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La 8ª misión en Colombia de la de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos denunció los desplazamientos forzosos, amenazas y muertes de sindicalistas o las condiciones “infernales” de las cárceles del país

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Los ponentes durante la rueda de prensa

Los ponentes durante la rueda de prensa

A pesar de la actitud abierta y de diálogo del gobierno, la Comisión no encontró seriedad en la capacidad de trabajo para solucionar los problemas estructurales, causantes de la grave crisis de los derechos humanos en Colombia.

Por Andrés Monroy Gómez
@AndresMonroyG

En rueda de prensa realizada el 11 de mayo, los integrantes de la octava Comisión Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, dieron a conocer sus principales conclusiones, luego de 13 días de entrevistas con la población civil y entidades estatales en las zonas de Curvaradó, Sumapaz, Arauca, César, Magdalena y Bogotá.

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de grupos armados ilegales y la impunidad son algunas de las razones de la crisis de los derechos humanos en Colombia

La concentración de la propiedad de la tierra, la persistencia de actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales y la ausencia de resultados ciertos que pongan freno a la impunidad son algunas de las razones por las cuales la Comisión concluye que perdura la crisis de los derechos humanos en Colombia.

La presentación de estas conclusiones estuvo acompañada de hechos de la realidad nacional que refrendaron cada uno de los puntos expuestos por Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea-Parlamento de Madrid.

Mientras la Comisión denunciaba la persistencia del fenómeno paramilitar, especialmente en la cuenca del río Curvaradó “a pesar de un importante despliegue numérico de la fuerza pública”, en una cadena radial el comandante paramilitar Salvatore Mancuso expuso cómo muchas de sus acciones criminales era ordenadas o acompañadas por miembros de las
Fuerzas Armadas.

Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea de Madrid

Tania Sánchez Melero, diputada en la Asamblea de Madrid

Por otra parte, la Comisión hizo énfasis en la continuidad del desplazamiento forzado, amenazas y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, muchos casos ligados a planes empresariales. Resaltaron cómo a su llegada a Colombia se encontraron con la noticia del asesinato de Mao Rodríguez, quien debería acompañarlos como integrante del esquema de seguridad de la Comisión. También fue expuesto un panfleto de amenazas contra las organizaciones sociales, provenientes de presuntos escuadrones de la muerte autodenominados ‘Águilas Negras‘.

Especial atención mereció para la delegación española la situación carcelaria. Solicitaron la autorización para visitar los establecimientos penitenciarios de Valledupar y ‘La Picota’ de Bogotá. A ésta última les fue negado el acceso sin una aparente justificación. La visita a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fue calificada como una “visita al infierno”. En una zona geográfica donde la temperatura promedio supera los 30 grados centígrados, los 1.259 reclusos tienen acceso a agua potable durante 10 minutos, dos veces al día. La Comisión Asturiana calificó como incomprensible que un país con la riqueza de recursos hídricos y la capacidad gubernamental de crear estructuras como Colombia, no haya sido capaz de garantizar condiciones dignas a estas personas privadas de su libertad.

En la cárcel de Valledupar, con temperatura promedio superior a 30º los reclusos tienen acceso a agua potable 10 minutos dos veces al día

Señalaron además que quienes se atreven a denunciar los abusos de la guardia penitenciaria son víctimas de malos tratos o traslados, lo que les imposibilita el contacto con familiares y abogados defensores.

Este preocupante diagnóstico coincide con el lanzamiento del Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la lectura del informe de la CIDH y las conclusiones de la Comisión Asturiana se desprende un desolador común denominador en los establecimientos penitenciarios en
América.

Familiares de presos manifestándose en protesta por las condiciones indignas de su reclusión

Familiares de presos manifestándose en protesta por las condiciones indignas de su reclusión

En el mismo día de la presentación de las conclusiones de la Comisión Asturiana, a pocas calles del lugar de la rueda de prensa, marcharon un grupo de familiares de personas en condición de reclusión. Muchas de ellas marcharon desnudas “como última opción para ser escuchadas y observadas por el Gobierno colombiano, quien no ha entendido que los que se encuentran confinados en los centros de reclusión son seres humanos, ciudadanos colombianos”. En sintonía con lo expuesto por la Comisión Asturiana y con el diagnóstico del informe de la CIDH, los familiares de las personas privadas de su libertad acusaron al Estado de mantener a los reclusos en condiciones indignas, carentes de la prestación de servicios mínimos de salud e higiene.

