Tu noticia es la noticia

Los Estados miembro de la OEA aprobaron unas recomendaciones que debilitarían el funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Es quizás la evidencia del temor de algunos gobiernos frente a la expresión libre de ciudadanos inconformes

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup

Por Andrés Monroy Gómez*
@AndresMonroyG


En 2003, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocían en un documento que “la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación a través de la información plural que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz, y fortalecer la gobernabilidad democrática…”.1

Sin embargo ocho años después, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se aprobó un documento que evidencia un cambio de postura frente a la libertad de expresión. El 25 de enero, por unanimidad fue aceptado el ‘Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)’. 2

“¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?”

¿Coincide esta nueva postura de los gobiernos con la avalancha de iniciativas que, bajo las banderas de protección a la propiedad intelectual o legislaciones internas, propone restricciones al tráfico de información en la red?

Este informe, que será trasladado a los cancilleres de los países integrantes de la OEA, contiene unas recomendaciones que, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil, buscan limitar los mecanismos de protección consagrados en el Sistema y aspectos de la elaboración de los informes anuales de la CIDH.

Uno de los aspectos más preocupantes es la idea de restringir las labores y financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (en adelante la Relatoría) 3. Uno de los límites propuestos, es que la Relatoría no publique por separado su informe anual, además de abstenerse de buscar financiación de manera independiente, ajustándose a los mismos recursos que las otras relatorías y finalmente, la implementación de un “código de conducta previamente definido por los países miembros”.

La propuesta de recomendaciones fue hecha por el gobierno ecuatoriano y respaldado principalmente por el venezolano, países seriamente cuestionados por sus posturas frente a la libertad de expresión y objeto de contundentes comunicados de parte de la Relatoría. Los mandatarios de ambos países han manifestado en anteriores ocasiones su animadversión frente al papel de la CIDH. Algunos críticos han afirmado que esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano en un aparente esfuerzo para “fortalecerlo”, es una contradicción de parte de gobiernos que han impulsado la creación de otros órganos regionales al margen de la OEA (como Unasur), acusándola de obedecer directrices impartidas desde Washington.

Ante estas críticas, debe advertirse que las actividades desarrolladas por la Relatoría desvirtúan los argumentos que, desde diferentes posturas ideológicas, pretenden sembrar un manto de duda sobre su papel de defensa del derecho a expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Relatoría se pronunció entre 20102011 en cinco oportunidades, en todos los casos

Las críticas al nuevo informe se centran en la idea de la restricción de las labores y la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

por el uso de mecanismos judiciales para presionar a periodistas. Por otra parte, en el caso de Colombia, en 2011 se pronunció una vez, condenando el asesinato de un periodista, y en 2010 se pronunció en cuatro oportunidades, especialmente por agresiones contra periodistas. Además, la Relatoría articula su labor con los relatores de otros organismos internacionales, para abordar temas de importancia mundial, lo que puede observarse en las Declaraciones Conjuntas, la última de ellas promoviendo la libertad de expresión en Internet.

Adicionalmente, en los informes anuales se incluye un capítulo especial sobre el estado de la libertad de expresión en la región, analizando cada uno de los países miembros de la OEA, haciendo públicas las actividades propias del mandato de la Relatoría.

Más que una iniciativa, que según los embajadores ante la OEA es para “fortalecer el Sistema Interamericano”, puede ser una muestra del temor frente a pueblos inconformes que se expresan libremente.

En el informe aprobado, se propone el fortalecimiento financiero del Sistema Interamericano. Sin embargo, la restricción a la posibilidad de buscar financiación independiente puede resultar en una nivelación por lo bajo en lugar de un mejoramiento de las condiciones financieras de todas las relatorías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) rechazaron esta iniciativa, señalando que “La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no es un juguete político”.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos envió una carta a la OEA, expresando su preocupación al considerar que “estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”.

