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Ética en el cubrimiento periodístico del conflicto armado, seguridad para periodistas y solidaridad profesional. Con estas premisas se conformó en Bogotá el pasado 20 de junio la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG


Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

Imagen de la creación de la asociación tomada por Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras

El cautiverio y posterior liberación del corresponsal francés Roméo Langlois por parte de la guerrilla de las FARC fue el hecho desencadenante de una serie de reflexiones por parte de un número importante de corresponsales de medios de comunicación internacionales que trabajan en Colombia. Una de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para afrontar situaciones de riesgo para sus colegas y lograr una interlocución directa y eficaz con el Estado, en aras de garantizar el derecho a informar y estar informado.

El periodista italiano Simone Bruno, amigo personal de Langlois y quien vive hace más de una década en Colombia, empezó a contactar a sus colegas, transmitiéndoles el entusiasmo por esta nueva organización. Es así como luego de varias reuniones, el pasado 20 de junio aprobaron el acta de constitución y los estatutos de la Asociación de la Prensa Internacional de Colombia (APIC), consagrando como su objetivo principal “defender en todos sus aspectos, el ejercicio profesional de la prensa extranjera en Colombia, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa y promover el mejoramiento de la calidad de la información”.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia”

Vale la pena resaltar la voluntad de los integrantes de esta nueva organización de servir de apoyo, en los casos necesarios, a los periodistas locales colombianos, que en las diferentes regiones se ven enfrentados a todo tipo de agresiones en el marco del conflicto armado interno y también como consecuencia de la grave crisis producto de la corrupción estatal. “Tenemos que responder a todo el apoyo que nos han dado los periodistas regionales cada vez que vamos a sus ciudades”, dijo Bruno durante la asamblea constitutiva de la asociación de periodistas, en la que resultó elegido como su presidente. Organizarse es algo “que debimos hacer hace rato”, señala Simone.

Le preguntamos al recién elegido presidente de la nueva asociación, Simone Bruno, sobre la expectativa frente a la sociedad y el gobierno colombianos desde la nueva organización.

“Del gobierno esperamos que nos faciliten nuestro trabajo, como el trabajo de todos los periodistas en Colombia, porque una prensa libre e independiente es una fortaleza y uno de los pilares de la democracia. En nuestra organización hay reporteros, fotorreporteros y corresponsales de los más importantes medios del mundo, gente que lleva más de 15 años trabajando en este país; no sólo, hay jóvenes, hay periodistas de las más importante agencias de prensa del mundo”. Bruno agrega más adelante que la APIC será un recurso para hacerle ver al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que será un error restringir las posibilidades de trabajo de los periodistas extranjeros, como algunos lo han sugerido luego del caso Langlois.

En lo concerniente a la sociedad colombiana, Bruno señala: “es la sociedad que debe exigirnos, a nosotros como a la prensa colombiana, que seamos imparciales, serios y que tengamos la fortaleza de contar este conflicto que lastimosamente es invisible desde las casas de los habitantes de las grandes ciudades. Por esto nos reunimos, para poder seguir con más fuerza en nuestro trabajo”. Esta postura fue planteada por Simone Bruno a los pocos días de conocerse la noticia de la retención de su amigo Roméo Langlois. “Este es un conflicto de pocos, que no aparece casi nunca en imágenes y del que son ajenas casi siempre las ciudades”, señaló durante un evento académico a comienzos del mes de mayo.

Durante las reuniones en las que se discutieron los aspectos claves de esta nueva organización fue permanente el acompañamiento de la delegada de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo inmediato de la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Panorama del ejercicio periodístico en Colombia [1]

Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el lugar 143 entre 179 países evaluados. En el continente americano, se encuentra por encima de la clasificación de México (149) y Cuba (167). Clasifica al grupo ilegal ‘Águilas Negras’, banda criminal según el Gobierno, en la lista de “depredadores de la libertad de prensa”. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

En 2011 crecieron los intentos de asesinatos, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros y el desplazamiento forzado contra periodistas

Para la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, las agresiones contra periodistas aumentaron un 7% en Colombia en 2011 respecto al año anterior. En un alto porcentaje, los responsables de estas conductas criminales contra periodistas son los grupos paramilitares, ahora reciclados con la etiqueta de ‘bandas criminales’. Agrega la organización gremial de periodistas colombianos que de siete homicidios registrados en 2010, se pasó a uno durante 2011

En su informe, Fecolper busca “evidenciar la situación de violencia que padecen los periodistas en Colombia por razones del ejercicio de su profesión”, ya que la disminución de homicidios no puede considerarse en sí misma como un progreso en la protección a periodistas, ya que “los intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporción, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucción de material y el desplazamiento forzado contra periodistas”. En total Fecolper documentó 202 casos de agresión contra el ejercicio libre del periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.

De acuerdo a la Ong Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su informe titulado ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el siguiente es el balance de agresiones contra periodistas: “el asesinato de un periodista por razones del oficio; el exilio de dos reporteros; el atentado a dos medios de comunicación y 94 casos de periodistas amenazados”. Este panorama es calificado como “un aumento significativo sobre lo que ha registrado la FLIP en los últimos años”. Agrega más adelante que “la impunidad sigue siendo uno de los temas más preocupantes. En 2011 prescribieron 9 casos de periodistas asesinados, en los cuales no se consiguieron resultados judiciales”.

El Comité de Protección a Periodistas señala que a lo largo de gran parte de la última década, la inteligencia colombiana interceptó ilegalmente los correos electrónicos, realizaba escuchas ilegales a conversaciones telefónicas, y llevó a cabo la vigilancia contra reconocidos periodistas críticos del gobierno.

Periodistas trabajando

Periodistas trabajando

En el ámbito del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] publica un capítulo especial en el informe anual de la CIDH analizando el estado de la libertad de expresión en el continente. En lo que corresponde a Colombia durante 2011, la Relatoría resalta las continuas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las que estigmatiza a periodistas críticos. Algunos de los casos mencionados en el reporte anual son los del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, “por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno”. Agrega el informe que “las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones”.

Adicionalmente, junto con las referencias a casos de homicidios, amenazas y acoso judicial contra periodistas, la Relatoría llamó la atención sobre la aprobada ‘ley de inteligencia y contrainteligencia’, que de alguna manera podría afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información.

Amenazas, acoso judicial, censura, presiones económicas e intentos de homicidio son algunos de los factores que coartan el derecho de los periodistas a ejercer su oficio y el de la sociedad a recibir la información necesaria para formarse un criterio que le permita participar activamente en las decisiones que afectan al país.


[1] Resumen tomado del ‘Balance de informes sobre libertad de expresión en Colombia‘, publicado por el Proyecto Sociedad Informada.

Artículo original en Bottup: Nace una organización de periodistas extranjeros en Colombia


Los Estados miembro de la OEA aprobaron unas recomendaciones que debilitarían el funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Es quizás la evidencia del temor de algunos gobiernos frente a la expresión libre de ciudadanos inconformes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez*
@AndresMonroyG


En 2003, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocían en un documento que “la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática…”.1

Sin embargo ocho años después, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se aprobó un documento que evidencia un cambio de postura frente a la libertad de expresión. El 25 de enero, por unanimidad fue aceptado el ‘Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)’. 2

“¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?”

¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?

Este informe, que será trasladado a los cancilleres de los países integrantes de la OEA, contiene unas recomendaciones que, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil, buscan limitar los mecanismos de protección consagrados en el Sistema y aspectos de la elaboración de los informes anuales de la CIDH.

Uno de los aspectos más preocupantes es la idea de restringir las labores y financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la Relatoría) 3. Uno de los límites propuestos, es que la Relatoría no publique por separado su informe anual, además de abstenerse de buscar financiación de manera independiente, ajustándose a los mismos recursos que las otras relatorías y finalmente, la implementación de un “código de conducta previamente definido por los países miembros”.

La propuesta de recomendaciones fue hecha por el gobierno ecuatoriano y respaldado principalmente por el venezolano, países seriamente cuestionados por sus posturas frente a la libertad de expresión y objeto de contundentes comunicados de parte de la Relatoría. Los mandatarios de ambos países han manifestado en anteriores ocasiones su animadversión frente al papel de la CIDH. Algunos críticos han afirmado que esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano en un aparente esfuerzo para “fortalecerlo”, es una contradicción de parte de gobiernos que han impulsado la creación de otros órganos regionales al margen de la OEA (como Unasur), acusándola de obedecer directrices impartidas desde Washington.