Las libertades sindicales quedaron en absoluto cuestionamiento. Muchos dirigentes sindicales, especialmente de las multinacionales que explotan recursos naturales, han sido despedidos de sus trabajos. En otras empresas se han creado sindicatos patrocinados por los empresarios, obligando a los trabajadores a afiliarse a ellos, para luego ‘legitimar’ decisiones regresivas para los derechos laborales mediante convenciones colectivas manipuladas. Otro hecho que marcó la visita de esta delegación, fue el asesinato Daniel Aguirre Piedrahita, secretario del general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña, ocurrido el 27 de abril.

Las libertades sindicales también quedaron en entredicho, con dirigentes sindicales asesinados, despedidos de multinacionales u obligados a afiliarse a sindicatos creados por las empresas

También la Comisión Asturiana abordó las infracciones al derecho internacional humanitario, atribuibles a las fuerzas militares, con su presencia y permanencia en poblados, incluyendo escuelas, no sólo con personal sino también con vehículos de combate, generando de esta manera un grave riesgo para la población civil. Así mismo relataron un incidente con tropas de la Brigada 18 acantonadas en el oriental departamento de Arauca, donde una multinacional, respaldada por los militares, pretende la propiedad de unas tierras ocupadas pacíficamente por campesinos. Al momento de llegar a la zona los militares intentaron frustrar la entrevista de los delegados con los campesinos, llegando incluso a afirmar que “no respondían” por lo que pudiera suceder con “una bala perdida”.

Finalizaron las observaciones de la Comisión con la denuncia del riesgo de extinción de pueblos indígenas como el Sikuane, Macaguane y Embera. Estas comunidades habitan zonas fuertemente disputadas por actores armados y, muchas veces, mediadas estas luchas por los intereses de multinacionales.

La Comisión afirmó que estará atenta al resultado de las denuncias presentadas y enviará unas recomendaciones, de las cuales hará seguimiento, esperando tener “buenas noticias” para la próxima misión de verificación.

Artículo original en Bottup: “Acompañamos las demandas de la población civil”


El grupo paramilitar ‘Bloque Central de las Águilas Negras’ amenaza de muerte a asociaciones de campesinos, indígenas, ligas feministas y periodistas, críticos con el ex presidente Álvaro Uribe

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, amenazado por paramilitares

Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, amenazado por paramilitares

Colombia: estrategia mediática de la violencia paramilitar‘, publicado el 16 de febrero en Bottup, fue la oscura premonición de la nueva arremetida paramilitar contra los periodistas colombianos.

Ese mismo día circuló un mensaje firmado por paramilitares del así mismo llamado Bloque Central de las Águilas Negras.

Amenazas como “Llegó la hora de exterminar y aniquilar (…)”, “Pronto sabrán quien sigue”, “Los tenemos en la mira y desde ya pueden darsen (sic) por muertos y derrotados”, buscan intimidar a asociaciones de campesinos, desplazados e indígenas, ligas feministas, la Juventud Comunista, organizaciones de derechos humanos, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y a reconocidos periodistas que se caracterizan por sus posturas críticas frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La prensa sigue en la mira

Los agresores califican de “ideologías equívocas e irritantes” para su organización el trabajo desarrollado por organizaciones de derechos humanos y periodistas, como Eduardo Márquez, Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza, y Claudia Julieta Duque.

Eduardo Márquez preside de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Fecolper cuenta con aproximadamente 1.300 periodistas agremiados, organización que en sus casi cuatro años de existencia, ha marcado un nuevo rumbo en la lucha por la libertad de prensa, buscando la reivindicación de condiciones laborales dignas para el trabajo periodístico.

“Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos (…) los ubicaremos enlas oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reúnen”

Hollman Morris es director del programa Contravía, reconocido programa de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Daniel Coronell es director del informativo ‘Noticias Uno‘ y fue elegido recientemente como vicepresidente de noticias de Univisión.

Marcos Perales Mendoza es director del periódico Portada, de la ciudad de Bucaramanga. Desde ese medio de comunicación se informa a la ciudadanía sobre actos de corrupción administrativa.

Claudia Julieta Duque es corresponsal de Radio Nizkor. Ganadora del premio al Coraje en Periodismo, concedido a mujeres periodistas por la International Women’s Media Foundation y del Premio Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en el 2010, Duque asumió el reto de enfrentar ante los tribunales al Estado Colombiano por las deficiencias de los esquemas de protección para periodistas.

