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La 8ª misión en Colombia de la de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos denunció los desplazamientos forzosos, amenazas y muertes de sindicalistas o las condiciones “infernales” de las cárceles del país

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Los ponentes durante la rueda de prensa

Los ponentes durante la rueda de prensa

A pesar de la actitud abierta y de diálogo del gobierno, la Comisión no encontró seriedad en la capacidad de trabajo para solucionar los problemas estructurales, causantes de la grave crisis de los derechos humanos en Colombia.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

En rueda de prensa realizada el 11 de mayo, los integrantes de la octava Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, dieron a conocer sus principales conclusiones, luego de 13 días de entrevistas con la población civil y entidades estatales en las zonas de Curvaradó, Sumapaz, Arauca, César, Magdalena y Bogotá.

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de grupos armados ilegales y la impunidad son algunas de las razones de la crisis de los derechos humanos en Colombia

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales y la ausencia de resultados ciertos que pongan freno a la impunidad son algunas de las razones por las cuales la Comisión concluye que perdura la crisis de los derechos humanos en Colombia.

La presentación de estas conclusiones estuvo acompañada de hechos de la realidad nacional que refrendaron cada uno de los puntos expuestos por Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea-Parlamento de Madrid.

Mientras la Comisión denunciaba la persistencia del fenómeno paramilitar, especialmente en la cuenca del río Curvaradó “a pesar de un importante despliegue numérico de la fuerza pública”, en una cadena radial el comandante paramilitar Salvatore Mancuso expuso cómo muchas de sus acciones criminales era ordenadas o acompañadas por miembros de las
Fuerzas Armadas.

Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea de Madrid

Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea de Madrid

Por otra parte, la Comisión hizo énfasis en la continuidad del desplazamiento forzado, amenazas y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, muchos casos ligados a planes empresariales. Resaltaron cómo a su llegada a Colombia se encontraron con la noticia del asesinato de Mao Rodríguez, quien debería acompañarlos como integrante del esquema de seguridad de la Comisión. También fue expuesto un panfleto de amenazas contra las organizaciones sociales, provenientes de presuntos escuadrones de la muerte autodenominados ‘Águilas Negras‘.

Especial atención mereció para la delegación española la situación carcelaria. Solicitaron la autorización para visitar los establecimientos penitenciarios de Valledupar y ‘La Picota’ de Bogotá. A ésta última les fue negado el acceso sin una aparente justificación. La visita a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fue calificada como una “visita al infierno”. En una zona geográfica donde la temperatura promedio supera los 30 grados centígrados, los 1.259 reclusos tienen acceso a agua potable durante 10 minutos, dos veces al día. La Comisión Asturiana calificó como incomprensible que un país con la riqueza de recursos hídricos y la capacidad gubernamental de crear estructuras como Colombia, no haya sido capaz de garantizar condiciones dignas a estas personas privadas de su libertad.

En la cárcel de Valledupar, con temperatura promedio superior a 30º los reclusos tienen acceso a agua potable 10 minutos dos veces al día

Señalaron además que quienes se atreven a denunciar los abusos de la guardia penitenciaria son víctimas de malos tratos o traslados, lo que les imposibilita el contacto con familiares y abogados defensores.

Este preocupante diagnóstico coincide con el lanzamiento del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la lectura del informe de la CIDH y las conclusiones de la Comisión Asturiana se desprende un desolador común denominador en los establecimientos penitenciarios en
América.

Familiares de presos manifestándose en protesta por las condiciones indignas de su reclusión

Familiares de presos manifestándose en protesta por las condiciones indignas de su reclusión

En el mismo día de la presentación de las conclusiones de la Comisión Asturiana, a pocas calles del lugar de la rueda de prensa, marcharon un grupo de familiares de personas en condición de reclusión. Muchas de ellas marcharon desnudas “como última opción para ser escuchadas y observadas por el Gobierno colombiano, quien no ha entendido que los que se encuentran confinados en los centros de reclusión son seres humanos, ciudadanos colombianos”. En sintonía con lo expuesto por la Comisión Asturiana y con el diagnóstico del informe de la CIDH, los familiares de las personas privadas de su libertad acusaron al Estado de mantener a los reclusos en condiciones indignas, carentes de la prestación de servicios mínimos de salud e higiene.