Ante estas críticas, debe advertirse que las actividades desarrolladas por la Relatoría desvirtúan los argumentos que, desde diferentes posturas ideológicas, pretenden sembrar un manto de duda sobre su papel de defensa del derecho a expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Relatoría se pronunció entre 20102011 en cinco oportunidades, en todos los casos

Las críticas al nuevo informe se centran en la idea de la restricción de las labores y la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

por el uso de mecanismos judiciales para presionar a periodistas. Por otra parte, en el caso de Colombia, en 2011 se pronunció una vez, condenando el asesinato de un periodista, y en 2010 se pronunció en cuatro oportunidades, especialmente por agresiones contra periodistas. Además, la Relatoría articula su labor con los relatores de otros organismos internacionales, para abordar temas de importancia mundial, lo que puede observarse en las Declaraciones Conjuntas, la última de ellas promoviendo la libertad de expresión en Internet.

Adicionalmente, en los informes anuales se incluye un capítulo especial sobre el estado de la libertad de expresión en la región, analizando cada uno de los países miembros de la OEA, haciendo públicas las actividades propias del mandato de la Relatoría.

Más que una iniciativa, que según los embajadores ante la OEA es para “fortalecer el Sistema Interamericano”, puede ser una muestra del temor frente a pueblos inconformes que se expresan libremente.

En el informe aprobado, se propone el fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Sin embargo, la restricción a la posibilidad de buscar financiación independiente puede resultar en una nivelación por lo bajo en lugar de un mejoramiento de las condiciones financieras de todas las relatorías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) rechazaron esta iniciativa, señalando que “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos envió una carta a la OEA, expresando su preocupación al considerar que “estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”.

“Estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”

En el plano colombiano, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) expresó su “total desacuerdo y rechazo a cualquier iniciativa que pretenda debilitar o neutralizar la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), concretamente de sus instrumentos de defensa de la libertad de expresión en las Américas”. Luego de hacer un llamado a los Estados parte de la OEA, y especialmente al gobierno colombiano a oponerse a este tipo de iniciativas, Fecolper recordó que la Relatoría “es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta América Latina para la defensa de la libertad de expresión, que antes que ser debilitada debe ser fortalecida y blindada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que pese a ser la más reciente de las relatorías creadas por la CIDH, ha cumplido un papel vigoroso en el cumplimiento de su misión, incluso ha gestionado por fuera de la OEA los recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en la última puerta que tocan los periodistas del continente que ven amenazada su libertad informativa, así como en la última talanquera para gobiernos autoritarios que quieren imponer una mordaza a la prensa independiente en sus respectivos países”.

A pesar de este llamado del gremio periodístico, la postura del embajador colombiano fue decepcionante. Así lo hicieron ver diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes en un comunicado conjunto afirmaron que “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones ‘son positivas’ y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.

Esta decepción es más fuerte para quienes veían en el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un aliado de los medios de comunicación, por ser miembro de una familia tradicionalmente vinculada a uno de los principales periódicos del país. Quizás no debía esperarse mucho al analizar algunos antecedentes no tan lejanos, especialmente durante su gestión como ministro de defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, dado el nuevo lenguaje del Ejecutivo con la sociedad colombiana a partir del cambio

A pesar del apoyo manifestado expresamente por el Juan Manuel Santos a la libertad de expresión, la delegación colombiana apoyó las recomendaciones del informe

de gobierno, se construyeron muchas expectativas. En un discurso pronunciado en octubre del 2011, Santos señaló: “(…) es un compromiso esencial de nuestro gobierno –un compromiso que, como periodista, me sale del alma– garantizar y proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación y los periodistas que cumplen una labor esencial al fiscalizar y pedir cuentas a las instituciones estatales. He dicho que el periodismo independiente y crítico es el perro guardián de la sociedad; es como la ducha de agua fría de los gobernantes, que nos mantiene alerta y despiertos y nos impide dormirnos sobre los laureles”.

También, durante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santos afirmó: “He venido aquí a reafirmar como Presidente de Colombia mi compromiso con la libertad de prensa en el país y en la región. Reafirmar un compromiso que he mantenido durante toda mi vida pública y mi vida como periodista”.

Al igual que las palabras de la Declaración de Santiago con las que comienza este artículo, el Presidente Santos olvidó cumplir ese compromiso con la libertad de expresión en la región. Su embajador ante la OEA, heredado del anterior gobierno, participó en la votación que aprobó esas recomendaciones, mientras se proclamaba respetuoso de la libertad de expresión ante los medios de comunicación.

El temor compartido por periodistas y ciudadanos en general se sintetiza en que al debilitar la estructura y capacidad de acción de la Relatoría, está en juego la libertad de expresión en las Américas.

Debe considerarse que lo que está en riesgo no es solamente uno de los mecanismos más efectivos para la protección de periodistas. La Relatoría protege a cualquier ciudadano que vea amenazado su derecho a la libre expresión en sus diferentes manifestaciones. ¿Habrá temor a una ‘Primavera latinoamericana’?

Andrés Monroy Gómez
Coordinador del Proyecto Sociedad Informada
http://www.proyecto-si.blogspot.com/

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1. “Declaración de Santiago sobre Democracia y confianza ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” AG/DEC. 31 XXXIII-O/03, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la OEA, en Santiago de Chile, durante el 33 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (2003).

2. Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-1040/12

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos objetivos son la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.

Artículo original en Bottup: Alianza gubernamental contra la libertad de expresión: ¿temor a una ‘primavera latinoamericana’?


ENTREVISTA / Eduardo Márquez le apostó a la unidad de los periodistas para enfrentar las causas que afectan la libertad de expresión

Este es su balance luego de terminar su periodo como directivo de la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Durante una manifestación en el centro de Bogotá

Durante una manifestación en el centro de Bogotá

Bogotá. Es necesario trabajar para “construir los cimientos de una sociedad democrática para las próximas generaciones porque a nosotros no nos tocó”. Esta frase cierra la entrevista con Eduardo Márquez González y con la que quiero comenzar este artículo, pues sintetiza en gran medida la filosofía de vida de este periodista. Conversamos días antes de su salida del país, luego de terminar su periodo como presidente de la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER.

Estos últimos 8 años, Márquez los dedicó a buscar la unidad de los periodistas colombianos en torno a la reivindicación de sus derechos. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando comenzaba su labor como director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CesoFIP), a la que me vinculé por varios años.

Desde CesoFIP impulsó la creación de una organización de carácter nacional, compuesta por periodistas y que representara a periodistas, bajo los parámetros de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). La FIP es una organización de carácter internacional que agrupa a sindicatos nacionales, pero las particularidades del caso colombiano hicieron que se adoptara la figura de asociación civil, pues las estadísticas de asesinatos a sindicalistas y periodistas no brindaban la confianza para apostarle a un sindicato.

Tras casi una década dedicada a la búsqueda de la unidad de los periodistas colombianos para reivindicar sus derechos, Márquez abandona el país por motivos de seguirdad

Es así como en mayo de 2007 nació Fecolper bajo el lema ‘Unión nacional para un periodismo libre, responsable y seguro’. Con inusitada rapidez, Fecolper logró llegar a espacios en donde podría hacerse escuchar la voz de los periodistas, especialmente aquellos que trabajan por fuera de las grandes ciudades.

“En un país como Colombia las amenazas deben tomarse en serio y ahora lo digo por experiencia propia”

Defender los derechos humanos en Colombia, entre ellos la libertad de expresión, es una actividad que viene acompañada de la estigmatización proveniente de sectores extremistas, con la correspondiente persecución de actores legales e ilegales del conflicto. Esos violentos pretendieron pasar su ‘cuenta de cobro’ por el lenguaje directo y con claro contenido de denuncia utilizado por Márquez.

Hace más de cinco años, dos sujetos cubiertos con pasamontañas trataron de ingresar a la fuerza a la oficina de CesoFIP. La reacción de Márquez sumada al escándalo de los vecinos del sector frustró las pretensiones de los agresores. Este hecho se presentó luego de un acalorado debate con congresistas y empresarios sobre una iniciativa legislativa que pretendía endurecer las penas por los llamados delitos de prensa (injuria y calumnia). En febrero de 2011 circularon panfletos donde un grupo paramilitar amenazaba de muerte a periodistas y defensores de derechos humanos, dentro de ellos a Eduardo Márquez. Este último hecho le hizo vivir en carne propia la desidia y lentitud de los programas estatales de protección.

A pesar de que durante más de siete años Eduardo participó en un comité del Ministerio del Interior encargado de analizar los casos de amenazas a la seguridad de los periodistas, este año por primera vez tuvo que exponer su propia situación. Paradójicamente el trámite de su caso no contó con la agilidad deseada.

Eduardo Márquez con el Secretario General de la FIP en 2007, Aidan White, durante la creación de Fecolper

Eduardo Márquez con el Secretario General de la FIP en 2007, Aidan White, durante la creación de Fecolper

“Cuando llegó la segunda amenaza me preocupé, y francamente después de atender a tantos periodistas amenazados y saber qué hacer con ellos, en mi caso no supe. Hubo una solidaridad muy grande de las organizaciones colombianas y de América Latina, lo que significó una protección política. Al día siguiente de recibir la amenaza, presenté el caso en el Comité de Protección del Ministerio del Interior a pesar de una cantidad de obstáculos”, relató Márquez.