“Estas tres recomendaciones ponen en peligro la existencia misma de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuando ésta se ha revelado una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, la criminalización de la protesta, la censura y la discriminación”

En el plano colombiano, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) expresó su “total desacuerdo y rechazo a cualquier iniciativa que pretenda debilitar o neutralizar la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), concretamente de sus instrumentos de defensa de la libertad de expresión en las Américas”. Luego de hacer un llamado a los Estados parte de la OEA, y especialmente al gobierno colombiano a oponerse a este tipo de iniciativas, Fecolper recordó que la Relatoría “es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta América Latina para la defensa de la libertad de expresión, que antes que ser debilitada debe ser fortalecida y blindada dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez que pese a ser la más reciente de las relatorías creadas por la CIDH, ha cumplido un papel vigoroso en el cumplimiento de su misión, incluso ha gestionado por fuera de la OEA los recursos para su funcionamiento, convirtiéndose en la última puerta que tocan los periodistas del continente que ven amenazada su libertad informativa, así como en la última talanquera para gobiernos autoritarios que quieren imponer una mordaza a la prensa independiente en sus respectivos países”.

A pesar de este llamado del gremio periodístico, la postura del embajador colombiano fue decepcionante. Así lo hicieron ver diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes en un comunicado conjunto afirmaron que “si bien la delegación colombiana, encabezada por el embajador, Luis Alfonso Hoyos, resaltó el respeto que tiene Colombia por la libertad de expresión y recordó la importancia de este derecho para la democracia, también destacó que las recomendaciones ‘son positivas’ y no defendió explícitamente el papel que ha jugado la Relatoría en la defensa, garantía y protección de la libertad de expresión en la Región”.

Esta decepción es más fuerte para quienes veían en el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un aliado de los medios de comunicación, por ser miembro de una familia tradicionalmente vinculada a uno de los principales periódicos del país. Quizás no debía esperarse mucho al analizar algunos antecedentes no tan lejanos, especialmente durante su gestión como ministro de defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, dado el nuevo lenguaje del Ejecutivo con la sociedad colombiana a partir del cambio

A pesar del apoyo manifestado expresamente por el Juan Manuel Santos a la libertad de expresión, la delegación colombiana apoyó las recomendaciones del informe

de gobierno, se construyeron muchas expectativas. En un discurso pronunciado en octubre del 2011, Santos señaló: “(…) es un compromiso esencial de nuestro gobierno –un compromiso que, como periodista, me sale del alma– garantizar y proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación y los periodistas que cumplen una labor esencial al fiscalizar y pedir cuentas a las instituciones estatales. He dicho que el periodismo independiente y crítico es el perro guardián de la sociedad; es como la ducha de agua fría de los gobernantes, que nos mantiene alerta y despiertos y nos impide dormirnos sobre los laureles”.

También, durante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santos afirmó: “He venido aquí a reafirmar como Presidente de Colombia mi compromiso con la libertad de prensa en el país y en la región. Reafirmar un compromiso que he mantenido durante toda mi vida pública y mi vida como periodista”.

Al igual que las palabras de la Declaración de Santiago con las que comienza este artículo, el Presidente Santos olvidó cumplir ese compromiso con la libertad de expresión en la región. Su embajador ante la OEA, heredado del anterior gobierno, participó en la votación que aprobó esas recomendaciones, mientras se proclamaba respetuoso de la libertad de expresión ante los medios de comunicación.

El temor compartido por periodistas y ciudadanos en general se sintetiza en que al debilitar la estructura y capacidad de acción de la Relatoría, está en juego la libertad de expresión en las Américas.

Debe considerarse que lo que está en riesgo no es solamente uno de los mecanismos más efectivos para la protección de periodistas. La Relatoría protege a cualquier ciudadano que vea amenazado su derecho a la libre expresión en sus diferentes manifestaciones. ¿Habrá temor a una ‘Primavera latinoamericana’?