Las libertades sindicales quedaron en absoluto cuestionamiento. Muchos dirigentes sindicales, especialmente de las multinacionales que explotan recursos naturales, han sido despedidos de sus trabajos. En otras empresas se han creado sindicatos patrocinados por los empresarios, obligando a los trabajadores a afiliarse a ellos, para luego ‘legitimar’ decisiones regresivas para los derechos laborales mediante convenciones colectivas manipuladas. Otro hecho que marcó la visita de esta delegación, fue el asesinato Daniel Aguirre Piedrahita, secretario del general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña, ocurrido el 27 de abril.

Las libertades sindicales también quedaron en entredicho, con dirigentes sindicales asesinados, despedidos de multinacionales u obligados a afiliarse a sindicatos creados por las empresas

También la Comisión Asturiana abordó las infracciones al derecho internacional humanitario, atribuibles a las fuerzas militares, con su presencia y permanencia en poblados, incluyendo escuelas, no sólo con personal sino también con vehículos de combate, generando de esta manera un grave riesgo para la población civil. Así mismo relataron un incidente con tropas de la Brigada 18 acantonadas en el oriental departamento de Arauca, donde una multinacional, respaldada por los militares, pretende la propiedad de unas tierras ocupadas pacíficamente por campesinos. Al momento de llegar a la zona los militares intentaron frustrar la entrevista de los delegados con los campesinos, llegando incluso a afirmar que “no respondían” por lo que pudiera suceder con “una bala perdida”.

Finalizaron las observaciones de la Comisión con la denuncia del riesgo de extinción de pueblos indígenas como el Sikuane, Macaguane y Embera. Estas comunidades habitan zonas fuertemente disputadas por actores armados y, muchas veces, mediadas estas luchas por los intereses de multinacionales.

La Comisión afirmó que estará atenta al resultado de las denuncias presentadas y enviará unas recomendaciones, de las cuales hará seguimiento, esperando tener “buenas noticias” para la próxima misión de verificación.

Artículo original en Bottup: “Acompañamos las demandas de la población civil”


La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano por la golpiza de militares, seguida de amenazas de muerte y un intento de secuestro, al periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez en agosto de 1996

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Colombia. Agresiones físicas, amenazas, obstaculizaciones a la labor periodística e impunidad de los delitos contra comunicadores, mantienen su sombra sobre la libertad de información en Colombia.

Un ejemplo reciente sobre agresiones físicas y obstaculización a la labor informativa se presentó hace menos de una semana. La Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper denunció que el periodista Omar Vera del Periódico El Turbión resultó afectado por las granadas de gas disparadas por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía durante unas protestas estudiantiles el 30 de marzo.

La impunidad sigue preocupando a las organizaciones no gubernamentales. El pasado 7 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP alertó a la Fiscalía por la posible prescripción de los procesos por los asesinatos de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia.

Los hechos denunciados por la familia Vélez violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales, entre otros

Agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, persecución, exilio, falta de garantías judiciales e impunidad se suman en un solo caso, el del camarógrafo Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Estos hechos serán juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

El Caso 12.658, presentado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ante la Corte Interamericana, abordará el caso de Vélez Restrepo contra Colombia. De acuerdo a la petición presentada originalmente ante la CIDH, estos hechos violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión y garantías judiciales, entre otros.

Los hechos de este nuevo caso contra el Estado colombiano, ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo del Noticiero ‘Colombia 12:30′, fue atacado por miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada XII del ejército colombiano en el municipio de Morelia (Departamento de Caquetá) mientras realizaba el cubrimiento periodístico de la represión militar a las protestas campesinas contra la erradicación de cultivos de hoja de coca.

Señala la demanda que en ese momento, el camarógrafo fue abordado por los soldados, quienes ante su negativa de entregarles la cinta y luego de insultarlo y apuntarle con armas, lo golpearon con los cañones de sus fusiles y le lanzaron patadas. Como consecuencia de la agresión de los militares, el camarógrafo sufrió perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de varias costillas.

Luego de denunciar esta agresión, comenzaron las amenazas contra el periodista y su familia. Algunas de esas amenazas se hacían en los siguientes términos: “va a morir, hijo de puta”, “usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas. Va a morir perro”. Refiriéndose a la esposa del periodista decían: “es muy bonita, la voy a dejar viuda”.