Pero tuvieron que pasar dos meses para que el periodista y líder gremial fuera llamado por la Fiscalía para ampliar su denuncia y tres meses más para que la policía le realizara un estudio de riesgo. “Cuando empecé a pintar el panorama de los posibles sospechosos, que incluía a quienes amenazaron a un periodista en Tolima, los asesinos de otro en Córdoba y los perseguidores de otro en Antioquia, el policía me dijo: “Señor Márquez, hagamos una cosa, mejor quitemos todos los nombres”“, agregó Eduardo.

Las medidas de protección que finalmente le otorgaron consistían en visitas de la policía a la oficina (que nunca se cumplieron) y un chaleco antibalas. Ese momento marcó un drástico cambio en el ritmo de vida de Márquez. “Es inevitable la paranoia, mirar para todos lados, medir si el estudiante que pide una entrevista para una tesis de grado realmente es estudiante. Me llamó la atención la reacción de otros periodistas amenazados. Me llamaban para darme la ‘bienvenido al club’. La primera vez que lo escuché me dio risa, la segunda me quedé callado y a la tercera me sentí algo molesto. Me quedé pensando por qué todos dicen esto. Es una especie de consuelo de desvalidos ahora que todos estamos jodidos”.

La explicación que da Eduardo a la ‘demora’ de estas amenazas está basada en su paso de representante en Colombia de una organización internacional (FIP) a presidente de una federación nacional (Fecolper), lo que puede ser un factor para que los violentos se sintieran con más facilidad y menos riesgos políticos para amenazarlo.

Las medidas de protección que le otorgaron tras meses de espera consistían en visitas de la policía a la oficina, que nunca se cumplieron, y un chaleco antibalas

Sobre este punto concluyó: “Si esas amenazas vienen de donde yo creo, ese señor tiene un ‘jefe de prensa’ que ha ido varias veces a la oficina, o sea que sabía perfectamente cuál era mi circunstancia”.

“Una organización nacional como Fecolper puso en evidencia que los amenazados son cientos”

Eduardo considera que el balance del trabajo de ocho años por el gremio periodístico debe hacerse en varios niveles. En primer lugar considera que el hecho de que exista una organización nacional de periodistas que represente básicamente a los periodistas de provincia es algo importante porque antes, en materia de derechos humanos o de asuntos laborales, sólo se hablaba de los periodistas más conocidos de las principales ciudades y de los grandes medios de comunicación. Luego, consideró necesario que los sectores académicos ajusten sus análisis a la realidad del periodismo.

“Por primera vez logramos poner en la agenda de la libertad de prensa en Colombia la realidad de desnaturalización laboral de los periodista de provincia, que curiosamente tienen que pagar por trabajar, ya que son arrendatarios de espacios en radio y televisión. También, los periodistas regionales empezaron a aparecer como protagonistas de las amenazas. Es una realidad que en Colombia había un pequeño grupo de ‘privilegiados’ de las amenazas que reciben todo tipo de ayudas, viajes y premios. La mayor parte de los periodistas sucumben a las amenazas y las presiones en el mayor anonimato, porque no había nadie que los defendiera. Así que una organización nacional como Fecolper puso en evidencia que los amenazados son cientos”.

“Tan sólo en 2010 registramos 189 ataques contra periodistas, dentro de ellos siete asesinatos en un momento en que el gobierno pregonaba en Europa que los periodistas tienen todo tipo de garantías. Es una cifra alta, a pesar de que disminuyen los asesinatos, pero en un país como Colombia las amenazas deben tomarse en serio y ahora lo digo por experiencia propia. Cambia el ritmo de la vida, las relaciones familiares se deterioran. Hace poco un periodista me dijo que su hija llora todas las noches pensando que lo van a matar. Ese deterioro de las relaciones

Protesta por el secuestro de un periodista en el norte de Colombia

Protesta por el secuestro de un periodista en el norte de Colombia

familiares es una carga adicional para los periodistas. Muchos me han contado de los problemas de alcoholismo de sus hijos y las enfermedades de sus esposas. En un taller que hicimos el año, pasado quedamos sorprendidos al ver que muchas esposas de periodistas han desarrollado cáncer. Entonces, es bueno que exista una organización que represente a los periodistas regionales que son desprotegidos y desprestigiados. Soy pesimista frente a la posibilidad de que termine la persecución contra periodistas por parte del Estado y de los grupos ilegales”.

“Desde la perspectiva académica a los periodistas regionales se les hace un juicio ético muy fuerte, pero fuera de contexto. Ese juicio se hace desde el deber ser, pero nunca de lo que realmente es el periodismo en Colombia. Porque ejercer la libertad de prensa en Colombia es un privilegio de pocos y no nos vamos a decir mentiras, son muy pocos los periodistas que pueden decir que informan sin presiones”.

“A los periodistas ‘privilegiados’ se les reclama que asuman la causa de los periodistas de provincia en lugar de ese ejercicio egocéntrico en el que da la impresión de que los únicos amenazados son ellos, cuando en realidad son cientos. ¿Dónde está la solidaridad y ese espíritu gremial que reclaman permanentemente? ¿Dónde está el mínimo de sensibilidad humana cuando se ha sido víctima de una amenaza para entender la situación de los otros? Pero lo único que hacen son llamados generales en los que nunca se les da rostro ni nombre a los cerca de 200 periodistas que en este momento pueden estar padeciendo persecuciones y amenazas en todos los rincones del país”.

Sobre los autores de las agresiones, persiste la mayor responsabilidad en agentes del Estado, seguidos de los grupos paramilitares. Adicionalmente crece el número de agresiones atribuidas a particulares. Al respecto, Eduardo Márquez manifestó:

“El año pasado el mayor agresor de los periodistas fue el Estado con el 51% de las agresiones, dentro de ellos los funcionarios civiles del Estado”

“El año pasado el mayor agresor de los periodistas fue el Estado con el 51% de las agresiones, dentro de ellos los funcionarios civiles del Estado. Este año, que fue electoral, las Bacrim (Bandas Criminales: nombre dado a los grupos paramilitares luego de la supuesta desmovilización – N. del A.) han sido los mayores agresores de periodistas. Pero paralelamente a esto, los particulares agreden a periodistas en eventos de todo tipo. Por ejemplo, durante el cubrimiento de judiciales un periodista casi es incinerado por una multitud”.

“Esto se puede interpretar como un deterioro de la imagen del periodista como portavoz de las comunidades. Pero por otro lado, el poder ha desprestigiado tanto la voz del periodista que es fácil culparlo de todo lo que sucede. En síntesis, de alguna manera se culpa a los periodistas de la mala imagen del país en el exterior, el terrorismo, los desbordados actos de corrupción, los desmanes de la fuerza pública, los vínculos de políticos importantes con bandas criminales. Hay una especie de comunión entre el poder y la comunidad para decir que el periodista es el culpable, o sea que el mensajero tiene la culpa y hay que cortarle la cabeza”.

En este oscuro panorama no puede evadirse la propia responsabilidad de los periodistas en la cada vez más cuestionada calidad de la información. Sobre esto, Márquez señaló:

“Obviamente los periodistas cometemos muchos errores. Porque en todo este contexto, hay un fenómeno que es el de la comercialización de la información. El hecho de que los periodistas tengan que vender publicidad para obtener ingresos porque no reciben salarios, deteriora la calidad de la información. Esto sucede
con los pequeños y medianos medios de comunicación que son los de la mayoría del país. En cambio, en los grandes medios de comunicación quien manda es el gerente, a quien lo que le importa es ganar y la noticia es una mercancía. Como cualquier otra mercancía, la noticia hay que venderla como sea, no importa el costo social que implique. Así que la comercialización de la información ha deteriorado su calidad y la imagen del periodista“.

“Para los periodistas, los temas laborales, éticos y de seguridad se entrelazan. Mientras los periodistas no tengan condiciones dignas de trabajo, la ética va a resultar afectada. Si no hay reglas del juego claras en la distribución de publicidad estatal y se niegue la calidad de trabajadores a los periodistas y persista la impunidad en los crímenes de los que son víctimas, la ética va a resultar afectada”.

“El temor a la persecución física o laboral hace que evadamos los compromisos colectivos”

Para finalizar, hablamos sobre su balance de los primeros años de existencia de Fecolper, que agrupa a las organizaciones regionales de periodistas en Colombia.

“Construir organización social en Colombia es difícil por varias razones. En primer lugar, porque las organizaciones son constantemente criminalizadas y hay que recordar que Colombia tiene uno de los más altos índices de asesinatos de sindicalistas. Por esto, nosotros como sociedad civil no tenemos la disciplina necesaria para las organizaciones. El temor a la persecución física o laboral hace que evadamos los compromisos colectivos. El nacimiento de Fecolper fue toda una proeza, pero con un desigual desarrollo al interior, porque a la vez que hay organizaciones sólidas al interior, hay otras muy débiles”.