Adicionalmente, Claudia Julieta Duque, Hollman Morris y Daniel Coronell son víctimas de los seguimientos e interceptaciones ilegales a sus comunicaciones por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aparato policial secreto al servicio directo de la Presidencia de la República.

Reacciones

La Federación Internacional de Periodistas reclamó al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los trabajadores de prensa de ese país ante las nuevas amenazas, a la vez que lo hace responsable directo de la integridad física de los periodistas y sus familias, si su inacción conlleva que las amenazas lleguen a los hechos.

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) expresó su indignación ante esta amenaza que toca a su propia estructura, FECOLPER, y a su principal dirigente, por lo que demanda de manera inmediata al Estado colombiano garantizar la vida y seguridad física de los periodistas.

La corporación Medios para la Paz rechazó estas acciones intimidatorias y solicitó a los organismos del Estado competentes que se realicen los procedimientos y diligencias necesarias para que se avance en las investigaciones sobre estos hechos.

La Federación Internacional de Periodistas, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Medios para la Paz, Flip y Fecolper han condenado las amenazas e instan al gobierno a la protección de los periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también manifestó su preocupación porque los panfletos electrónicos se están utilizando con frecuencia para amenazar periodistas. Señaló la Flip que “hace dos semanas circuló un correo similar en el Valle del Cauca, firmado por las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, donde se amenazaba a tres periodistas. Hasta ahora las investigaciones por estos casos no han arrojado ningún resultado”.

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), una de las organizaciones amenazadas en este correo electrónico, manifestó que “no admite que su labor en defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión sea estigmatizada o identificada con grupos armados ilegales o contrarios a los derechos que se consagran en la Constitución. Y su objetivo es seguir cumpliendo con la misión de “lograr que los periodistas en Colombia tengan condiciones laborales, socioeconómicas y políticas que mejoren la calidad de la información, mediante el desarrollo de programas de bienestar social, formación, iniciativas legales y de seguridad”.

Estas amenazas son el desafortunado reflejo de los discursos de estigmatización y exclusión de altos funcionarios gubernamentales, para quienes ser opositor político o periodista crítico era sinónimo de ser aliado de los grupos guerrilleros.

***

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Principio No. 9 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión – Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A continuación reproducimos el mensaje mandado por los paramilitares del llamado Bloque Capital Águilas Negras

La Redacción únicamente ha editado el texto en minúsculas (estaba íntegramente escrito en mayúsculas) para su mayor legibilidad, manteniendo exactamente su forma y contenido.
Bloque Capital Aguilas Negras d.c.

En el ambito del reconocimiento del area de exposicion del bloque metropolitano las aguilas negras en Bogota en los municipios de Cundinarca y a nivel nacional.

Pese a las numerosas alvertencias continuan manipulando y ostaculizando nuestro camino a traves de ideologias equivocas e irientes para nuestra organización.

Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aun mas que se infiltran como ongs internacionales, periodistas, como ha sucedido , ligas femeninas que se meten en lo que no les importa y que son sapos hijueputas vendidos los ubicaremos enlas oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reunen con sus partidos de comunistas.

Los tenemos en la mira y desde ya pueden darsen por muertos y derrotados partida de hijueputas hipocritas canallas y cabe mencionar que sabemos quienes son los que lideran estas trifulcas y disque llamadas tomas donde los que gana son pocos y si utilizan a los mas pendejos para sacar ganacias a titulo personal, como son estos lideres revestidos de fachada de guerrilleros que se camuflan detrás del vestido de desplazados con corbata, pero que son realmente desmobilizados de diferentes frentes de las farc y el m19, y que se esconden en diferentes areas como vienen actuando en el periodismo, talleres tomas, oficinas , embajadas etc. desen por bien servidos.

Que pronto sabran quien sigue. esta vez vamos por cada uno de ustedes.