La agresión provocó la perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de costillas. Tras las amenazas e intento de secuestro posteriores tuvo que exiliarse a EE.UU.

El 6 de octubre de 1997 Vélez Restrepo logró escapar a un intento de secuestro, situación que sumada a las amenazas, le obligaron a salir de Colombia el 9 de octubre de 1997. El 29 de julio de 2005, casi nueve años después de los hechos y sin haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia colombiana, la víctima puso estos hechos en conocimiento de la CIDH.

Luego de estudiar los escritos de la víctima y del Estado, en el informe No. 47 de 2008, la Comisión decidió admitir la demanda de Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo y familia contra el Estado Colombiano, para analizar las supuestas violaciones de sus derechos fundamentales (Petición 864-05).

La respuesta del Estado se orientó a describir la situación de orden público en el departamento de Caquetá, afirmando que las protestas campesinas estaban filtradas por miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Además, señaló el Estado colombiano, los militares de rango medio involucrados en el intento de decomiso de la cámara de Vélez fueron sancionados y las investigaciones del Ministerio Público no determinaron la responsabilidad del comandante del Batallón No. 36. Finalmente presentó una lista de los procesos administrativos judiciales y administrativos que se han adelantado para investigar estos hechos.

Por otra parte, a pesar de que Vélez y su familia fueron cobijados por los programas estatales de protección a víctimas y testigos, sus denuncias nunca fueron debidamente tramitadas por las autoridades. En un principio, la investigación fue asumida por la Fiscalía (justicia ordinaria) pero luego fue transferida a la justicia penal militar. El juez militar encargado de la investigación fue nombrado por el Comandante del Batallón No.36, también superior de los militares protagonistas de las agresiones contra el camarógrafo.

La víctima alegó que solicitó información sobre el estado del proceso en varias oportunidades, sin haber recibido respuesta hasta la presentación de su petición ante la CIDH.

La investigación trasferida a la justicia penal militar fue llevada por un juez militar nombrado por el Comandante superior de los militares agresores

El 3 de junio de 2006 el Juzgado 67 Penal Militar le informó que el 3 de octubre de 1997 archivó la causa y que luego perdió el expediente durante un ataque de la guerrilla “resultando imposible para el Estado aportar copia de las decisiones”.

Al admitir la demanda, la CIDH recordó que la jurisdicción militar no ofrece las herramientas suficientes para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cometidos por miembros de la Fuerza Pública o con su colaboración o beneplácito.

Este proceso, además de continuar el debate sobre la eficacia de la justicia penal militar, seguramente abordará temas como el acceso a la información pública, la efectividad de los mecanismos de protección estatal y la impunidad por delitos cometidos contra periodistas.

Paralelo a esto surgirán preguntas, como ¿por qué no se determina la responsabilidad de los superiores militares por estos hechos? ¿Qué pasó con el general Néstor Ramírez, entonces comandante del Batallón No. 36 y quien nombró al Juez Penal Militar? ¿Actualmente los programas de protección estatales cumplen con su finalidad o son instrumento de espionaje contra periodistas?

Artículo original en Bottup: Colombia acusada ante la Corte Interamericana por paliza a periodista


Jenny Torres Jaimes, de 14 años, fue violada, torturada y asesinada el 14 de octubre. Para ocultar este crimen, también fueron asesinados sus hermanos Jimmy y Jefferson de 9 y 6 años respectivamente

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Bogotá D.C., Colombia. Esto ocurrió en Arauca, uno de los departamentos más disputados por todos los actores armados del conflicto colombiano. Por estos hechos está detenido un oficial del ejército y seis más fueron destituidos.

Desde que los cadáveres de los niños fueron encontrados, su padre expresó las sospechas que tenía sobre los miembros del ejército que patrullan ese sector. Había mucha prevención en la zona. Otro caso se abuso sexual había ocurrido el 3 de octubre, también en momentos en que hombres uniformados y armados transitaban por la región.

No hubo tiempo para que los ciegos defensores de las estrategias de guerra saltaran de sus escritorios para negar las acusaciones y atribuirlas a campañas de desprestigio contra las fuerzas armadas. En pocos días las pruebas fueron apareciendo. Seis militares adscritos a la unidad operativa de la zona fueron destituidos. Luego, fue capturado el teniente Raúl Muñoz, quien confesó su participación en este crimen. Las investigaciones continúan.

