso es el del sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio), donde son frecuentes los bloqueos protagonizados por ciudadanos cansados del mal servicio prestado por las empresas que tienen la concesión en las principales rutas de la ciudad. Buses atiborrados, calles en pésimo estado, incumplimiento de horarios y uno de los pasajes más costosos del país no son entendidos por las autoridades distritales y por los directivos de las empresas privadas que operan ese sistema como causas lógicas de las protestas. Su interpretación de los hechos apunta a la actuación de “agitadores profesionales“.

Todas estas movilizaciones ven la sombra de una ley aprobada en junio de este año, que establece penas que van desde los 2 hasta los 4 años de prisión y millonarias multas a quienes sin el permiso de las autoridades obstaculicen las vías o infraestructura de transporte. Más adelante, la misma ley señala penas de 4 a 8 años y multas a quienes imposibiliten la circulación de vehículos de transporte
público.

Estudiantes con las manos en alto

Estudiantes con las manos en alto

Es cierto que una de las obligaciones de los gobernantes es preservar el orden público, buscando prevenir desmanes durante las manifestaciones. Pero es válido preguntarse por el concepto de ‘orden’ que se busca defender con estas leyes. Adicionalmente, normas como la mencionada, de manera genérica criminalizan comportamientos inherentes a las manifestaciones callejeras y son la puesta en escena de intimidantes procesos judiciales contra quienes encuentran en las protestas públicas la única alternativa de ser escuchados.

Ante la hilarante y descabellada posibilidad de calificar a todos y cada uno de los participantes de las movilizaciones de protesta como “guerrilleros”, es necesario preguntarse sobre cómo interpretar esta sistemática campaña de estigmatización contra la movilización social de protesta. ¿A qué le teme el Gobierno?

Varias opciones surgen de esta pregunta. Una primera posibilidad de respuesta, es que los ocho años de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe fueron un total fracaso y las guerrillas cada vez tienen más capacidad de movilizar a obreros, campesinos, estudiantes e indígenas. Seguramente esta interpretación no será del gusto de quienes defiende el legado uribista.

Mural en la Universidad Nacional

Mural en la Universidad Nacional

Otra respuesta gira en torno al creciente descontento social, por la cada vez más profunda brecha social (por ejemplo, un congresista gana en un mes lo que un colombiano promedio gana en 3 años). Esto se suma a los inocultables casos de corrupción administrativa y la desviación moral de las fuerzas de seguridad, frecuentemente involucradas en casos de ejecuciones extrajudiciales, (mal llamadas ‘falsos positivos’), agresiones sexuales y desviación de recursos públicos para intimidar a los críticos del gobierno, entre otros tantos casos. Pero esta interpretación tampoco gustará al oficialismo, para quienes todas estas denuncias hacen parte de una conspiración contra el expresidente Álvaro Uribe.

Quizás llegó la hora en que los gobernantes acepten que no están haciendo bien su papel y tomarse en serio las protestas de los colombianos.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG
Fotografías: Andrés Monroy Gómez (Seryozem)

Artículo original en Bottup: Colombia: la incomodidad de las protestas ciudadanas


Ayer se presentó el Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones UnidasEn más del 90% de los casos el autor es el Estado colombiano

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas

Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas

El 18 de agosto se presentó en Bogotá D.C. el ‘Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas 2009-2010‘. A pesar del seguimiento de organismos internacionales y de innumerables promesas gubernamentales, la tortura sigue siendo un método de guerra en Colombia.

“Por eso no te oculto que me dieron picana
que casi me revientan los riñones
todas estas llagas hinchazones y heridas
que tus ojos redondos
miran hipnotizados
son durísimos golpes
son botas en la cara
demasiado dolor para que te lo oculte
demasiado suplicio para que se me borre (…)”.

Hombre preso que mira a su hijo
Mario Benedetti

Bogotá D.C. Colombia. “Advertidos por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) de que un número creciente de gobiernos permiten que se desarrollen prácticas de tortura y de malos tratos, y de la tolerancia con ellas de la opinión pública, afirmamos con fuerza que el respeto de la dignidad de la persona humana exige que la tortura esté prohibida en toda circunstancia”. Esta declaración suscrita en Ginebra y Nueva York en 2010, da cuenta de la preocupación de la sociedad por una práctica que subsiste a pesar del esfuerzo de organismos internacionales para erradicarla. En el peor de los escenarios, la tortura ha sido implementada como estrategia inherente al manoseado concepto de la ‘seguridad nacional’.

El informe alerta sobre que el Estado colombiano ha incumplido todas las recomendaciones dadas por el Comité de la ONU contra la Tortura

En el caso colombiano, la conclusión del ‘Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas‘ (2009-2010) es que la tortura sigue siendo una práctica de todos los actores del conflicto armado (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros). Este informe fue presentado el 18 de agosto de 2011 por la Coalición Colombiana contra la Tortura ante más de 200 asistentes entre los que se contaban víctimas, hijos de víctimas y delegados de organizaciones y gobiernos extranjeros, enfatizando que el Estado colombiano no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones dadas por el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura.