Emitimos nuevamente como amenaza de muerte y aniquilacion contra las organizaciones sociales que continuan desintegrando las politicas y el estado de conciencia del pueblo como son:

Declaramos de muerte y seguimiento a:

Liga de Mujeres Desplazadas, Felcoper, Movice, Andescol, Fundacion Vive, Funsol, Fensuagro, Corpocam, Suteq, Aceu, Feu, Aspu, Oriquin, Mujeres en Pie de Lucha por una Colombia Productiva, UTP, Sinaltrainal, Asodunir, Sintraunicol, Juco, Cridec, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Afrodes Bogotá – Cundinamarca Abcun, Asociación de Afrocolombianos Desplazados- Regional Buenaventura (Afrodesbuenaventura), Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Asociación de Desplazados de Condoto (Asodescon), Ciase Asociación de Desplazados del Baudó (Asodesba), Asociación de Desplazados de Novita (Asodesnov), Asociación de Ingeniero Afrocolombianos, Ingedsa ltda, Asdep, Asodefensa, Asosisalud, Asociación Unidos de Tumaco Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), Asociacion de Desplazados Dos de Mayo (Adom), Asociación de Familiares de la Violencia Política de Riosucio, Chocó, Asociacion de Familias Desplazadas Buscando Futuro (Asgadebuf), Antioquia, Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombo (Asomuafroyo), Asociación de Mujeres Desplazadas (Asomudespa), Asociación de Mujeres Mineras de Paloblanco, Buenos Aires Cauca, Asociación de Organizaciones Populares de Micay (Asopomy), Asociación Juntos por el Progreso (Junpro), Asociación Minga, Asociación Municipal de Mujeres (Asom), Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Corporación Jurídica Yira Castro, (Fedeafro), Fundacion Integral Pacifico Nariñense (Fipan),Fundadesplazados, Fundación Caminando, (Fcspp), Fundación Dos Mundos, Fundación Huellas del Pacifico (Funhupac), Fundación Infancia Feliz, Barranquilla, Fundación Mujer y Vida, Fundación Nuevo Milenio, Meta, Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano “Garifuna”, Fundación Siempre Unidos, Fundación Social Afrocolombianos del Pacifico Colombiano (Fusafropac), Grupo de Mujeres Flor del Campo de la Balsa -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres las Orquídeas de Cascajero -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Nuevo Amanecer de Agua Blanca -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Productoras en Acción -Buenos Aires Cauca, Grupo de Mujeres Renacer de Honduras- Buenos Aires Cauca, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),” (Miller Angulo). Hector Chavarro, el Indio, Eduardo Camacho Flores, Myriam Lopez, Capitolino Riaño , Gustavo Muñoz, Rosaliano Riascos , Daniel Rendon, Giovany Jimenez Agudelo, Marco Romero, Hernando Leon, German Marrolejo, Rosa Emilia Salamanca, Eduardo Marquez Gonzales, Claudia Juleta Duque Daniel Coronell, Helman Morris, Marco Perales Mendoza, Sara Valens Duque, Carlos Eduardo Ruiz Restrepo, Sandra Loaiza , Jimmis Carrillo Vega, Solano, Angela, Hermina, Javier , el viejo Moncho, el Negro, Julian, Roberto , Robert, Rober Dias, Janneth Vale, Myriam Vargas Orosco, Daniel, Maria, Eduardo, el Cojo , Taimane, Rafael, Suliman.

Sabemos donde viven los recorridos que hacen con quienes andan y sabemos que continuan trabajando en lo que no les incumbe, partida de malparidos hijos de puta.

esperamos que les haya quedado esta vez muy claro que seguiremos con ustedes…………………………………………

Bloque Central de las Aguilas Negras

Andrés Monroy Gómez trabajó para la Federación Internacional de Periodistas y para Fecolper hasta octubre de 2009

Artículo original en Bottup: Ni muertos ni derrotados: rechazo a nuevas amenazas de paramilitares a periodistas colombianos


Los medios de comunicación son un actor importante en un conflicto armado: unas veces perseguidos por cumplir con su labor y otras haciendo propaganda de un bando u ocultando la verdad

Periodista ciuadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Protesta de ciudadanos contra medios de comunicación / Foto: Andrés Monroy

Protesta de ciudadanos contra medios de comunicación / Foto: Andrés Monroy

Colombia. Los medios de comunicación, convertidos en campo de batalla, son el escenario donde se ganan o pierden guerras. La incursión de las nuevas tecnologías de la comunicación ofrece nuevas opciones para la difusión de la propaganda a favor o en contra de cualquiera de las partes enfrentadas en un conflicto armado, o en situaciones más complejas, para la estigmatización de civiles que no comparten las propuestas del ejército de turno.