“Me adentré en la situación del periodista regional, su situación laboral y su tragedia diaria para sobrevivir, y siento que me duele más ahora que cuando comencé esta labor”

“El proceso no es fácil, pero existe y hay un espacio propio donde se ha ganado interlocución con todos los actores, legales e ilegales, de la realidad colombiana. Hacer parte de una organización implica derechos y deberes, y en materia de deberes los colombianos sabemos muy poco”.

Como en toda labor donde debe interactuarse con personas de las más disímiles posturas políticas y éticas, no faltaron los aliados pero tampoco los enemigos. El tono de voz de Eduardo evidencia la tranquilidad de una meta alcanzada y lazos de confianza construidos, pero con cierta nostalgia por el costo de las deslealtades que trataron de entorpecer la construcción y consolidación de Fecolper. En las palabras del propio Eduardo, “se trata de la condición humana”. Así terminó nuestra conversación:

Cuando uno se mete en una tarea como crear una organización social en Colombia y con una población tan perseguida como los periodistas, le cambia la perspectiva de la vida. Me adentré en la situación del periodista regional, su situación laboral y su tragedia diaria para sobrevivir, y siento que me duele más ahora que cuando comencé esta labor”.

“Entendí la dinámica de las organizaciones sociales y ahora veo que Colombia necesita un proceso más largo de experiencias de sociedad civil para poder consolidar la democracia, pero para eso se necesita un mayor compromiso de quienes tienen el poder. Colombia tiene la clase política y económica más rapaz y egoísta del continente. Si se les ablanda un poquito el corazón a ellos y si desde la base los ciudadanos del común somos capaces de construir sociedad civil creo que podremos dejar los cimientos de una sociedad democrática para las próximas generaciones, porque a nosotros no nos tocó”.

Texto y fotografías: Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

Artículo original en Bottup: Eduardo Márquez: “Ahora me duele más la situación de los periodistas regionales en Colombia”


La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano por la golpiza de militares, seguida de amenazas de muerte y un intento de secuestro, al periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez en agosto de 1996

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Colombia. Agresiones físicas, amenazas, obstaculizaciones a la labor periodística e impunidad de los delitos contra comunicadores, mantienen su sombra sobre la libertad de información en Colombia.

Un ejemplo reciente sobre agresiones físicas y obstaculización a la labor informativa se presentó hace menos de una semana. La Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper denunció que el periodista Omar Vera del Periódico El Turbión resultó afectado por las granadas de gas disparadas por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía durante unas protestas estudiantiles el 30 de marzo.

La impunidad sigue preocupando a las organizaciones no gubernamentales. El pasado 7 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP alertó a la Fiscalía por la posible prescripción de los procesos por los asesinatos de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia.

Los hechos denunciados por la familia Vélez violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales, entre otros

Agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, persecución, exilio, falta de garantías judiciales e impunidad se suman en un solo caso, el del camarógrafo Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Estos hechos serán juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

El Caso 12.658, presentado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ante la Corte Interamericana, abordará el caso de Vélez Restrepo contra Colombia. De acuerdo a la petición presentada originalmente ante la CIDH, estos hechos violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión y garantías judiciales, entre otros.

Los hechos de este nuevo caso contra el Estado colombiano, ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo del Noticiero ‘Colombia 12:30′, fue atacado por miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada XII del ejército colombiano en el municipio de Morelia (Departamento de Caquetá) mientras realizaba el cubrimiento periodístico de la represión militar a las protestas campesinas contra la erradicación de cultivos de hoja de coca.

Señala la demanda que en ese momento, el camarógrafo fue abordado por los soldados, quienes ante su negativa de entregarles la cinta y luego de insultarlo y apuntarle con armas, lo golpearon con los cañones de sus fusiles y le lanzaron patadas. Como consecuencia de la agresión de los militares, el camarógrafo sufrió perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de varias costillas.

Luego de denunciar esta agresión, comenzaron las amenazas contra el periodista y su familia. Algunas de esas amenazas se hacían en los siguientes términos: “va a morir, hijo de puta”, “usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas. Va a morir perro”. Refiriéndose a la esposa del periodista decían: “es muy bonita, la voy a dejar viuda”.

La agresión provocó la perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de costillas. Tras las amenazas e intento de secuestro posteriores tuvo que exiliarse a EE.UU.

El 6 de octubre de 1997 Vélez Restrepo logró escapar a un intento de secuestro, situación que sumada a las amenazas, le obligaron a salir de Colombia el 9 de octubre de 1997. El 29 de julio de 2005, casi nueve años después de los hechos y sin haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia colombiana, la víctima puso estos hechos en conocimiento de la CIDH.

Luego de estudiar los escritos de la víctima y del Estado, en el informe No. 47 de 2008, la Comisión decidió admitir la demanda de Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo y familia contra el Estado Colombiano, para analizar las supuestas violaciones de sus derechos fundamentales (Petición 864-05).

La respuesta del Estado se orientó a describir la situación de orden público en el departamento de Caquetá, afirmando que las protestas campesinas estaban filtradas por miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Además, señaló el Estado colombiano, los militares de rango medio involucrados en el intento de decomiso de la cámara de Vélez fueron sancionados y las investigaciones del Ministerio Público no determinaron la responsabilidad del comandante del Batallón No. 36. Finalmente presentó una lista de los procesos administrativos judiciales y administrativos que se han adelantado para investigar estos hechos.

Por otra parte, a pesar de que Vélez y su familia fueron cobijados por los programas estatales de protección a víctimas y testigos, sus denuncias nunca fueron debidamente tramitadas por las autoridades. En un principio, la investigación fue asumida por la Fiscalía (justicia ordinaria) pero luego fue transferida a la justicia penal militar. El juez militar encargado de la investigación fue nombrado por el Comandante del Batallón No.36, también superior de los militares protagonistas de las agresiones contra el camarógrafo.

La víctima alegó que solicitó información sobre el estado del proceso en varias oportunidades, sin haber recibido respuesta hasta la presentación de su petición ante la CIDH.

La investigación trasferida a la justicia penal militar fue llevada por un juez militar nombrado por el Comandante superior de los militares agresores

El 3 de junio de 2006 el Juzgado 67 Penal Militar le informó que el 3 de octubre de 1997 archivó la causa y que luego perdió el expediente durante un ataque de la guerrilla “resultando imposible para el Estado aportar copia de las decisiones”.

Al admitir la demanda, la CIDH recordó que la jurisdicción militar no ofrece las herramientas suficientes para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cometidos por miembros de la Fuerza Pública o con su colaboración o beneplácito.

Este proceso, además de continuar el debate sobre la eficacia de la justicia penal militar, seguramente abordará temas como el acceso a la información pública, la efectividad de los mecanismos de protección estatal y la impunidad por delitos cometidos contra periodistas.

Paralelo a esto surgirán preguntas, como ¿por qué no se determina la responsabilidad de los superiores militares por estos hechos? ¿Qué pasó con el general Néstor Ramírez, entonces comandante del Batallón No. 36 y quien nombró al Juez Penal Militar? ¿Actualmente los programas de protección estatales cumplen con su finalidad o son instrumento de espionaje contra periodistas?

Artículo original en Bottup: Colombia acusada ante la Corte Interamericana por paliza a periodista


El grupo paramilitar ‘Bloque Central de las Águilas Negras’ amenaza de muerte a asociaciones de campesinos, indígenas, ligas feministas y periodistas, críticos con el ex presidente Álvaro Uribe

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, amenazado por paramilitares

Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, amenazado por paramilitares

Colombia: estrategia mediática de la violencia paramilitar‘, publicado el 16 de febrero en Bottup, fue la oscura premonición de la nueva arremetida paramilitar contra los periodistas colombianos.

Ese mismo día circuló un mensaje firmado por paramilitares del así mismo llamado Bloque Central de las Águilas Negras.

Amenazas como “Llegó la hora de exterminar y aniquilar (…)”, “Pronto sabrán quien sigue”, “Los tenemos en la mira y desde ya pueden darsen (sic) por muertos y derrotados”, buscan intimidar a asociaciones de campesinos, desplazados e indígenas, ligas feministas, la Juventud Comunista, organizaciones de derechos humanos, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y a reconocidos periodistas que se caracterizan por sus posturas críticas frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La prensa sigue en la mira

Los agresores califican de “ideologías equívocas e irritantes” para su organización el trabajo desarrollado por organizaciones de derechos humanos y periodistas, como Eduardo Márquez, Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza, y Claudia Julieta Duque.

Eduardo Márquez preside de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Fecolper cuenta con aproximadamente 1.300 periodistas agremiados, organización que en sus casi cuatro años de existencia, ha marcado un nuevo rumbo en la lucha por la libertad de prensa, buscando la reivindicación de condiciones laborales dignas para el trabajo periodístico.

“Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos (…) los ubicaremos enlas oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reúnen”

Hollman Morris es director del programa Contravía, reconocido programa de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Daniel Coronell es director del informativo ‘Noticias Uno‘ y fue elegido recientemente como vicepresidente de noticias de Univisión.

Marcos Perales Mendoza es director del periódico Portada, de la ciudad de Bucaramanga. Desde ese medio de comunicación se informa a la ciudadanía sobre actos de corrupción administrativa.

Claudia Julieta Duque es corresponsal de Radio Nizkor. Ganadora del premio al Coraje en Periodismo, concedido a mujeres periodistas por la International Women’s Media Foundation y del Premio Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en el 2010, Duque asumió el reto de enfrentar ante los tribunales al Estado Colombiano por las deficiencias de los esquemas de protección para periodistas.

Adicionalmente, Claudia Julieta Duque, Hollman Morris y Daniel Coronell son víctimas de los seguimientos e interceptaciones ilegales a sus comunicaciones por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aparato policial secreto al servicio directo de la Presidencia de la República.

Reacciones

La Federación Internacional de Periodistas reclamó al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los trabajadores de prensa de ese país ante las nuevas amenazas, a la vez que lo hace responsable directo de la integridad física de los periodistas y sus familias, si su inacción conlleva que las amenazas lleguen a los hechos.

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) expresó su indignación ante esta amenaza que toca a su propia estructura, FECOLPER, y a su principal dirigente, por lo que demanda de manera inmediata al Estado colombiano garantizar la vida y seguridad física de los periodistas.

La corporación Medios para la Paz rechazó estas acciones intimidatorias y solicitó a los organismos del Estado competentes que se realicen los procedimientos y diligencias necesarias para que se avance en las investigaciones sobre estos hechos.

La Federación Internacional de Periodistas, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Medios para la Paz, Flip y Fecolper han condenado las amenazas e instan al gobierno a la protección de los periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también manifestó su preocupación porque los panfletos electrónicos se están utilizando con frecuencia para amenazar periodistas. Señaló la Flip que “hace dos semanas circuló un correo similar en el Valle del Cauca, firmado por las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, donde se amenazaba a tres periodistas. Hasta ahora las investigaciones por estos casos no han arrojado ningún resultado”.

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), una de las organizaciones amenazadas en este correo electrónico, manifestó que “no admite que su labor en defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión sea estigmatizada o identificada con grupos armados ilegales o contrarios a los derechos que se consagran en la Constitución. Y su objetivo es seguir cumpliendo con la misión de “lograr que los periodistas en Colombia tengan condiciones laborales, socioeconómicas y políticas que mejoren la calidad de la información, mediante el desarrollo de programas de bienestar social, formación, iniciativas legales y de seguridad”.

Estas amenazas son el desafortunado reflejo de los discursos de estigmatización y exclusión de altos funcionarios gubernamentales, para quienes ser opositor político o periodista crítico era sinónimo de ser aliado de los grupos guerrilleros.

***

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Principio No. 9 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión – Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A continuación reproducimos el mensaje mandado por los paramilitares del llamado Bloque Capital Águilas Negras

La Redacción únicamente ha editado el texto en minúsculas (estaba íntegramente escrito en mayúsculas) para su mayor legibilidad, manteniendo exactamente su forma y contenido.
Bloque Capital Aguilas Negras d.c.

En el ambito del reconocimiento del area de exposicion del bloque metropolitano las aguilas negras en Bogota en los municipios de Cundinarca y a nivel nacional.

Pese a las numerosas alvertencias continuan manipulando y ostaculizando nuestro camino a traves de ideologias equivocas e irientes para nuestra organización.

Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aun mas que se infiltran como ongs internacionales, periodistas, como ha sucedido , ligas femeninas que se meten en lo que no les importa y que son sapos hijueputas vendidos los ubicaremos enlas oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reunen con sus partidos de comunistas.

Los tenemos en la mira y desde ya pueden darsen por muertos y derrotados partida de hijueputas hipocritas canallas y cabe mencionar que sabemos quienes son los que lideran estas trifulcas y disque llamadas tomas donde los que gana son pocos y si utilizan a los mas pendejos para sacar ganacias a titulo personal, como son estos lideres revestidos de fachada de guerrilleros que se camuflan detrás del vestido de desplazados con corbata, pero que son realmente desmobilizados de diferentes frentes de las farc y el m19, y que se esconden en diferentes areas como vienen actuando en el periodismo, talleres tomas, oficinas , embajadas etc. desen por bien servidos.

Que pronto sabran quien sigue. esta vez vamos por cada uno de ustedes.

Emitimos nuevamente como amenaza de muerte y aniquilacion contra las organizaciones sociales que continuan desintegrando las politicas y el estado de conciencia del pueblo como son:

Declaramos de muerte y seguimiento a:

Liga de Mujeres Desplazadas, Felcoper, Movice, Andescol, Fundacion Vive, Funsol, Fensuagro, Corpocam, Suteq, Aceu, Feu, Aspu, Oriquin, Mujeres en Pie de Lucha por una Colombia Productiva, UTP, Sinaltrainal, Asodunir, Sintraunicol, Juco, Cridec, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Afrodes Bogotá – Cundinamarca Abcun, Asociación de Afrocolombianos Desplazados- Regional Buenaventura (Afrodesbuenaventura), Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Asociación de Desplazados de Condoto (Asodescon), Ciase Asociación de Desplazados del Baudó (Asodesba), Asociación de Desplazados de Novita (Asodesnov), Asociación de Ingeniero Afrocolombianos, Ingedsa ltda, Asdep, Asodefensa, Asosisalud, Asociación Unidos de Tumaco Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), Asociacion de Desplazados Dos de Mayo (Adom), Asociación de Familiares de la Violencia Política de Riosucio, Chocó, Asociacion de Familias Desplazadas Buscando Futuro (Asgadebuf), Antioquia, Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombo (Asomuafroyo), Asociación de Mujeres Desplazadas (Asomudespa), Asociación de Mujeres Mineras de Paloblanco, Buenos Aires Cauca, Asociación de Organizaciones Populares de Micay (Asopomy), Asociación Juntos por el Progreso (Junpro), Asociación Minga, Asociación Municipal de Mujeres (Asom), Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Corporación Jurídica Yira Castro, (Fedeafro), Fundacion Integral Pacifico Nariñense (Fipan),Fundadesplazados, Fundación Caminando, (Fcspp), Fundación Dos Mundos, Fundación Huellas del Pacifico (Funhupac), Fundación Infancia Feliz, Barranquilla, Fundación Mujer y Vida, Fundación Nuevo Milenio, Meta, Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano “Garifuna”, Fundación Siempre Unidos, Fundación Social Afrocolombianos del Pacifico Colombiano (Fusafropac), Grupo de Mujeres Flor del Campo de la Balsa -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres las Orquídeas de Cascajero -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Nuevo Amanecer de Agua Blanca -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Productoras en Acción -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Renacer de Honduras- Buenos Aires Cauca, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),” (Miller Angulo). Hector Chavarro, el Indio, Eduardo Camacho Flores, Myriam Lopez, Capitolino Riaño , Gustavo Muñoz, Rosaliano Riascos , Daniel Rendon, Giovany Jimenez Agudelo, Marco Romero, Hernando Leon, German Marrolejo, Rosa Emilia Salamanca, Eduardo Marquez Gonzales, Claudia Juleta Duque Daniel Coronell, Helman Morris, Marco Perales Mendoza, Sara Valens Duque, Carlos Eduardo Ruiz Restrepo, Sandra Loaiza , Jimmis Carrillo Vega, Solano, Angela, Hermina, Javier , el viejo Moncho, el Negro, Julian, Roberto , Robert, Rober Dias, Janneth Vale, Myriam Vargas Orosco, Daniel, Maria, Eduardo, el Cojo , Taimane, Rafael, Suliman.

Sabemos donde viven los recorridos que hacen con quienes andan y sabemos que continuan trabajando en lo que no les incumbe, partida de malparidos hijos de puta.

esperamos que les haya quedado esta vez muy claro que seguiremos con ustedes…………………………………………

Bloque Central de las Aguilas Negras

Andrés Monroy Gómez trabajó para la Federación Internacional de Periodistas y para Fecolper hasta octubre de 2009

Artículo original en Bottup: Ni muertos ni derrotados: rechazo a nuevas amenazas de paramilitares a periodistas colombianos


En los últimos días, y tras la relativa paz reinante en la zona de Preah Vihear, los medios de comunicación camboyanos se hacen eco en sus primeras páginas de la ‘supuesta’ orden del Gobierno para cerrar varias páginas web relacionadas con la oposición camboyana

Periodista ciudadano autor: Omar Havana Editado por: Redacción Bottup


Libertad de expresión

Libertad de expresión

Desde hace meses el Gobierno de Hun Sen está intentando silenciar todas aquellas voces que le pudieran perjudicar en las próximas elecciones. Desde la condena de 12 años a Sam Rainsy, líder del principal partido de la oposición, el Primer Ministro está intentando asegurarse una posición privilegiada de cara a los próximos comicios municipales de 2012 y las elecciones generales de 2013. Hace tan solo semanas apuntaba a su hijo Hun Manet, de tan solo 33 años de edad, como uno de los generales de mayor poder dentro del ejército de esta nación, movimiento que según se rumorea está ligado al aumento de voces discordantes con el Gobierno, entre las altas esferas jemeres.