Andrés Monroy Gómez
Coordinador del Proyecto Sociedad Informada
http://www.proyecto-si.blogspot.com/

______________________________________

1. “Declaración de Santiago sobre Democracia y confianza ciudadana: un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” AG/DEC. 31 XXXIII-O/03, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la OEA, en Santiago de Chile, durante el 33 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (2003).

2. Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-1040/12

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos objetivos son la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.

Artículo original en Bottup: Alianza gubernamental contra la libertad de expresión: ¿temor a una ‘primavera latinoamericana’?


La reconstrucción de los puertos es indispensable para recuperar la economía de los dos países americanos devastados por desastres naturales este año

Periodista ciudadano autor: Michelle Virginia Simpson Alemán Editado por: Redacción Bottup

Puerto de Talcahuano después del terremoto de 8.8 que golpeó a la región del Bio-Bio (Chile) el 27 de Febrero 2010. Fotografía (CC) César Cáceres

El apoyo solidario y las ayudas humanitarias y para el desarrollo por parte de la comunidad internacional serán elementos fundamentales para lograr la recuperación de las economías de las iberoamericanas repúblicas de Haití y Chile, expresó el Presidente de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos, Ricardo Luján.

En el marco de la VI Reunión de la CIP y la XI Reunión del Comité Ejecutivo de este organismo, celebradas del 21 al 26 de marzo de 2010 en ciudad de Panamá, el directivo de la OEA se refirió a las secuelas de los desastres naturales ocurridos durante el primer trimestre del año en curso, sobre la actividad portuaria de ambos países.

Luján enfatizó que las acciones para ‘palear’ o ‘moderar’ la intensidad de las crisis económicas surgidas como consecuencia de sendos eventos serán prioritarias dentro de la agenda de esta dependencia de la OEA.

El Presidente de la Comisión Interamericana de Puertos (el principal foro de los Estados miembros para el fomento de la actividad portuaria regional) dijo que “(…) las cancillerías están llevando al seno de la OEA políticas de cooperación (…)” que contribuyen a reactivar el desarrollo de los puertos más afectados luego de las tragedias en ambos países americanos.

La Comisión Interamericana de Puertos cuenta con la ayuda de Puertos del Estado de España, que regula 44 puertos de interés general

El pasado 12 de enero, la antigua colonia francesa fue devastada por un terremoto de una magnitud de 7,0 grados según la escala Richter, mientras que en fechas más recientes (27 de febrero y 11 de marzo), la República de Chile se vio afectada por dos catástrofes similares, cuyas intensidades oscilaron entre los 6,9 y 9 grados en la misma escala.

Ambos desastres naturales causaron la muerte a centenares de personas –en el caso de Chile, a más de 800, y en el de Haití, a alrededor de 200.000– , además de que los daños asociados a los seísmos provocaron pérdidas económicas de entre 8.000 (Haití) y 30.000 millones (Chile) de dólares.

Los movimientos telúricos en Chile ocasionaron perjuicios por más de 2.000 millones de dólares en infraestructura de vías y puertos. Mientras, que Port au Prince sufrió graves averías y perdió por completo su muelle norte, a más de que el resto de las instalaciones resultó afectado parcialmente. A la fecha, la principal terminal portuaria de Haití ha visto mermada su capacidad de recibimiento de contenedores, que ha pasado de 600 a 300 al día.

La Comisión Interamericana de Puertos de la OEA es ayudada en su labor de fortalecer “(…) las relaciones entre Europa y América (…)” así como de brindar “(…) Asistencia para la recuperación de los puertos de Haití (…)” y Chile, por Puertos del Estado de España, organismo gubernamental auxiliar del Ministerio de Fomento.

A esta instancia corresponde regular la actividad del Sistema Portuario español, constituido por 44 puertos de interés general, administrados por cerca de 30 Autoridades Portuarias.

Fotografía (CC): César Cáceres.

La noticia original en Bottup: La OEA brinda ayuda para la recuperación de los puertos de Chile y Haití