Periodismohumano publicó en agosto del año pasado el artículo ‘La radio del odio, fomentando la muerte‘ sobre el papel de los medios de comunicación en la gestación del genocidio ruandés y la condena a cadena perpetua de Valerie Vemeliki, una de las locutoras que desde la radio Mil Colinas incitó al genocidio.

Casos como ese se reflejan sin dificultad en cualquier país que padezca de confrontaciones armadas.

Colombia, con una violencia intestina que ya supera los 50 años, no podía escapar a la estrategia mediática de los diferentes ejércitos que se disputan el control militar y económico. Para el caso de los grupos de mercenarios de extrema derecha o paramilitares, se han desenmascarado los nexos de decenas de políticos, muchos de ellos de la corriente política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con estos grupos en lo que el país ha conocido como la parapolítica. También, se ha dado inicio al debate sobre la participación de multinacionales y sectores de la economía doméstica en la financiación de estos grupos armados de extrema derecha. Pero aún no se ha abordado el tema de cómo los paramilitares utilizaron o sometieron a los medios de comunicación para desplegar su estrategia de terror sobre Colombia.

En Colombia, los grupos paramilitares están detrás de 12 de las 194 agresiones registradas contra periodistas en 2010

¿Por qué estrategia del terror? Según el sociólogo y columnista Alfredo Molano, entre junio de 2006 y diciembre de 2010 la fiscalía ha documentado 173.183 homicidios, 34.467 desapariciones forzadas, el desplazamiento de 74.990 comunidades, el reclutamiento de 3.557 menores de edad, 3.532 extorsiones, 3.527 secuestros y 677 casos de violencia contra mujeres, todo lo anterior, cometido por los grupos paramilitares de extrema derecha.

Por eso, es necesario abordar la incidencia del paramilitarismo en la tarea de la prensa colombiana desde diferentes ópticas: 1. La coerción (amenazas, asesinatos, atentados) sobre periodistas y medios de comunicación; 2. La complicidad de algunos medios y/o periodistas; 3. La utilización de medios de comunicación propios; y 4. La indiferencia de algunos medios de comunicación a la tragedia de las víctimas del paramilitarismo.

Según el reportaje ‘Periodismo: la mordaza de los paras‘, “Para los paramilitares la prensa siempre ha sido una realidad incómoda. Dentro de su dinámica de creación, expansión y consolidación, siempre intentaron justificar ante la opinión pública su lucha contrainsurgencia. Sin embargo, sus crímenes y atrocidades no encontraron el mejor eco en la prensa, tanto nacional como regional. Al final, no les quedó más que las amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos de aquellos comunicadores que les resultaban incómodos, bien sea por sus denuncias o informaciones”.

A pesar de su publicitada desmovilización, los grupos paramilitares ahora bajo las etiquetas de ‘Bandas Criminales’ (Bacrim) o ‘Bandas Emergentes’, siguen atacando: 12 de las 194 agresiones ocurridas en 2010 contra periodistas son atribuidas a estos grupos, según el informe de la Federación Colombiana
de Periodistas (Fecolper).

Familiares del asesinado periodista Martin La Rotta protestan en la Plaza de Bolívar / Foto: Andrés Monroy

Familiares del asesinado periodista Martin La Rotta protestan en la Plaza de Bolívar / Foto: Andrés Monroy

Según el informe ‘Prensa Silenciada‘, publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en abril de 2009, hasta entonces siete casos de periodistas asesinados fueron reconocidos por los paramilitares, mientras existían 20 investigaciones de crímenes, luego de revelaciones hechas por ex miembros de las autodefensas que involucran desde políticos hasta funcionarios del Estado.

Para Reporteros Sin Fronteras, las milicias de extrema derecha o grupos paramilitares, están en la clasificación de los ‘depredadores de la prensa’. “Las amenazas de muerte dirigidas a periodistas, en ocasiones muy conocidos y enemistados con el gobierno de Álvaro Uribe, frecuentemente llevan la firma de las ‘Águilas negras’”. Por otro lado, según el Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, “Las denuncias sobre corrupción política y administrativa, y el accionar de grupos paramilitares, son los principales móviles en el caso de 59 periodistas asesinados por razones de oficio en Colombia entre 1993 y 2009″.