En las últimas semanas el conflicto por el templo Preah Vihear ha ocupado la actualidad del país de la sonrisa eterna. Ambas naciones, Tailandia y Camboya, llevan enzarzadas varios años en una estúpida ‘guerra de soberbia y mentiras’ por este templo. Curiosamente, siempre que escala la gravedad en el mismo, coincide con otros asuntos de mucha más profundidad, que con Preah Vihear se intentan esconder, a sabiendas del ferviente patriotismo, y del asco mutuo que se profesan los habitantes de ambos países. Con las muertes de decenas de soldados en la última semana y las miserias que los millares de desplazados de la zona se intenta ocultar la alta corrupción política de ambos gobiernos, las discusiones por la posesión de los recursos de petróleo y gas de la zona OCA en el Golfo de Tailandia, y la situación real de ambos países. Un tercio de la población de Camboya sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza, mientras en la vecina Tailandia, mucho más desarrollada debido al boom turístico de hace varios años, el 25,5% del total de la población sigue viviendo con menos de 2 dólares al día.

Según una filtración, el Gobierno de Hun Sen ordenó a 10 empresas proveedoras de Internet en el país que bloquearan el acceso a estas páginas antigobierno

Y en los últimos días la confirmación de los cierres de los blogs KI Media y Khmerization ha confirmado los rumores que desde el verano anunciaban guerra contra Internet. Un medio al que tienen acceso en Camboya menos de un 1% de la población, pero que en las últimas fechas se estaba destacando como figura opositora de Hun Sen. Blogs como los dos mencionados anteriormente, estaban fuertemente ligados a los partidos de la oposición y en las últimas fechas habían filtrado documentos confidenciales como el relacionado con la compra de espías políticos por el partido de Hun Sen, el CPP, para obtener información de los partidos de la oposición.

Hace tan solo unos días Hun Sen y su gabinete, han denegado que estén implicados en tales acciones, pero la verdad que el ataque a estos dos blogs, y a otros muchos alojados en blogspot en los últimos meses ha puesto de manifiesto las herramientas que utiliza este gobierno para permanecer en el poder a perpetuidad, como se atrevió a asegurar el mismo Hun en 2008, días después de haberse impuesto con un 97% de los votos en unas elecciones generales declaradas legales por los observadores de Naciones Unidas.

Según una filtración, el Gobierno de Hun Sen ordenó a 10 empresas proveedoras de Internet en el país que bloquearan el acceso a estas páginas antigobierno. En esta filtración por email, Sieng Sithy, director en funciones del departamento de Regulaciones en Telecomunicaciones, relacionado con el Ministerio de Telecomunicaciones, escribió una carta de agradecimiento a las diez compañías citadas anteriormente, donde manifestaba su gratitud por el apoyo y los esfuerzos en prohibir el acceso a estas páginas web. “Os escribo para extender mi apreciación por todos ustedes y por su cooperación con el Ministerio de telecomunicaciones”, escribió Sieng a las compañías Ezecom, Metfone, Citylink, Digi AngkorNet, WiCam, TC, Camnet, Online y Camintel.

Entre todas las páginas bloqueadas, KI Media destaca sobre las otras. Una web basada en insultar de todas las formas posibles al Gobierno de Hun Sen, algunas veces con historias verdaderas, otras con los más absurdos montajes que nadie puede creer. Un blog opositor donde los haya, basado más en una fanática lucha contra el gobierno que en una fuente opositora en la que poder confiar. Un blog que personalmente nunca me ha gustado, dado su discurso en ocasiones rallando el racismo y la intolerancia.

Una forma nueva del Gobierno de Hun Sen, modelo en esta zona del mundo por la “libertad de prensa y expresión” del país, por supuesto si comparamos con sus vecinos vietnamitas o tailandeses, un paraíso para el periodista, y el blogger, aunque como la realidad pone de manifiesto, aún muy lejos de esa libertad de expresión que el camboyano necesita para que este país empiece a girar en el sentido correcto.

Artículo original en Bottup: Un paso atrás para la libertad de expresión en Camboya


En 2010 se produjeron entre 120 y 189 agresiones a periodistas, entre los que se incluyen 7 asesinatos, una violación y 4 atentados a los medios de comunicación

La impunidad y diversas formas de presión conducen a la autocensura, según los informes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Se constata un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos

Se constata un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos

Las constantes agresiones contra periodistas, la impunidad en casos de asesinatos y nuevas formas de presión que conducen a la autocensura hacen parte de los informes publicados durante el día del periodista en Colombia. El ejemplo autoritario del anterior gobierno aún oscurece el panorama de la libertad de expresión.

Colombia. 9 de febrero de 2011. El 9 de febrero se conmemora en Colombia el día del periodista. Debido a las constantes vulneraciones contra los derechos individuales y colectivos, este día no representa una ocasión festiva. En su lugar, es un alto en el camino para reflexionar acerca de las difíciles condiciones del ejercicio del periodismo en este conflictivo país. La conclusión de los informes publicados este día da cuenta de la persistencia de un ambiente hostil frente a los periodistas que cuestionan políticos, denuncian corruptos o informan sobre violaciones a los derechos humanos. La sociedad no debe olvidar que agredir a un periodista es agredir todos los ciudadanos y sus expectativas de una verdadera democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) registró durante 2010 189 agresiones. Destaca 7 homicidios, 1 violación sexual y 4 atentados contra la infraestructura de los medios de comunicación. Es inevitable alarmarse frente al incremento de las agresiones denunciadas. De 97 agresiones reportadas en 2007, se pasó a 112 en 2008. En 2009 se registraron 166 y en 2010, 189 conductas contra la libertad de expresión. “Estas cifras demuestran un aumento de la intolerancia contra la labor periodística, pues en sólo tres años las agresiones se duplicaron”, señala el informe.

FecolperPor otra parte, FECOLPER hace un importante análisis sobre las agresiones contra las mujeres periodistas, al considerar que “ésta violencia convierte el hecho de ‘ser mujer’ en un factor adicional de riesgo”.

Durante 2010 se incrementaron en un 60% los procesos penales contra periodistas respecto al año anterior. De los 15 casos registrados por FECOLPER, 13 acciones judiciales fueron presentadas “por funcionarios o ex funcionarios públicos, tras ser objeto de cuestionamientos sobre su actuación como servidores públicos”.

Más de la mitad de los responsables de las agresiones a periodistas pertenecen a la fuerza pública o son funcionarios o ex funcionarios públicos

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público: el seguimiento a la gestión pública, la denuncia de corrupción o actuaciones indebidas de las autoridades, o hechos de alteración del orden público”, señala el informe. No en vano la columnista de opinión Claudia López afirmó ante un medio de comunicación “ahora nos matan menos pero nos demanda más”. Vale la pena recordar que López está vinculada a un proceso penal por injuria y calumnia, iniciado por el expresidente Ernesto Samper, protagonista de uno de los escándalos más grandes de filtración de dinero del narcotráfico en unas elecciones.

Sobre los asesinatos de periodistas, FECOLPER señaló que de los 7 homicidios reportados, 2 se atribuyen al ejercicio de la labor informativa. El primero de ellos es el de Clodomiro Castilla, reconocido por sus denuncias de la influencia paramilitar en el departamento de Córdoba. Este asesinato fue contundentemente calificado por una periodista como un “crimen en las entrañas de la seguridad democrática“, recordando que ‘Seguridad Democrática’ fue el nombre dado por el expresidente Álvaro Uribe a su política de orden público.

El segundo asesinato es el del periodista indígena Rodolfo Maya Aricape, miembro de una emisora comunitaria, desde donde denunciaba los atropellos de todos los grupos armados que operan en el territorio ancestral.

Sobre los otros 5 casos FECOLPER hace la siguiente advertencia: “Los restantes casos (cinco), aún cuando no se ha establecido cuál fue su motivación o móvil -dado que la autoridad judicial competente aún no se ha pronunciado al respecto-, fueron consignados en este informe, pues, con frecuencia, los intolerantes disfrazan los crímenes de periodistas para evitar la exposición a través de los medios de comunicación y las presiones para que se realicen investigaciones efectivas”.

No menos inquietante es ver el análisis de los presuntos responsables de estas agresiones. El primer lugar lo ocupa la fuerza pública, seguida por funcionarios o ex funcionarios públicos. Estos dos sectores suman el 50,5% del total de los autores de las conductas violatorias a la libertad de expresión. Esta estadística puede servir para diagnosticar el evidente desprecio por quienes detentan alguna clase de poder frente a la libertad de expresión.