El Informe, dividido en tres partes, presenta un panorama general sobre la tortura y su relación con otras conductas, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado interno.

Los datos suministrados por el informe no pueden ser más preocupantes: “Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron víctimas de tortura por lo menos 1.834 personas, de las cuales 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica”. Por cada 100 hombres víctimas de tortura, se presentan estos abusos contra 15 mujeres.

En los casos en que se conocen los perpetradores, el deshonroso primer lugar lo ocupa el Estado colombiano: “en el 90,59% de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 41,93% (566 torturas); y, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 48,67% (657 torturas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría en el 9.41% de los casos (127 torturas)”.

De las 1.834 personas torturadas, 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica

De las 1.834 personas torturadas, 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica

Las cifras de violaciones a los derechos humanos en Colombia dan cuenta del fracaso de los mediatizados esfuerzos gubernamentales por ‘limpiar’ la imagen de la fuerza pública luego de conocerse la macabra estrategia de ejecuciones extrajudiciales conocida como ‘falsos positivos’. El informe señala que “los registros de actos de tortura cometidos directamente por miembros de la fuerza pública continuaron aumentando”.

Según la Coalición, entre julio de 2011 y junio de 2009, se registró que por lo menos 1.847 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por la fuerza pública, en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas, y se cree que actualmente en Colombia hay cerca de 5 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado.

Otro fracaso de la política de ‘Seguridad Democrática’ iniciada por el ex presidente Álvaro Uribe y del que fue parte el actual mandatario Juan Manuel Santos, fungiendo como ministro de defensa, es la evidencia de la existencia de grupos paramilitares y las torturas practicadas por ellos “en el marco del fallido cese de hostilidades” prometido a partir del 1º de diciembre de 2002.

El fracaso de la ‘desmovilización’ de los paramilitares de extrema derecha fue denunciada en todos los escenarios posibles por diferentes organizaciones no gubernamentales, y de la misma manera fue negada por el gobierno de Uribe, llegando a calificar las denuncias de las ONG como una estrategia del terrorismo para desprestigiar su mandato. Hoy los hechos le dan la razón a las organizaciones. En el reporte de gestión 2009-2010 de la Fiscalía General de la Nación, se afirma que “Las organizaciones criminales, surgidas después de la desmovilización de las AUC, se crearon como una nueva forma de paramilitarismo, considerada como la tercera generación de los grupos paramilitares en Colombia y cuyo propósito inicial era la conservación del dominio territorial que había sido dejado por los frentes de las AUC”.

Entre 2001 y 2009 casi medio millón de mujeres fueron agredidas sexualmente, 4.534 al mes. El 98,14% de la autoría corresponde al Estado

Otro síntoma de la degradación del conflicto colombiano se refleja en la violencia sexual como forma de tortura y estrategia de guerra. El informe de la Coalición da cuenta de que el 98,14% de la autoría de conductas de violencia sexual corresponde al Estado por perpetración directa de sus agentes. El aumento de las agresiones sexuales atribuidas a la fuerza pública en el periodo 2005-2009 coincide con la disminución de los casos registrados atribuibles a los grupos paramilitares.

Por otra parte, según organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en Colombia y Oxfam, entre 2001 y 2009 se presentaron 489.687 casos de agresión sexual contra mujeres. Esto representa 54.409 casos anuales, 4.534 mensuales, 151 diarios.

¿Por qué este informe de seguimiento?

El Comité contra la Tortura hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y está compuesto por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes. Este Comité examinó el Cuarto Informe Periódico del Estado colombiano en noviembre de 2009 y en sus observaciones finales expidió unas
recomendaciones
al Estado colombiano.

Lugar donde fue herido un manifestante

Lugar donde fue herido un manifestante

La Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) se encargó de hacerle seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, y resultado de ello es el informe que se presentó en Bogotá el 18 de agosto, concluyendo que el Estado colombiano no ha cumplido ninguna de las recomendaciones formuladas.

¿Qué se entiende por tortura?

Tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.

Fotografías: Andrés Monroy Gómez

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Enlace de interés:

Campaña internacional en favor de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos

Otros enlaces de interés:

Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura

Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura, Colombia 2009 – 2010

Comité contra la Tortura presentó recomendaciones para Colombia el pasado 19 de noviembre

Informe de Gestión de la Fiscalía General de la Nación 2009 – 2010

Violencia sexual, delito invisible detrás del conflicto armado, el pais.com.co de 17 de agosto

Comunicado de prensa del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, de 26 de noviembre de 2009

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Artículo original en Bottup: La tortura sigue siendo estrategia de guerra en Colombia