Sobre la complicidad de medios de comunicación o periodistas, existen preocupantes datos, como el pago hecho por paramilitares a algunos periodistas para el desarrollo de diferentes actividades. Otro caso, por citar un ejemplo, es el de los presuntos vínculos del director de un importante periódico del norte del país con Salvatore Mancuso[1], ex comandante de las AUC. Clodomiro Castillo fue asesinado en marzo del 2010, luego de sus repetidas denuncias desde la revista el ‘Pulso del Tiempo’ sobre esta presunta relación.

Medios de comunicación son denunciados por la indiferencia ante las trajedias de las víctimas del paramilitarismo, e incluso por ser portavoces de estrategias propagandísticas

Respecto a la utilización de medios de comunicación de propiedad de los paramilitares, el artículo ‘Paras versión 2.0‘ publicado el 14 de febrero de 2011 en el portal verdadabierta.com es un gran paso en ese debate, necesario en el proceso de construcción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano.

Según el informe periodístico, “los crímenes que cometieron los paramilitares en la década de los noventa y comienzos del siglo XXI no fueron a las espaldas del país. Durante su expansión en varias regiones, estos grupos montaron varios medios de comunicación, como parte de su estrategia política y militar, en los que divulgaban abiertamente sus crímenes bajo la supuesta bandera de combatir a la guerrilla”.

En el caso de la radio, se menciona la creación de la emisora Colombia Libre, del Bloque Central Bolívar, que se sintonizaba en varios pueblos de una amplia zona del país conocida como el ‘Magdalena Medio’, en la frecuencia 98.5 FM. En gran medida la creación de este y otros medios de comunicación se atribuye a Jesús Noraldo Bastos, conocido con el alias de ‘Parabólico’. En declaración ante los fiscales que siguen las investigaciones contra los paramilitares, el excomandante de ese Bloque, ‘Julián Bolívar’, afirmó que “Desde San Blas se emitía la señal de Colombia Libre, la cual se convirtió en un poderoso órgano de información, divulgación y propaganda de las autodefensas. Además de ser un instrumento para desacreditar políticamente al enemigo, a través de mensajes de impacto sicológico muy efectivos”.

Por otra parte, el informe periodístico reseña la estrategia de comunicaciones a través de Internet, donde cada facción de los paramilitares de las ‘Autodefensas Unidas de Colombia – AUC’ contaban con páginas de Internet
donde publicitaban sus acciones.

Pintada pidiendo acciones contra los paramilitares / Foto: Andrés Monroy

Pintada pidiendo acciones contra los paramilitares / Foto: Andrés Monroy

Finalmente, sobre la indiferencia de algunos medios de comunicación frente a la tragedia de las víctimas del paramilitarismo, el ejemplo a citar lo proporciona el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en octubre 27 de 2010 envió una carta a la directora del periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Esta carta acompaña un ejemplar del libro ‘Fusil o Toga, Toga y Fusil‘, que narra la tragedia vivida por la Comunidad de Paz de San José de Aparatadó, víctima de la agresión paramilitar en alianza con algunos militares.

El sacerdote Giraldo señala en la carta que “la realidad trágica vivida por las víctimas no se refleja ni de lejos en los medios masivos de ‘información’”. Agrega Giraldo que a pesar de que todos los crímenes sufridos por esta población fueron puestos en conocimiento de las autoridades, otra fue “la imagen que los lectores de El Colombiano se han formado de la Comunidad de Paz. No sólo el silenciamiento de los crímenes y la protección mediática a sus autores, sino, lo que es más grave, la tergiversación de los hechos y la estigmatización de las víctimas, se constituyen en actitudes sistemáticas del diario que usted dirige, las cuales merecen el más radical repudio de quien tenga principios éticos”.

Esta es tan solo la enunciación de un tema pendiente para los colombianos. El derecho a la información, con su carácter fundamental, ha sido manipulado por todos los actores armados del conflicto colombiano. ¿Quién y cómo se reparará la pérdida que sufre la sociedad luego de cada asesinato o amenaza contra un periodista? ¿Cómo se reconstruirá la confianza en los medios de comunicación, cada vez más deteriorada? Es hora de dar ese debate.


[1] En http://www.youtube.com/watch?v=r70xD_w7L78 grabación de conversación entre Mancuso y el director de un periódico Colombiano.