FlipLa Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tituló su informe ‘El olvido de la justicia‘, en una clara referencia a la impunidad imperante por los casos de asesinatos de periodistas.

El análisis presentado por la FLIP hace énfasis en las elecciones presidenciales y parlamentarias, procesos judiciales contra los responsables de los seguimientos ilega­les del DAS (policía secreta dependiente de la Presidencia de la República) y los pocos avances contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. Sobre la impunidad, afirma la FLIP que hasta hoy sólo hay “5 sentencias condenatorias a autores intelec­tuales por homicidios a periodistas de un total de 138 casos desde 1977; además, el 40% de estos casos están ‘ad portas’ de la prescrip­ción”.

Adicionalmente, la FLIP abarca el problema de la censura indirec­ta, como consecuencia de la falta de regulación de la pauta publicitaria, el acoso judicial a los periodistas y la misma impunidad.

Esta organización no gubernamental registró durante el año pasado 120 violaciones con un total de 151 víctimas. Sobre los dos homicidios y 51 amenazas reportadas, señala la FLIP que en ninguno de estos casos existe una actuación procesal relevante. Aclara más adelante que las cifras reportadas “no representan la totalidad precisa de violaciones, ya que el sub-registro y la falta de denuncia por parte de periodistas agredidos siguen siendo considerables”.

“Han persistido y aumentado conductas como el acoso judicial y la obstaculización directa al ejercicio profesional, con el fin de evitar que los/as periodistas investiguen y difundan información de interés público”

De nuevo surge el tema de la autoría de las agresiones. “En cuanto a los presuntos autores de las violaciones, la FLIP continúa registrando con preocupación el elevado número de ata­ques por parte de funcionarios públicos”.

Contrario a lo reportado por FECOLPER, la FLIP afirma que han disminuido las agresiones: “Teniendo en cuenta las 157 violaciones a la libertad de prensa registradas en 2009 es importante resaltar que hubo una reducción a 120 en 2010″. Sin embargo, atribuye este fenómeno a la desconfianza en la administración de justicia, que desincentiva las denuncias, además de la autocensura por la difícil situación de orden público en algunas regiones del país.

Bajo el subtítulo ‘DAS, avances jurídicos y la impunidad del asilo’, la FLIP se refiere al avance en las investigaciones por las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de periodistas, atribuidas al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este hecho es calificado como “un atentado direc­to a la democracia, las instituciones y la prensa libre de Colombia”. Señala más adelante que “Desde el DAS se construyeron estrategias de desprestigio en contra de reporteros e incluso se llegó a amenazarlos directamente”.

A pesar de los avances judiciales, la FLIP manifestó su preocupación por el asilo otorgado por el gobierno de Panamá a María del Pilar Hur­tado, ex-directora del DAS, al considerar que esta situación podría obstruir el avance de la justicia.

Tanto la FLIP como FECOLPER presentan un panorama preocupante para la libertad de prensa en cuanto a la seguridad física e independencia de los periodistas. Queda en el aire una pregunta: ¿cuál es el papel de las empresas de la comunicación en la protección a los periodistas? ¿El afán del éxito económico tiene en cuenta la estabilidad laboral y social de los periodistas?

Artículo original en Bottup: Día del periodista en Colombia: entre la reflexión y la denuncia


“Elijan vida o muerte por su voluntad”. De esta manera concluye el macabro mensaje enviado a la periodista ciudadana Gina Escheback y al equipo de colaboradores de la Corporación Anne Frank en la ciudad de Bogotá el pasado 13 de enero

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Colombia. Gina Escheback es colaboradora del portal de periodismo ciudadano ‘soyperiodista.com‘ de Colombia, donde ha publicado 43 artículos sobre derechos humanos, con énfasis en la situación de los desplazados y los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. También ha abordado el espinoso tema del narcotráfico en el portal argentino Cincometas.

Gina, quien se describe como “incansablemente indagadora”, busca tiempo para escribir en medio de sus actividades con la Corporación Anne Frank, que de acuerdo a la información de su página web, trabaja por la defensa de los derechos de los desplazados y víctimas de la explotación infantil, que llegan a sectores marginales de Bogotá huyendo de la violencia que los desterró de sus lugares de origen.

La defensa de los derechos humanos a través con la Corporación y el ejercicio de la libertad de expresión fueron el detonante para que llegara un panfleto donde les advierten: “Están metiéndose con las ersonas equivocadas. No sigan publicando tonterías”.

Logo de la Corporación Anne Frank

Logo de la Corporación Anne Frank

Más adelante sentencian los agresores: “Desaparezcan, no queremos verlos más en esta ciudad, y si publican cualquier otra cosa o nos enteramos de que siguen haciendo denuncias contra nuestra gente no seremos tan condescendientes (…)”. “Los cazaremos como perros uno por uno”, advierten los criminales.

En comunicación sostenida con Gina Escheback en la noche del 14 de enero, afirmó: “Mi principal enemigo son los grupos paramilitares, pero como puede observar en mis denuncias hay muchas personas que han salido salpicadas hasta del mismo gobierno, así que no podría decir con seguridad quien me amenaza”. Comprobamos la afirmación de Gina. Títulos como ‘Las masacres en Colombia se castigan como delito menor’, ‘¿Otro falso positivo?’ y ‘Acción Social, ¿Agencia en pro de las víctimas o su verdugo castigador?’, dan cuenta de la complejidad de algunos los temas denunciados.

“Las llamadas son horribles, me ponen muy mal, sobre todo porque no considero que haya cometido algún delito para merecer esa persecución, yo llevo cinco años en una lucha por el conflicto armado, soy víctima del bloque Catatumbo frente fronteras de las AUC[*], perdí todo y tuve que empezar de nuevo, y he tenido algunos problemas de seguridad”, agregó la periodista ciudadana amenazada.

Desaparezcan, no queremos verlos más en esta ciudad, y si publican cualquier otra cosa o nos enteramos de que siguen haciendo denuncias contra nuestra gente no seremos tan condescendientes (…)

El moderador del Soyperiodista.com convocó a “la solidaridad de todos los usuarios del portal y de los demás ciudadanos de bien para que se unan a las voces de rechazo, protesta y condena contra estas prácticas cobardes y viles. Deben saber que las denuncias valientes de Gina han calado en muchas instancias y han afectado los intereses de aquellos que no quieren que Colombia progrese y avance con justicia para todos”.

El caso de Gina ya está en conocimiento de las autoridades y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. En este momento se evidencia la necesidad de que las organizaciones defensoras de la libertad de prensa extiendan su campo de acción al periodismo ciudadano, manifestación indiscutible de la libertad de expresión.

….

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática“, Principio 1 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos – OEA


[*]AUC: Autodefensas Unidas de Colombia. Grupo paramilitar de extrema derecha.

Artículo original en Bottup: Amenazas a periodista ciudadana en Colombia


La Agencia de Prensa Rural muestra una experiencia de comunicación alternativa desde el campo colombiano

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Amnistía Internacional. Ilustración 1997 por Bilal

Amnistía Internacional. Ilustración 1997 por Bilal

Colombia. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y el papel clave que cumple la libertad de expresión en las sociedades democráticas, resulta motivador ver la labor que cumplen organizaciones campesinas en Colombia, a través de estrategias de comunicación propias. Se trata de la instrumentalización de la libertad de expresión como herramienta para la paz.

Desde 1950, cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, luego de que en la 317ª sesión plenaria celebrada 4 de diciembre de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesados, a adoptar ese día para celebrar la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Esta Declaración incluye dentro de los derechos cuya garantía es elemental en la consolidación de los Estados democráticos, el de la libertad de expresión, en los siguientes términos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

APR nació en 2003 y apuesta por la formación de corresponsales rurales y la construcción de medios de comunicación para dar voz a aquellos que no la tienen en los medios tradicionales

La importancia de la libertad de expresión va de la mano con los avances de las tecnologías de la comunicación, que permiten escuchar la voz de quienes durante muchos años sufrieron el silencio impuesto por sectores que se nutren de la impunidad y la injusticia social. No en vano el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos considera que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias…”.

Ejemplo de la expresión libre como herramienta de paz

Colombia se encuentra en el puesto 145 de 178 en la clasificación mundial de libertad de prensa (2010) realizada por Reporteros Sin Fronteras. Los asesinatos, amenazas, desplazamientos, presiones económicas, acoso judicial y agresiones físicas son algunas de las conductas que afectan a quienes deciden informar a la sociedad sobre los hechos que afectan la realidad colombiana.

En medio de este complejo panorama, tomarse la palabra para denunciar, para expresar las inconformidades y esperanzas, es el trabajo hecho por la Agencia de Prensa Rural (APR), con su lema “Desde Colombia con las comunidades campesinas en resistencia”. Esta iniciativa de comunicación alternativa transmite la información de organizaciones campesinas colombianas, cuyo portal inició actividades el 21 de julio de 2003. La APR le apuesta a los procesos “de formación de corresponsales rurales y de construcción de medios en algunas regiones del país”, con cerca de diez organizaciones campesinas como parte del proyecto y voluntarios que colaboran con artículos.