Seis militares adscritos a la unidad operativa de la zona fueron destituidos. El teniente Raúl Muñoz confesó su participación en este crimen

La sociedad reaccionó indignada por estos hechos y el presidente Juan Manuel Santos con varios ministros y militares de alto rango manifestaron su rechazo por estos crímenes, a la vez que empeñaron su palabra para garantizar la investigación y sanción a los culpables. Por su parte, el Senado de la República conformó una comisión de seguimiento a las investigaciones.

A pesar de la información suministrada por algunos medios de comunicación, los militares no han pedido perdón. José Torres, padre de los menores asesinados, dijo que lo que escuchó en una reunión privada con altos oficiales, fue una serie de explicaciones, entre ellas la conocida expresión “se trata de manzanas podridas”. Sigue pendiente el arrepentimiento público por los actos de hombres que se aprovecharon de su condición de militares para cometer estos horrendos crímenes.

Como complemento a la determinación de responsabilidades, por acción u omisión, de todos los militares que estuvieron en el lugar y momento de los hechos, es indispensable saber por qué sucedió esto. ¿No hay un filtro para el escogimiento de los hombres que usarán las armas del Estado? ¿En qué va la salud mental de los militares? ¿Cuántas manzanas podridas hay?

Es inadmisible que además de padecer los abusos de combatientes sobre civiles, se agregue la carga de temer por el desequilibrio mental de algunos de los que tienen el deber constitucional de defender la vida de los colombianos.

Notas al margen

El caso de la violación de dos niñas y el asesinato de tres menores de edad en el departamento de Arauca obliga a la sociedad colombiana a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la debilidad o indiferencia para juzgar los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno.

¿Cómo asumir la pronta reacción del gobierno y militares?

Podría suponerse que se trata de la reacción de un gobierno que, a pesar de venir de la misma corriente política de Álvaro Uribe Vélez, no quiere cargar con el lastre de dos periodos (8 años) de violaciones a los Derechos Humanos e impunidad. ¿Estrategia política o intenciones verdaderas? Sólo el resultado de las investigaciones por cada hecho que se denuncie y el establecimiento de políticas eficaces en torno al respeto a los Derechos Humanos darán la respuesta.

También podría leerse un mensaje implícito del Gobierno de Juan Manuel Santos a la comunidad internacional. Se trata de la proyección de una nueva imagen que no dé espacio para cuestionamientos por la participación de Colombia en su recién electo papel como nuevo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, la eficacia y rapidez de la respuesta de los mandos militares y de los poderes públicos contrasta con el sinsabor que queda por la indiferencia o en el peor de los escenarios, autoría o complicidad, de altos funcionarios con las más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. La sociedad no puede permitir que se le deslumbre con manifestaciones públicas de rechazo por este crimen y mientras tanto dilatar los juicios por los crímenes sin resolver, cuyos principales sospechosos son funcionarios públicos –políticos y militares–.

La eficacia y rapidez de la respuesta de mandos militares y poderes públicos contrasta con la indiferencia o autoría y complicidad de altos funcionarios con las más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales

Hasta ahora, la deplorable capacidad de olvido sobre los ‘falsos positivos‘ no ha permitido que la sociedad colombiana dimensione la realidad de esta tragedia: civiles asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, para que los militares obtuvieran recompensas y ascensos. Muchos de los que denunciaron estos hechos han enfrentado amenazas, persecuciones y la estigmatización por parte de los defensores de la gestión del expresidente Uribe.

Hasta el momento no hay una cifra exacta del número de desapariciones seguidas de asesinato de civiles, pero sigue la vinculación judicial de militares a las investigaciones penales.

Es hora de citar a Hannah Arendt: “la ‘banalidad del mal’ no es otra cosa que la ausencia de reflexión moral, que conduce a que determinadas acciones rechazables moralmente, se incrusten en la cotidianidad de la vida y se pueda vivir con ellas como si nada estuviera ocurriendo”[1].

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Caricatura tomada de nojota.blogspot.com


[1] ARENDT, HANNAH, EICHMANN en Jerusalén. Estudios sobre la banalidad del mal, Lumen, Madrid, 1999, Cap. 1.. Tomado de Marrero Avendaño, Danny “La responsabilidad moral como mecanismo de impunidad”. En Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 111: 245-278, enero-junio de 2006

Artículo original en Bottup: La barbarie vestida de camuflado