Artículo original en Bottup: Colombia: estrategia mediática de la violencia paramilitar


El sacerdote jesuita Javier Giraldo presentó el libro ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘, como un esfuerzo para que el mundo conozca la verdad sobre la violencia ejercida contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Los medios de comunicación y el aparato judicial no han sido efectivos a la hora de reivindicar la verdad de estas víctimas de la intolerancia

Periodista ciudadano autor: Andrés Monroy Gómez Editado por: Redacción Bottup


Javier Giraldo durante la presentación de su libro, una respuesta a la violencia sufrida por parte del Estado

Javier Giraldo durante la presentación de su libro, una respuesta a la violencia sufrida por parte del Estado

Colombia. Ante la vergonzosa lista de derechos fundamentales vulnerados a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los mecanismos implementados para su silenciamiento, el 9 de septiembre de 2010 fue presentado ante un grupo de periodistas el libro ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘, del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno. Según Giraldo, este libro registra “la historia del sufrimiento de una comunidad colombiana concreta, que ha optado por no dejarse involucrar en la guerra contra su voluntad y que ha sido objeto de los más brutales métodos de represión, dentro de un Estado que dice llamarse ‘Democrático’ y ‘De Derecho’, gracias a los patrones vigentes de encubrimiento de la realidad real“. Los dineros recolectados por la venta de los ejemplares de este libro serán destinados a la construcción del Parque Monumento a la Memoria de las Víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

San José de Apartadó es una pequeña población del departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Su historia reciente está marcada por la agresiva reacción estatal y paramilitar, luego de la creación de la Comunidad de Paz. Esta respuesta a la violencia ejercida por los actores armados que se disputan los corredores estratégicos de la región fue sugerida por el obispo Isaías Duarte.

La propuesta consistía en crear una comunidad neutral regida por los principios del Derecho Internacional Humanitario. De esta manera, los habitantes de esa zona que se resistieron al desplazamiento forzado elaboraron un reglamento que evidencia su determinación de no tomar parte activa del conflicto, impidiendo el paso de armas o la colaboración con cualquiera de los ejércitos enfrentados.

La reacción del ejército y los paramilitares se tradujo en bombardeos, retenes ilegales y masacres. Los asesinatos y toda clase de intimidaciones persisten, no sólo contra los integrantes de la Comunidad de Paz, sino también contra quienes apoyan su labor, como el mismo sacerdote Giraldo. Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005. Cuatro de las víctimas eran menores de edad. Por estos hechos fueron llevados a juicio 10 miembros de la Brigada XVII del ejército.

La lucha contra la estigmatización y la impunidad no ha contado con el apoyo necesario de los colombianos. La desinformación proveniente de las grandes empresas mediáticas e inclusive de las emisoras locales se combina con la responsabilidad del Estado colombiano frente a esta tragedia y la desatención de las acciones emprendidas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como muestra de la perversidad del discurso de la guerra, los integrantes de la Comunidad de Paz han sido acusados de colaborar con la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero cuando son víctimas de asesinatos, se adjudica esa responsabilidad a las FARC. Sin embargo, hoy se conoce la alianza de los grupos paramilitares de derecha y el ejército para cometer estos homicidios. Por esto, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se enfrenta a la ‘toga’ que criminaliza o al ‘fusil’ que asesina.

Lucha contra las calumnias y la desinformación

“Al menos tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira”. Así expresa Javier Giraldo la manipulación mediática y la desinformación sobre lo que viene ocurriendo en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Diferentes medios de comunicación dieron amplia difusión a las acusaciones que desde los sectores oficiales se hacían en contra de los campesinos de la Comunidad. Sin embargo, al momento de probarse judicialmente la falsedad de estas acusaciones, los medios no ofrecieron la rectificación pertinente.

La prensa internacional no fue ajena al juego de la desinformación. En diciembre de 2009 The Wall Street Journal publicó el artículo ‘The FARC and the ‘Peace Community‘. La reacción a ese artículo provino del propio sacerdote Giraldo y de diferentes organizaciones de derechos humanos, mas no del Estado ni de las grandes empresas mediáticas colombianas.