APRCésar Jerez, fundador y redactor de APR, señaló durante el ‘Encuentro nacional de medios de comunicación independiente y alternativos para el fortalecimiento de la paz en Colombia‘, realizado el pasado 3 de diciembre, que la APR se inició como la alternativa de comunicación de las víctimas del conflicto armado en la región del Magdalena Medio. Es por ello que se identifican como hijos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC, mientras que llama la atención en que la dinámica del conflicto ha llegado incluso a crear términos geográficos, puesto que el ‘Magdalena Medio’ es la denominación dada desde el dialecto militar para determinar ciertas zonas de operaciones.

Volviendo a los inicios de la APR, Jerez recuerda cómo la pretensión inicial era elevar las denuncias por violaciones a los derechos humanos, al menos ante la opinión pública local, dada la indiferencia de los medios de comunicación tradicionales. Para esto, comenzaron con un programa radial, ‘La Marcha Radio‘, que no estuvo exento de las presiones del ejército, donde se llegó a proponer la revisión previa del contenido de los programas por parte de los militares. Hoy la agencia cuenta con los siguientes medios: Periódico Tierra, la Revista La Marcha, la Revista Prensa Rural y el programa radial ‘La Marcha Radio‘. Para 2011 tienen proyectado iniciar un programa de televisión en el canal regional Telepetróleo.

Actualmente la APR cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Barcelona, gracias a un proyecto gestionado por la Asociación Catalana por la Paz – ACP, el respaldo de la Fundación Solidara del sindicato catalán CSC Intresindical y del Colectivo Maloka de Barcelona.

“Los informantes pagados con dinero público se refieren en sus versiones a nuestro trabajo como a una labor desarrollada por la guerrilla para calumniar, injuriar, desprestigiar y desacreditar al ejército”

El trabajo de comunicaciones realizado por la APR fue relevante para que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra fuera galardonada con el Premio Nacional de Paz 2010. Este reconocimiento se da luego de 14 años de lucha por las reservas campesinas y por la paz, tiempo en el cual varios de sus integrantes fueron asesinados y otros han sido víctimas del acoso oficial y paramilitar. En 2008 se denunció un montaje y persecución “judicial que llevó a seis dirigentes de la ACVC a la cárcel y a otros tantos al exilio, está motivada en parte por el malestar que en las instituciones militares ha generado la labor informativa desempeñada por Prensa Rural. Los informantes pagados con dinero público se refieren en sus versiones a nuestro trabajo como a una labor desarrollada por la guerrilla para calumniar, injuriar, desprestigiar y desacreditar al ejército”.

El fundador de la APR plantea como reflexión el deber ético que tenemos como ciudadanos, consistente en no permitir que la única fuente de información sobre las violaciones a los derechos humanos sean los voceros de las Fuerzas Militares, quienes en innumerables ocasiones con sus comunicados buscan legitimar sus abusos. Jerez concluye esta idea afirmando que “lo importante es que las organizaciones sociales podamos comunicar”.

Es oportuno recordar que la Corte Constitucional colombiana afirmó que: “No le basta al Estado con no atentar contra la libertad de información, puesto que además de respetarla, debe proteger su ejercicio libre y garantizar la circulación amplia de información, aún de aquella que revele aspectos negativos del propio Estado o la sociedad”.

La labor de la Agencia de Prensa Rural es una muestra de cómo el derecho a expresarse libremente puede y debe ser una de las herramientas a disposición de la sociedad para proteger los demás derechos. La posibilidad de hacer de la libre difusión de informaciones una estrategia de lucha contra las violaciones a los derechos humanos permite crear lazos de solidaridad y enfrentar los abusos de quienes aplican conceptos anacrónicos de orden y seguridad nacional.

Imagen 1: papiers-gras.com e imagen 2: prensarural.org

Enlace de interés:
La libertad de expresión en la legislación internacional

Artículo original en Bottup: Libertad de expresión: herramienta para la paz


Según la UNESCO el número de asesinatos de periodistas está en aumento, la mayoría en países en situación de paz

Para el periodista peruano Roberto Ramírez Rodrigo “la libertad de prensa es la mejor y más sólida defensa de los derechos humanos”

Periodista ciudadano autor: Michelle Virginia Simpson Alemán Editado por: Redacción Bottup

“(…) A la sombra del misterio trabaja el crimen (…)”, Simón Bolívar (1783 – 1830).


Oculto tras una benigna apariencia “(…) el cáncer de acallar la libertad de prensa (…)” ataca otra vez.

Parecía cosa del pasado… pero, uno de los más atesorados derechos humanos, y tal vez, el mayor privilegio que ostentan los profesionales de los medios de comunicación del mundo está siendo sigilosamente amenazado.

El periodista peruano Roberto Ramírez Rodrigo lo percibe como un intento de los políticos corruptos de la región por restar la participación ciudadana de todos aquellos sectores de la sociedad – entre ellos, principalmente, el periodismo comprometido – que no son susceptibles de ser comprados o que resultan ‘incómodos’ para ciertos gobernantes.

A diez años de haber concluido uno de los más oscuros períodos para la libertad de expresión en el Perú (y posiblemente en América Latina toda), Ramírez Rodrigo aún recuerda con horror la persecución y los abusos y atropellos de que fueron objeto “los periodistas íntegros” que denunciaban las restricciones arbitrarias al libre

Ramírez Rodrigo percibe un intento de los políticos corruptos de la región por restar la participación ciudadana de todos aquellos sectores de la sociedad que no son susceptibles de ser comprados

ejercicio de la profesión impuestas por el Gobierno del depuesto presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Hoy las cosas han cambiado un tanto

Los atentados a la libertad de prensa son en la actualidad muy solapados. Los crecientes homicidios de periodistas y de otros actores de la vida civil con posturas opuestas a los gobiernos de turno son simplemente atribuidos a ‘causas de inseguridad ciudadana’.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte que “(…) El número de asesinatos de periodistas está en aumento, (…) la mayoría de las víctimas se producen en países en situación de paz pero en los que revelar información delicada – narcotráfico, violaciones de derechos humanos, corrupción – puede suponer correr riesgos mortales (…)”.

Cabe señalar que la UNESCO “(…) es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa (…)”.

Hoy en día, los sistemas de justicia centroamericanos están siendo utilizados para ‘procesar’ a comunicadores sociales que han expresado ideas políticas contrarias a los regímenes de turno.

Tal es el caso en Panamá del periodista y alcalde de la atlántica Municipalidad de Colón separado, Dámaso García, quien tras autodeclararse ‘perseguido político’ de la administración del presidente Ricardo Martinelli (líder de su propia alianza de gobierno), fue destituído del cargo y en un ‘proceso sumarísimo’ condenado e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Todo ello, en medio de duras críticas a la gestión de Martinelli por intimidaciones hacia otros miembros de la prensa local e internacional.

No ha sido mejor la suerte de los también comunicadores sociales panameños Boris Moreno y Demetrio

La mayoría de las víctimas se producen en países en situación de paz, pero en los que revelar información delicada puede suponer correr riesgos mortales, según la UNESCO

Olaciregui, a quienes Martinelli acusa de complicidad internacional para afectar su imagen propia y la del país.

Vinculado a una denuncia contra el ciberperiodista costarricense Carlos Eduardo Salazar, director del medio electrónico El País, por la publicación de informaciones que responsabilizan a la administración gubernamental de Martinelli de no hacer “(…) nada para capturar a miembros de una banda de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano (…)”, el proceso seguido a Moreno y a Olaciregui (supuestos ‘cómplices’ de Salazar) sería por “atentar contra la personalidad interna del Estado” panameño.

Y a los defensores de la libertad de expresión, ¿quién los defiende?

La noticia sobre la impune agresión de que hemos sido víctima en ciudad de Panamá ha dado la vuelta al mundo.

Luego de su publicación hemos quedado al cuidado del Buen Dios, dado que – en sujeción a las directrices del Ejecutivo –, la Policía Nacional de Panamá no parece considerar relevante investigar las amenazas de muerte que en contra nuestra mantienen grupos criminales que operan en el país, según lo hemos venido denunciando ante la comunidad internacional.

Pese a ello, nos recuerda el colega peruano Roberto Ramírez Rodrigo que “(…) todos los periodistas que amamos la libertad debemos levantar nuestra voz y hacer conocer los actos de corrupción, porque la libertad de prensa es la mejor y más sólida defensa de los derechos humanos (…)”.

Con él también coincidimos cuando expresa que “(…) vale la pena luchar y arriesgarse, porque la libertad y la justicia al fin siempre se imponen (…)”.

El artículo original en Bottup: Aumentan los atentados contra la libre expresión en América Central