Algo que ya no sorprende pero sigue atemorizando, es el efecto de las declaraciones del entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2004 y marzo de 2005 Uribe acusó a la Comunidad de “obstruir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de [sus] líderes, patrocinadores y defensores, a las FARC “, declaraciones que fueron ampliamente difundidas en diferentes medios de comunicación. En aproximadamente 18 derechos de petición, le han suplicado a Uribe cesar la persecución de exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y restituirles la honra y buen nombre, “gravemente afectados por las calumnias que profirió por todos los medios masivos de información (…), apoyándose en falsos testigos reclutados por la Brigada XVII“. Por las declaraciones de Uribe se abrió el expediente 1712 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El pasado 17 de agosto, un Congreso mayoritariamente oficialista, decidió archivar el expediente, dejando libre de toda responsabilidad al ahora catedrático de la Universidad de Georgetown.

“Tres décadas de contacto directo con las víctimas me han llevado a la convicción profunda de que la verdad de los medios y la verdad judicial se ubican a enormes distancias de la verdad real y están infestadas por elevadas dosis de mentira”

Estas situaciones impulsaron aún más la iniciativa del sacerdote Giraldo para publicar ‘Fusil o Toga. Toga y Fusil‘. Durante la presentación del libro, Giraldo afirmó que espera que este libro sea un material de apoyo para los periodistas.

Derecho de acceso a la información

En medio de esta lucha contra la impunidad, uno de los logros de la Comunidad es obtener la garantía de su derecho de acceso a la información. Sin duda alguna, este precedente marcará la pauta en innumerables casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia.

Con la sentencia T-1025 de 2007, la Corte Constitucional colombiana señaló que es deber del Estado suministrar la información que posee y que se relaciona con los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Previamente, Javier Giraldo había solicitado conocer los nombres de militares y policías que se encontraban en lugares determinados, fechas y horas precisas, para impulsar las investigaciones por los asesinatos a miembros de la Comunidad. Las Fuerzas Armadas negaron esta información, pero a través de este fallo de tutela se dio la razón a las peticiones de información.

Uno de los apartes de la sentencia asevera: “Independientemente de la cifra de homicidios que se elija, la conclusión en todo caso es que ha sido asesinado un importante porcentaje de los fundadores de la Comunidad. Esta situación es intolerable para un Estado que en su Constitución Política se ha comprometido con la vigencia y protección de los derechos de todas las personas“.

Contextos o coincidencias

El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó merece un capítulo específico en la memoria de los colombianos y en la reflexión del mundo entero. La efectividad de las medidas internacionales de protección es un tema de necesaria evaluación. A pesar de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la

Uno de los hechos más dramáticos fue la masacre de ocho personas y la mutilación de sus cadáveres en febrero de 2005 por parte de efectivos del ejército. Cuatro de las víctimas eran menores de edad

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la terquedad estatal sigue cobrando víctimas. Mientras tanto, la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional se dilata por asuntos presupuestales de este tribunal internacional.

Queda pendiente también la colaboración de los aparatos judiciales de otros países. La violencia contra la Comunidad de Paz fue financiada en parte por los aportes económicos hechos desde compañías bananeras como la multinacional Chiquita Brands y otras empresas privadas.

Por otra parte, es urgente una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en la indiferencia de la opinión pública colombiana, frente a la tragedia de quienes no creen en las armas como instrumento de gobernabilidad.

A propósito de gobernabilidad y corriendo el riesgo de salir del tema central de este artículo, no se puede pasar por alto que ocho años después de la operación Orión en Medellín, se está fabricando el entramado para justificar una nueva incursión militar en las Comunas. ¿Acaso esta clase de iniciativas militares en Antioquia son la cuota inicial para garantizar la gobernabilidad en Colombia?

Mientras tanto, la ONU manifiesta su preocupación por la lentitud en la investigación por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.

Es aún largo el camino a recorrer para que se garantice la independencia y transparencia total del aparato judicial y para que las fuerzas armadas cumplan el papel que la Constitución les asignó en la defensa del orden constitucional.

Bienvenido el libro del padre Javier Giraldo a esta lucha contra el olvido.

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
Derecho ciudadano a la información’

Enlaces de interés:
Página de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Página de Javier Giraldo S.J.Compilación de videos
Entrevista al padre Javier Giraldo S.J
Compilación de artículos sobre la Comunidad de PazAudiencia Pública sobre Derechos Humanos en Comunidad de Paz de San José de Apartado Jun 17 2010
Participación de militares en masacre de Apartadó reconoció por primera vez oficial del Ejército

Mapa tomado de
www.soaw.org

Artículo original en Bottup: ‘Fusil o toga. Toga y fusil’, un aporte a la verdad sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó